Actualidad
Gobierno plantea la creación de empleos temporales
El Gobierno presentó una propuesta encaminada a cambiar el modelo de contratación en entidades nacionales y territoriales.
Durante el último trimestre del 2022, el Gobierno Nacional propuso reemplazar los contratos de prestación de servicios por la figura de empleos temporales, orientada a luchar contra la precarización laboral y la privatización del empleo público.
Para eso, a través de Función Pública, el Gobierno presentó una propuesta encaminada a cambiar el modelo de contratación en entidades nacionales y territoriales. Fue así que el 30 de diciembre del año pasado se emitieron los lineamientos para la ejecución del Plan de Formalización de Empleo Público, nombre con el que se conoce este programa que entró en vigencia este primero de enero de 2023.
Estos lineamientos fueron emitidos a través de una circular conjunta y está dirigido a los órganos, organismos y entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.
El escrito advierte que la formalización del empleo público se promoverá teniendo en cuenta cuatro mecanismos: el primero establece la provisión de todos los cargos de las plantas de personal existentes y en vacancia; el segundo, la ampliación de las plantas de personal existentes, siempre que las condiciones técnicas y financieras así lo permitan.
El tercero hace referencia a la creación de plantas temporales en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia; y, cuarto menciona que se hará uso racional de los contratos de prestación de servicios atendiendo exclusivamente lo establecido en la ley y en los fallos judiciales.
Entre los lineamientos se destaca la recomendación a las entidades de vincular por contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, solo al personal que consideren esencial.
“La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro meses, plazo este durante el cual los órganos, organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos requeridos y establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieran”, apunta el documento.
Además, advirtió que los órganos, organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deberán proponer tanto las plantas temporales de personal en equidad como la reorganización de sus estructuras internas.
En esa línea, la circular indica que las entidades deberán tener en cuenta el objetivo fundamental y esencial del Gobierno de «Colombia potencia mundial de la vida», este se materializará a través de la “Bioadministración», un modelo que garantiza y protege todas las manifestaciones de vida, y que está en sintonía con el principio de la buena administración.
La circular insta a que las entidades realicen este ejercicio técnico de transformación administrativa con un acercamiento directo y efectivo entre la ciudadanía y el Estado.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) brindará la asesoría técnica necesaria para que los recursos de los proyectos de inversión, que actualmente financian los contratos de prestación de servicios, apalanquen la creación de las plantas temporales.
Reparos de Mintrabajo
Aunque es el mismo Ministerio de Trabajo el que ha promovido que se reemplacen los contratos de prestación de servicios, la cartera encontró reparos en los lineamientos y advirtió que se debe contar con viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda para la ejecución del plan.
En una carta enviada a la Secretaría Jurídica de Presidencia, el Ministerio de Trabajo manifestó que es casi imposible la formalización del empleo público en cuatro meses.
Los empleos o plantas temporales serían una figura orientada a luchar contra la precarización laboral y la privatización del empleo público, según lo dicho a EL TIEMPO por César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. También agregó que desde la entidad se adelanta esta propuesta con el fin de brindar equidad salarial y beneficios laborales.
Esta forma de contratación está estipulada en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, encargada de fijar los lineamientos que regulan al empleo público.
El tema cobró especial relevancia luego de que el Gobierno emitiera una directriz presidencial con la que buscará reducir drásticamente los contratos por prestación de servicios.
Esta directiva establece que solo se realicen si son «estrictamente necesarios», bien sea por el volumen de trabajo o la necesidad de conocimientos especializados. Además, establece que las contrataciones deberán ser justificadas.
«(…) La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia», puntualiza el documento.
Propuesta para reemplazarlos
Es de ahí que Función Pública, organismo encargado de gestionar toda la contratación de servidores públicos en el país, proponga usar la figura de los empleos temporales.
Según la legislación, la creación de plantas de personal temporal debe contar con cuatro condiciones: que sean funciones que no realiza el personal de planta, que tengan una duración determinada, que suplan necesidades de personal por sobrecarga de trabajo y, por último, que tenga una duración no superior a doce meses.
Con esta posible decisión, se buscaría tener potencial técnico y capacidad administrativa para poder ejecutar las políticas públicas. “Lo que se trata es de tecnificar, de profesionalizar la Administración Pública, para que cumpla con una mayor capacidad institucional”, aseguró Manrique.
Los empleos temporales y la meritocracia
El empleo temporal también sería una herramienta para luchar contra la ‘contratación a dedo’. Según aseguró el director de la entidad, “no se trata de contratar aleatoriamente o subjetivamente; sino que tiene que hacerse una contratación planificada, desarrollando unos procedimientos para establecer si se necesitan o no y cuántos funcionarios”.
Precisamente, la legislación establece que para acceder a una planta transitoria es necesario entrar a la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta entidad se encarga de promover la igualdad y el mérito a la hora de ingresar a un puesto público.
Por ejemplo, recientemente la Procuraduría General de la Nación le llamó la atención a la Alcaldía de Cali, ya que este organismo suscribió 75.509 contratos directos entre enero del 2020 y junio del 2022, lo que significó un costo de más de 2,8 billones de pesos. Esta forma de afiliación laboral suele ignorar las etapas de análisis de contratistas.
Según la Procuraduría, en 2021 esta Alcaldía pagó 1,5 billones de pesos en contratos directos, mientras que para los empleos que se ofrecieron por proceso competitivo se destinaron 437.175 millones de pesos.
Seguimiento a contratos por prestación de servicios
La Administración Pública se encuentra en este momento en el proceso de recopilación de datos sobre los contratos por prestación de servicios en las entidades estatales. Para esto, el plazo de entrega fue el 23 de septiembre, aunque por demoras se vieron obligados a aumentarlo hasta el 26 del mismo mes.
“Vamos a cruzar todo los gastos, porque había un subregistro de contratos de prestación de servicios que no nos informaban”, afirmó Manrique al respecto.
Aunque aún no se conoce la cifra exacta, el director de la Administración Pública aseguró que se trataría de entre 500.000 y 650.000 contratos bajo esta modalidad. Precisamente, Manrique dice que, para lograr la transición a este modelo de empleo temporal, se puede usar el dinero destinado a cubrir los contratos por prestación de servicios.
Con relación a lo anterior, el medio de comunicación ‘Vorágine’ hizo públicos unos documentos enviados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en los que se revelan los gastos en nóminas paralelas, mayormente por prestación de servicios, durante el 2021 y 2022.
El director del Dapre, Mauricio Lizcano, dijo a medios de comunicación que el gasto del gobierno Duque durante 2021 fue de 4 billones de pesos en esa modalidad de contratación. Además, el medio encontró que, al sumar ambos años, la cifra ascendía a 7,9 billones.
En el año 2021, el Sena gastó más de un billón de pesos en nóminas paralelas, que es casi el triple que Defensa (la segunda entidad que más gastó). Además, el sector de Inclusión usó casi el mismo dinero que Ambiente y Desarrollo, Educación y Hacienda juntos.
En cuanto a las nóminas paralelas del 2022, el Sena volvió a ser la entidad que más dinero gastó en este tipo de contratación y, diferente al año anterior, Defensa utilizó menos dinero que Agricultura. Sin embargo, estos dos rubros continúan destinando más dinero a contratación de nóminas paralelas que la unión de los últimos cinco.
Precisamente, la decisión del presidente Gustavo Petro de pedir a sus ministerios la disminución de este rubro se conjuga con la petición de eliminar cerca del 30 % de contratos por prestación de servicio, una vez venzan las actividades.
Por el momento, el empleo temporal se trata de una propuesta que está evaluando la entidad y espera tener el consolidado de contratos por prestación de servicios pronto, para poder saber cuánto podría costar dicha transición y su factibilidad.
Tomado de Portafolio.co
Nacional
Colombia fue una nación que caminó unida por la fe en la multitudinaria Marcha para Jesús
Las calles de Colombia cambiaron de rostro este domingo 2 de agosto. Allí donde habitualmente se escuchan los motores, las consignas políticas o el bullicio cotidiano, esta vez fueron los cánticos de alabanza, las oraciones y las banderas blancas las que marcaron el paso de cientos de miles de creyentes que participaron en la Gran Marcha para Jesús 2026.
Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras comenzaron a reunirse en parques, avenidas y plazas principales de ciudades y municipios. Niños sobre los hombros de sus padres, jóvenes portando pancartas con mensajes de esperanza y adultos mayores caminando con serenidad hicieron parte de una movilización que, según sus organizadores, se desarrolló de manera simultánea en los 32 departamentos del país y en centenares de ciudades y municipios.
No hubo colores partidistas ni discursos electorales. La consigna fue una sola: exaltar el nombre de Jesús y elevar una oración colectiva por Colombia. Católicos, iglesias evangélicas, comunidades protestantes y creyentes de distintas denominaciones compartieron un mismo recorrido, dejando a un lado las diferencias doctrinales para enviar un mensaje de unidad, reconciliación y paz.
En Bogotá, miles de participantes caminaron hasta el Parque Simón Bolívar, donde la jornada concluyó con música cristiana, momentos de oración y mensajes de esperanza. Escenas similares se vivieron en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y decenas de municipios, donde las calles se transformaron en un gran templo al aire libre.
La movilización transcurrió de manera pacífica. En lugar de reclamos o confrontaciones, predominó el ambiente familiar. Hubo abrazos entre desconocidos, cantos compartidos y palabras de ánimo para quienes observaban el paso de la multitud desde los andenes y balcones.
Los organizadores describieron la jornada como un movimiento ciudadano, apolítico y no denominacional, cuyo propósito fue recordar que la fe también puede ocupar el espacio público como una expresión de esperanza y servicio a la sociedad. Para esta edición se esperaba una participación superior a la de años anteriores, con presencia en cerca de 700 ciudades y municipios del país.
Al caer la tarde, mientras las columnas de marchantes se dispersaban lentamente, quedaba la imagen de un país que, por unas horas, decidió caminar al mismo ritmo. En un momento marcado por desafíos sociales, económicos y políticos, miles de colombianos optaron por responder con oración, música y un mensaje de fe.
La Marcha para Jesús volvió así a demostrar que, más allá de las cifras de asistencia, continúa consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Colombia, donde la esperanza fue, una vez más, la protagonista de la jornada.
Todo se cerró con el Bogotá Gospel
El momento culminante de la jornada se vivió en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde miles de marchantes confluyeron tras recorrer las principales vías de la capital. Allí, la Marcha para Jesús encontró un escenario de celebración con Bogotá Góspel 2026, el tradicional concierto del Festival de Verano que este año se articuló con la movilización nacional para convertir el parque en un gran espacio de adoración, música y unidad.
Durante cerca de ocho horas, el escenario reunió a reconocidos artistas de la música cristiana como Miel San Marcos (Guatemala), Alex Zurdo (Puerto Rico), Rescate (Argentina), Cales Louima, además de agrupaciones colombianas como Avivamiento, One 4 All, Vasija de Barro, Rapha y Diana Paipa. Cada presentación estuvo acompañada por mensajes de esperanza, reconciliación y fe, en un ambiente familiar que congregó a creyentes de diferentes iglesias y generaciones.
La unión entre la Marcha para Jesús y Bogotá Góspel convirtió el cierre de la jornada en una verdadera fiesta de la fe. Lo que comenzó como una caminata por las calles de la capital terminó con miles de voces elevando alabanzas al unísono, reafirmando el propósito de los organizadores: hacer visible un mensaje de paz, amor y reconciliación para Colombia. La Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar se transformó así en un inmenso templo al aire libre, donde la música sirvió como lenguaje común para celebrar la esperanza y la unidad del pueblo creyente.
Actualidad
Las islas eligieron a Girley Ordoñez Bowie como nueva Gobernadora del archipiélago
Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular.
El domingo quedó escrito un nuevo capítulo en la historia política del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde muy temprano, los puestos de votación comenzaron a recibir a los ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir a quien tendrá la responsabilidad de conducir el departamento durante los próximos años, en unas elecciones atípicas convocadas tras la vacancia del cargo de gobernador.
Con el avance del escrutinio, la tendencia empezó a consolidarse. Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular.
Su victoria fue recibida con celebraciones entre simpatizantes que se congregaron para acompañar el anuncio oficial. Abrazos, aplausos y banderas reflejaron la esperanza de quienes ven en su administración una oportunidad para afrontar los desafíos que enfrenta el departamento, especialmente en materia de empleo, turismo, infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.

Un nuevo liderazgo
Girley Ordóñez Bowie pertenece a una nueva generación de dirigentes isleños. Profesional de formación, ha construido una carrera en el sector público y ha participado en diferentes escenarios administrativos, lo que le permitió ganar reconocimiento entre distintos sectores de la comunidad.
Durante la campaña insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, impulsar el desarrollo económico del archipiélago y trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional para ejecutar proyectos estratégicos que beneficien tanto a San Andrés como a Providencia y Santa Catalina.
Su elección también representa un hecho significativo por el protagonismo de una mujer al frente de la administración departamental, en un momento en que la ciudadanía reclama mayor cercanía entre los gobernantes y las comunidades.
El reto que comienza
La nueva gobernadora asumirá el cargo en un contexto que demanda resultados rápidos. Entre las prioridades estarán la recuperación económica, el fortalecimiento del turismo, la generación de empleo, la atención de las necesidades de Providencia tras los retos de reconstrucción y la defensa de la Reserva de Biosfera Seaflower, uno de los patrimonios ambientales más importantes del Caribe.
La expectativa es alta. Los 10.874 votos que respaldaron su candidatura representan también un compromiso con los ciudadanos que esperan una administración eficiente, incluyente y cercana a las necesidades del territorio.
Con la declaratoria de su elección concluye el proceso electoral extraordinario y comienza una nueva etapa para el Archipiélago. A partir de ahora, el desafío será transformar las promesas de campaña en acciones concretas que impulsen el desarrollo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Laura Sarabia responde a señalamientos que la vinculan a escándalo de la DNI
Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá.
En medio del nuevo escándalo por los presuntos beneplácitos del Gobierno al Clan del Golfo, se conocieron las declaraciones del general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien aseguró que durante su paso por la institución recibió llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, para frenar procedimientos policiales bajo la justificación de no afectar la política de paz total.
En diálogo con Caracol Radio, el uniformado afirmó que Sarabia intervenía directamente cuando tenía conocimiento de operativos o actuaciones contra personas vinculadas a hechos de alteración del orden público o posibles actividades criminales. “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, relató.
El exdirector de la Policía explicó que esas comunicaciones no se daban para prevenir acciones, sino, en la mayoría de los casos, después de que los operativos ya habían concluido. Según dijo, eran llamados de reproche. “Cuando ya estaban culminadas, realmente cuando ya estaban culminadas era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, sostuvo.
Sanabria recordó incluso un episodio relacionado con una protesta feminista en Bogotá que afectó el sistema de transporte masivo. Según su versión, tras ordenar la intervención del Escuadrón Antidisturbios, recibió una llamada de Sarabia para pedir que no se actuara. “Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios… ella llamaba que no se hiciera nada”, aseguró.
Frente a estas afirmaciones, Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá, y negó haber interferido en operativos contra grupos armados ilegales.
“Yo nunca tuve una llamada con el general en esas características. Es un general por quien tengo pleno respeto, por toda su experiencia y trayectoria en la Policía; así se lo manifesté al momento de su salida. La verdad, resulta muy curioso que tres años después haga estas manifestaciones, porque en otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto. Simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado algo, pero nunca habló de una orden específica para suspender algún operativo”, dijo a Blu Radio.
Mientras tanto, el equipo jurídico de la embajadora anunció que interpondrá denuncias penales contra el uniformado.
“Laura Sarabia actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República (…) Cualquier actuación relacionada con los hechos recientemente mencionados por el General (r) Sanabria se limitó a una pregunta —no instrucción— sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”, se lee en un comunicado de la defensa de Sarabia.
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