El Congreso de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña por la crisis desatada con Ueno Bank.

Legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaron un juicio político en contra del mandatario, quien el jueves presentó su renuncia al cargo, en un gesto que fue interpretado como un intento infructuoso de evitar ser removido por el Congreso.

«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», comunicó Peña, en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.

Aseguró que su prioridad en este momento es «la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero»

«Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí», afirmó.

Cuando Ueno Bank celebró su transformación en banco a finales de 2023, sus directivos presumían de sus cifras.

Aseguraban que la entidad, que era relativamente nueva, ya contaba con más de 500.000 clientes y que habían logrado incorporar al sistema financiero a unas 140.000 personas que anteriormente no tenían cuenta bancaria.

«Esto recién está empezando», se jactó Juan Manuel Gustale, entonces presidente de Ueno Bank, durante las celebraciones en la Ueno SND Arena en Asunción.

Menos de tres años después de aquella afirmación, la historia dio un giro inesperado.

El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de disolución de Ueno Bank tras determinar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La noticia sorprendió a muchos. Apenas unas semanas antes, el banco era presentado como una de las grandes historias de éxito del sistema financiero paraguayo.

El colapso desató una crisis política por los vínculos que tanto el presidente Peña como el entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, habían mantenido con la entidad y su grupo empresarial.

La oposición acusó a Peña de conflictos de intereses, de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades.

La crisis se agravó el miércoles, cuando se anunció que la Cámara de Diputados sometería a voto si admitía la acusación contra Peña y daba paso a un juicio político por su presunta responsabilidad en el caso.

El expresidente de Paraguay y líder del gobernante Partido Colorado, Horacio Cartes, le dio uno de los últimos golpes políticos a Peña al anunciar la mañana del jueves que la formación oficialista respaldaría el juicio político en su contra.

«No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República», dijo en un comunicado.

Peña presentó su renuncia poco después, pero igual terminó siendo sometido al juicio político toda vez que el Congreso no llegó a aceptar su dimisión.

En septiembre de 2026, Ueno Bank aseguraba tener más de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes, lo que equivaldría a la mitad de los paraguayos.

También afirmaba procesar más de tres millones de transacciones al día.

Su disolución ahora abre interrogantes sobre cómo una entidad que experimentó un crecimiento tan acelerado en tan poco tiempo terminó en esta situación.

Orkun Saka, profesor e investigador de economía financiera en City St George’s, University of London, sostiene que el caso de Ueno Bank va mucho más allá de la mala gestión de una entidad financiera.

«Seamos claros sobre lo que ocurrió. Un banco perteneciente a un solo conglomerado empresarial terminó concentrando los ahorros de la mayoría de los adultos del país, además de cientos de millones de dólares de fondos de pensiones», le dice a BBC Mundo.

«Y, aun así, siguieron llegando fondos públicos. Esto no es simplemente la historia de un banco mal gestionado. Es un sistema en el que el banco, el organismo regulador y la Presidencia estaban tan estrechamente vinculados que ninguno parecía capaz de poner límites a los demás», añade.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de Paraguay para solicitar comentarios sobre el caso, pero no había recibido respuesta al momento de publicar este artículo.

https://youtu.be/EYCn9r-6P3c

1. ¿Qué es Ueno Bank?

Los orígenes de Ueno se remontan a 1976, con la fundación de Financiera El Comercio.

Tras 45 años de operaciones, la financiera fue adquirida por el Grupo Vázquez en abril de 2021, una operación que fue autorizada por el BCP en septiembre de ese año.

Dos años después obtuvo la autorización para convertirse en Ueno Bank, incorporándose así al sistema financiero paraguayo.

El naciente banco se consolidó en 2024 con la absorción de Visión Banco, una operación que incorporó a su cartera más de un millón de clientes, una extensa red de sucursales y una de las mayores bases de depósitos del sistema financiero paraguayo.

Ueno Bank aún es controlado mayoritariamente por el Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales e industriales más importantes de Paraguay, presidido por el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien se puso a disposición de las autoridades judiciales el martes después de que la Fiscalía ordenara su captura.

Entre los detenidos figuran además Juan Manuel Gustale, presidente de Ueno Bank; Julio Rey Fernández, vicepresidente; Mariana Torres Rubiani, directora titular; y los miembros del directorio Diego Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, Diana Leticia Mongelós González, vicepresidenta segunda de la entidad, y Miguel Ángel Almada Frutos, ejecutivo vinculado a Ueno Seguros y al Grupo Vázquez.

2. ¿Cuáles son los vínculos de Ueno Bank con la política?

Muchos críticos han puesto el foco en los vínculos entre Ueno Bank y sectores del poder político, especialmente en la relación del presidente Santiago Peña con empresas vinculadas al grupo que controla la entidad bancaria.

Peña figuraba como accionista de Ueno Holding, integrado por compañías como Ueno Seguros, itti y el Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank.

A principios de 2025, Peña afirmó que había dejado de ser accionista del holding y negó cualquier vinculo con el banco.

«Yo fui inversor, yo soy economista, me especialicé en Finanzas, hice una inversión hace seis años en la casa de Credi Centro, que se convirtió eventualmente en Ueno Holding, nunca fue el banco Ueno, yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno», declaró a la prensa en abril de 2025.

Muchos también cuestionan el papel de Carlos Carvallo Spalding, quien ofreció su renuncia como presidente del Banco Central del Paraguay en medio de la controversia.

Antes de asumir ese cargo en agosto de 2023, Carvallo había sido presidente de la Financiera Ueno.

El economista Orkun Saka advierte de que este tipo de vínculos pueden minar gravemente la credibilidad de las instituciones de un país, incluso cuando no se demuestren irregularidades.

«La regulación depende de que la sociedad confíe en la imparcialidad de quien debe supervisar. Cuando el presidente del Banco Central dirigió anteriormente el banco que ahora le corresponde vigilar y el presidente del país fue socio empresarial de sus propietarios, esa confianza se rompe. En ese contexto, incluso si las decisiones fueron técnicamente correctas, será difícil que la gente crea que lo fueron».

Saka añade que la pérdida de confianza puede ser una de las consecuencias más costosas y duraderas de una crisis financiera como esta.

3. Rápida transformación

El proceso de transformación de Ueno en banco culminó en noviembre de 2023, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP), presidido por Carlos Carvallo Spalding, la aprobó.

La relación de confianza entre ambos quedó patente en varias ocasiones. Una de ellas fue durante el acto de toma de posesión de Carvallo, cuando el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, lo elogió públicamente y afirmó que «no solo es buena persona y buen profesional, es sobre todo un gran amigo».

«Ni yo ni el presidente Peña podemos pensar en mejores manos para encargarse del BCP de aquí en adelante y hacer todo lo que queremos y debemos hacer por todos los paraguayos en estos cinco años», añadió.

4. Transferencia de fondos públicos

Poco después de su entrada en el mercado bancario, Ueno Bank comenzó a captar depósitos de organismos públicos.

Para el momento de su intervención, Ueno administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos. Entre ellos figuraban recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidos fondos destinados a jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales

Desde la oposición se afirma que los vínculos merecen mayor escrutinio.

El senador opositor Rafael Filizzola ha tildado el caso como «la estafa desde el poder político más grande de la era democrática».

«Se trata de un banco creado desde el poder político, para usar dinero público en negocios particulares, vinculados al poder político, con el presidente de la República a la cabeza», le dijo a la radio 1020 AM.

Asimismo, aseguró que el monto en el caso podría ser «algo así como US$3.000 millones, según lo que sabemos».

Pie de foto,Fuerte presencia policial ante el edificio del Congreso, donde se debate el posible juicio político al mandatario paraguayo.

Mientras tanto, los clientes de Ueno Bank siguen el caso con preocupación. Algunos han salido a las calles a protestar, mientras esperan saber cuándo y cuánto podrán recuperar de sus ahorros.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos US$38.000) por ahorrista.

Las autoridades afirmaron que el primer pago, de hasta 121,7 millones de guaraníes, ya comenzó a tramitarse, pero los que tienen depósitos superiores a esa cantidad siguen esperando saber cuándo y cómo podrán recuperar el resto de su dinero.

Saka advierte de que las consecuencias de esta crisis podrían extenderse mucho más allá de las próximas semanas.

«La verdadera prueba no está en lo que ocurra en los próximos días, sino en cómo se gestione la crisis en los próximos años», afirma.

«Si las medidas adoptadas sirven para proteger a los ahorristas y a los contribuyentes o si terminan beneficiando, una vez más, a quienes tienen conexiones con el poder».

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó reforzar la seguridad de Caracol TV, Caracol Radio, RCN y SEMANA, tras las alertas de inteligencia sobre “posibles atentados terroristas del ELN” contra las instalaciones de estos medios de comunicación.

El pronunciamiento lo hizo en la mañana de este 8 de noviembre, luego de la evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión, en Bogotá, por una amenaza de bomba registrada ayer en la noche (7 de noviembre). Aunque durante la inspección no se encontraron explosivos, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante la información recibida.

¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!

Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

A través de X, De la Espriella aseguró que impartió instrucciones para que los organismos del Estado concentren sus capacidades en proteger a los medios, sus periodistas, trabajadores y familiares: “¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!”.

Y advirtió que su Gobierno no permitirá que las amenazas de grupos armados afecten el ejercicio periodístico: “La libertad de prensa es sagrada y se respeta. Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, afirmó.

En otro apartado de su mensaje, De la Espriella sostuvo que el Estado mantendrá su autoridad frente a las amenazas y manifestó su respaldo a los periodistas del país: “¡AQUÍ NO GOBIERNA EL TERRORISMO! ¡AQUÍ IMPERA LA LEY Y LA AUTORIDAD DEL ESTADO!”, agregó: “Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos”, concluyó.

Toda nuestra solidaridad también con todo el equipo de @CaracolRadio .
Los terroristas nunca triunfarán.
Hay que derrotarlos, es ahora o nunca.
Sabemos quiénes son sus amigos y aliados.
Quieren volver al poder.
Hay que impedirlo. https://t.co/LIuXr4g6V5

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 8, 2026

Alcaldía de Bogotá activó organismos de inteligencia tras amenazas contra medios de comunicación

La Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, compartió información de seguridad con medios de comunicación y con el Gobierno Distrital. Ante esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó, por medio de la Secretaría de Seguridad, la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el propósito de que los organismos de inteligencia y seguridad analizaran la información. La Policía Metropolitana de Bogotá también adoptó medidas preventivas relacionadas con la alerta.

Por otro lado, desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó su solidaridad con los periodistas, trabajadores y familiares de Caracol Televisión y Caracol Radio: “La gente no puede vivir con miedo”, escribió en X, en la que también pidió enfrentar a los grupos terroristas: “Los terroristas nunca triunfarán. Hay que derrotarlos, es ahora o nunca. Sabemos quiénes son sus amigos y aliados. Quieren volver al poder. Hay que impedirlo”.

Gutiérrez también cuestionó la política de Paz Total del Gobierno anterior y afirmó: “Durante los cuatro años de la mal llamada ‘Paz Total’, los grupos armados ilegales crecieron un 90%. Pasaron de 15.000 a casi 29.000 integrantes”.

Finalmente, se refirió a la Ley de Sometimiento a la Justicia sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella: “A muy buena hora el presidente @ABDELAESPRIELLA sancionó la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia. Cero reconocimiento político e impunidad. Se les acabó la guachafita. En Colombia los que tienen que sentir miedo son los criminales, no los ciudadanos”.

Caracol Radio alertó sobre posibles atentados

Caracol Radio, en la noche del 7 de noviembre, había confirmado que recibió información de las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación. La cadena radial informó que, tras conocer la alerta, activó los protocolos de seguridad para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes:

“En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes”, señaló la empresa.

En su pronunciamiento, la emisora también advirtió que garantizar la seguridad de quienes trabajan en los medios es indispensable para el ejercicio periodístico y la democracia: “Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”, concluyó.

También, la evacuación de Caracol Televisión se produjo durante la emisión del noticiero de las siete de la noche. Personas vinculadas con el canal le contaron a este medio que el jefe de emisión salió corriendo y pidió a todos los que estaban en el edificio que hicieran lo mismo.

Cerca de las 9:30 p. m., Caracol Televisión confirmó en sus redes sociales que había recibido información de las autoridades sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal y que había adoptado medidas para proteger a su personal y sus instalaciones.

Durante casi cuatro horas se extendió este jueves la diligencia de Deyci Jiménez ante la Corte Suprema de Justicia, donde la contratista ratificó la existencia de una supuesta red de contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales hacia el expresidente Gustavo Petro.

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La declaración se rindió ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien recibió a los abogados de las partes y los elementos de prueba que aportaron.

Según reveló Noticias Caracol, Jiménez guardó silencio frente a varias de las preguntas que le formularon tanto la Corte como la defensa de Petro. Entre ellas, no respondió sobre la compra de droga para el exmandatario. Lo que sí hizo fue comprometerse a entregar su celular, que será inspeccionado por la Policía Judicial.

¿Qué dijo el abogado de Deyci Jiménez?

Sin aportar detalles para no entorpecer las investigaciones, el abogado de la joven, Felipe Caballero, aseguró que Jiménez seguirá declarando cada vez que sea llamada, pese a las amenazas en su contra, y señaló que ella también ha hablado de una superintendente.

También anticipó que en el caso podrían aparecer otros funcionarios o exfuncionarios con fuero constitucional, aunque no precisó sus identidades. “Sé que hay otros nombres que el país va a ir conociendo y yo estoy completamente seguro de que no van a ser solo 40 casos, sino que más mujeres se van a envalentonar porque cuando la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección brinden todas las garantías, yo estoy seguro de que vamos a conocer un escándalo más grande desde que ya se conoce”, dijo a medios.

La defensa aseguró que le pidieron al magistrado que verificara si la joven se encontraba en condiciones para hablar “ante la presión que ha recibido”. Indicó que “ella fue valiente y dijo que sí. Respondió las preguntas del magistrado, del abogado defensor”.

Sobre el celular, el abogado señaló que se fijará la fecha en la que se hará efectiva la entrega de esa prueba. “Ha anunciado que aportará otros elementos materiales de prueba”, dijo Caballero.

¿Qué responde la defensa de Petro y Pizarro?

Del otro lado, Alejandro Carranza, defensor de Petro y de la exsenadora María José Pizarro, negó el intercambio de contratos por favores sexuales. “Vamos a demostrar la inocencia del expresidente Petro. Vamos a demostrar la equivocación profunda, el montaje que se está orquestando”, afirmó.

Carranza aseguró que emprendió una acción judicial contra Jiménez por, presuntamente, aportar documentos falsos para su contratación. Se trata de una certificación de HispanTV, que señala que Jiménez estuvo vinculada al canal como productora audiovisual independiente.

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Sin embargo, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que ese canal emitió un comunicado en el que asegura que no expidió, autorizó ni avaló el certificado fechado el 15 de junio de 2021 que usó Jiménez como experiencia laboral para obtener sus contratos con el Estado.

El apoderado de la joven, Felipe Caballero, señaló que hay una estrategia de la defensa: primero, al calificar los hechos de montaje; segundo, al buscar a su familia para poner sobre ella una presión para que no declare; tercero, denunciarla por un hecho “menor”.

Entre tanto, Carranza también dijo que el director del Dapre, Andrés Ríos, supuestamente estaría interrogando a mujeres que trabajaron en la administración Petro para que declaren en contra del expresidente.

A su juicio, con estos nuevos testimonios se está estigmatizando a varias de las trabajadoras del gobierno Petro “como si todas fueran mujeres que prestan servicios sexuales, y no mujeres que salen adelante”.

Las denuncias de Deicy Jiménez contra Petro y Pizarro

Jiménez ha asegurado que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente obtuvo contratos con entidades estatales. Afirma que habría existido un intercambio de favores sexuales por oportunidades laborales y contratos públicos. También señaló que Pizarro habría conocido las circunstancias de su vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

Entre los contratos mencionados está uno por cerca de $34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, que en ese momento ocupaba Pizarro. Los registros contractuales también dan cuenta de vinculaciones de Jiménez con el Senado y otras entidades estatales.

La Sala de Instrucción admitió para estudio una denuncia contra Petro y Pizarro y deberá evaluar los elementos disponibles para determinar si hay méritos para adoptar nuevas decisiones.