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Contraloría revela millonaria deuda de Gobernaciones con la UNP

Gobernaciones y alcaldías tienen desde hace más de cinco años una deuda con la Unidad Nacional de Protección UNP por servicios de protección que supera los $6 mil 321 millones, por servicios de protección.

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En la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, se evidenció que la Unidad Nacional de Protección UNP tiene Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo por valor de $6.321.522.231, correspondiente a Convenios Interadministrativos suscritos en vigencias que datan desde 2016 con entidades del orden nacional y territorial por concepto de servicios prestados con hombres de protección y arrendamientos de vehículos automotores y otros servicios adicionales.

Varias de estas entidades no han cumplido con los pagos pactados en estos Convenios.

Entre las entidades que adeudan dineros a la UNP aparecen las gobernaciones de Norte de Santander, Meta, Arauca, Vichada, Caquetá y Guajira, así como la Cámara de Representantes, el Fondo Paz, el Ministerio de Agricultura y el INVIMA.

Segundo Hallazgo: Traslado de hallazgo tributario a la DIAN

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad encontró, además, otro hallazgo de carácter tributario que supera los $15 mil millones por arrendamiento de vehículos blindados de la UNP, en el cual se evidenció que en la facturación presentada por el contratista se aplicó una base gravable equivocada.

Como resultado de la auditoría se determinó que en los contratos suscritos por la UNP en la vigencia 2022, relacionados con el arrendamiento de vehículos blindados, la facturación presentada por el contratista, el IVA se calculó teniendo como base gravable especial la establecida en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, es decir, 19% sobre el AIU (administración, imprevistos y utilidad).

Sin embargo, el artículo 447 señala que la tarifa general aplicable en “la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación”. De esta forma, la Contraloría determinó una inadecuada liquidación de $15.053.847.960,22 al comparar el IVA facturado y el IVA calculado sobre la base general del 19% sobre el valor total del contrato.

Tercer Hallazgo: Incumplimiento contractual en adquisición de software ERP

La CGR evidenció incumplimiento contractual en la UNP para la adquisición de un software ERP, hecho por el cual se generó un presunto daño patrimonial de $481.375.350.

En esta auditoría financiera se evidenció, además, que la UNP suscribió el contrato 1052 de 2022 con la empresa NOVASOFT, que tenía como objeto contractual la “ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SOFTWARE ERP, QUE GARANTIZARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y VIÁTICOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN”.

El objeto contractual no fue entregado. La UNP no otorgó prórroga al contratista, pero tampoco adelanto el debido proceso, ni se hicieron efectivas las garantías. Por tal razón, se generó un presunto daño al patrimonio público por el 50% del valor del contrato, que correspondió a $481.375.350.

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Consejo de Estado prohíbe construcción de estación de guardacostas en Providencia

Durante el proceso judicial, la construcción de la base de guardacostas en Providencia se detuvo. En diciembre de 2021, el Tribunal emitió una medida cautelar para que la Armada suspendiera la construcción hasta que se profiriera una sentencia de fondo.

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El Consejo de Estado le dio cierre a la disputa iniciada por pescadores locales de las islas de Providencia y Santa Catalina que, a través de una acción popular, buscaban evitar el daño irreversible que esta edificación podría generar sobre el ecosistema costero.

En noviembre de 2020, tras el paso del huracán Iota sobre Providencia y Santa Catalina, la Armada Nacional retomó una iniciativa para construir una base de guardacostas en la desembocadura del arroyo Bowden, en el sector de Old Town. Aunque este proyecto ya había sido rechazado por la población raizal en un proceso de consulta previa entre 2015 y 2017, la construcción de la base fue nuevamente retomada por la Armada en el año 2021.

La Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa Catalina, integrada por la asoiaciones I-Fish, Pesproislas, Asopesboth y Fish and Farm, estuvo en contra de esta construcción, ya que la nueva base de guardacostas podría bloquear el ingreso de las embarcaciones pesqueras que arribaban en el muelle de la cooperativa Fish and Farm. Estas personas permanecieron por más de dos años en el Dignity Camp, un campamento permanente para rechazar la instalación de la estación militar en la desembocadura del arroyo. Asimismo, presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés para que protegiera sus derechos colectivos, así como de toda la población raizal, al uso y goce del ambiente sano, y el cumplimiento de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial de la isla, que no permite la construcción de edificaciones en cercanías de espacios medioambientales relevantes como el arroyo Bowden.

Durante el proceso judicial, la construcción de la base de guardacostas se detuvo. En diciembre de 2021, el Tribunal emitió una medida cautelar para que la Armada suspendiera la construcción hasta que se profiriera una sentencia de fondo. Esta decisión tomó más relevancia cuando este Tribunal, en la sentencia de primera instancia, ordenó la interrupción de la construcción.

Tras una apelación por parte de la Armada, el caso se remitió al Consejo de Estado para que revisara la decisión del Tribunal. Al igual que I-Fish, desde Dejusticia presentamos una intervención solicitando mantener en firme lo logrado en el Tribunal. En la sentencia, del 22 de febrero de este año, finalmente se concluyó este proceso a favor de las peticiones de los pescadores.

Nuevamente, el Consejo de Estado respondió a la Armada que, aunque la Fuerza Pública puede realizar las acciones y proyectos pertinentes para la protección del orden público, está subordinada a las normas ambientales y urbanísticas que rigen a nivel general. Además, aclaró que en esta acción no se requiere que se presente un daño en específico que deba ser probado, sino que en este caso, la acción sirve de forma preventiva para la ocurrencia de efectos negativos para las poblaciones.

Por ende, la sentencia reiteró los dos argumentos principales que motivaron la acción popular desde 2021: por un lado, la construcción de la base afectaba de forma desproporcionada el ecosistema estratégico del arroyo y el manglar en la zona de Old Town. Y, por otro lado, la Armada no podía construir en el predio donde se pretendía hacer la base, porque es un lugar protegido específicamente en el Esquema de Ordenamiento Territorial de la isla y no contaba con todos los permisos ambientales para adelantarlo.

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Sandra Ortiz sale del gobierno Petro por escándalo de las maletas de dinero

Desde el Huila, el presidente Gustavo Petro señaló que “todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción tienen que salir del Gobierno.

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El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, por el escándalo en la Ungrd. Así lo confirmó este diario con fuentes en Casa de Nariño en la tarde de este viernes.

Se trata de dos funcionarios cercanos al mandatario que trabajaban en el círculo de la Presidencia. Desde el Huila, el jefe de Estado señaló que “todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción tienen que salir del Gobierno”, mensaje que también lanzó horas antes desde su cuenta de X.

“Esos son funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales porque, encima, me dirían dictador, con razón. De todas maneras, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga”, dijo Petro desde Huila.

Hace algunas horas, el exsubdirector de la Ungrd hizo graves denuncias que involucraron a los dos funcionarios. Por un lado, sobre Ortiz (políticamente proveniente del Partido Verde), dijo que habría sido la intermediadora para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Según la denuncia, los presidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, recibieron dinero de la entidad.

“Establecen agendas paralelas cuyo objetivo no es cumplir el programa de gobierno, que es a lo cual los hemos convocado, sino que transforman ese objetivo en otro que es enriquecerse rápidamente y, al querer hacerlo, dañan, se tiran el programa del Gobierno y nosotros no tenemos tiempo para perderlo de esa manera”, añadió el madatario.

En contexto: Los comprometedores chats con el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, que Olmedo López entregará a la Fiscalía

Por otro lado, Idárraga fue salpicado por la defensa del cuestionado exdirector Olmedo López. El apoderado, José Luis Moreno, alega que “esta persona (Idárraga) le realizó varias solicitudes a mi cliente (López) entre ellas la atención de varios alcaldes en el marco de un posible tráfico de influencias”.

El diario El Colombiano de Medellín conoció algunos chats entre Andrés Idárraga y Olmedo López y que serán presentados a la Fiscalía en medio del proceso de principio de oportunidad que adelanta el cuestionado exdirector.

”Hola. Regálame el contacto de la persona que organiza los ingresos. Para mandarle los datos. La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. Ya estamos”, se lee en uno de los chats.

Por esto hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió, de oficio, una indagación previa por las revelaciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla.

En este caso, el alto tribunal indagará si existe el material probatorio y evidencias para iniciar un proceso formal de investigación a ambos aforados, quienes, una vez conocidas las revelaciones de Pinilla, apelaron a su inocencia.

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Colombia anuncia que romperá mañana relaciones con Israel

El anunció lo hizo el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego al iniciar su intervención en la Plaza de Bolívar de Bogotá como parte de la conmemoración del Primero de Mayo.

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“Aquí delante de ustedes, el Gobierno del Cambio, el Presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por tener un gobierno, por tener un presidente genocida», anunció el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego al iniciar su intervención en la Plaza de Bolívar de Bogotá como parte de la conmemoración del Primero de Mayo.

 “Hoy, quizás, el mundo podría resumirse en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra, que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia, esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas», afirmó el mandatario.

El presidente Petro recalcó que “hoy la humanidad toda, en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros, y nosotros con ella. No​ puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir», sostuvo en su intervención.

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