Nacional
Gobierno de Petro podría embargar generación de energía para activar Air-e
El 5 de agosto, el Ministerio había expedido una primera resolución que exigía ese beneficio durante un mes para Air-e y Afinia, es decir, las comercializadoras de energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe.
La situación energética en Colombia sigue con cortocircuito y los cables se están enredando más por una reciente resolución (la 40409-2024), emitida por el Ministerio de Minas y Energía, que pone en una situación privilegiada a la empresa Air-e, recién intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.
La resolución ordena que las empresas generadoras de energía (como EPM, Isagen o Enel, entre otras) no pueden dejar de suministrarle energía a Air-e o no pueden limitarle el suministro a pesar de que esta última no tenga las garantías para pagarles.
El 5 de agosto, el Ministerio había expedido una primera resolución que exigía ese beneficio durante un mes para Air-e y Afinia, es decir, las comercializadoras de energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe. Y, curiosamente, después de que fue intervenida Air-e (13 de septiembre), el Ministerio expidió esta nueva resolución que mantiene el beneficio solo para Air-e hasta diciembre de este año.
La situación tiene con los pelos de punta a los operadores del sector porque en pocos meses Air-e ya ha acumulado con varios de los generadores una deuda de unos $800.000 millones, y con el paso de los meses la deuda puede aumentar y poner en riesgo a las demás empresas. Algunos jugadores consultados comentan que no tienen certeza de que, cuando se venza en diciembre, el Gobierno no siga prorrogando la misma directriz.
Cabe recordar que la crisis de la luz en la Costa Caribe viene de tiempo atrás. El gobierno de Juan Manuel Santos intervino a Electricaribe, y el gobierno de Iván Duque, hace cuatro años, le entregó la operación en cuatro departamentos a Afinia y en otros tres a la firma Air-e. Afinia, para sobrevivir, ha recibido inyección financiera de EPM, su casa matriz. Mientras que Air-e, propiedad del empresario Alberto Ríos, no pudo superar la crisis que produjo la pandemia. El presidente Gustavo Petro le lanzó un salvavidas e intervino la empresa.
¿Quién paga los platos rotos?
Una vez intervenida, lo primero que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos fue anunciar que Air-e iba a dejar de cobrar en la tarifa lo correspondiente a la opción tarifaria, una deuda que tenían los usuarios con la empresa y que todavía tenía un saldo de $380.000 millones por pagar. Con ello, el recibo de energía les está llegando a los usuarios de Atlántico, Guajira y Magdalena un 30% más barato.
Y ahora la resolución mencionada permite además que Air-e no tenga que cumplir con las obligaciones para la compra de energía, es decir, las generadoras entregan electricidad sin garantías de pago, decisión que se da en una situación del mercado energético crítica por los bajos niveles de embalses, el déficit de gas para las plantas térmicas, las deudas del sector y el alza sostenida de consumo de luz.
En el primer caso, el alivio en la tarifa de energía de los usuarios de Air-e se hace utilizando recursos de todos los colombianos. Y en el segundo caso, la exigencia de suministrar la energía se hace a costa de empresas privadas.
Una fuente que ha trabajado en los últimos 30 años en el sector expresó su preocupación por la situación con Air-e, calificando el tema como “delicado” debido a la falta de pago por parte de la empresa y la ausencia de garantías financieras. Según explicó, Air-e no ha cumplido con los pagos a los generadores de energía, tanto en el mercado mayorista (bolsa) como en los contratos bilaterales a largo plazo, lo que genera un riesgo importante para el sector.
Lo describió así: “Resulta que Aire-e logró que se levantara la limitación de suministro, ahora están en el mejor de los mundos. No están pagando, no están poniendo garantías y no les pasa nada. Esto es gravísimo”.
Medida expropiatoria
Esto ha generado que otros actores del sector cataloguen la medida como “expropiatoria”, ya que, en la práctica, Air-e sigue recibiendo energía sin tener las garantías financieras para pagar. “Es como si el Ejército decidiera un día ir al Éxito y exigir que le suministren uniformes para los soldados pero que no tienen como garantizar el pago”, explicó un experto.
Un exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le dijo a EL COLOMBIANO que la limitación de suministro de energía es una herramienta clave que tiene el administrador del mercado para asegurar el pago de la energía adquirida a través de la bolsa y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los generadores.
Explicó que, al no contar con la limitación, “muchas empresas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago en la bolsa de energía, lo que puede generar un impacto considerable en aquellos agentes que tienen compromisos en el corto plazo, como los que transan en la bolsa”. Aunque el impacto no será igual para todas las empresas, dependerá de su situación financiera y de su nivel de deuda en la bolsa.
Asocodis dice que la normativa de MinEnergía afecta el flujo de caja de las empresas que generan energía al permitirle a los comercializadores, como Air-e, incumplir con los compromisos adquiridos para el pago de las obligaciones con el mercado eléctrico. “El mecanismo planteado acelera la condición de riesgo para el resto de los agentes de la cadena de prestación del servicio, dado que no se garantiza el flujo continuo de recursos para financiar la operación normal en el Sistema Interconectado Nacional”.
Además, la Asociación Nacional de Generadores (Andeg) ha expresado su preocupación por el impacto en el flujo de caja de las empresas generadoras. “El mecanismo propuesto por el Ministerio no resuelve el problema expuesto por XM en su informe de limitación de suministro”, advirtieron.
También una de las fuentes consultadas mencionó que EPM ha intentado suspender los contratos con Air-e, pero la Superintendencia no permitió la suspensión, lo que deja a los generadores en una posición difícil. “Esto se está volviendo una bola de nieve”.
Con el vencimiento de la resolución a finales de diciembre y sin una solución estructural a la vista, el riesgo de suspensión del servicio se cierne sobre los colombianos, especialmente en las zonas más vulnerables. Como señala un representante del sector: “Es como si obligaran a los proveedores a regalar su producto”.
Cabe recordar que uno de sus reclamos de los gremios del sector energético colombiano es la urgencia de los pagos de subsidios y Opción Tarifaria a empresas comercializadoras de energía, cuyos niveles de liquidez podría afectar la prestación del servicio. Por ejemplo, al 30 de septiembre el Gobierno adeuda $2,5 billones por concepto de subsidios que han sido otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
¿Se ahonda la crisis?
Uno de los principales críticos sobre el manejo de la crisis energética que atraviesa el país es el exministro de Minas Amylkar Acosta, quien consideró que, aunque la resolución sea temporal, Aire-e, así esté intervenida, no se puede escudar en esa medida para no pagar la energía que le suministren los generadores. Incluso Acosta habla de un cortocircuito de plata en el sector eléctrico que amenaza con un racionamiento.
En esta misma línea, Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, sostuvo que es entendible que se tomen decisiones coyunturales en el caso de Air-e, que son medidas para atender una situación en específico, “pero no puede hacer carrera este tipo de medidas y mucho menos pensar que es la solución estructural a las problemáticas que se presentan”.
Lo dijo porque cualquier medida que impida a los agentes cumplir con sus obligaciones financieras debilita el sistema y puede causar fallas. Esto afecta el funcionamiento equilibrado del sector, ya que, si unos incumplen, terminan impactando a todos, lo que podría desestabilizar la operación.
Por su parte, Javier Bustos, director de Observadores Col, explicó que detrás del hueco financiero de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira está la falta de pago de los llamados “suscriptores subnormales”, que suman unos 190 mil usuarios, representando una población de aproximadamente 600 mil personas en estos tres departamentos.
“Estas zonas subnormales no cuentan con medidores de luz en cada casa, lo que ha generado problemas de orden público. Aunque Air-e ha asumido la responsabilidad de buscar soluciones, las acciones han sido insuficientes y es necesario que tanto las alcaldías, gobernaciones como el Gobierno nacional se involucren para resolver esta situación”, dijo Bustos.
Bustos señaló que la solución debería implicar que todas las partes aporten recursos para cubrir las pérdidas, y no solo la empresa Air-e. Sin embargo, el problema de fondo no se está abordando. Se necesita implementar contadores prepagos, energía solar y otras opciones más económicas para estas comunidades.
“De seguir así, todos los actores del sistema energético se verán afectados económicamente, agravando aún más la crisis energética que se vive actualmente”.
El balance, tras la intervención
Hoy la administración de la compañía comercializadora está en su totalidad en cabeza del interventor Carlos Diago, designado por la Superintendencia de Servicios, pero Santiago Posso, exgerente general de Air-e hizo un balance de la intervención.
“Vemos con preocupación el primer mes de intervención pues se ha reducido drásticamente el recaudo y no se han regulado los exorbitantes precios de la energía. Hoy el kilovatio en bolsa está a $1.800, cuando hace dos meses estaba a $120. Si no se regula el tema de la generación, nunca va a funcionar Air-e, ni Afinia ni ninguna empresa que atienda población pobre”, dijo Posso.
Agregó que solo el costo de la energía para Air-e este mes puede estar alrededor de los $500 mil millones y el recaudo no superará los $250 mil millones, un hueco de un cuarto de billón en un mes. Esos $500 mil millones es solo para energía, ahí no han pagado nómina, cuadrillas, materiales, etc.
“Es crítico bajar tarifa, pero esa reducción tiene que verse también en la reducción de los costos o va a haber un gran desbalance. No se trata de no pagarle a los generadores, lo que se requiere es que cobren lo justo y que permitan que la gente pobre de Colombia, de una vez por todas, tenga un buen servicio de energía a precios justos”, sentenció el exdirectivo.
También alertó que en dos semanas sacaron a 10 gerentes, especialmente, los que estaban en el área técnica, que habían llevado a mejoras de calidad, como la reducción de horas de interrupciones de más del 60%.
“Hacemos un respetuoso, pero urgente llamado al interventor para que termine de restablecer los sistemas que fueron afectados por el acto terrorista cibernético del cual fuimos víctimas. Afortunadamente, la contabilidad quedó intacta, pero otras áreas se vieron afectadas. Antes de mi salida toda la información quedó lista y se entregó una hoja de ruta clara para restablecer los sistemas que faltaban, pero entendemos que, por falta de gestión, hay sistemas que aún no han puesto operativos”, aclaró Posso.
Insistió en que si no se toman medidas estructurales urgentes en toda la cadena de prestación del servicio (generación, transmisión) seguirá el perverso ciclo de intentos fallidos por partes de privados y posteriores intervenciones por parte del Estado.
La crisis de Air-e, ¿un error que se repite?
Una hipótesis que manejan conocedores del caso es que el Estado asumirá los compromisos financieros de Air-e y esta quedará libre de obligaciones con otros agentes del sector como las generadoras, es decir, Air-e no tendrá deudas con ninguno, mientras que el Gobierno sí asumiría esos riesgos con la intervención de la Superservicios.
Jorge Vergara Carbó, economista, magíster en Administración Pública, quien le ha hecho seguimiento a este caso, afirmó que, a la fecha, ocho años después de la intervención de Electricaribe, la historia parece repetirse con Air-e porque hay una presión para que se intervenga la empresa.
“Ríos Velilla y su abogado, Jaime Lombana, han desplegado maniobras para eludir responsabilidades, mientras buscan que el Gobierno asuma la deuda de la opción tarifaria y le inyecte recursos a la compañía”.
Incluso, dijo que desde abril del 2020 viene advirtiendo la mala jugada que hizo el gobierno de Iván Duque con la adjudicación a Air-e y Afinia para asumir el mercado energético del Caribe colombiano, como una forma de quitarse de encima el peso y pasárselo a privados.
“En 2020, expusimos cómo el sector eléctrico se encontraba en una crisis profunda, y afirmamos que la intervención de Electricaribe sería un error, sugiriendo que se debería esperar a que la empresa se declarara en quiebra. En lugar de ello, el gobierno decidió intervenir… Ahora, el mismo escenario se presenta con Air-e, y nuevamente el gobierno inclinado a intervenir, en lugar de esperar su quiebra. Los errores cometidos hace ocho años están a punto de repetirse, favoreciendo a empresarios que buscan socializar sus pérdidas mientras se apropian de las ganancias”, insistió el economista.
Con base en la información oficial de tarifas de la Superintendencia de Servicios Públicos para Air-e, desde 2021 hasta julio de 2024, considerando variables como las pérdidas de energía (PR), comercialización (C) y el costo unitario (CU), se infiere que el cálculo de lo facturado por Air-e en estos 43 meses se basa en el diferencial tarifario y los kilovatios a sus usuarios regulados.
Por lo tanto, desde enero de 2021 hasta julio de 2024, Air-e, que compró Electricaribe por $285.000 millones, ha recaudado $3,81 billones de los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esto se debe a un régimen tarifario especial aprobado por el expresidente Iván Duque y los parlamentarios del Caribe en 2019, lo que aumentó en 20% el cargo por comercialización.
Entre los parlamentarios se encontraban Arturo Char, Efraín Cepeda, actual presidente del Senado; Mauricio Gómez, Carlos Meisel y José David Name.
Vergara Carbó agregó que, hasta julio de este año, excluyendo los tres primeros meses de 2020, Air-e ha facturado $3,81 billones por los sobrecostos que pagan los usuarios debido a las pérdidas de energía y los cargos de comercialización. Esta cifra es 46,5% mayor de lo que Alberto Ríos Velilla se comprometió a invertir cuando compró la empresa hace cinco años.
“Con este castigo, que ha sido consentido también por el actual gobierno que, si bien heredo este problema, en dos años de estar gobernando no ha sido capaz de eliminar ese régimen tarifario, y que en la práctica ha significado que los usuarios de Air-e le hemos pagado la supuesta inversión que ha debido hacer Air-e y Afinia, dado que la situación es muy parecida. El compromiso de Air-e es invertir del 2020 al 2025 la suma de $2,6 billones, y la de Afinia es de $3,2 billones”, detalló Vergara Carbó.
Además, según datos de la Superservicios y XM, Air-e ha recaudado $715.600 millones por opción tarifaria entre febrero y agosto de 2024.
Estos datos los confirmó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, quien pidió una auditoría urgente para revisar las finanzas de Air-e, indicando que la empresa ya ha recaudado la mayor parte de los recursos de la opción tarifaria aprobada por el Gobierno. “Ya ha recaudado $720.000 millones de un total de $850.000 millones en menos de un año”.
Air-e, sin recursos y con deudas
El saliente superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, explicó que la intervención de Air-e, que presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena, ha sido compleja debido a un “hackeo” que sufrió la empresa antes de ser intervenida. Según Quiroga, se perdió mucha información contable, financiera y de facturación, lo que ha dificultado obtener un diagnóstico claro de la situación de la compañía.
El superintendente señaló que Air-e fue recibida sin la información necesaria, con deudas y sin recursos, lo que ha complicado la atención a los usuarios. Además, indicó que la empresa enfrenta problemas financieros debido a las deudas de clientes que no pagan por el servicio.
Agregó que se están revisando los contratos firmados en 2020 para asegurar que se cumplan las inversiones prometidas, que sumaban $5,3 billones, aunque la Creg solo aprobó $3,1 billones.
Nacional
Armada de Colombia rescata a 11 tripulantes sanos y salvos en Providencia
La Armada de Colombia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
Tras recibir el reporte de la emergencia, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, por medio del Puesto Avanzado de Guardacostas de Providencia, desplegó de manera inmediata una Unidad de Reacción Rápida hacia la posición informada, manteniendo comunicación y seguimiento permanente durante el desplazamiento.
Al llegar al lugar, los marinos confirmaron la presencia de los 11 tripulantes y brindaron apoyo para intentar controlar el incendio; sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y ante la imposibilidad de contenerlas, priorizaron la protección de la vida humana en el mar, evacuando a toda la tripulación y trasladándola de manera segura hasta Providencia.
A su llegada al muelle, los ciudadanos fueron valorados y se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud.
La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna de las emergencias marítimas en el Archipiélago.
Nacional
La falla de un generador puso a prueba el sistema eléctrico de San Andrés
De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
San Andrés enfrenta nuevamente el debate sobre la confiabilidad de su sistema de generación eléctrica. Durante las últimas semanas, las interrupciones del servicio han generado preocupación entre usuarios, comerciantes y sectores de la comunidad, en medio de una contingencia que afectó uno de los principales equipos de generación de la isla.
La situación tiene como uno de sus principales protagonistas al generador Miller Blackstone 2, ubicado en la central de generación de Punta Evans. De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
La reducción de esa capacidad coincidió con otro proceso técnico de importancia: la unidad MAN Diésel 2 se encontraba en un mantenimiento mayor tipo overhaul, intervención programada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La combinación de ambos escenarios dejó al sistema con menor margen de respuesta frente a los momentos de mayor demanda.
Una falla que terminó afectando a los usuarios
La gerente de SOPESA, Jackeline Llanos, explicó que la contingencia presentada en el generador no era un evento que pudiera anticiparse dentro de la operación normal del sistema.
Según la empresa, San Andrés cuenta con 11 unidades de generación y la capacidad instalada está diseñada para atender la totalidad de los usuarios del departamento. Sin embargo, cuando una unidad sale de servicio y otra se encuentra en mantenimiento, el margen disponible para enfrentar incrementos de demanda o nuevas contingencias se reduce considerablemente.
Ese escenario fue el que terminó reflejándose en las interrupciones del servicio que experimentaron distintos sectores de la isla.
Para una comunidad que depende prácticamente de manera permanente de la energía eléctrica para sus hogares, hoteles, restaurantes, comercios, instituciones y servicios esenciales, cada interrupción representa mucho más que la ausencia temporal de electricidad.
También significa equipos que dejan de funcionar, alimentos que pueden perderse por falta de refrigeración, dificultades para trabajar y estudiar, afectaciones al comercio y, en algunos casos, preocupación por posibles daños en electrodomésticos.
El mantenimiento de la MAN 2
Mientras se atendía la contingencia del Miller Blackstone 2, SOPESA adelantaba el mantenimiento mayor de la unidad MAN Diésel 2.
La empresa explicó que este tipo de intervención hace parte de los procesos de mantenimiento recomendados por los fabricantes y que los trabajos preventivos y correctivos buscan precisamente conservar la confiabilidad de los equipos de generación.
El cronograma informado por SOPESA contemplaba el regreso de la unidad afectada a una operación normal y continua alrededor del 11 y 12 de agosto, con el propósito de recuperar capacidad de generación y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico de la isla.
La recuperación de esta unidad era considerada fundamental para aumentar nuevamente el margen disponible y mejorar la estabilidad del servicio.
La molestia de los usuarios
Los cortes también generaron una creciente reacción ciudadana. Las interrupciones fueron objeto de cuestionamientos y comentarios en redes sociales y otros espacios de participación, mientras algunos usuarios reclamaron mayor información y respuestas oportunas frente a lo que estaba ocurriendo.
Precisamente, uno de los aspectos que quedó sobre la mesa fue la necesidad de que la comunidad conozca con mayor claridad qué ocurre con el sistema de generación cuando se presenta una contingencia y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que una falla termine convirtiéndose en una cadena de interrupciones.
La situación también ocurre en un contexto más amplio de preocupación por el servicio de energía en el Archipiélago. En junio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que adelantaría una auditoría al sistema de atención al usuario de SOPESA, después de escuchar las inquietudes planteadas por comunidades raizales de San Andrés.
¿Y qué pasa si un electrodoméstico resulta afectado?
Uno de los principales interrogantes de los usuarios después de los cortes es qué ocurre cuando un electrodoméstico sufre daños asociados a una interrupción o alteración del servicio.
SOPESA ha señalado que existen mecanismos para presentar reclamaciones por este tipo de situaciones. La empresa solicita información como la fecha y hora del evento, descripción del equipo afectado, marca, referencia, modelo y registro fotográfico, entre otros documentos. Posteriormente se realiza una evaluación técnica para determinar si procede el reconocimiento del daño.
Esto significa que los usuarios que consideren haber sufrido daños no necesariamente deben asumir automáticamente la pérdida del equipo, sino que pueden presentar formalmente su reclamación ante la empresa.
Un problema que va más allá de una máquina
Aunque la contingencia del Miller Blackstone 2 explica buena parte de las interrupciones recientes, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué tan preparado está el sistema eléctrico de San Andrés para responder cuando uno de sus principales equipos queda fuera de servicio?
La respuesta no depende únicamente de reparar una máquina.
También involucra mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos, capacidad de respaldo, planificación de la generación, crecimiento de la demanda y alternativas que permitan reducir la dependencia de los combustibles tradicionales.
SOPESA ha señalado que dentro de sus obligaciones contempla proyectos relacionados con energías renovables. Entre ellos se encuentra la planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, que ya está en operación y busca utilizar parte de los residuos generados en la isla para producir energía.
San Andrés necesita certezas
La crisis reciente deja una enseñanza clara: en un territorio insular como San Andrés, donde no existe una conexión eléctrica con el continente, la generación local es un asunto estratégico.
Una falla técnica puede tener repercusiones inmediatas sobre miles de personas y sobre sectores fundamentales de la economía insular.
Por eso, más allá de determinar qué ocurrió con una máquina específica, el desafío está en garantizar que el sistema tenga suficiente capacidad de respaldo para que el daño de una unidad no termine convirtiéndose en interrupciones repetitivas para la población.
La comunidad espera ahora que, con la recuperación de las unidades intervenidas, el servicio pueda estabilizarse y que las lecciones de esta contingencia permitan fortalecer la infraestructura eléctrica del Archipiélago.
Porque para San Andrés la energía no es simplemente un servicio público. Es una condición indispensable para que la isla pueda funcionar.
Nacional
Gobierno anuncia que elimina aparato de información y propaganda en RTVC
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un paquete de medidas para recuperar el carácter público, plural e independiente del Sistema de Medios Públicos de Colombia.
En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.
En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
- Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
- La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
- Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
- Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.
La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.
La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.
La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.
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