La Gobernación del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, a través de La Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE)  informa a la comunidad  sobre los importantes avances logrados en el marco de las acciones de control de personas en situación irregular en nuestro territorio.

Gracias a la colaboración con entidades competentes, la OCCRE ha reafirmado su compromiso de garantizar el retorno seguro de aquellas personas que no cumplen con los requisitos establecidos para su permanencia en el departamento, facilitando su regreso a los lugares de embarque de forma ordenada y segura.

Delroy Gordon, Director de la OCCRE, destacó que «es fundamental que la comunidad esté al tanto de las gestiones que se están realizando. La transparencia en nuestras acciones fortalece la confianza y nos permite trabajar en conjunto por el bienestar del Archipiélago.»

Este esfuerzo ratifica el compromiso de la OCCRE con el control de la circulación y residencia, manteniendo un equilibrio entre la seguridad y el respeto por los derechos de todas las personas que ingresan al departamento insular.

Si bien hace menos de una semana el Gobierno Nacional lanzó las bases de su acuerdo nacional –con miras a desescalar el lenguaje en el debate y erradicar la estigmatización–, este miércoles el presidente Gustavo Petro arreció en su discurso y la emprendió contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo anterior, luego de que resolvieran por mayorías, abrirle una investigación formal a su campaña por presunta violación de topes electorales en más de $5.355 millones.

En paralelo con su diatriba alrededor del supuesto golpe de Estado –con todo y que la investigación del CNE únicamente podría terminar con una multa o la devolución parcial de recursos de campaña–, Petro acudió a descalificativos y señalamientos contra los magistrados, a quienes acusó de pertenecer a la política tradicional y a quienes no bajó de “personajes nefastos”.

En primer lugar, aseguró que el presidente de la Corporación, César Lorduy (de Cambio Radical) fue “acusado de asesinar a una novia. Ni más, ni menos”. Hay que tener en cuenta que en 2021 el portal Cuestión Pública reveló que Lorduy fue acusado como presunto autor de un feminicidio en marzo de 1979.

En su momento, en entrevista con W Radio, Lorduy reconoció que fue acusado de homicidio culposo, pero que el proceso “no terminó en condena, sino en vencimiento de términos”. Además, sostuvo que “eso ocurrió hace más de 43 años. Yo era un tipo joven, un niño, y (…) obtuve mi libertad”.

Por otro lado, Petro recordó que el magistrado Álvaro Hernán Prada (del Centro Democrático) está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno a testigos. Se trata del mismo lío judicial por el que fue llevado a juicio el expresidente Álvaro Uribe. En este caso, Prada habría terminado involucrado por supuestamente querer favorecer a su líder político.

Justo hace un mes, según pudo establecer EL COLOMBIANO, los hijos menores y la esposa del magistrado Prada tuvieron que abandonar el país ante amenazas. Justamente, fue el togado quien, de la mano del magistrado Benjamín Ortiz (del Partido Liberal), fue uno de los ponentes del proceso que pide formular cargos a la campaña.

En este contexto, Petro la emprendió también contra la expresidenta del CNE, Maritza Martínez, recurriendo a descalificativos frente a su vida sentimental: “La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del Meta”, dijo.

En su andanada, el primer mandatario aseguró que son estos personajes “los que están tomando decisiones sobre el voto popular”. En ese sentido, reclamó que, “sin ser jueces”, formularon cargos y lo acusaron tanto a él como a la campaña.

“En sus funciones ellos sí podían investigar la campaña hasta 30 días después de terminada. Estamos a dos años después. Ya incumplieron completamente sus facultades. Pero, encima, decidieron elevar cargos como persona al presidente de la República”, aseguró el primer mandatario, con todo y que fallos recientes del Consejo de Estado ratificaron la facultad del CNE para investigarlo de manera administrativa.

Sin embargo, ignorando los preceptos de la justicia, Petro aseguró que “desde que se hizo la Constitución del 91 el presidente de la República está de cierta forma guarecido mientras gobierna porque solo puede ser juzgado en instancias diferentes a las administrativas”.

Si bien el primer mandatario ha arreciado en la tesis de que detrás del proceso habría un supuesto golpe de Estado y que la decisión es inconstitucional –por lo que ha llamado a sus bases a la movilización–, lo cierto es que la máxima sanción, en el peor de los escenarios, le significaría al jefe de Estado una multa de hasta el 10 % de los recursos que el Estado desembolsó a la campaña o la devolución total o parcial de los dineros.

Según expertos, la tesis del supuesto golpe se desvirtúa en la medida en que el CNE solo puede imponer sanciones administrativas, como la devolución de la reposición de los votos. Como lo ratificó en fallos recientes el Consejo de Estado, la potestad de sancionar penal o disciplinariamente al presidente sigue en manos del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones.

De hecho, juristas del calibre de Rodrigo Uprimny –investigador de la corporación Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional–, han señalado que la tesis del presidente Gustavo Petro no solo “carece de sustento”, sino que es peligrosa y “desdice de su investidura” presidencial.

“El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la de Petro. Y aunque admite alguna controversia, estoy de acuerdo con la Sala de Consulta del Consejo de Estado (SCCE) en que el CNE puede imponerle al presidente ciertas sanciones administrativas, como multas, si verifica la violación de estos topes”, explicó recientemente en una columna en El Espectador Uprinmy.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación en contra de la campaña ‘Petro Presidente’, por publicidad anticipada, por el mediático evento de la ‘P’, realizado el 10 de septiembre del 2021 en Barranquilla.

Con ocho votos en contra y solo uno a favor, el tribunal no encontró argumentos suficientes en el marco de la investigación preliminar, para abrir un proceso formal contra la campaña.

Cabe mencionar que ese encuentro generó polémica después de que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, confesara que el empresario Euclides Torres, sí aportó recursos para la organización del mismo.

“Parte de ese evento lo financió Euclides Torres para el tema de tarimas y publicidad, desconozco los detalles, no sé cómo fue la mecánica de pagos”, dijo Nicolás Petro en medio de una audiencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que también adelanta una indagación por ese mismo tema.

En su momento, el hijo mayor del jefe de Estado, quien coordinaba la campaña en la Región Caribe, aseguró que no recibió dinero en efectivo para el pago de la logística y dijo desconocer el origen de los recursos aportados por Torres. “Me imagino que provienen de su actividad empresarial”, señaló.

¿Qué viene ahora?

Luego de archivar esta ponencia, elaborada por el magistrado Alfonso Campo, el tribunal se apresta a discutir y votar el expediente por violación de topes de campaña, que en 350 páginas, contiene 82 pruebas que demostrarían que no se reportaron gastosclave de la campaña.

Esto, luego de que se negaran las recusaciones contra los magistrados Álvaro Hernán Prada y César Lorduy, presentadas en el marco de la discusión del caso Petro.