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Encerramiento de Plaza Botero en Medellín podría caer con acción popular

Argumentando que dicho cierre constituye una vulneración a los derechos colectivos, la demanda pidió medidas cautelares para revertir las restricciones en ambos espacios públicos como la Plaza Botero.

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Photo: El Colombiano

La polémica estrategia con la que la Alcaldía de Medellín impuso un cerramiento sobre la Plaza Botero y el Parque Lleras podría quedarse sin piso, luego de que un juzgado admitiera una acción popular con la que se busca declarar ilegal esa medida.

El recurso, que fue formulado por el abogado constitucionalista Edier Esteban Manco Pineda, fue admitido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín, según quedó plasmado en un auto proferido el pasado miércoles 24 de mayo.

Argumentando que dicho cierre constituye una vulneración a los derechos colectivos, la demanda pidió medidas cautelares para revertir las restricciones en ambos espacios públicos.

“(Que se) ordene el inmediato retiro de las vallas o cerca que están alrededor de la plaza pública Plaza Botero y del Parque Lleras de Medellín, mientras la judicatura decide de fondo el problema constitucional planteado de la estrategia de seguridad”, se lee en los documentos del proceso.

El ‘abrazo’ a Plaza Botero no cobijó al Parque Berrío

El abogado Manco Pineda explicó que el origen de la acción se remonta al pasado 28 de marzo, cuando envió un derecho de petición a la Alcaldía solicitando conocer los estudios y análisis formales que supuestamente se habían tomado como base para ordenar los cerramientos.

Tras nunca recibir respuesta, Manco consideró que había razones suficientes para dudar de la forma en la que se implementó esa estrategia, que a su juicio da cuenta de una vulneración directa a todos los ciudadanos a disfrutar directamente los bienes de uso público.

“Las plazas públicas no son propiedades del Estado, son bienes de uso público. El Estado no se comporta como propietario, sino como un garante. El Consejo de Estado ha caracterizado ese derecho y señala que no debe haber ningún intermediario para que las personas gocen de ese bien de uso público”, planteó el litigante, aludiendo a las razones por las que pidió en su recurso que se emitan medidas cautelares para garantizar ese derecho.

Según puede leerse en el auto del juzgado, la solicitud central consiste en que mientras se resuelve la discusión de si los cierres se ajustan a la Constitución, se ordene una reapertura inmediata, para que los ciudadanos puedan circular libremente en el espacio público.

El inicio del litigio aparece justamente luego de que el pasado jueves 25 de mayo se cumplieran 100 días del inicio del cerramiento de la Plaza Botero. Pese a que durante este periodo la Secretaría de Seguridad ha insistido en que los delitos se habrían reducido en un 97% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en los alrededores del lugar se han seguido presentando problemas de seguridad, tal como quedó en evidencia el pasado 10 de marzo, cuando un hombre fue apuñalado a escasos metros de las vallas instaladas por la Policía.

Así mismo, como lo denuncian transeúntes y comerciantes del sector, problemáticas como la explotación sexual, que antes tenían como principal escenario la plaza, se desplazaron a zonas circundantes como la carrera Cundinamarca (53).

En el caso del Parque Lleras, en El Poblado, las vallas también generaron una redistribución de problemáticas como la explotación sexual y el microtráfico, que se han tomado con más fuerza los alrededores de la calle 10.

Por su parte, la Alcaldía insiste en que ambos cerramientos han mejorado la vida comercial y turística tanto del centro como El Poblado.

Según quedó establecido en el auto que admitió la acción popular, transcurridos dos días de la notificación, la Alcaldía de Medellín tendrá un plazo de cinco días hábiles para entregar un concepto sobre el recurso e informar por sus medios digitales y redes sociales la existencia del mismo.

Transcurrido dicho plazo, que se vencería el próximo lunes 5 de junio, el juzgado a cargo del proceso evaluará los argumentos de parte y parte para determinar si otorga las medidas cautelares solicitadas.

Según advierte el abogado Manco, la Alcaldía también deberá explicar por qué decidió no entregar los estudios formales y detallados que deberían haber soportado los cerramientos, cuya existencia pone en duda tras tantos meses de silencio.

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Procuraduría hará veeduría sobre carrotanques de agua en la Guajira

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio de la Guajira por parte de los carrotanques que están funcionando

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La Procuraduría le solicitó información a la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD) sobre las acciones que se están implementando para brindar accesibilidad y calidad del agua potable para la población wayuú en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, municipios de La Guajira.

En la solicitud, también se pidió a la Unidad los estudio y conceptos técnicos que determinaron que la adquisición de los carrotanques era una de las soluciones a corto plazo para lograr el abastecimiento de agua en La Guajira, los puntos de captación del recurso hídrico y la calidad de agua suministrada en el departamento.

De igual manera que se detalle la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos.

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio por parte de los carrotanques que están funcionando, cómo se determinaron estas rutas y sus frecuencias y la respectiva socialización con las administraciones municipales sobre esas rutas de distribución.

La Procuraduría destacó que en la pasada mesa de trabajo realizada el 21 de febrero, el subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, indicó que es la misma entidad la que toma muestras aleatorias al agua de los carrotanques y las procesa en sus laboratorios.

Por ello, pidió a su vez información sobre el número de Puestos de Mandos Unificados, las mesas de diálogo y de monitoreo, ajustes y continuidad por parte de la UNGRD y la participación de las autoridades wayuú en esos espacios.

Por otra parte, el Ministerio Público requirió en el informe las medidas de prevención ante la temporada de menos lluvias, es decir, época del Fenómeno del Niño.

La entidad ha destacado la importancia de trabajar armónicamente con otras entidades nacionales y territoriales, con el fin de realizar acciones orientadas a garantizar el goce efectivo del derecho al agua para la población en la Guajira.

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Carro de Day Vásquez se incendia cuando estuvo parqueado en Barranquilla

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

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En las últimas horas, Day Vásquez escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que su carro se incendió cuando estaba parqueado en la puerta de la casa de sus padres. 

“Y de repente el carro parqueado en la puerta de la casa de mis papás… Vaya sorpresa!! Se INCENDIÓ”, indicó.

https://twitter.com/RNacional_News/status/1764323044921692659

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, se hay varias teorías, desde fallos técnicos hasta la posibilidad de un sabotaje deliberado. 

Recordemos que Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, actualmente enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y es la testigo clave en el proceso judicial contra el hijo del presidente Gustavo Petro. 

Tras su arresto el pasado julio, el hijo del mandatario admitió, según la Fiscalía, haber recibido dinero para la campaña del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del polémico empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

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Ministerio público solicita restricciones de circulación de Salvatore Mancuso

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira.

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Luego de la audiencia que inició este primero de marzo y en la que el juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá está definiendo si le otorga o no la libertad a prueba a Salvatore Mancuso, la Procuraduría General de la Nación solicitó restricciones de movilidad en el territorio nacional al exjefe paramilitar como garantía a los derechos de las víctimas.

Así mismo, se destacó que si no se fijan dichas  limitaciones en sus desplazamientos, se traduciría “claramente en una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”.

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, en donde tuvo lugar su accionar criminal. 

Además, la Procuraduría precisó que no se le puede conceder de manera inmediata la libertad a prueba, mientras no comparezca ante las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también cursan procesos en su contra.

El Ministerio Público aseguró que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz.

Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control indicó que esa designación “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo es y seguirán siendo las víctimas”.  

El tema de la libertad a prueba del exjefe paramilitar se discutió en años anteriores en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, donde se decidió que Salvatore Mancuso cumplía los requisitos para acceder a esa medida, que no se le había otorgado porque no estaba en el país. 

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