Horas después de que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia protocolaria a su gabinete, pasada casi una semana de su accidentado Consejo de Ministros, este lunes se han ido conociendo a cuentagotas las cartas en las que sus más cercanos colaboradores dimiten del Gobierno. Sin embargo, hay una diferencia evidente ente quienes renuncian de manera simbólica y quienes lo hacen de manera irrevocable.

En el primer grupo, resaltando que se trata de una “renuncia protocolaria”, aparecen los ministros de Educación, Daniel Rojas; la canciller Laura Sarabia, o la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano. En sus cartas de renuncia se específica que se trata de una dimisión de orden protocolario, es decir que, aunque ponen su cargo a disposición, no se van tajantemente del Gobierno.

“Quedo a su disposición, mi compromiso con el proyecto de país que usted representa sigue en pie”, dijo, por ejemplo, Solano. “No hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas”, sostuvo por su parte Sarabia. “Seguiré trabajando y acompañándolo en este propósito desde el lugar y momento que usted disponga”, precisó Rojas.

Sin embargo, hay otros que sí renunciaron de forma irrevocable, lo que implica que su partida del Ejecutivo es definitiva y no está sujeta a discusión. En ese grupo se cuentan los ministros de Ambiente, Susana Muhamad; Trabajo, Gloria Inés Ramírez; Culturas, Juan David Correa, y el saliente director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), Jorge Rojas.

Se trata de funcionarios del primer círculo del presidente Gustavo Petro, quienes decidieron dar un paso al costado rotundo luego de que el mandatario confirmó que el exembajador Armando Benedetti será su jefe de despacho presidencial y, para muchos, será el peaje para acceder al jefe de Estado.

En medio de todo hay un tercer grupo de ministros y altos funcionarios cuyas cartas de renuncia no se conocen y no hay precisión frente a si son irrevocables o no. Allí se cuentan el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo –recién nombrado presidente encargado ante el viaje de Petro en Oriente Medio–; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes; el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, o el director de Planeación Nacional, Alexander López.

En este grupo podría contarse la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, o el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quienes, si bien renunciaron, no detallaron si su dimisión es irrevocable o protocolaria: “He tomado la decisión de dejar el cargo de ministro del Interior para participar sin limitaciones en el debate público e impulsar por fuera del Gobierno (mis) ideas”, dijo Cristo.

Las salidas materializan una fisura que parece irreconciliable en el corazón del petrismo. Ya son cuatro los funcionarios del primer anillo del presidente que dimiten tras el accidentado Consejo de Ministros.

Fue en ese inédito escenario –televisado y sin filtro alguno–, en el que el jefe de Estado hizo una defensa irrestricta de su ahora jefe de despacho: el controvertido exembajador Armando Benedetti, sin calcular que su proyecto político iba a implosionar y, con ello, comprometer las chances de darle continuidad al “Gobierno del Cambio” más allá de 2026.

A medida que pasan los días, podrían ser más los funcionarios que, aunque leales a Petro, no se tragarán el sapo de compartir con Benedetti y tener que acudir a él para hablar con el primer mandatario. La disyuntiva es evidente: ¿Petro cederá y le dará la espalda a Benedetti con tal de seguir con sus aliados y evitar la desbandada? ¿O arreciará y, sin importar el costo político ni personal, lo mantendrá en el gabinete?

La candidata presidencial, Vicky Dávila, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte. A través de sus redes sociales, aseguró que la advertencia provino de un “oficial de alto rango” y que la información tiene “toda la credibilidad”.

“Necesito compartir con ustedes esto de manera urgente. Uno tiene que ser prudente y mesurado con estos temas sobre amenazas contra la vida. Esta información me la hizo llegar un oficial de alto rango. Es de toda la credibilidad”, reveló Dávila mediante su cuenta de X, acompañado de la captura de pantalla de un chat donde se habla sobre la amenaza.

Según los alarmantes mensajes que recibió, existiría un supuesto “presupuesto” destinado a atentar contra su vida. “Toca que extreme”, “Tiene que ser muy prudente, esta gente es lo peor”, son algunas de las frases que, de acuerdo con la denuncia de Dávila, le hicieron llegar por chat.

Ante esta situación, la exdirectora de la revista Semana de 51 años, hizo un llamado directo al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Espero que el gobierno Petro y las autoridades presten atención a esta información, que nos den la protección necesaria a mi familia y a mí para que no nos pase nada”, expresó en sus redes sociales.

Dávila, quien anunció su candidatura presidencial en noviembre de 2024, ha intensificado su campaña de cara a las elecciones de 2026. En enero de este año presentó a cuatro asesores económicos que la acompañarán en su aspiración a la Casa de Nariño.

La candidata, que se caracterizó como periodista por su postura crítica contra Petro desde que el mandatario asumió el poder, se quiere proyectar como la “outsider” de la política colombiana.

La breve crisis diplomática desatada entre Colombia y Estados Unidos por las condiciones de deportación de los ciudadanos colombianos en medio de la política antiinmigración de Donald Trump encendió las alarmas en la Casa de Nariño.

El choque comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro rechazara la entrada de aviones militares estadounidenses con deportados a suelo colombiano, exigiendo que los connacionales fueran devueltos al país sin ser esposados.

Este gesto provocó duras represalias de la Casa Blanca, incluyendo sanciones comerciales al país y la suspensión de la emisión de visas para colombianos desde el pasado domingo.

El “whiskey” que Petro le pidió a Trump para hablar de migración en medio de la crisis con EE. UU.

Sin embargo, en cuestión de horas las aguas se aquietaron. Según reveló un artículo de The New York Times, entre los diálogos en busca de soluciones intervino el expresidente Álvaro Uribe.

De acuerdo con el medio estadounidense, Uribe se habría ofrecido a mediar para suavizar las tensiones con la administración estadounidense. “Tenemos diferencias con el presidente Petro. Ha cometido un error. Pero tenemos que resolverlo. ¿Cómo puedo ayudar?”, habría expresado Uribe en una conversación con la recién designada canciller Laura Sarabia.

La alta funcionaria del Gobierno Petro, quien se encontraba coordinando esfuerzos diplomáticos en medio de la tormenta, solicitó a Uribe que contactara a sus aliados en Washington, incluido Marco Rubio, el secretario de Estado nombrado recientemente por Trump.

Según el reportaje, el expresidente movilizó sus conexiones en el Congreso estadounidense para ayudar a preservar una de las relaciones internacionales más importantes del país.

Sobre el impasse con Estados Unidos, como lo definió la Cancillería, Sarabia le dijo a EL COLOMBIANO que “las relaciones internacionales deben estar por encima de las agendas domésticas. Las llamadas que realicé a diferentes gremios, expresidentes y excancilleres respondieron a ese principio. Agradezco la disposición de cada interlocutor, quienes conocen el contenido de nuestras conversaciones y compartieron el propósito de promover la calma en el debate nacional”.

Precisó que “en esas conversaciones, resalté que el equipo designado por el presidente estaba actuando de manera diligente y conforme a los canales diplomáticos, al igual que los interlocutores en Estados Unidos. Todo esto en aras de proteger los intereses de ambas naciones en un momento crítico”.

Incluso Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, le habría confesado su preocupación a Petro por las consecuencias económicas contra las empresas colombianas por las sanciones que se le avecinaban al país, según resumió el periódico internacional, aunque los inesperados trinos del presidente Petro seguían generando un efecto dominó.

El mandatario había respondido de forma similar a las represalias de Trump con una orden al ministro de Comercio Exterior de elevar en un 25 % los aranceles de importaciones desde EE. UU.

Por su parte, Uribe, líder del Centro Democrático, se había pronunciado a través del partido en cuanto se supo “el grave problema con Estados Unidos”.

“Me llamó una tercera persona, quien ninguna participación tiene en la política, me dijo que la señora Canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo. Le dije que hiciera una comunicación de los tres (Three Line). La señora Canciller me dijo que ya tenían una solución que estaban consultando, que había leído nuestro comunicado. Le dije ojalá, el tema requería una solución urgente. Terminó la comunicación”, precisó el exmandatario.

El trabajo de mediación también involucró al expresidente Juan Manuel Santos y varios miembros de la comisión asesora.

Finalmente, los gobiernos llegaron a un acuerdo para que se aceptara la deportación de los connacionales en vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana sin ser esposados o fotografiados por el gobierno estadounidense. Asimismo, Washington aseguró que se levantarían las sanciones en cuanto el primer vuelo de migrantes arribara a territorio nacional.