Nacional
Dos cortes federales de Estados Unidos avanzan en investigación contra Gustavo Petro
La noticia le dio la vuelta al mundo tras una publicación del diario norteamericano The New York Times, en la que aseguró, con fundamento en tres fuentes anónimas, que dos despachos judiciales de Manhattan y Brooklyn tienen investigaciones abiertas que involucrarían al jefe de Estado colombiano.
La confirmación de que en dos cortes federales de Estados Unidos avanzan pesquisas preliminares en contra del presidente Gustavo Petro, por presuntos nexos con el narcotráfico, es la expresión tácita del sentimiento que ha dominado las relaciones diplomáticas de ambas naciones en los últimos dos años: la desconfianza.
La noticia le dio la vuelta al mundo tras una publicación del diario norteamericano The New York Times, en la que aseguró, con fundamento en tres fuentes anónimas, que dos despachos judiciales de Manhattan y Brooklyn tienen investigaciones abiertas que involucrarían al jefe de Estado colombiano.
“Las indagaciones han estado explorando, entre otras cosas, posibles reuniones del señor Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de estos”, se lee en el reportaje publicado ayer.
En las averiguaciones participan investigadores de la DEA (agencia antidrogas) y de HSI (agencia de investigaciones de seguridad nacional).
El estado de las indagaciones es apenas preliminar, por lo que no hay un expediente formal ni mucho menos acusaciones oficiales.
La agencia noticiosa Reuters confirmó la situación con sus propias fuentes dentro del Gobierno, aunque afirmando que las averiguaciones no se centran directamente en Petro.
De otro lado, la agencia AP detalló que la DEA habría designado al político como un objetivo prioritario, bajo el supuesto de que habría sido mencionado por varios informantes confidenciales en averiguaciones contra el narcotráfico transnacional.
Su política de “paz total”, presuntamente, habría sido el vehículo de las relaciones con algunos capos, incluyendo uno relacionado con el cartel de Sinaloa. Al respecto no se ha pronunciado la DEA de forma oficial.
Las publicaciones desataron múltiples reacciones de todo tipo. Entre los opositores, uno de los más severos fue el congresista republicano Carlos A. Gimenez, quien en el pasado también ha lanzado improperios contra el presidente.
“Desde el Congreso de Estados Unidos esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro. Le ha hecho un daño irremediable a Colombia. Ojalá los colombianos se hayan dado cuenta de que la izquierda solo trae miseria y violencia”, trinó, acompañando el mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial, en la que se ve a Petro y Nicolás Maduro con uniformes de presidiarios.
Uno de los primeros en reaccionar en Colombia fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
“Alertas sobre la investigación de fiscales de Estados Unidos frente a presuntos nexos del presidente Petro con narcotraficantes. Esto tiene nombre propio: alias ‘Calarcá’. El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal. Se le entregó información de inteligencia y, junto con la Fiscalía terminó en libertad (…) El presidente Petro ha actuado, en la práctica, como defensor de oficio de alias ‘Calarcá’ (…) Ante el silencio que hoy impera en Colombia, resulta legítimo que autoridades internacionales, como las de Estados Unidos, pongan la lupa sobre estos hechos”, publicó.
Reiteró que “las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico” y que “ninguna autoridad competente ha emitido una determinación o notificación formal” contra Petro.
El despacho diplomático defendió al primer mandatario, manifestando que “a lo largo de su vida pública ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal”.
El presidente Petro, por su parte, afirmó que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso y los gobiernos locales y nacionales, en lo que se denominó la época de la gobernanza paramilitar”.
Añadió que “respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no descubrió ni un solo peso de narcotraficantes, porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.
Desde su perspectiva, “me servirán los procesos en EE.UU. para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada hasta los tuétanos con los narcotraficantes”.
Campanazos de alerta
Las investigaciones judiciales en cuestión ponen en duda los esfuerzos diplomáticos por recomponer las tórridas relaciones entre Colombia y EE. UU., afectadas por los choques ideológicos entre Petro y su homólogo Donald Trump.
El pasado 3 de febrero se reunieron en Washington para limar asperezas, en un encuentro que la Cancillería catalogó como “un éxito de la diplomacia”.
Después de la cita hubo un desescalamiento verbal y el mandatario colombiano recuperó su visa, que había sido anulada. No obstante, a Petro no le suspendieron las sanciones financieras de la Lista Clinton, ni a su exesposa Verónica Alcócer, ni a su hijo Nicolás Petro Burgos y menos a su ministro del Interior, Armando Benedetti.
Tampoco se anuló la descertificación al país en la lucha contra el narcotráfico, por lo que el recorte presupuestal de las ayudas quedó en firme.
Las indagaciones judiciales activas suponen un golpe a esa confianza que se pretendía recuperar, pero en el fondo era claro que eso se veía venir.
En el sistema judicial de Estados Unidos es común que a una sanción de Lista Clinton, de parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, le sobrevenga una investigación paralela en el Departamento de Justicia.
Es importante recordar que el 23 de octubre de 2025, cuando fue impuesta dicha sanción de carácter financiero (congelamiento de cuentas bancarias y transacciones), el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses (…) Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.
El informe del Tesoro consignó duros planteamientos en su momento, como que el presidente “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’”, y hasta que “se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cartel de Los Soles”.
Dicho señalamiento tuvo como soporte algunos informes de la DEA, la misma agencia que coopera con las fiscalías de Brooklyn y Manhattan en la indagación preliminar por supuestos nexos con narcotraficantes.
Llama la atención que, según lo dicho por The New York Times, uno de los aspectos analizados sea la campaña presidencial de 2022 y si esta recibió dineros calientes, pues ya el Tesoro lo había insinuado cuando incluyó en la lista negra a su primogénito.
“En 2023 fue arrestado en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de canalizar dinero recibido del narcotráfico hacia las iniciativas de ‘paz total’ y la campaña electoral de Gustavo Petro. Admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico y del hijo de un contratista que está siendo juzgado por financiar a paramilitares”, decía el documento en contra de Nicolás Petro.
Allí se referían a las conexiones de este con Samuel Santander Lopesierra (“el Hombre Marlboro”), quien fue extraditado a EE. UU. en 2003 por narcotráfico; y con Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, un contratista estatal de la Costa Atlántica investigado por nexos con las autodefensas paramilitares.
Otros campanazos de alerta, mucho más directos, provinieron del propio Donald Trump y algunos miembros de su gabinete. “Líder del narcotráfico”, “matón” y “lunático”, son algunos de los improperios con los que el líder de EE. UU. se ha referido a Petro en el pasado.
La situación también trajo al presente un episodio salido a la luz pública el anterior mes de noviembre, por una fotografía posteada en la galería del sitio web oficial de la Casa Blanca.
Allí se retrataba una reunión de funcionarios en el Despacho Oval, donde James Blair, el subjefe de gabinete de Trump, sostenía una carpeta con documentos. En dichos papeles aparecía un fotomontaje hecho con IA, que mostraba a Petro y Maduro con los uniformes anaranjados de los presos.
¿Quiénes podrían declarar?
Muchos de los casos en el sistema judicial de Estados Unidos se construyen con base en los testimonios de convictos, quienes aspiran a una rebaja de la sentencia por medio de la implementación de la llamada Regla 35, alegando cooperación con la justicia.
Y ante la indagación preliminar en las cortes federales, surge la pregunta de quién podría ser llamado a declarar en contra del jefe de Estado colombiano.
En poder de los estadounidenses están cuatro presuntos integrantes del Cartel de los Soles, la organización criminal con la cual, según la hipótesis no probada del Departamento del Tesoro, Petro habría tenido conexiones: el exdictador Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores; el general (r) Hugo Armando Carvajal Barrios; y el general (r) Clíver Antonio Alcalá Cordones, quien está pagando una condena de 21 años y seis meses por proveer de armas a las Farc.
La reunión de Gustavo Petro con Donald Trump, el 3 de febrero en Washington, fue catalogada como “exitosa”, pero no apagó la desconfianza. FOTO Presidencia
No sería extraño que los agentes de la DEA les consultaran a estas personas si saben alguna información acerca de Petro, a cambio de beneficios legales.
Fuentes judiciales le comentaron a este diario que también hay extraditables colombianos que podrían ser llamados, pues en corrillos carcelarios han manifestado animadversión por el presidente.
Uno de ellos es Andrés Felipe Marín (“Pipe Tuluá”), jefe de la banda “la Inmaculada”, extraditado el mismo día de la cumbre con Trump en Washington, y presentado por Petro como un trofeo de la lucha contra el narcotráfico.
El cabecilla grabó unos audios en los cuales señalaba que habría financiado la campaña presidencial mediante aportes entregados a su hermano Juan Fernando Petro.
“Si estamos hablando de compra de funcionarios, lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, contó “Pipe Tuluá” en uno de los apartes de la grabación, cuyo contenido está en poder de la Fiscalía.
Otros posibles testigos podrían ser Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”), un socio de la organización criminal Clan del Golfo, con injerencia en Antioquia y Cartagena; y Jesús Berdugo Chávez (“Tánatos”), aliado del cartel de Sinaloa, con redes de exportación de cocaína en Nariño y Guayaquil (Ecuador).
Según una indagación preliminar, que no avanza desde hace dos años en la Fiscalía, ambos habrían pagado una suma cercana a los $500 millones para que no los extraditaran y los incluyeran en el proceso de “paz total”, otorgándoles el estatus de gestores de paz; sin embargo, a “Falcon” lo extraditaron en 2022 y lo condenaron a 14 años de prisión, y a “Tánatos” se lo llevaron en 2023.
Estos señalamientos hacen parte del proceso contra Juan Fernando Petro y Danilo Rueda, el primer alto comisionado de paz del Gobierno Petro, quienes en varios escenarios negaron las sindicaciones y se declararon inocentes.
Nacional
Armada de Colombia rescata a 11 tripulantes sanos y salvos en Providencia
La Armada de Colombia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
Tras recibir el reporte de la emergencia, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, por medio del Puesto Avanzado de Guardacostas de Providencia, desplegó de manera inmediata una Unidad de Reacción Rápida hacia la posición informada, manteniendo comunicación y seguimiento permanente durante el desplazamiento.
Al llegar al lugar, los marinos confirmaron la presencia de los 11 tripulantes y brindaron apoyo para intentar controlar el incendio; sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y ante la imposibilidad de contenerlas, priorizaron la protección de la vida humana en el mar, evacuando a toda la tripulación y trasladándola de manera segura hasta Providencia.
A su llegada al muelle, los ciudadanos fueron valorados y se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud.
La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna de las emergencias marítimas en el Archipiélago.
Nacional
La falla de un generador puso a prueba el sistema eléctrico de San Andrés
De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
San Andrés enfrenta nuevamente el debate sobre la confiabilidad de su sistema de generación eléctrica. Durante las últimas semanas, las interrupciones del servicio han generado preocupación entre usuarios, comerciantes y sectores de la comunidad, en medio de una contingencia que afectó uno de los principales equipos de generación de la isla.
La situación tiene como uno de sus principales protagonistas al generador Miller Blackstone 2, ubicado en la central de generación de Punta Evans. De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
La reducción de esa capacidad coincidió con otro proceso técnico de importancia: la unidad MAN Diésel 2 se encontraba en un mantenimiento mayor tipo overhaul, intervención programada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La combinación de ambos escenarios dejó al sistema con menor margen de respuesta frente a los momentos de mayor demanda.
Una falla que terminó afectando a los usuarios
La gerente de SOPESA, Jackeline Llanos, explicó que la contingencia presentada en el generador no era un evento que pudiera anticiparse dentro de la operación normal del sistema.
Según la empresa, San Andrés cuenta con 11 unidades de generación y la capacidad instalada está diseñada para atender la totalidad de los usuarios del departamento. Sin embargo, cuando una unidad sale de servicio y otra se encuentra en mantenimiento, el margen disponible para enfrentar incrementos de demanda o nuevas contingencias se reduce considerablemente.
Ese escenario fue el que terminó reflejándose en las interrupciones del servicio que experimentaron distintos sectores de la isla.
Para una comunidad que depende prácticamente de manera permanente de la energía eléctrica para sus hogares, hoteles, restaurantes, comercios, instituciones y servicios esenciales, cada interrupción representa mucho más que la ausencia temporal de electricidad.
También significa equipos que dejan de funcionar, alimentos que pueden perderse por falta de refrigeración, dificultades para trabajar y estudiar, afectaciones al comercio y, en algunos casos, preocupación por posibles daños en electrodomésticos.
El mantenimiento de la MAN 2
Mientras se atendía la contingencia del Miller Blackstone 2, SOPESA adelantaba el mantenimiento mayor de la unidad MAN Diésel 2.
La empresa explicó que este tipo de intervención hace parte de los procesos de mantenimiento recomendados por los fabricantes y que los trabajos preventivos y correctivos buscan precisamente conservar la confiabilidad de los equipos de generación.
El cronograma informado por SOPESA contemplaba el regreso de la unidad afectada a una operación normal y continua alrededor del 11 y 12 de agosto, con el propósito de recuperar capacidad de generación y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico de la isla.
La recuperación de esta unidad era considerada fundamental para aumentar nuevamente el margen disponible y mejorar la estabilidad del servicio.
La molestia de los usuarios
Los cortes también generaron una creciente reacción ciudadana. Las interrupciones fueron objeto de cuestionamientos y comentarios en redes sociales y otros espacios de participación, mientras algunos usuarios reclamaron mayor información y respuestas oportunas frente a lo que estaba ocurriendo.
Precisamente, uno de los aspectos que quedó sobre la mesa fue la necesidad de que la comunidad conozca con mayor claridad qué ocurre con el sistema de generación cuando se presenta una contingencia y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que una falla termine convirtiéndose en una cadena de interrupciones.
La situación también ocurre en un contexto más amplio de preocupación por el servicio de energía en el Archipiélago. En junio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que adelantaría una auditoría al sistema de atención al usuario de SOPESA, después de escuchar las inquietudes planteadas por comunidades raizales de San Andrés.
¿Y qué pasa si un electrodoméstico resulta afectado?
Uno de los principales interrogantes de los usuarios después de los cortes es qué ocurre cuando un electrodoméstico sufre daños asociados a una interrupción o alteración del servicio.
SOPESA ha señalado que existen mecanismos para presentar reclamaciones por este tipo de situaciones. La empresa solicita información como la fecha y hora del evento, descripción del equipo afectado, marca, referencia, modelo y registro fotográfico, entre otros documentos. Posteriormente se realiza una evaluación técnica para determinar si procede el reconocimiento del daño.
Esto significa que los usuarios que consideren haber sufrido daños no necesariamente deben asumir automáticamente la pérdida del equipo, sino que pueden presentar formalmente su reclamación ante la empresa.
Un problema que va más allá de una máquina
Aunque la contingencia del Miller Blackstone 2 explica buena parte de las interrupciones recientes, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué tan preparado está el sistema eléctrico de San Andrés para responder cuando uno de sus principales equipos queda fuera de servicio?
La respuesta no depende únicamente de reparar una máquina.
También involucra mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos, capacidad de respaldo, planificación de la generación, crecimiento de la demanda y alternativas que permitan reducir la dependencia de los combustibles tradicionales.
SOPESA ha señalado que dentro de sus obligaciones contempla proyectos relacionados con energías renovables. Entre ellos se encuentra la planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, que ya está en operación y busca utilizar parte de los residuos generados en la isla para producir energía.
San Andrés necesita certezas
La crisis reciente deja una enseñanza clara: en un territorio insular como San Andrés, donde no existe una conexión eléctrica con el continente, la generación local es un asunto estratégico.
Una falla técnica puede tener repercusiones inmediatas sobre miles de personas y sobre sectores fundamentales de la economía insular.
Por eso, más allá de determinar qué ocurrió con una máquina específica, el desafío está en garantizar que el sistema tenga suficiente capacidad de respaldo para que el daño de una unidad no termine convirtiéndose en interrupciones repetitivas para la población.
La comunidad espera ahora que, con la recuperación de las unidades intervenidas, el servicio pueda estabilizarse y que las lecciones de esta contingencia permitan fortalecer la infraestructura eléctrica del Archipiélago.
Porque para San Andrés la energía no es simplemente un servicio público. Es una condición indispensable para que la isla pueda funcionar.
Nacional
Gobierno anuncia que elimina aparato de información y propaganda en RTVC
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un paquete de medidas para recuperar el carácter público, plural e independiente del Sistema de Medios Públicos de Colombia.
En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.
En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
- Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
- La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
- Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
- Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.
La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.
La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.
La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.
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