Horas después de que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia protocolaria a su gabinete, pasada casi una semana de su accidentado Consejo de Ministros, este lunes se han ido conociendo a cuentagotas las cartas en las que sus más cercanos colaboradores dimiten del Gobierno. Sin embargo, hay una diferencia evidente ente quienes renuncian de manera simbólica y quienes lo hacen de manera irrevocable.

En el primer grupo, resaltando que se trata de una “renuncia protocolaria”, aparecen los ministros de Educación, Daniel Rojas; la canciller Laura Sarabia, o la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano. En sus cartas de renuncia se específica que se trata de una dimisión de orden protocolario, es decir que, aunque ponen su cargo a disposición, no se van tajantemente del Gobierno.

“Quedo a su disposición, mi compromiso con el proyecto de país que usted representa sigue en pie”, dijo, por ejemplo, Solano. “No hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas”, sostuvo por su parte Sarabia. “Seguiré trabajando y acompañándolo en este propósito desde el lugar y momento que usted disponga”, precisó Rojas.

Sin embargo, hay otros que sí renunciaron de forma irrevocable, lo que implica que su partida del Ejecutivo es definitiva y no está sujeta a discusión. En ese grupo se cuentan los ministros de Ambiente, Susana Muhamad; Trabajo, Gloria Inés Ramírez; Culturas, Juan David Correa, y el saliente director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), Jorge Rojas.

Se trata de funcionarios del primer círculo del presidente Gustavo Petro, quienes decidieron dar un paso al costado rotundo luego de que el mandatario confirmó que el exembajador Armando Benedetti será su jefe de despacho presidencial y, para muchos, será el peaje para acceder al jefe de Estado.

En medio de todo hay un tercer grupo de ministros y altos funcionarios cuyas cartas de renuncia no se conocen y no hay precisión frente a si son irrevocables o no. Allí se cuentan el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo –recién nombrado presidente encargado ante el viaje de Petro en Oriente Medio–; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes; el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, o el director de Planeación Nacional, Alexander López.

En este grupo podría contarse la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, o el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quienes, si bien renunciaron, no detallaron si su dimisión es irrevocable o protocolaria: “He tomado la decisión de dejar el cargo de ministro del Interior para participar sin limitaciones en el debate público e impulsar por fuera del Gobierno (mis) ideas”, dijo Cristo.

Las salidas materializan una fisura que parece irreconciliable en el corazón del petrismo. Ya son cuatro los funcionarios del primer anillo del presidente que dimiten tras el accidentado Consejo de Ministros.

Fue en ese inédito escenario –televisado y sin filtro alguno–, en el que el jefe de Estado hizo una defensa irrestricta de su ahora jefe de despacho: el controvertido exembajador Armando Benedetti, sin calcular que su proyecto político iba a implosionar y, con ello, comprometer las chances de darle continuidad al “Gobierno del Cambio” más allá de 2026.

A medida que pasan los días, podrían ser más los funcionarios que, aunque leales a Petro, no se tragarán el sapo de compartir con Benedetti y tener que acudir a él para hablar con el primer mandatario. La disyuntiva es evidente: ¿Petro cederá y le dará la espalda a Benedetti con tal de seguir con sus aliados y evitar la desbandada? ¿O arreciará y, sin importar el costo político ni personal, lo mantendrá en el gabinete?

Pocas deportaciones son esperadas con tanta intriga en Colombia como la de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ o ‘el Señor’, señalado de ser uno de los máximos contrabandistas del país, y cuyo nombre saltó a la primera plana en la última semana por un presunto intento de meterle dineros calientes a la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro.

El hecho fue insinuado durante el Consejo de Ministros del miércoles anterior, en Bogotá, el cual fue televisado en directo. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se fue lanza en ristre contra el jefe de Despacho Armando Benedetti, con quien estaba sentado en la misma mesa.

“No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay. Pero comenzaron con él. El tema del señor ‘Pitufo’ comenzó con él y no sé dónde va a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener”, afirmó, refiriéndose a que Benedetti habría intentado involucrar a Marín Buitrago en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Rodríguez aclaró luego en el portal noticioso Cambio que la suma entregada fue de $500 millones, pero que ante la sospecha de tratarse de dineros irregulares, el propio candidato Petro ordenó devolver ese dinero.

Tras los señalamientos de Rodríguez, Benedetti lo denunció por injuria y calumnia ante la Fiscalía.

¿Pero quién es “Papá Pitufo”, al margen de esta controversia política?

Su captura había sido priorizada por el jefe de Estado una vez llegó al poder, por lo que la Policía se puso tras la pista.

El primer golpe importante a su organización fue propinado en marzo de 2024, en una operación en la cual fue arrestado su lugarteniente Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, y la opinión pública pudo conocer los alcances de la red ilegal, sospechosa de coordinar el 80% de las actividades de contrabando marítimo en Colombia desde hace 26 años.

En ese entonces, la Fiscalía informó en una rueda de prensa que ese grupo usaba los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla para traer mercancía de contrabando proveniente de Asia, Estados Unidos y Europa.

Se especializaba en autopartes, cigarrillos, ropa, calzado y textiles, importando hasta 30 contenedores semanales, que le significaban ganancias anuales de $8 billones de pesos, es decir, al nivel de las empresas legales más grandes del país.

Para blindar su operación clandestina, ‘Papá Pitufo’ financiaba una intrincada red de corrupción de policías y agentes aduaneros, que le ayudaban a recibir los contenedores sin mayor control, transportar la mercancía en camiones y almacenarla en bodegas en diferentes ciudades.

“En tres meses de actividades investigativas, se acreditaron eventos en los que esta red habría pagado $902 millones de pesos a servidores que cumplían funciones de vigilancia y control aduanero”, indicó la Fiscalía en el reporte de la primera fase de la operación.

Prueba de ello fue la captura, el 13 de marzo del año pasado, del coronel en retiro Alexánder Galeano Ardila, señalado de reclutar a policías para la banda; y del mayor Mario Andrés Sarmiento, sospechoso de coordinar el transporte de la mercancía desde los puertos hasta las bodegas.

Tanto a ellos como a ‘el Bendecido’, el ente acusador les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho.

De esa redada logró escapar ‘Papa Pitufo’, pero las autoridades colombianas le solicitaron a Interpol que expidiera una Circular Azul en su contra, tendiente a ubicarlo en el exterior.

Así ocurrió en abril de 2024 cuando fue arrestado en España. Aunque el presidente Petro les agradeció a las autoridades ibéricas la ayuda y solicitó su extradición, un tribunal de la ciudad de Valencia lo dejó en libertad condicional, aunque prohibiéndole salir de España mientras se aclaraba su situación judicial.

‘Papá Pitufo’ aprovechó el beneficio legal para escapar de nuevo y cruzó la frontera hacia Portugal, donde fue arrestado una vez más en diciembre. Actualmente, continúa preso en esa nación, a la espera de su eventual traslado a Colombia.

Petro declaró que, si colabora con las autoridades revelando quiénes hacen parte de su red de corrupción, podría obtener más beneficios jurídicos.

En medio del debate que surge en la actualidad sobre la ejecución de las obras de alcantarillado sanitario en el sector de North End surge un nuevo elemento relacionado con la posibilidad de que acciones de grupo puedan defender los intereses de los comerciantes que podrían ser afectados por la demora en el tiempo en la ejecución de estos trabajos.

De hecho, y luego de haber sido admitido demandas por daños y perjuicios por obras de este calibre en otras ciudades del país, el abogado constitucionalista y urbanista experto en acciones de grupo Juan José Santacruz Rodríguez se refirió recientemente al impacto de obras demoradas en la economía de muchos negocios adyacentes y manifestó que una demanda podría servir como salida para resolver el impacto que podría tener la demora en la ejecución de los trabajos de alcantarillado, en este caso, en la isla sobre la avenida Colón.

«En un posible acción de grupo, se espera que los directamente afectados se reúnan y presenten una medida cautelar que, en caso de presentarse un hecho que afecte sus intereses como comerciantes y hoteleros, podrían presentar una demanda por daños y perjuicios a sus negocios.

«No lo cancela el contratista ni directamente el Gobierno, pero finalmente se deberán cancelar costos por daños y perjuicios los cuales deberán ser pagados por el Estado por el impacto negativo que podría causar la demora en la ejecución de estas obras», afirmó.

En estos momentos la avenida Colón se encuentra bloqueado debido a que fue demolido por parte de la firma contratista pese a que existe una medida cautelar del Tribunal Contencioso Admimnistrativo de San Andrés debido a que la Asociación Regional de Municipios del Caribe Aremca no tenía facultades para poder contratar como entidad, medida que fue emitida en el año 2022, un año antes de haber recibido el aval para poder hacerlo.

La iniciación de los trabajos debido a la impugnación presentada por Aremca ha dejado molesto a un sector de la opinión pública por calificar la acción como «apresurada» ya que en este momento las obras se encuentran detenidas por un nuevo fallo del tribunal.

«Aqui se estan tomando decisiones sin tener en cuenta las normas ni mucho menos una consulta con la comunidad, firman una cantidad de personas pero al final deberá responder el Gobernador (Nicolás Gallardo) porque es la máxima autoridad», dijo la abogada y veedora Paola Rada quien ha sido una dura crítica por las decisiones tomadas durante el ultimo año por parte de la administración.

Por otro lado, el exdiputado y ahora asesor del Gobierno local Carlos Bryan Uribe declaró para el programa El Extra Radio en Vivo de San Andrés que el debate jurídico esta causando un enorme daño a la isla porque es necesario que se ejecuten estos trabajos y que la vía para poder darle celeridad al proceso es declarar una emergencia sanitaria.

«No necesitamos ir muy lejos, con tan solo tomar una foto de los rebosamientos de agua frente a La Previsora podemos mostrar claramente que los trabajos son necesarios y que es necesario declarar una urgencia manifiesta», declaró.

En una revelación hecha por parte de la revista Semana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de grupo para “la reparación de los perjuicios causados” a los comerciantes y residentes afectados por los retrasos en la peatonalización de la Carrera Séptima, especialmente en el centro de Bogotá.

De acuerdo con el abogado experto en derecho urbanístico Juan José Santacruz Rodríguez, quien actúa en representación de los comerciantes y residentes afectados, “se espera que la justicia condene a este tipo de entidades ejecutoras de obras, puesto que se busca su responsabilidad con base en lo que las entidades de control distrital han denominado para este caso en concreto como ‘fallas en el principio de planeación y seguimiento’”.

La obra que tiene sus inicios en 2012, y que tuvo como presupuesto, de acuerdo con cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, más de 40.000 millones de pesos para intervenir la carrera Séptima entre las calles 12 hasta la 26, finalmente concluyó sobre el mes de marzo del 2020.

La misma tuvo serias críticas y reparos por parte de expertos en movilidad, Fenalco, la Contraloría Distrital, la Personería Distrital y el Consejo de Bogotá, instancias desde las cuales hace 10 años se hacían llamados a revisar el planeamiento previo a la ejecución del proyecto y los impactos que este tendría para los comerciantes y residentes en su desarrollo y después de su culminación.

Luego de una acción popular que buscó “la protección del patrimonio público, la moralidad administrativa, y la protección de los intereses colectivos”, finalmente el IDU terminaría su proyecto, no sin antes, causar la disminución de las ventas del comercio y la intranquilidad de los residentes quienes soportaron durante años la zona invadida por habitantes en condición de calle, bandas dedicadas al hurto y microtráfico, roedores, aguas negras y basuras entre otras graves problemáticas.

Santacruz, por su parte, agrega que la demanda reclama perjuicios por casi 4.000 millones, pero que en consideración del grupo de personas comerciantes y residentes que puedan demostrar afectaciones en las mismas condiciones; la cifra puede llegar a ser superior al billón de pesos.

Por lo pronto, se puso en marcha un plan de contingencia vial para garantizar el flujo de vehículos mientras se ejecutan las obras en mención en San Andrés en vías alternas de la isla.