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Colombia, con nuevo salario vital, se alista para recibir el 2026

Ante la imposibilidad de aprobar una reforma tributaria de 12 billones de pesos y la caída posterior de un proyecto más ambicioso de 26 billones, el Gobierno consideró crítica la situación del presupuesto de 2026.

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El país se alista para recibir el 2026 y, con el nuevo año, también se avecinan nuevos retos para el Gobierno Petro que empieza a vivir su ocaso en medio de un déficit fiscal sin precedentes, la desfinanciación del presupuesto nacional y una emisión histórica de deuda pública, todo bajo la reciente declaratoria de emergencia económica.

La combinación de estos factores ha generado un intenso debate sobre la legalidad y efectividad de las medidas extraordinarias adoptadas, mientras persiste una fuerte incertidumbre institucional y política ante la cercanía de las próximas elecciones presidenciales.

Panorama fiscal actual y causas del déficit fiscal

Las finanzas públicas atraviesan un periodo de alto riesgo. El gobierno de Gustavo Petro arrastra una gran deuda derivada de los gastos extraordinarios durante la pandemia. Sin embargo, lejos de ajustar el gasto, la actual administración implementó un conjunto de políticas sociales expansivas que incrementaron aún más las obligaciones del Estado.

La apuesta inicial pasaba por fortalecer el recaudo con una reforma tributaria en 2023, cuyos resultados distaron de lograr el objetivo. Por el contrario, el adelanto de impuestos del 2024, medida tomada por el gobierno anterior, terminó agravando la situación en los años siguientes.

Para finales de 2024, el déficit fiscal había escalado hasta el 6,7% del PIB, una cifra considerada alta según los estándares recientes del país. Al eliminar la restricción que imponía la regla fiscal, el Ejecutivo proyectó para 2025 un desequilibrio aún mayor: 7,1% del PIB, comparable únicamente con los peores momentos vividos durante la pandemia. Este escenario adverso sentó las bases para una búsqueda urgente de nuevas fuentes de financiación y la propuesta de una reforma tributaria de emergencia.

Ante la imposibilidad de aprobar una reforma tributaria de 12 billones de pesos y la caída posterior de un proyecto más ambicioso de 26 billones, el Gobierno consideró crítica la situación del presupuesto de 2026 —estimado inicialmente en 557 billones de pesos, aunque finalmente aprobado por el Legislativo en 547,9 billones—. La reforma tributaria, reducida a 16,3 billones, tampoco prosperó en el Congreso.

En respuesta, el ministro de Hacienda Germán Ávila calificó la postura legislativa como una “trampa” para el país y, el 19 de diciembre, anunció la declaración de emergencia económica. El decreto 1390, oficializado el 22 de diciembre, tiene como propósito cubrir los 16,3 billones de pesos no recaudados tras el fracaso de la reforma.

Entre las medidas propuestas bajo este estado de excepción figuran tres nuevos impuestos: la reducción del umbral del impuesto al patrimonio de 3.600 a 2.000 millones de pesos, fijando tarifas entre 0,5% y 5% del patrimonio y esperando recaudar 1,7 billones en 2026; la reactivación del esquema de normalización de activos, con un potencial ingreso de 613.600 millones; y un incremento en la sobretasa al impuesto de renta del sector financiero del 5% al 15%, con el objetivo de sumar 1,2 billones más.

El estrechamiento de la liquidez llevó al Ministerio de Hacienda a ejecutar el 19 de diciembre una operación sin precedentes: la emisión de TES (títulos de tesorería) por 23 billones de pesos, con plazos entre 2029 y 2040 y tasas cercanas al 13%. Esta venta directa a la gestora internacional Pimco despertó inquietudes en el sector financiero, principalmente por la falta de transparencia en los términos de la operación y el costo a futuro para la economía colombiana.

Críticas y controversias sobre la emergencia económica y la deuda pública

La declaratoria de emergencia económica encontró una oposición sólida entre exministros de Hacienda, constitucionalistas y analistas. Entre los reparos, se argumenta que la crisis fiscal no constituye un hecho sobreviniente ni un agravamiento inesperado, condiciones necesarias para justificar la aplicación de poderes excepcionales. Las objeciones sostienen que el déficit y los problemas presupuestales eran previsibles y respondían a factores estructurales conocidos.

Algunos expertos jurídicos señalaron el riesgo de una acumulación de razones injustificadas por parte del Ejecutivo para recurrir al artículo 215 de la Constitución. Adicionalmente, instituciones como la Contraloría General advirtieron la necesidad de un enfoque más austero y responsable en el manejo del gasto público, sugiriendo que la única opción viable ante la negativa legislativa es un recorte del gasto.

“Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores”, señaló Jaime Vargas, socio de Impuestos en la firma Cuatrecasas, en diálogo con Cambio.

La operación de TES generó suspicacias, al realizarse de forma directa y a tasas superiores a las del mercado previo. Analistas del sector financiero alertaron sobre el incremento del costo de la deuda y la ausencia de restricciones de gasto por parte del Gobierno, eludiendo los límites tradicionales impuestos por la regla fiscal.

La vacancia anual de la Corte Constitucional, que se extiende hasta el 10 de enero, agrava el clima de incertidumbre, ya que pospone toda revisión judicial de los decretos relacionados con la emergencia económica y, con ello, la definición de la validez legal de las nuevas medidas tributarias.

Implicaciones políticas y riesgos institucionales hacia 2026

La proximidad electoral y la imposibilidad de implementar recortes de gastos en el último año de mandato han llevado al Gobierno a soluciones temporales más que definitivas.

La postergación de la revisión jurídica de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional siembra dudas sobre la aplicación de las reformas tributarias y deja abierto el desenlace de la estrategia adoptada para enfrentar el déficit fiscal.

Por ello, el actual gobierno transfiere el peso de resolver los desafíos fiscales estructurales al próximo gabinete presidencial, que asumirá el 7 de agosto de 2026 en un entorno protagonizado por fuertes presiones económicas y políticas.

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Nacional

Colombia fue una nación que caminó unida por la fe en la multitudinaria Marcha para Jesús

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Las calles de Colombia cambiaron de rostro este domingo 2 de agosto. Allí donde habitualmente se escuchan los motores, las consignas políticas o el bullicio cotidiano, esta vez fueron los cánticos de alabanza, las oraciones y las banderas blancas las que marcaron el paso de cientos de miles de creyentes que participaron en la Gran Marcha para Jesús 2026.

Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras comenzaron a reunirse en parques, avenidas y plazas principales de ciudades y municipios. Niños sobre los hombros de sus padres, jóvenes portando pancartas con mensajes de esperanza y adultos mayores caminando con serenidad hicieron parte de una movilización que, según sus organizadores, se desarrolló de manera simultánea en los 32 departamentos del país y en centenares de ciudades y municipios. 

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No hubo colores partidistas ni discursos electorales. La consigna fue una sola: exaltar el nombre de Jesús y elevar una oración colectiva por Colombia. Católicos, iglesias evangélicas, comunidades protestantes y creyentes de distintas denominaciones compartieron un mismo recorrido, dejando a un lado las diferencias doctrinales para enviar un mensaje de unidad, reconciliación y paz. 

En Bogotá, miles de participantes caminaron hasta el Parque Simón Bolívar, donde la jornada concluyó con música cristiana, momentos de oración y mensajes de esperanza. Escenas similares se vivieron en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y decenas de municipios, donde las calles se transformaron en un gran templo al aire libre. 

La movilización transcurrió de manera pacífica. En lugar de reclamos o confrontaciones, predominó el ambiente familiar. Hubo abrazos entre desconocidos, cantos compartidos y palabras de ánimo para quienes observaban el paso de la multitud desde los andenes y balcones.

Los organizadores describieron la jornada como un movimiento ciudadano, apolítico y no denominacional, cuyo propósito fue recordar que la fe también puede ocupar el espacio público como una expresión de esperanza y servicio a la sociedad. Para esta edición se esperaba una participación superior a la de años anteriores, con presencia en cerca de 700 ciudades y municipios del país. 

Al caer la tarde, mientras las columnas de marchantes se dispersaban lentamente, quedaba la imagen de un país que, por unas horas, decidió caminar al mismo ritmo. En un momento marcado por desafíos sociales, económicos y políticos, miles de colombianos optaron por responder con oración, música y un mensaje de fe.

La Marcha para Jesús volvió así a demostrar que, más allá de las cifras de asistencia, continúa consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Colombia, donde la esperanza fue, una vez más, la protagonista de la jornada. 

Todo se cerró con el Bogotá Gospel

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El momento culminante de la jornada se vivió en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde miles de marchantes confluyeron tras recorrer las principales vías de la capital. Allí, la Marcha para Jesús encontró un escenario de celebración con Bogotá Góspel 2026, el tradicional concierto del Festival de Verano que este año se articuló con la movilización nacional para convertir el parque en un gran espacio de adoración, música y unidad. 

Durante cerca de ocho horas, el escenario reunió a reconocidos artistas de la música cristiana como Miel San Marcos (Guatemala), Alex Zurdo (Puerto Rico), Rescate (Argentina), Cales Louima, además de agrupaciones colombianas como Avivamiento, One 4 All, Vasija de Barro, Rapha y Diana Paipa. Cada presentación estuvo acompañada por mensajes de esperanza, reconciliación y fe, en un ambiente familiar que congregó a creyentes de diferentes iglesias y generaciones. 

La unión entre la Marcha para Jesús y Bogotá Góspel convirtió el cierre de la jornada en una verdadera fiesta de la fe. Lo que comenzó como una caminata por las calles de la capital terminó con miles de voces elevando alabanzas al unísono, reafirmando el propósito de los organizadores: hacer visible un mensaje de paz, amor y reconciliación para Colombia. La Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar se transformó así en un inmenso templo al aire libre, donde la música sirvió como lenguaje común para celebrar la esperanza y la unidad del pueblo creyente. 

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Las islas eligieron a Girley Ordoñez Bowie como nueva Gobernadora del archipiélago

Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular. 

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El domingo quedó escrito un nuevo capítulo en la historia política del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde muy temprano, los puestos de votación comenzaron a recibir a los ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir a quien tendrá la responsabilidad de conducir el departamento durante los próximos años, en unas elecciones atípicas convocadas tras la vacancia del cargo de gobernador. 

Con el avance del escrutinio, la tendencia empezó a consolidarse. Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular. 

Su victoria fue recibida con celebraciones entre simpatizantes que se congregaron para acompañar el anuncio oficial. Abrazos, aplausos y banderas reflejaron la esperanza de quienes ven en su administración una oportunidad para afrontar los desafíos que enfrenta el departamento, especialmente en materia de empleo, turismo, infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.

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Desde el Parque de Bolívar de San Andrés el periodista Gabriel Salcedo nos entrega información de la celebración del partido Liberal y Girley Ordóñez Bowie como Gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

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Un nuevo liderazgo

Girley Ordóñez Bowie pertenece a una nueva generación de dirigentes isleños. Profesional de formación, ha construido una carrera en el sector público y ha participado en diferentes escenarios administrativos, lo que le permitió ganar reconocimiento entre distintos sectores de la comunidad.

Durante la campaña insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, impulsar el desarrollo económico del archipiélago y trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional para ejecutar proyectos estratégicos que beneficien tanto a San Andrés como a Providencia y Santa Catalina.

Su elección también representa un hecho significativo por el protagonismo de una mujer al frente de la administración departamental, en un momento en que la ciudadanía reclama mayor cercanía entre los gobernantes y las comunidades.

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El periodista Gabriel Salcedo se encuentra desde la sede del Partido Liberal en San Andrés con la parlamentaria Elizabeth Jay Pang

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El reto que comienza

La nueva gobernadora asumirá el cargo en un contexto que demanda resultados rápidos. Entre las prioridades estarán la recuperación económica, el fortalecimiento del turismo, la generación de empleo, la atención de las necesidades de Providencia tras los retos de reconstrucción y la defensa de la Reserva de Biosfera Seaflower, uno de los patrimonios ambientales más importantes del Caribe.

La expectativa es alta. Los 10.874 votos que respaldaron su candidatura representan también un compromiso con los ciudadanos que esperan una administración eficiente, incluyente y cercana a las necesidades del territorio.

Con la declaratoria de su elección concluye el proceso electoral extraordinario y comienza una nueva etapa para el Archipiélago. A partir de ahora, el desafío será transformar las promesas de campaña en acciones concretas que impulsen el desarrollo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

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Laura Sarabia responde a señalamientos que la vinculan a escándalo de la DNI

Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá.

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En medio del nuevo escándalo por los presuntos beneplácitos del Gobierno al Clan del Golfo, se conocieron las declaraciones del general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien aseguró que durante su paso por la institución recibió llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, para frenar procedimientos policiales bajo la justificación de no afectar la política de paz total.

En diálogo con Caracol Radio, el uniformado afirmó que Sarabia intervenía directamente cuando tenía conocimiento de operativos o actuaciones contra personas vinculadas a hechos de alteración del orden público o posibles actividades criminales. “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, relató.

El exdirector de la Policía explicó que esas comunicaciones no se daban para prevenir acciones, sino, en la mayoría de los casos, después de que los operativos ya habían concluido. Según dijo, eran llamados de reproche. “Cuando ya estaban culminadas, realmente cuando ya estaban culminadas era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, sostuvo.

Sanabria recordó incluso un episodio relacionado con una protesta feminista en Bogotá que afectó el sistema de transporte masivo. Según su versión, tras ordenar la intervención del Escuadrón Antidisturbios, recibió una llamada de Sarabia para pedir que no se actuara. “Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios… ella llamaba que no se hiciera nada”, aseguró.

Frente a estas afirmaciones, Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá, y negó haber interferido en operativos contra grupos armados ilegales.

“Yo nunca tuve una llamada con el general en esas características. Es un general por quien tengo pleno respeto, por toda su experiencia y trayectoria en la Policía; así se lo manifesté al momento de su salida. La verdad, resulta muy curioso que tres años después haga estas manifestaciones, porque en otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto. Simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado algo, pero nunca habló de una orden específica para suspender algún operativo”, dijo a Blu Radio.

Mientras tanto, el equipo jurídico de la embajadora anunció que interpondrá denuncias penales contra el uniformado.

“Laura Sarabia actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República (…) Cualquier actuación relacionada con los hechos recientemente mencionados por el General (r) Sanabria se limitó a una pregunta —no instrucción— sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”, se lee en un comunicado de la defensa de Sarabia.

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