Nacional
Gobierno de Petro podría embargar generación de energía para activar Air-e
El 5 de agosto, el Ministerio había expedido una primera resolución que exigía ese beneficio durante un mes para Air-e y Afinia, es decir, las comercializadoras de energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe.
La situación energética en Colombia sigue con cortocircuito y los cables se están enredando más por una reciente resolución (la 40409-2024), emitida por el Ministerio de Minas y Energía, que pone en una situación privilegiada a la empresa Air-e, recién intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.
La resolución ordena que las empresas generadoras de energía (como EPM, Isagen o Enel, entre otras) no pueden dejar de suministrarle energía a Air-e o no pueden limitarle el suministro a pesar de que esta última no tenga las garantías para pagarles.
El 5 de agosto, el Ministerio había expedido una primera resolución que exigía ese beneficio durante un mes para Air-e y Afinia, es decir, las comercializadoras de energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe. Y, curiosamente, después de que fue intervenida Air-e (13 de septiembre), el Ministerio expidió esta nueva resolución que mantiene el beneficio solo para Air-e hasta diciembre de este año.
La situación tiene con los pelos de punta a los operadores del sector porque en pocos meses Air-e ya ha acumulado con varios de los generadores una deuda de unos $800.000 millones, y con el paso de los meses la deuda puede aumentar y poner en riesgo a las demás empresas. Algunos jugadores consultados comentan que no tienen certeza de que, cuando se venza en diciembre, el Gobierno no siga prorrogando la misma directriz.
Cabe recordar que la crisis de la luz en la Costa Caribe viene de tiempo atrás. El gobierno de Juan Manuel Santos intervino a Electricaribe, y el gobierno de Iván Duque, hace cuatro años, le entregó la operación en cuatro departamentos a Afinia y en otros tres a la firma Air-e. Afinia, para sobrevivir, ha recibido inyección financiera de EPM, su casa matriz. Mientras que Air-e, propiedad del empresario Alberto Ríos, no pudo superar la crisis que produjo la pandemia. El presidente Gustavo Petro le lanzó un salvavidas e intervino la empresa.
¿Quién paga los platos rotos?
Una vez intervenida, lo primero que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos fue anunciar que Air-e iba a dejar de cobrar en la tarifa lo correspondiente a la opción tarifaria, una deuda que tenían los usuarios con la empresa y que todavía tenía un saldo de $380.000 millones por pagar. Con ello, el recibo de energía les está llegando a los usuarios de Atlántico, Guajira y Magdalena un 30% más barato.
Y ahora la resolución mencionada permite además que Air-e no tenga que cumplir con las obligaciones para la compra de energía, es decir, las generadoras entregan electricidad sin garantías de pago, decisión que se da en una situación del mercado energético crítica por los bajos niveles de embalses, el déficit de gas para las plantas térmicas, las deudas del sector y el alza sostenida de consumo de luz.
En el primer caso, el alivio en la tarifa de energía de los usuarios de Air-e se hace utilizando recursos de todos los colombianos. Y en el segundo caso, la exigencia de suministrar la energía se hace a costa de empresas privadas.
Una fuente que ha trabajado en los últimos 30 años en el sector expresó su preocupación por la situación con Air-e, calificando el tema como “delicado” debido a la falta de pago por parte de la empresa y la ausencia de garantías financieras. Según explicó, Air-e no ha cumplido con los pagos a los generadores de energía, tanto en el mercado mayorista (bolsa) como en los contratos bilaterales a largo plazo, lo que genera un riesgo importante para el sector.
Lo describió así: “Resulta que Aire-e logró que se levantara la limitación de suministro, ahora están en el mejor de los mundos. No están pagando, no están poniendo garantías y no les pasa nada. Esto es gravísimo”.
Medida expropiatoria
Esto ha generado que otros actores del sector cataloguen la medida como “expropiatoria”, ya que, en la práctica, Air-e sigue recibiendo energía sin tener las garantías financieras para pagar. “Es como si el Ejército decidiera un día ir al Éxito y exigir que le suministren uniformes para los soldados pero que no tienen como garantizar el pago”, explicó un experto.
Un exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le dijo a EL COLOMBIANO que la limitación de suministro de energía es una herramienta clave que tiene el administrador del mercado para asegurar el pago de la energía adquirida a través de la bolsa y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los generadores.
Explicó que, al no contar con la limitación, “muchas empresas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago en la bolsa de energía, lo que puede generar un impacto considerable en aquellos agentes que tienen compromisos en el corto plazo, como los que transan en la bolsa”. Aunque el impacto no será igual para todas las empresas, dependerá de su situación financiera y de su nivel de deuda en la bolsa.
Asocodis dice que la normativa de MinEnergía afecta el flujo de caja de las empresas que generan energía al permitirle a los comercializadores, como Air-e, incumplir con los compromisos adquiridos para el pago de las obligaciones con el mercado eléctrico. “El mecanismo planteado acelera la condición de riesgo para el resto de los agentes de la cadena de prestación del servicio, dado que no se garantiza el flujo continuo de recursos para financiar la operación normal en el Sistema Interconectado Nacional”.
Además, la Asociación Nacional de Generadores (Andeg) ha expresado su preocupación por el impacto en el flujo de caja de las empresas generadoras. “El mecanismo propuesto por el Ministerio no resuelve el problema expuesto por XM en su informe de limitación de suministro”, advirtieron.
También una de las fuentes consultadas mencionó que EPM ha intentado suspender los contratos con Air-e, pero la Superintendencia no permitió la suspensión, lo que deja a los generadores en una posición difícil. “Esto se está volviendo una bola de nieve”.
Con el vencimiento de la resolución a finales de diciembre y sin una solución estructural a la vista, el riesgo de suspensión del servicio se cierne sobre los colombianos, especialmente en las zonas más vulnerables. Como señala un representante del sector: “Es como si obligaran a los proveedores a regalar su producto”.
Cabe recordar que uno de sus reclamos de los gremios del sector energético colombiano es la urgencia de los pagos de subsidios y Opción Tarifaria a empresas comercializadoras de energía, cuyos niveles de liquidez podría afectar la prestación del servicio. Por ejemplo, al 30 de septiembre el Gobierno adeuda $2,5 billones por concepto de subsidios que han sido otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
¿Se ahonda la crisis?
Uno de los principales críticos sobre el manejo de la crisis energética que atraviesa el país es el exministro de Minas Amylkar Acosta, quien consideró que, aunque la resolución sea temporal, Aire-e, así esté intervenida, no se puede escudar en esa medida para no pagar la energía que le suministren los generadores. Incluso Acosta habla de un cortocircuito de plata en el sector eléctrico que amenaza con un racionamiento.
En esta misma línea, Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, sostuvo que es entendible que se tomen decisiones coyunturales en el caso de Air-e, que son medidas para atender una situación en específico, “pero no puede hacer carrera este tipo de medidas y mucho menos pensar que es la solución estructural a las problemáticas que se presentan”.
Lo dijo porque cualquier medida que impida a los agentes cumplir con sus obligaciones financieras debilita el sistema y puede causar fallas. Esto afecta el funcionamiento equilibrado del sector, ya que, si unos incumplen, terminan impactando a todos, lo que podría desestabilizar la operación.
Por su parte, Javier Bustos, director de Observadores Col, explicó que detrás del hueco financiero de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira está la falta de pago de los llamados “suscriptores subnormales”, que suman unos 190 mil usuarios, representando una población de aproximadamente 600 mil personas en estos tres departamentos.
“Estas zonas subnormales no cuentan con medidores de luz en cada casa, lo que ha generado problemas de orden público. Aunque Air-e ha asumido la responsabilidad de buscar soluciones, las acciones han sido insuficientes y es necesario que tanto las alcaldías, gobernaciones como el Gobierno nacional se involucren para resolver esta situación”, dijo Bustos.
Bustos señaló que la solución debería implicar que todas las partes aporten recursos para cubrir las pérdidas, y no solo la empresa Air-e. Sin embargo, el problema de fondo no se está abordando. Se necesita implementar contadores prepagos, energía solar y otras opciones más económicas para estas comunidades.
“De seguir así, todos los actores del sistema energético se verán afectados económicamente, agravando aún más la crisis energética que se vive actualmente”.
El balance, tras la intervención
Hoy la administración de la compañía comercializadora está en su totalidad en cabeza del interventor Carlos Diago, designado por la Superintendencia de Servicios, pero Santiago Posso, exgerente general de Air-e hizo un balance de la intervención.
“Vemos con preocupación el primer mes de intervención pues se ha reducido drásticamente el recaudo y no se han regulado los exorbitantes precios de la energía. Hoy el kilovatio en bolsa está a $1.800, cuando hace dos meses estaba a $120. Si no se regula el tema de la generación, nunca va a funcionar Air-e, ni Afinia ni ninguna empresa que atienda población pobre”, dijo Posso.
Agregó que solo el costo de la energía para Air-e este mes puede estar alrededor de los $500 mil millones y el recaudo no superará los $250 mil millones, un hueco de un cuarto de billón en un mes. Esos $500 mil millones es solo para energía, ahí no han pagado nómina, cuadrillas, materiales, etc.
“Es crítico bajar tarifa, pero esa reducción tiene que verse también en la reducción de los costos o va a haber un gran desbalance. No se trata de no pagarle a los generadores, lo que se requiere es que cobren lo justo y que permitan que la gente pobre de Colombia, de una vez por todas, tenga un buen servicio de energía a precios justos”, sentenció el exdirectivo.
También alertó que en dos semanas sacaron a 10 gerentes, especialmente, los que estaban en el área técnica, que habían llevado a mejoras de calidad, como la reducción de horas de interrupciones de más del 60%.
“Hacemos un respetuoso, pero urgente llamado al interventor para que termine de restablecer los sistemas que fueron afectados por el acto terrorista cibernético del cual fuimos víctimas. Afortunadamente, la contabilidad quedó intacta, pero otras áreas se vieron afectadas. Antes de mi salida toda la información quedó lista y se entregó una hoja de ruta clara para restablecer los sistemas que faltaban, pero entendemos que, por falta de gestión, hay sistemas que aún no han puesto operativos”, aclaró Posso.
Insistió en que si no se toman medidas estructurales urgentes en toda la cadena de prestación del servicio (generación, transmisión) seguirá el perverso ciclo de intentos fallidos por partes de privados y posteriores intervenciones por parte del Estado.
La crisis de Air-e, ¿un error que se repite?
Una hipótesis que manejan conocedores del caso es que el Estado asumirá los compromisos financieros de Air-e y esta quedará libre de obligaciones con otros agentes del sector como las generadoras, es decir, Air-e no tendrá deudas con ninguno, mientras que el Gobierno sí asumiría esos riesgos con la intervención de la Superservicios.
Jorge Vergara Carbó, economista, magíster en Administración Pública, quien le ha hecho seguimiento a este caso, afirmó que, a la fecha, ocho años después de la intervención de Electricaribe, la historia parece repetirse con Air-e porque hay una presión para que se intervenga la empresa.
“Ríos Velilla y su abogado, Jaime Lombana, han desplegado maniobras para eludir responsabilidades, mientras buscan que el Gobierno asuma la deuda de la opción tarifaria y le inyecte recursos a la compañía”.
Incluso, dijo que desde abril del 2020 viene advirtiendo la mala jugada que hizo el gobierno de Iván Duque con la adjudicación a Air-e y Afinia para asumir el mercado energético del Caribe colombiano, como una forma de quitarse de encima el peso y pasárselo a privados.
“En 2020, expusimos cómo el sector eléctrico se encontraba en una crisis profunda, y afirmamos que la intervención de Electricaribe sería un error, sugiriendo que se debería esperar a que la empresa se declarara en quiebra. En lugar de ello, el gobierno decidió intervenir… Ahora, el mismo escenario se presenta con Air-e, y nuevamente el gobierno inclinado a intervenir, en lugar de esperar su quiebra. Los errores cometidos hace ocho años están a punto de repetirse, favoreciendo a empresarios que buscan socializar sus pérdidas mientras se apropian de las ganancias”, insistió el economista.
Con base en la información oficial de tarifas de la Superintendencia de Servicios Públicos para Air-e, desde 2021 hasta julio de 2024, considerando variables como las pérdidas de energía (PR), comercialización (C) y el costo unitario (CU), se infiere que el cálculo de lo facturado por Air-e en estos 43 meses se basa en el diferencial tarifario y los kilovatios a sus usuarios regulados.
Por lo tanto, desde enero de 2021 hasta julio de 2024, Air-e, que compró Electricaribe por $285.000 millones, ha recaudado $3,81 billones de los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esto se debe a un régimen tarifario especial aprobado por el expresidente Iván Duque y los parlamentarios del Caribe en 2019, lo que aumentó en 20% el cargo por comercialización.
Entre los parlamentarios se encontraban Arturo Char, Efraín Cepeda, actual presidente del Senado; Mauricio Gómez, Carlos Meisel y José David Name.
Vergara Carbó agregó que, hasta julio de este año, excluyendo los tres primeros meses de 2020, Air-e ha facturado $3,81 billones por los sobrecostos que pagan los usuarios debido a las pérdidas de energía y los cargos de comercialización. Esta cifra es 46,5% mayor de lo que Alberto Ríos Velilla se comprometió a invertir cuando compró la empresa hace cinco años.
“Con este castigo, que ha sido consentido también por el actual gobierno que, si bien heredo este problema, en dos años de estar gobernando no ha sido capaz de eliminar ese régimen tarifario, y que en la práctica ha significado que los usuarios de Air-e le hemos pagado la supuesta inversión que ha debido hacer Air-e y Afinia, dado que la situación es muy parecida. El compromiso de Air-e es invertir del 2020 al 2025 la suma de $2,6 billones, y la de Afinia es de $3,2 billones”, detalló Vergara Carbó.
Además, según datos de la Superservicios y XM, Air-e ha recaudado $715.600 millones por opción tarifaria entre febrero y agosto de 2024.
Estos datos los confirmó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, quien pidió una auditoría urgente para revisar las finanzas de Air-e, indicando que la empresa ya ha recaudado la mayor parte de los recursos de la opción tarifaria aprobada por el Gobierno. “Ya ha recaudado $720.000 millones de un total de $850.000 millones en menos de un año”.
Air-e, sin recursos y con deudas
El saliente superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, explicó que la intervención de Air-e, que presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena, ha sido compleja debido a un “hackeo” que sufrió la empresa antes de ser intervenida. Según Quiroga, se perdió mucha información contable, financiera y de facturación, lo que ha dificultado obtener un diagnóstico claro de la situación de la compañía.
El superintendente señaló que Air-e fue recibida sin la información necesaria, con deudas y sin recursos, lo que ha complicado la atención a los usuarios. Además, indicó que la empresa enfrenta problemas financieros debido a las deudas de clientes que no pagan por el servicio.
Agregó que se están revisando los contratos firmados en 2020 para asegurar que se cumplan las inversiones prometidas, que sumaban $5,3 billones, aunque la Creg solo aprobó $3,1 billones.
Nacional
Gobierno anuncia que elimina aparato de información y propaganda en RTVC
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un paquete de medidas para recuperar el carácter público, plural e independiente del Sistema de Medios Públicos de Colombia.
En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.
En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
- Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
- La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
- Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
- Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.
La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.
La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.
La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.
Nacional
De La Espriella presentó el «Libro de la Verdad» con 82 casos de corrupción del gobierno Petro
El evento realizado en la Universidad del Externado tuvo como fin la exposición de algunos de estos casos y se ratificó la coordinación que tendrán desde el Ejecutivo con los órganos de control y el Ministerio Público..
El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría el “Libro de la Verdad” en el que presenta una serie de denuncias sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro. El mandatario se acompañó de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
El segundo al mando aseguró que en este libro se exponen nueve comportamientos “asociados a prácticas que pueden fomentar la corrupción, documentados en 82 casos que hoy presentamos al país en el Libro de la Verdad”.
El evento realizado en la Universidad del Externado tuvo como fin la exposición de algunos de estos casos y se ratificó la coordinación que tendrán desde el Ejecutivo con los órganos de control y el Ministerio Público. “Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo el presidente.
En el libro, publicado por la revista Semana y luego reproducido por otros medios, que consta de 135 páginas, hay un punto que se titula “Hallazgos en materia de corrupción y balance de acciones frente a estas situaciones – Equipo Élite Anticorrupción”.
“Desde que fui designado por el Presidente de la República como director del Empalme Anticorrupción, iniciamos un trabajo riguroso con más de 1.200 profesionales voluntarios que asumieron uno de los mayores desafíos de este Gobierno: realizar un inventario y un análisis forense de las condiciones en las que recibimos el Estado”, dijo Restrepo respecto a ese equipo anticorrupción al que se hace referencia en el libro.
En ese tercer capítulo se explica que el objetivo era “identificar oportunamente estas situaciones, analizar la información disponible y, cuando los hallazgos así lo justificaron, activar los mecanismos institucionales de control mediante solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales o actuaciones judiciales”.
Además, se lee que en algunas de esas ocasiones esas investigaciones “produjeron resultados inmediatos, como la suspensión de procesos contractuales o actos administrativos, la apertura de investigaciones previa solicitud nuestra y la adopción de medidas preventivas”. Y también, “poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que requerían una evaluación más profunda para determinar la eventual existencia de responsabilidades”.
está relacionado con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta. Según el libro del nuevo gobierno las irregularidades están en el proceso de contratación para construir una planta desalinizadora en Santa Marta, por cerca de COP 786.000 millones.
En el proyecto, cuyos documentos iniciales fueron publicados el 18 y 19 de junio de 2026, se asegura que “se encontraron posibles cambios frente al proyecto inicialmente aprobado, inquietudes sobre la deficiencia de los estudios previos y de mercado, asuntos técnicos que quedaban bajo definición del futuro contratista y el aparente desconocimiento del CONPES que servía de derrotero para el proyecto”.
En este libro dice que, tras revisar la documentación, el 25 de julio el Equipo Élite solicitó a la Procuraduría medidas preventivas sobre el proceso. Cuatro días después, el 29 de julio, el Ministerio Público pidió suspender provisionalmente la contratación para evaluar sus condiciones técnicas, jurídicas y financieras.
El segundo caso tiene que ver con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), específicamente con la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026. “Mediante esta decisión se declararon hábiles los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026 (sábados, domingos y festivos) para adelantar actuaciones precontractuales, contractuales, administrativas y presupuestales, sin reconocimiento de horas extras, en un momento en el que el Gobierno se encontraba próximo a finalizar su período”, se lee en el texto.
En ese sentido, el nuevo gobierno expresa que el 9 de julio de 2026 se presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo en cuestión. El 28 de julio de 2026, “el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos de la resolución al considerar que la habilitación extraordinaria de esos días podía tener efectos sobre el desarrollo de los procesos de contratación”.
Reforma Agraria
En el libro se expresa que se le estaba haciendo seguimiento a la implementación de la reforma agraria del gobierno Petro con “especial atención”. De esta manera, aseguran que había algunas complicaciones con el mecanismo utilizado para la adquisición de predios destinados al Fondo de Tierras y a la forma como se estaban realizando los desembolsos y las titulaciones de los predios.
El equipo de “empalme anticorrupción” advirtió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó COP 1 billón para adquirir predios, pese a que una parte importante de los pagos se realizó antes de culminar la transferencia y registro de los inmuebles.
De 537 predios analizados, solo tres habían sido debidamente titularizados, según los análisis del equipo designado por De la Espriella. Posteriormente, se presentó denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria, y se resaltó la necesidad de reforzar el seguimiento a la adquisición de tierras con recursos públicos.
Caminos comunitarios para la paz
Respecto a la iniciativa de “Caminos comunitarios de la Paz Total” promovida por la administración Petro, “e identificaron recursos destinados a la intervención de infraestructura por más de COP 612.000 millones, que se comprometieron con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y que derivaron en una ejecución muy baja”, se lee en el texto presentado por De la Espriella y Restrepo.
Además, según ellos, en algunos de los municipios se había girado la totalidad de los recursos “pese a que las obras no registraban avance físico. Por ejemplo, en Antioquia, seis convenios por más de COP 2.289 millones presentaban ejecución presupuestal del cien por ciento, mientras las intervenciones permanecían suspendidas y con avance físico del cero por ciento”. El equipo de De la Espriella interpuso una denuncia penal ante las autoridades.
Unidad Nacional de Protección (UNP)
La contratación de servicios de protección de las zonas 1 y 2 del país “que agrupan territorialmente a diferentes departamentos de Colombia para gestionar trámites, asignaciones operativas, esquemas de protección y desplazamientos”, adelantada por la UNP por más de COP 78.000 millones con el objetivo de “garantizar la prestación del servicio de escoltas para las personas beneficiarias de los esquemas de protección”, fue revisada por el equipo. Y planteó interrogantes sobre la delimitación del objeto contractual y la exclusión de otras zonas estratégicas.
Nacional
Fueron 120 segundos de horror en Colombia
La cifra oficial revelada por la entidad especializada a través de una publicación en redes sociales respondió, según ellos, a la interrogante más recurrente de todos los ciudadanos colombianos posterior al evento telúrico: “¿Cuánto duró?”.
Un registro instrumental de entre 90 segundos y dos minutos en las estaciones más cercanas al epicentro fue el balance técnico de tiempo entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) de la duración del fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.
La cifra oficial revelada por la entidad especializada a través de una publicación en redes sociales respondió, según ellos, a la interrogante más recurrente de todos los ciudadanos colombianos posterior al evento telúrico: “¿Cuánto duró?”.
Ante la disparidad de testimonios de la población sobre la percepción del tiempo de la sacudida, la entidad especializada aclaró que la duración de un temblor abarca tres conceptos técnicos importantes e independientes: el tiempo percibido por los habitantes, el tiempo registrado por la instrumentación y la duración exacta del movimiento en la falla de origen.
El reporte técnico del Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló a través de la publicación que los sismómetros monitorean hasta movimientos del suelo imperceptibles para las personas.
Por esta razón, mientras la población puede percibir una sacudida durante contados segundos, las estaciones de monitoreo captan las ondas durante varios minutos. De acuerdo con el SGC, “en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”.
En el evento reportado este lunes en San José del Palmar, la red de monitoreo registró un rango de movimiento significativo que fluctuó entre un minuto y medio y dos minutos en las zonas inmediatas al epicentro, es decir, el resto de lugares afectados.
Respecto a la sensación individual de los ciudadanos —algunos de los cuales afirmaron haber sentido el temblor durante mayor o menor tiempo—, la institución explicó que la percepción no es uniforme. Esta variación depende de la distancia al hipocentro (el punto interior de la Tierra donde inicia la ruptura), la tipología de las edificaciones y las condiciones topográficas y geológicas del suelo.
El tipo de terreno desempeña un rol determinante en la propagación sísmica. En superficies compuestas por rocas rígidas, las ondas tienden a amplificarse en menor medida. Por el contrario, los suelos blandos presentan una tendencia a amplificar las ondas, prolongando el movimiento percibido.
La entidad concluyó que la respuesta a la pregunta “¿cuánto duró el sismo?” depende de si la evaluación se realiza desde la duración percibida por la población, la registrada por los instrumentos de medición o la ocurrida en la fuente sísmica.
De acuerdo con el más reciente balance oficial emitido por las autoridades nacionales, la emergencia deja de manera preliminar 111 personas fallecidas, 87 heridos y más de 100 desaparecidos, con las mayores afectaciones concentradas en los departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.
¿Cuánto tiempo duró el sismo del 10 de agosto en Colombia según el registro oficial?
Las estaciones de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) más cercanas al epicentro en San José del Palmar, Chocó, registraron entre 90 segundos y 2 minutos (de 1:30 a 2:00 minutos) de movimiento significativo.
¿Por qué algunas personas sintieron el temblor más largo o más corto que otras?
La percepción individual de la duración varía según la distancia al hipocentro, el tipo de edificación y las condiciones del suelo donde se encuentre cada persona. Los suelos blandos suelen amplificar la vibración y hacer que se sienta por más tiempo, mientras que las rocas rígidas amortiguan el movimiento.
¿Cuál es la diferencia entre la duración percibida y la duración instrumental de un temblor?
La duración percibida es el tiempo durante el cual un ser humano alcanza a sentir la sacudida, mientras que la duración instrumental mide el tiempo total en que los sismómetros captan las ondas. Como los equipos detectan vibraciones imperceptibles para las personas, el registro instrumental suele ser considerablemente más largo.
¿El Servicio Geológico Colombiano puede predecir cuánto va a durar un temblor antes de que ocurra?
No. Ni la duración, ni la magnitud, ni la hora exacta de un sismo se pueden predecir. El SGC únicamente puede calcular la duración de las ondas e informarla una vez que los instrumentos de monitoreo han registrado el evento en tiempo real.
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