Nacional
Gobierno de Petro podría embargar generación de energía para activar Air-e
El 5 de agosto, el Ministerio había expedido una primera resolución que exigía ese beneficio durante un mes para Air-e y Afinia, es decir, las comercializadoras de energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe.
La situación energética en Colombia sigue con cortocircuito y los cables se están enredando más por una reciente resolución (la 40409-2024), emitida por el Ministerio de Minas y Energía, que pone en una situación privilegiada a la empresa Air-e, recién intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.
La resolución ordena que las empresas generadoras de energía (como EPM, Isagen o Enel, entre otras) no pueden dejar de suministrarle energía a Air-e o no pueden limitarle el suministro a pesar de que esta última no tenga las garantías para pagarles.
El 5 de agosto, el Ministerio había expedido una primera resolución que exigía ese beneficio durante un mes para Air-e y Afinia, es decir, las comercializadoras de energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe. Y, curiosamente, después de que fue intervenida Air-e (13 de septiembre), el Ministerio expidió esta nueva resolución que mantiene el beneficio solo para Air-e hasta diciembre de este año.
La situación tiene con los pelos de punta a los operadores del sector porque en pocos meses Air-e ya ha acumulado con varios de los generadores una deuda de unos $800.000 millones, y con el paso de los meses la deuda puede aumentar y poner en riesgo a las demás empresas. Algunos jugadores consultados comentan que no tienen certeza de que, cuando se venza en diciembre, el Gobierno no siga prorrogando la misma directriz.
Cabe recordar que la crisis de la luz en la Costa Caribe viene de tiempo atrás. El gobierno de Juan Manuel Santos intervino a Electricaribe, y el gobierno de Iván Duque, hace cuatro años, le entregó la operación en cuatro departamentos a Afinia y en otros tres a la firma Air-e. Afinia, para sobrevivir, ha recibido inyección financiera de EPM, su casa matriz. Mientras que Air-e, propiedad del empresario Alberto Ríos, no pudo superar la crisis que produjo la pandemia. El presidente Gustavo Petro le lanzó un salvavidas e intervino la empresa.
¿Quién paga los platos rotos?
Una vez intervenida, lo primero que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos fue anunciar que Air-e iba a dejar de cobrar en la tarifa lo correspondiente a la opción tarifaria, una deuda que tenían los usuarios con la empresa y que todavía tenía un saldo de $380.000 millones por pagar. Con ello, el recibo de energía les está llegando a los usuarios de Atlántico, Guajira y Magdalena un 30% más barato.
Y ahora la resolución mencionada permite además que Air-e no tenga que cumplir con las obligaciones para la compra de energía, es decir, las generadoras entregan electricidad sin garantías de pago, decisión que se da en una situación del mercado energético crítica por los bajos niveles de embalses, el déficit de gas para las plantas térmicas, las deudas del sector y el alza sostenida de consumo de luz.
En el primer caso, el alivio en la tarifa de energía de los usuarios de Air-e se hace utilizando recursos de todos los colombianos. Y en el segundo caso, la exigencia de suministrar la energía se hace a costa de empresas privadas.
Una fuente que ha trabajado en los últimos 30 años en el sector expresó su preocupación por la situación con Air-e, calificando el tema como “delicado” debido a la falta de pago por parte de la empresa y la ausencia de garantías financieras. Según explicó, Air-e no ha cumplido con los pagos a los generadores de energía, tanto en el mercado mayorista (bolsa) como en los contratos bilaterales a largo plazo, lo que genera un riesgo importante para el sector.
Lo describió así: “Resulta que Aire-e logró que se levantara la limitación de suministro, ahora están en el mejor de los mundos. No están pagando, no están poniendo garantías y no les pasa nada. Esto es gravísimo”.
Medida expropiatoria
Esto ha generado que otros actores del sector cataloguen la medida como “expropiatoria”, ya que, en la práctica, Air-e sigue recibiendo energía sin tener las garantías financieras para pagar. “Es como si el Ejército decidiera un día ir al Éxito y exigir que le suministren uniformes para los soldados pero que no tienen como garantizar el pago”, explicó un experto.
Un exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le dijo a EL COLOMBIANO que la limitación de suministro de energía es una herramienta clave que tiene el administrador del mercado para asegurar el pago de la energía adquirida a través de la bolsa y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los generadores.
Explicó que, al no contar con la limitación, “muchas empresas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago en la bolsa de energía, lo que puede generar un impacto considerable en aquellos agentes que tienen compromisos en el corto plazo, como los que transan en la bolsa”. Aunque el impacto no será igual para todas las empresas, dependerá de su situación financiera y de su nivel de deuda en la bolsa.
Asocodis dice que la normativa de MinEnergía afecta el flujo de caja de las empresas que generan energía al permitirle a los comercializadores, como Air-e, incumplir con los compromisos adquiridos para el pago de las obligaciones con el mercado eléctrico. “El mecanismo planteado acelera la condición de riesgo para el resto de los agentes de la cadena de prestación del servicio, dado que no se garantiza el flujo continuo de recursos para financiar la operación normal en el Sistema Interconectado Nacional”.
Además, la Asociación Nacional de Generadores (Andeg) ha expresado su preocupación por el impacto en el flujo de caja de las empresas generadoras. “El mecanismo propuesto por el Ministerio no resuelve el problema expuesto por XM en su informe de limitación de suministro”, advirtieron.
También una de las fuentes consultadas mencionó que EPM ha intentado suspender los contratos con Air-e, pero la Superintendencia no permitió la suspensión, lo que deja a los generadores en una posición difícil. “Esto se está volviendo una bola de nieve”.
Con el vencimiento de la resolución a finales de diciembre y sin una solución estructural a la vista, el riesgo de suspensión del servicio se cierne sobre los colombianos, especialmente en las zonas más vulnerables. Como señala un representante del sector: “Es como si obligaran a los proveedores a regalar su producto”.
Cabe recordar que uno de sus reclamos de los gremios del sector energético colombiano es la urgencia de los pagos de subsidios y Opción Tarifaria a empresas comercializadoras de energía, cuyos niveles de liquidez podría afectar la prestación del servicio. Por ejemplo, al 30 de septiembre el Gobierno adeuda $2,5 billones por concepto de subsidios que han sido otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
¿Se ahonda la crisis?
Uno de los principales críticos sobre el manejo de la crisis energética que atraviesa el país es el exministro de Minas Amylkar Acosta, quien consideró que, aunque la resolución sea temporal, Aire-e, así esté intervenida, no se puede escudar en esa medida para no pagar la energía que le suministren los generadores. Incluso Acosta habla de un cortocircuito de plata en el sector eléctrico que amenaza con un racionamiento.
En esta misma línea, Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, sostuvo que es entendible que se tomen decisiones coyunturales en el caso de Air-e, que son medidas para atender una situación en específico, “pero no puede hacer carrera este tipo de medidas y mucho menos pensar que es la solución estructural a las problemáticas que se presentan”.
Lo dijo porque cualquier medida que impida a los agentes cumplir con sus obligaciones financieras debilita el sistema y puede causar fallas. Esto afecta el funcionamiento equilibrado del sector, ya que, si unos incumplen, terminan impactando a todos, lo que podría desestabilizar la operación.
Por su parte, Javier Bustos, director de Observadores Col, explicó que detrás del hueco financiero de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira está la falta de pago de los llamados “suscriptores subnormales”, que suman unos 190 mil usuarios, representando una población de aproximadamente 600 mil personas en estos tres departamentos.
“Estas zonas subnormales no cuentan con medidores de luz en cada casa, lo que ha generado problemas de orden público. Aunque Air-e ha asumido la responsabilidad de buscar soluciones, las acciones han sido insuficientes y es necesario que tanto las alcaldías, gobernaciones como el Gobierno nacional se involucren para resolver esta situación”, dijo Bustos.
Bustos señaló que la solución debería implicar que todas las partes aporten recursos para cubrir las pérdidas, y no solo la empresa Air-e. Sin embargo, el problema de fondo no se está abordando. Se necesita implementar contadores prepagos, energía solar y otras opciones más económicas para estas comunidades.
“De seguir así, todos los actores del sistema energético se verán afectados económicamente, agravando aún más la crisis energética que se vive actualmente”.
El balance, tras la intervención
Hoy la administración de la compañía comercializadora está en su totalidad en cabeza del interventor Carlos Diago, designado por la Superintendencia de Servicios, pero Santiago Posso, exgerente general de Air-e hizo un balance de la intervención.
“Vemos con preocupación el primer mes de intervención pues se ha reducido drásticamente el recaudo y no se han regulado los exorbitantes precios de la energía. Hoy el kilovatio en bolsa está a $1.800, cuando hace dos meses estaba a $120. Si no se regula el tema de la generación, nunca va a funcionar Air-e, ni Afinia ni ninguna empresa que atienda población pobre”, dijo Posso.
Agregó que solo el costo de la energía para Air-e este mes puede estar alrededor de los $500 mil millones y el recaudo no superará los $250 mil millones, un hueco de un cuarto de billón en un mes. Esos $500 mil millones es solo para energía, ahí no han pagado nómina, cuadrillas, materiales, etc.
“Es crítico bajar tarifa, pero esa reducción tiene que verse también en la reducción de los costos o va a haber un gran desbalance. No se trata de no pagarle a los generadores, lo que se requiere es que cobren lo justo y que permitan que la gente pobre de Colombia, de una vez por todas, tenga un buen servicio de energía a precios justos”, sentenció el exdirectivo.
También alertó que en dos semanas sacaron a 10 gerentes, especialmente, los que estaban en el área técnica, que habían llevado a mejoras de calidad, como la reducción de horas de interrupciones de más del 60%.
“Hacemos un respetuoso, pero urgente llamado al interventor para que termine de restablecer los sistemas que fueron afectados por el acto terrorista cibernético del cual fuimos víctimas. Afortunadamente, la contabilidad quedó intacta, pero otras áreas se vieron afectadas. Antes de mi salida toda la información quedó lista y se entregó una hoja de ruta clara para restablecer los sistemas que faltaban, pero entendemos que, por falta de gestión, hay sistemas que aún no han puesto operativos”, aclaró Posso.
Insistió en que si no se toman medidas estructurales urgentes en toda la cadena de prestación del servicio (generación, transmisión) seguirá el perverso ciclo de intentos fallidos por partes de privados y posteriores intervenciones por parte del Estado.
La crisis de Air-e, ¿un error que se repite?
Una hipótesis que manejan conocedores del caso es que el Estado asumirá los compromisos financieros de Air-e y esta quedará libre de obligaciones con otros agentes del sector como las generadoras, es decir, Air-e no tendrá deudas con ninguno, mientras que el Gobierno sí asumiría esos riesgos con la intervención de la Superservicios.
Jorge Vergara Carbó, economista, magíster en Administración Pública, quien le ha hecho seguimiento a este caso, afirmó que, a la fecha, ocho años después de la intervención de Electricaribe, la historia parece repetirse con Air-e porque hay una presión para que se intervenga la empresa.
“Ríos Velilla y su abogado, Jaime Lombana, han desplegado maniobras para eludir responsabilidades, mientras buscan que el Gobierno asuma la deuda de la opción tarifaria y le inyecte recursos a la compañía”.
Incluso, dijo que desde abril del 2020 viene advirtiendo la mala jugada que hizo el gobierno de Iván Duque con la adjudicación a Air-e y Afinia para asumir el mercado energético del Caribe colombiano, como una forma de quitarse de encima el peso y pasárselo a privados.
“En 2020, expusimos cómo el sector eléctrico se encontraba en una crisis profunda, y afirmamos que la intervención de Electricaribe sería un error, sugiriendo que se debería esperar a que la empresa se declarara en quiebra. En lugar de ello, el gobierno decidió intervenir… Ahora, el mismo escenario se presenta con Air-e, y nuevamente el gobierno inclinado a intervenir, en lugar de esperar su quiebra. Los errores cometidos hace ocho años están a punto de repetirse, favoreciendo a empresarios que buscan socializar sus pérdidas mientras se apropian de las ganancias”, insistió el economista.
Con base en la información oficial de tarifas de la Superintendencia de Servicios Públicos para Air-e, desde 2021 hasta julio de 2024, considerando variables como las pérdidas de energía (PR), comercialización (C) y el costo unitario (CU), se infiere que el cálculo de lo facturado por Air-e en estos 43 meses se basa en el diferencial tarifario y los kilovatios a sus usuarios regulados.
Por lo tanto, desde enero de 2021 hasta julio de 2024, Air-e, que compró Electricaribe por $285.000 millones, ha recaudado $3,81 billones de los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esto se debe a un régimen tarifario especial aprobado por el expresidente Iván Duque y los parlamentarios del Caribe en 2019, lo que aumentó en 20% el cargo por comercialización.
Entre los parlamentarios se encontraban Arturo Char, Efraín Cepeda, actual presidente del Senado; Mauricio Gómez, Carlos Meisel y José David Name.
Vergara Carbó agregó que, hasta julio de este año, excluyendo los tres primeros meses de 2020, Air-e ha facturado $3,81 billones por los sobrecostos que pagan los usuarios debido a las pérdidas de energía y los cargos de comercialización. Esta cifra es 46,5% mayor de lo que Alberto Ríos Velilla se comprometió a invertir cuando compró la empresa hace cinco años.
“Con este castigo, que ha sido consentido también por el actual gobierno que, si bien heredo este problema, en dos años de estar gobernando no ha sido capaz de eliminar ese régimen tarifario, y que en la práctica ha significado que los usuarios de Air-e le hemos pagado la supuesta inversión que ha debido hacer Air-e y Afinia, dado que la situación es muy parecida. El compromiso de Air-e es invertir del 2020 al 2025 la suma de $2,6 billones, y la de Afinia es de $3,2 billones”, detalló Vergara Carbó.
Además, según datos de la Superservicios y XM, Air-e ha recaudado $715.600 millones por opción tarifaria entre febrero y agosto de 2024.
Estos datos los confirmó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, quien pidió una auditoría urgente para revisar las finanzas de Air-e, indicando que la empresa ya ha recaudado la mayor parte de los recursos de la opción tarifaria aprobada por el Gobierno. “Ya ha recaudado $720.000 millones de un total de $850.000 millones en menos de un año”.
Air-e, sin recursos y con deudas
El saliente superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, explicó que la intervención de Air-e, que presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena, ha sido compleja debido a un “hackeo” que sufrió la empresa antes de ser intervenida. Según Quiroga, se perdió mucha información contable, financiera y de facturación, lo que ha dificultado obtener un diagnóstico claro de la situación de la compañía.
El superintendente señaló que Air-e fue recibida sin la información necesaria, con deudas y sin recursos, lo que ha complicado la atención a los usuarios. Además, indicó que la empresa enfrenta problemas financieros debido a las deudas de clientes que no pagan por el servicio.
Agregó que se están revisando los contratos firmados en 2020 para asegurar que se cumplan las inversiones prometidas, que sumaban $5,3 billones, aunque la Creg solo aprobó $3,1 billones.
Nacional
Fueron 120 segundos de horror en Colombia
La cifra oficial revelada por la entidad especializada a través de una publicación en redes sociales respondió, según ellos, a la interrogante más recurrente de todos los ciudadanos colombianos posterior al evento telúrico: “¿Cuánto duró?”.
Un registro instrumental de entre 90 segundos y dos minutos en las estaciones más cercanas al epicentro fue el balance técnico de tiempo entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) de la duración del fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.
La cifra oficial revelada por la entidad especializada a través de una publicación en redes sociales respondió, según ellos, a la interrogante más recurrente de todos los ciudadanos colombianos posterior al evento telúrico: “¿Cuánto duró?”.
Ante la disparidad de testimonios de la población sobre la percepción del tiempo de la sacudida, la entidad especializada aclaró que la duración de un temblor abarca tres conceptos técnicos importantes e independientes: el tiempo percibido por los habitantes, el tiempo registrado por la instrumentación y la duración exacta del movimiento en la falla de origen.
El reporte técnico del Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló a través de la publicación que los sismómetros monitorean hasta movimientos del suelo imperceptibles para las personas.
Por esta razón, mientras la población puede percibir una sacudida durante contados segundos, las estaciones de monitoreo captan las ondas durante varios minutos. De acuerdo con el SGC, “en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”.
En el evento reportado este lunes en San José del Palmar, la red de monitoreo registró un rango de movimiento significativo que fluctuó entre un minuto y medio y dos minutos en las zonas inmediatas al epicentro, es decir, el resto de lugares afectados.
Respecto a la sensación individual de los ciudadanos —algunos de los cuales afirmaron haber sentido el temblor durante mayor o menor tiempo—, la institución explicó que la percepción no es uniforme. Esta variación depende de la distancia al hipocentro (el punto interior de la Tierra donde inicia la ruptura), la tipología de las edificaciones y las condiciones topográficas y geológicas del suelo.
El tipo de terreno desempeña un rol determinante en la propagación sísmica. En superficies compuestas por rocas rígidas, las ondas tienden a amplificarse en menor medida. Por el contrario, los suelos blandos presentan una tendencia a amplificar las ondas, prolongando el movimiento percibido.
La entidad concluyó que la respuesta a la pregunta “¿cuánto duró el sismo?” depende de si la evaluación se realiza desde la duración percibida por la población, la registrada por los instrumentos de medición o la ocurrida en la fuente sísmica.
De acuerdo con el más reciente balance oficial emitido por las autoridades nacionales, la emergencia deja de manera preliminar 111 personas fallecidas, 87 heridos y más de 100 desaparecidos, con las mayores afectaciones concentradas en los departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.
¿Cuánto tiempo duró el sismo del 10 de agosto en Colombia según el registro oficial?
Las estaciones de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) más cercanas al epicentro en San José del Palmar, Chocó, registraron entre 90 segundos y 2 minutos (de 1:30 a 2:00 minutos) de movimiento significativo.
¿Por qué algunas personas sintieron el temblor más largo o más corto que otras?
La percepción individual de la duración varía según la distancia al hipocentro, el tipo de edificación y las condiciones del suelo donde se encuentre cada persona. Los suelos blandos suelen amplificar la vibración y hacer que se sienta por más tiempo, mientras que las rocas rígidas amortiguan el movimiento.
¿Cuál es la diferencia entre la duración percibida y la duración instrumental de un temblor?
La duración percibida es el tiempo durante el cual un ser humano alcanza a sentir la sacudida, mientras que la duración instrumental mide el tiempo total en que los sismómetros captan las ondas. Como los equipos detectan vibraciones imperceptibles para las personas, el registro instrumental suele ser considerablemente más largo.
¿El Servicio Geológico Colombiano puede predecir cuánto va a durar un temblor antes de que ocurra?
No. Ni la duración, ni la magnitud, ni la hora exacta de un sismo se pueden predecir. El SGC únicamente puede calcular la duración de las ondas e informarla una vez que los instrumentos de monitoreo han registrado el evento en tiempo real.
Nacional
Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia
El abogado nacido en Bogotá, de 48 años, que había construido una campaña presidencial alrededor de la seguridad, la autoridad, la defensa de las instituciones y una comunicación política poco convencional, pasaba de ser candidato a convertirse formalmente en jefe de Estado.
Cali amaneció el 7 de agosto con algo más que el acostumbrado movimiento de una ciudad acostumbrada a las grandes jornadas. Esta vez, la capital del Valle del Cauca tenía sobre sus hombros una responsabilidad que durante más de un siglo había pertenecido a Bogotá: recibir la ceremonia de posesión de un presidente de Colombia.
La protagonista era una figura que pocos años atrás parecía destinada a los escenarios jurídicos y mediáticos y que ahora llegaba al corazón del poder nacional: Abelardo de la Espriella.
La ceremonia rompió una tradición republicana de más de cien años. La Arena USC, en la Universidad Santiago de Cali, reemplazó a la tradicional Plaza de Bolívar como escenario del acto solemne. Allí se congregaron cerca de 2.300 personas entre congresistas, empresarios, dirigentes políticos, representantes gremiales y delegaciones internacionales.
Pero la escogencia de Cali no fue simplemente un cambio de dirección en la invitación presidencial. Desde la campaña, De la Espriella había insistido en que quería llevar la posesión a una región distinta de Bogotá y, originalmente, había planteado hacerlo en una guarnición militar. La propuesta provocó un enfrentamiento con el entonces presidente Gustavo Petro, quien se opuso a utilizar instalaciones militares para la ceremonia. Finalmente, el nuevo mandatario trasladó el acto a un escenario civil, aunque mantuvo un fuerte componente militar en la jornada.
Una alfombra roja para el nuevo poder
Pasadas las cuatro de la tarde, la Arena USC comenzó a convertirse en el retrato de la nueva Colombia que De la Espriella había prometido durante su campaña.
Por la alfombra roja desfilaron presidentes, expresidentes, dirigentes políticos y representantes internacionales. El rey Felipe VI de España estuvo entre los invitados, acompañado por mandatarios como Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; José Antonio Kast, de Chile; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras, y Laura Fernández, de Costa Rica.
También estuvieron expresidentes colombianos como Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana.
Hubo, sin embargo, ausencias que no pasaron inadvertidas.
El presidente saliente, Gustavo Petro, no estuvo presente. Tampoco fueron invitados los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Y en el Congreso, la bancada del Pacto Histórico no asistió al acto, aunque sí se logró el quórum necesario para realizar la ceremonia constitucional.
La escena dejaba así una imagen difícil de ignorar: mientras unos llegaban para acompañar el nacimiento del nuevo Gobierno, otros escogían no estar allí.
El juramento
A las 4:22 de la tarde llegó el momento que había esperado buena parte del país.
Abelardo de la Espriella juró ante el Congreso de la República y recibió la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Honorio Henríquez. Con ese acto, asumió oficialmente como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.
A su lado estaba su familia.
El abogado nacido en Bogotá, de 48 años, que había construido una campaña presidencial alrededor de la seguridad, la autoridad, la defensa de las instituciones y una comunicación política poco convencional, pasaba de ser candidato a convertirse formalmente en jefe de Estado.
Y entonces comenzó el discurso.
“El tigre ha llegado”
Si había una frase que resumía el tono del nuevo mandatario, probablemente era aquella que pronunció ante las Fuerzas Militares: “El tigre ha llegado”.
De la Espriella anunció una política de mano firme frente al narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales. Ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía combatir las estructuras delincuenciales y advirtió que quienes persistieran en el delito tendrían que someterse a la ley o enfrentar la respuesta del Estado.
La seguridad ocupó, de esta manera, un lugar central desde el primer discurso presidencial.
Pero hubo otro mensaje que buscó ampliar el alcance de su llegada al poder. De la Espriella afirmó que sería el presidente de todos los colombianos, incluso de aquellos que no votaron por él.
Era una declaración importante para un país que llegó a las elecciones profundamente dividido y que ahora comenzaba un nuevo capítulo político.
Fe, música y política
La ceremonia también tuvo momentos que se alejaron del protocolo estrictamente político.
Hubo un espacio de oración con la participación del rabino David Michaan, el pastor Eduardo Cañas Estrada y el sacerdote Francisco Javier Múnera Correa. La cantante Maía interpretó Aleluya, mientras en el recinto se mezclaban símbolos religiosos, música y solemnidad institucional.
El mensaje parecía claro: el nuevo Gobierno quería construir su identidad también desde los símbolos.
Y esa identidad estuvo presente en prácticamente cada detalle de la jornada.
De la Arena a los cuarteles
La ceremonia había terminado, pero la jornada presidencial todavía tenía una escena por contar.
Después del acto formal de posesión en la Arena USC, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, en Cali, donde las Fuerzas Militares le rindieron honores como nuevo comandante supremo.
Fue allí donde pronunció su primer discurso dirigido directamente a la Fuerza Pública y donde reforzó su mensaje de autoridad y lucha contra las organizaciones criminales.
Era, en cierta forma, la imagen que había buscado desde el comienzo: una posesión fuera de Bogotá, pero profundamente ligada a Cali y a las Fuerzas Militares.
El primer día de un Gobierno que promete mano firme
La posesión no fue únicamente una ceremonia protocolaria.
Fue el primer capítulo de un Gobierno que llega con una promesa contundente: recuperar el orden, fortalecer la autoridad del Estado y enfrentar al crimen organizado.
Y el nuevo presidente quiso demostrarlo desde las primeras horas.
Ese mismo día comenzó a ejecutar una de sus primeras decisiones en materia de seguridad: el traslado de 117 internos vinculados a estructuras criminales y procesos relacionados con las negociaciones de paz hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.
Así, entre la banda presidencial, los himnos, los invitados internacionales, las oraciones, los aplausos y las ceremonias militares, Colombia comenzó oficialmente una nueva etapa.
Una etapa que tendrá como escenario un país todavía polarizado, una economía con enormes desafíos, regiones que reclaman mayor presencia del Estado y una ciudadanía que espera resultados.
Cali puso el escenario.
La Arena USC recibió al nuevo presidente.
Las Fuerzas Militares recibieron al nuevo comandante.
Y Colombia, desde ese 7 de agosto, comenzó a preguntarse qué significarán realmente para el país las palabras con las que Abelardo de la Espriella inauguró su mandato: orden, autoridad y libertad.
Ahora ya no hay campaña.
Ya no hay discursos de candidato.
Ya no hay promesas desde una tarima electoral.
Las calles de Colombia cambiaron de rostro este domingo 2 de agosto. Allí donde habitualmente se escuchan los motores, las consignas políticas o el bullicio cotidiano, esta vez fueron los cánticos de alabanza, las oraciones y las banderas blancas las que marcaron el paso de cientos de miles de creyentes que participaron en la Gran Marcha para Jesús 2026.
Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras comenzaron a reunirse en parques, avenidas y plazas principales de ciudades y municipios. Niños sobre los hombros de sus padres, jóvenes portando pancartas con mensajes de esperanza y adultos mayores caminando con serenidad hicieron parte de una movilización que, según sus organizadores, se desarrolló de manera simultánea en los 32 departamentos del país y en centenares de ciudades y municipios.
No hubo colores partidistas ni discursos electorales. La consigna fue una sola: exaltar el nombre de Jesús y elevar una oración colectiva por Colombia. Católicos, iglesias evangélicas, comunidades protestantes y creyentes de distintas denominaciones compartieron un mismo recorrido, dejando a un lado las diferencias doctrinales para enviar un mensaje de unidad, reconciliación y paz.
En Bogotá, miles de participantes caminaron hasta el Parque Simón Bolívar, donde la jornada concluyó con música cristiana, momentos de oración y mensajes de esperanza. Escenas similares se vivieron en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y decenas de municipios, donde las calles se transformaron en un gran templo al aire libre.
La movilización transcurrió de manera pacífica. En lugar de reclamos o confrontaciones, predominó el ambiente familiar. Hubo abrazos entre desconocidos, cantos compartidos y palabras de ánimo para quienes observaban el paso de la multitud desde los andenes y balcones.
Los organizadores describieron la jornada como un movimiento ciudadano, apolítico y no denominacional, cuyo propósito fue recordar que la fe también puede ocupar el espacio público como una expresión de esperanza y servicio a la sociedad. Para esta edición se esperaba una participación superior a la de años anteriores, con presencia en cerca de 700 ciudades y municipios del país.
Al caer la tarde, mientras las columnas de marchantes se dispersaban lentamente, quedaba la imagen de un país que, por unas horas, decidió caminar al mismo ritmo. En un momento marcado por desafíos sociales, económicos y políticos, miles de colombianos optaron por responder con oración, música y un mensaje de fe.
La Marcha para Jesús volvió así a demostrar que, más allá de las cifras de asistencia, continúa consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Colombia, donde la esperanza fue, una vez más, la protagonista de la jornada.
Todo se cerró con el Bogotá Gospel
El momento culminante de la jornada se vivió en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde miles de marchantes confluyeron tras recorrer las principales vías de la capital. Allí, la Marcha para Jesús encontró un escenario de celebración con Bogotá Góspel 2026, el tradicional concierto del Festival de Verano que este año se articuló con la movilización nacional para convertir el parque en un gran espacio de adoración, música y unidad.
Durante cerca de ocho horas, el escenario reunió a reconocidos artistas de la música cristiana como Miel San Marcos (Guatemala), Alex Zurdo (Puerto Rico), Rescate (Argentina), Cales Louima, además de agrupaciones colombianas como Avivamiento, One 4 All, Vasija de Barro, Rapha y Diana Paipa. Cada presentación estuvo acompañada por mensajes de esperanza, reconciliación y fe, en un ambiente familiar que congregó a creyentes de diferentes iglesias y generaciones.
La unión entre la Marcha para Jesús y Bogotá Góspel convirtió el cierre de la jornada en una verdadera fiesta de la fe. Lo que comenzó como una caminata por las calles de la capital terminó con miles de voces elevando alabanzas al unísono, reafirmando el propósito de los organizadores: hacer visible un mensaje de paz, amor y reconciliación para Colombia. La Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar se transformó así en un inmenso templo al aire libre, donde la música sirvió como lenguaje común para celebrar la esperanza y la unidad del pueblo creyente.
Fueron 120 segundos de horror en Colombia
Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia
Colombia fue una nación que caminó unida por la fe en la multitudinaria Marcha para Jesús
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