Al parecer, Laura Sarabia, mano derecha del mandatario, habría desatendido los procedimientos para adelantar investigaciones judiciales y ahora está bajo la lupa por practicarle un polígrafo sin supuesta autorización a su exniñera.
A ella la señalan como presunta sospechosa de robar un maletín con 7 mil dólares en la casa de la alta funcionaria. A tal punto llegó el escándalo que el fiscal general, Francisco Barbosa, salió a explicarle a Sarabia que la única entidad que puede realizar investigaciones judiciales es la Fiscalía y que ya está averiguando si se trató de un uso irregular de la Policía judicial, hipótesis que desde ya descartó el director de esa institución, el general William Salamanca.
De paso, Barbosa le tuvo que aclarar la importancia de los límites de la seguridad nacional y le aseguró que la citará a declarar junto al resto de funcionarios que pudieron estar involucrados en lo que se podría denominar como una mala praxis porque según el fiscal, el polígrafo no es una prueba judicial contemplada en el código penal. Así mismo, Sarabia se prepara para una indagación en la Procuraduría por un supuesto abuso de poder.
Lo que sí es cierto es que Sarabia presentó a finales de enero del año en curso una denuncia por el hurto de un maletín con dinero en su casa e inmediatamente la Fiscalía inició una investigación en conjunto con la Sijin.
Sin embargo, este fin de semana al parecer se abrió una puerta paralela tras las recientes denuncias de Marelbys Meza, la señora que contrató la alta funcionaria para que cuidara a su hijo, en las que declaró que la llevaron a un sótano frente a la Casa de Nariño para practicarle una prueba de polígrafo; acto que ella sintió como un secuestro y una intimidación, según le contó a la Revista Semana.
Frente a eso, Barbosa aclaró que la indagación inicial avanzaba muy bien, pero ahora se detuvieron para revisar con detenimiento si los informes se entregaron de manera irregular, o no. Y es que fue de tal gravedad lo manifestado por la exniñera que la Fiscalía le otorgó un esquema de protección y aseguró que ya existe un proceso investigativo en curso, adicional al de hurto, para verificar qué fue lo que hicieron sin el concurso del ente investigador porque la Fiscalía nunca expidió una orden para practicarle una prueba de polígrafo a la exniñera.
“Estamos investigando si hubo brechas en el proceso investigativo y esperamos que después de una puerta que se abrió no vayamos a encontrar una cueva donde estén haciendo una especie de parajusticia, investigaciones propias en el país”, señaló Barbosa en conversación con Blu Radio.
Frente a las sospechas del ente investigador sobre un comportamiento irregular por parte de la Policía, el general Salamanca salió a dar la cara y dijo que confían plenamente en el procedimiento que realizaron los hombres a cargo del jefe de seguridad del Presidente y están a la espera de lo que concluya la Fiscalía con sus investigaciones.
“Me informan que fue un procedimiento ceñido a la norma, transparente y hubo consentimiento de la persona en las actuaciones de la Policía”, dijo el director de esa institución.
Resulta que en conversación con esa misma revista, Sarabia admitió que no existía ninguna orden judicial para someter a Meza a la prueba, pero defendió que solo fue un proceso rutinario que se le hizo hasta a los conductores y que incluso la exniñera firmó un consentimiento para ello.
Sin embargo, para Barbosa el hecho tiene una gravedad mucho mayor porque es un mecanismo que, si bien puede ser utilizado en el marco de la seguridad nacional, no puede ser practicado en particulares, y la señora Marelby se enmarca dentro de lo privado. “Nadie puede llevarse a un ciudadano para realizarle pruebas de ningún tipo para buscar responsabilidades, eso existía con el DAS en su peor momento”, dijo el fiscal general.
El caso le dio pie a Barbosa para explicarle a Sarabia lo que es la noción de seguridad nacional, que en palabras sencillas, indica que si a un funcionario público le hurtan sus pertenencias, como es el caso de Sarabia, hay que entrar a estudiar si es un asunto de seguridad nacional o más bien un asunto de bien jurídico que afecta el patrimonio personal del funcionario.
“No hay que sobrepasarse, el que cometa acciones por fuera de la ley tendrá que responder ante las autoridades”, sentenció el fiscal general.
Así las cosas, Barbosa aprovechó para determinar los límites de la acción de los funcionarios públicos y no dejó pasar los vainazos a Petro por la separación de poderes que tanto se pelean y le recordó que la única entidad que hace investigaciones judiciales es la Fiscalía y que así lo ampara la Constitución.
“Recordarle al Ejecutivo que la Fiscalía no depende del Ejecutivo, que la Fiscalía hace parte de la rama judicial y que uno no puede creer que la Policía Judicial puede recibir informaciones bajo el criterio de que la Policía Nacional depende del Presidente”, sentenció Barbosa, sumando una pelea más a la larga lista de encontrones que ha tenido con Petro en los últimos meses, incluyendo la independencia y autonomía judicial en la que las cortes regañaron al mandatario, la liberación fallida de los jóvenes de la primera línea y las constantes denuncias por parte del jefe investigador sobre los narcos que se quieren colar en la paz total.
Actualidad2 años ago
