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Álvaro Uribe Vélez, a una decisión de ser llamado a juicio por soborno a testigos

La jueza consideró que sí hay suficientes elementos probatorios y evidencia física para afirmar que la conducta delictiva de soborno por parte de Álvaro Uribe Vélez sí ocurrió.

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Una segunda derrota judicial le sobrevino al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez tras la decisión de la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, quien decidió dejar abierta y no precluir la investigación que pesa sobre él por fraude procesal y soborno a testigos, conductas por las cuales el líder del Centro Democrático ya fue imputado.

Tras varios meses de estudio jurídico y un amplio análisis del caso, la jueza consideró que sí hay suficientes elementos probatorios y evidencia física para afirmar “con probabilidad de verdad”, que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, una posición contraria a la sostenida hasta ahora por la Fiscalía de que no había pruebas suficientes para continuar con la vinculación de Uribe a este expediente penal.

En este escenario, la togada Barrera manifestó que “sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva, descrita en al artículo 444A de soborno en actuación penal, sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”.

Para tomar la decisión, Barrera indicó que la Fiscalía ignoró –otra vez– pruebas que en su momento fueron válidas para la Corte Suprema de Justicia, en manos de quien estuvo el caso antes de la renuncia de Uribe como senador (agosto de 2020). Por esta razón, la jueza le hizo un llamado de atención a la Fiscalía, representada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, porque no cumplió con la exigencia para investigar todo lo que se le exigía, incluso en una anterior audiencia de solicitud de preclusión del caso.

“Ha debido hacerse un esfuerzo serio, en orden a establecer todas las particularidades del hecho que se indaga; en otras palabras, obrar con la mayor acuciosidad y si, a pesar de esa actividad racional no se logra desvirtuar la presunción del investigado, la preclusión se impone como medida alterna”, manifestó Barrera.

Una primera oportunidad

La investigación en la que está inmerso el expresidente Uribe se remonta al año 2014, cuando en medio de un debate en el Congreso en el que el senador Iván Cepeda denunciaba los presuntos nexos de Uribe con grupos paramilitares, el expresidente se levantó de la sesión y aseveró que iría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a entregar pruebas de que Cepeda había presionado a exparamilitares a hablar en su contra.

Ya en su defensa, el senador Cepeda accedió a información en torno a que, al parecer, habría pasado lo contrario y Diego Cadena –quien para ese entonces actuaba como abogado defensor de Uribe– había visitado algunos paramilitares en las cárceles y les había ofrecido dádivas como dinero y rebaja de penas a cambio de enlodar a Iván Cepeda.

Con todo este entramado se inició un proceso judicial que ya lleva 9 años, en el que se han vivido situaciones como la renuncia de Uribe al senado para que su caso pasara a la justicia ordinaria, y que en abril de 2022 llevó a que una jueza tomara la decisión de no precluir la investigación que se adelanta a Uribe.

Hace un año, la Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, también decidió dejar en firme la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En aquella ocasión, la jueza Ortiz señaló en su decisión que la Fiscalía, representada esa vez por el fiscal Gabriel Jaimes, “no logró demostrar la atipicidad de las conductas investigadas de fraude procesal en el caso de los testigos que fueron abordados por Diego Cadena y Juan José Salazar, para ser escuchados con los ofrecimientos económicos y de apoyos jurídicos”.

Con este escenario, la Fiscalía apeló la decisión (situación que se repitió en la nueva audiencia), lo que llevó a que el proceso cayera un deja-vú y nuevamente la Fiscalía usará esa herramienta, lo que derivó en que este miércoles se adelante otra diligencia en la que el ente investigador justificará por qué desistió de las pruebas e investigación solicitadas y por qué acudió a la apelación, y en la que también podrán exponer los argumentos las otras partes: la Procuraduría, que ha apoyado la petición de la Fiscalía, los apoderados de Uribe y los abogados defensores de Iván Cepeda, senador implicado en el caso que envió un mensaje desde Cuba, donde participa en la mesa de negociaciones con el ELN.

“Como lo hemos hecho durante los últimos once años, en los que ha durado este proceso judicial, junto a mis abogados respetamos y acatamos la decisión de la justicia. Decisiones que ha proferido hoy la juez 41 de Conocimiento en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, a la justicia y a la reconciliación entre los colombianos”, advirtió.

Con este escenario, el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez podría volverse un espiral, porque, como explica el abogado Francisco Bernate ante la apelación de la Fiscalía, “ahora será una Sala de decisión penal del Tribunal de Bogotá la que tenga la última palabra, confirmado o revocando”, la decisión de la jueza 41 de conocimiento de Bogotá.

Los dilemas de la Fiscalía para continuar

Con la apelación de la Fiscalía, la audiencia continuará este miércoles con la sustentación de por qué fue apelado el fallo por parte del ente acusador. Después serán las partes, la defensa del expresidente y los representantes de las víctimas quienes tomen la palabra y, finalmente, será una Sala de decisión penal del Tribunal Superior de Bogotá la que tendrá la última palabra, confirmando o revocando la preclusión.

Si el tribunal le da la razón a la jueza Barrera, el caso vuelve a la Fiscalía, que designaría otro fiscal y este sería el encargado de decidir si presenta una acusación ante un juez del circuito; o si con “nuevos argumentos y nuevas causales puede intentar otra preclusión”, explicó el abogado penalista Francisco Bernate.

Esta sería la tercera preclusión que el ente acusador intentaría en este caso. Pero debe aclararse que hay una tesis jurídica en que el mismo fiscal podría mantener el expediente para volver a pedir, como dijo Bernate, otra preclusión.

La investigación por soborno sigue en firme

La jueza 41 de Conocimiento de Bogotá argumentó que no precluyó la investigación de esta conducta, porque hay varias pruebas documentales y testimoniales de que el expresidente Uribe habría dado la orden para que el abogado Diego Cadena visitara prisiones y se entrevistara con exparamilitares.

El objetivo sería que el abogado ofreciera beneficios jurídicos y económicos si estos se retractaban de los señalamientos hechos contra el exmandatario. Según la jueza, todo esto era conocido por Uribe debido a la constante comunicación que mantenía con Cadena y, al parecer, le daba instrucciones precisas sobre cómo proceder.

Para este caso, una de las pruebas desestimadas por la Fiscalía y retomadas por la jueza fue la grabación del reloj que había calificado como válida la Corte Suprema de Justicia, pero que la Fiscalía había desestimado en su momento. Con ese aparato, uno de los testigos, Juan Guillermo Monsalve, grabó las reuniones con el abogado Cadena. Ese reloj era uno de los puntos de la discordia en el proceso.

La togada también determinó considerar que la médica Deyanira Gómez sí es una testigo válida en el proceso contra el exmandatario, punto que la Fiscalía había insistido en descalificar porque Gómez era la pareja sentimental de Monsalve, el testigo clave.

En la mira por el fraude procesal en las pruebas

La jueza Barrera determinó que tampoco precluiría la investigación por la conducta de fraude procesal debido a que en varias de las pruebas presentadas por el ente investigador no se presentaron de la manera no adecuada, como en borradores en papel o transcripciones de entrevistas con los involucrados como el caso de Monsalve; otras fueron presentadas de manera incompletas como videos y grabaciones de las visitas.

“En cuanto al delito de fraude procesal y a la valoración de los elementos que lo estructuran, se tiene que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema –en auto del 3 de agosto de 2020–, que el documento aportado por Monsalve no tenía la idoneidad para inducir en error al funcionario, pero dentro de este hecho jurídicamente relevante existen elementos materiales probatorios que crean la hipótesis plausible de la intención de engañar al alto tribunal”, expuso la jueza.

En su exposición, la jueza 41 aprovechó para darle legalidad a las pruebas que recaudó la Corte sobre las llamadas de Cadena y Uribe y ratificó que sí son material de prueba porque Uribe habló con Cadena cuando era investigador.

“La defensa no logró romper argumentos sobre el papel que desempeñaba Diego Cadena para Álvaro Uribe”, dijo la jueza y le dio punto final al tema, que tendrá un tercer capítulo tras la actuación de la Fiscalía de apelar la decisión de no preclusión.

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Entregan detalles sobre muerte de colombo-estadounidense en Medellín

Después de la agresión, los otros dos hombres que estaban invitados en esta reunión, salieron de la urbanización y los vigilantes comenzaron a perseguirlos por toda la avenida Las Palmas, en Medelín.

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Cuatro hombres se citaron en el apartamento de uno de ellos para departir, al son de la música y el consumo de bebidas embriagantes, desde la noche del viernes en Medellín. Todos cuatro amanecieron en la fiesta, pero después de que pasaron las 8:00 de la mañana del sábado, los malos tragos y las propuestas indecorosas dieron pie a un altercado que acabó con un muerto y un herido.

Dentro de la habitación 2313 del conjunto residencial Yerbabuena se presentaron los desmanes luego de que, según el reporte judicial, el fallecido le habría propuesto a uno de sus invitados a que sostuviera relaciones sexuales con él, lo que generó una reacción violenta por parte de esta persona, quien primero lo retira y después toma uno de los cuchillos de la cocina de la vivienda, para atacarlo.

Las múltiples lesiones con arma blanca provocaron la muerte de Josué Cardona Palacio, quien nació en Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos, hace 34 años, y quien tiene cédula colombiana expedida en Miami. Se desempeñaba como programador informático y el apartamento donde ocurrieron los hechos es de su propiedad.

Otro de los invitados a esta reunión, el venezolano Osneyver Rafael Vega Esvell, de 25 años, intentó defender a Josué de su agresor, recibiendo una puñalada en el hombro izquierdo y otra en la espalda, siendo trasladado en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín a la Clínica Las Vegas, de Medellín. Estas lesiones no comprometieron su vida.

Después de la agresión, los otros dos hombres que estaban invitados en esta reunión, salieron de la urbanización y los vigilantes comenzaron a perseguirlos por toda la avenida Las Palmas, mientras se llamaba a la Policía, que con una de las unidades del cuadrante apoyaron la persecución y sobre esta vía principal, a la altura de la calle 16, lograron la captura de los dos presuntos responsables de esta doble agresión.

Los uniformados detuvieron a Dajhal Mesa Salazar, de 20 años, y a Andrey Gómez Posada, de 24; a este último le encontraron el cuchillo ensangrentado con el que se habría cometido el asesinato y, según los registros judiciales, tendría antecedentes por los delitos de receptación y falsedad marcaria. El otro detenido no tenía antecedentes judiciales.

A ambos se le realizan las audiencias ante el juez de control de garantías, donde les imputaron el delito de homicidio y tentativa de homicidio y en las próximas horas se sabrá si a ambos los envían a prisión por estos hechos.

Este programador, quien trabajaba para varias empresas en distintas partes del mundo, compartía su residencia entre Medellín, de donde son oriundos sus padres, y Estados Unidos, su país natal, principalmente en el estado de la Florida.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si los dos atacados conocían a los procesados con anterioridad o si, por el contrario, los habrían conocido mediante redes sociales esa misma noche.

El asesinato de Josué es la primera que se confirma como homicidio de un extranjero en Medellín, entre los 13 fallecimientos ocurridos en el Valle de Aburrá por múltiples causas que se han presentado este año de la población no migrante en la ciudad.

De acuerdo con informes judiciales, de los otros 12 fallecidos, en tres casos se confirmó que se trataban de suicidios, dos se produjeron después de que las víctimas ingresaran con personas a los lugares donde se encontraban hospedados, una más tras el consumo de yagé en una finca de Barbosa, otra luego de haberse caído y golpearse contra el suelo y los restantes se deberían a causas naturales, entre las que se encuentra un bebé peruano de nueve meses de nacido, quien padecía desde su nacimiento problemas renales y de corazón.

Estas recientes muertes, sumadas a las 31 que ocurrieron en el 2023, entre ellas seis luego de citas mediante uso de aplicaciones, han hecho que desde Estados Unidos se hayan emitido múltiples alertas para que sus ciudadanos, en lo posible, no visiten Colombia.

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Carlos Fernando Galán anuncia refuerzo de pie de fuerza en Bogotá

El alcalde de Bogotá anunció que a la ciudad llegarán 700 policías nuevos para reforzar labores, de los cuales 100 tendrán la tarea de combatir el hurto a personas y al comercio, que son, precisamente, los delitos de alto impacto.

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La oleada de hurtos masivos en establecimientos comerciales y balaceras en distintas zonas de Bogotá hizo que el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, anunciara una serie de ajustes a su política de seguridad, que se le conoce como “Bogotá Camina Segura”.

En ese sentido, el mandatario local anunció que a la ciudad llegarán 700 policías nuevos para reforzar labores, de los cuales 100 tendrán la tarea de combatir el hurto a personas y al comercio, que son, precisamente, los delitos de alto impacto que han sido mediáticos en las últimas semanas.

“Sabemos que la seguridad es el principal reto que tenemos que enfrentar. Ese grupo fortalecerá la estrategia para poder enfrentar de manera cada vez más efectiva a los delincuentes. Somos conscientes de la problemática de seguridad, estamos con la estrategia que requiere ajustes”, afirmó Galán.

Por otro lado, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel José Gualdrón, dijo que una de las estrategias será la inclusión de policías encubiertos bajo el nombre “Arcángel”, quienes estarán ubicados “en sitios como Transmilenio, restaurantes, bares y algunos sectores de parques”.

Parte de los 700 uniformados estarán desplegados así: 150 policías que entran esta semana a apoyar labores, 50 estarán destinados a inteligencia, otros 50 para Policía Judicial y 50 repartidos en las dependencias de Infancia y Adolescencia y Turismo.

El alcalde Galán explicó que la política de seguridad local implica la articulación de las entidades del Distrito que tienen alguna implicación en la seguridad ciudadana. Muestra de ello, según el alcalde, son los helicópteros que han sobrevolado la capital, los “gestores de la Secretaría de Movilidad y el acompañamiento de miembros de la Brigada XIII del ejército en zonas priorizadas y operativos”.

“Eso es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para, con todo el aparato institucional, actuar de manera preventiva y reactiva”, advirtió Carlos Fernando Galán en la rueda de prensa en la que también estuvieron el secretario de Seguridad, César Restrepo, y la directora seccional de Fiscalías, Leonor Merchán Lopera.

Y agregó que “tengo como alcalde la principal responsabilidad, entonces mi principal responsabilidad era conectar a esos actores y eso es lo que estamos haciendo”.

El secretario Restrepo, por su parte, habló de la importancia de la red de cámaras de vigilancia en la ciudad. Sobre estos artefactos dijo que “entre el 15 y 20 % de las cámaras (de Bogotá) están en constante revisión” y que “el reto es disminuir este porcentaje para tener mayor cobertura en los canales de videovigilancia”.

Por último, presentaron el cartel de los más buscados, en donde aparecen los rostros de los doce hombres que estarían detrás de casos de hurtos y homicidios en la ciudad y que tienen órdenes de captura vigentes.

Por información que ayude a dar con la captura de estos presuntos delincuentes, la Policía ofrece recompensas que ascienden hasta los $150 millones.

Parte de los hechos violentos y de inseguridad que ocurriendo en Bogotá la semana pasada fue el homicidio del empresario Hernán Roberto Franco Charry en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

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Lanzan plan de vivienda y basura cero para San Andrés y Providencia

El anuncio sobre las viviendas en Providencia contó con el acompañamiento de la alcaldesa encargada de Providencia Debbie Archbold, quien informó sobre los beneficiarios de este proyecto.

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Photo: Gobernación Departamento Archipiélago

La construcción de 100 viviendas para damnificados en Providencia, la restauración de viviendas típicas isleñas tradicionales en San Andrés y el desarrollo de un plan de basura cero para el territorio insular fueron los principales anuncios dados por el Gobernador de San Andrés Nicolás Gallardo Vásquez en el marco de una visita oficial efectuada por la ministra de vivienda Catalina Velasco al territorio insular el pasado fin de semana.

El anuncio sobre las viviendas en Providencia contó con el acompañamiento de la alcaldesa encargada de Providencia Debbie Archbold, quien informó sobre los beneficiarios de este proyecto.

«Los que recibirán las casas nuevas son los damnificados por el huracán Iota que actualmente viven en arriendo en residencias en el municipio y que venían clamando por una vivienda nueva al perderlo todo por el huracán», afirmó.

Por su parte, el Gobernador Gallardo informó sobre el plan de restauración de viviendas tradicionales que se hará con base en la información recogida durante las ultimas décadas por la Universidad Nacional Sede Caribe.

«La información de las casas que serán restauradas ya ha sido planificada por la Universidad Nacional y ahora, luego de tener una ley de restauración de viviendas tradicionales, podemos decir que este proyecto es una realidad para propietarios de viviendas tradicionales en la isla», dijo el mandatario.

Finalmente, la Ministra Velasco presentó el plan de basura cero para el territorio insular que se trata de la utilización de residuos solidos para la generación de energía y un plan de evacuación que se hará de manera planificada para su reúso en el continente colombiano.

La visita oficial culminó con un recorrido por la isla, en la cual se destacó la presencia en sectores como La Loma y los barrios que comprenden el denominado Distrito IV que espera poder tener a su disposición próximamente con la instalación de tuberías y redes de alcantarillado pluvial para la evacuación de aguas en tiempos de altas precipitaciones en esta parte de San Andrés.

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