Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Estará en la cartera hasta el próximo 1 de junio y afirmó que su salida ocurre en medio de aparentes intentos de injerencia externos.

“Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, se lee en la carta de renuncia conocida por medios de comunicación.

La mujer relató que durante las últimas semanas personas externas al ministerio han intentado realizar injerencias en sus funciones. Eso, admitió, es un impedimento para tomar decisiones libres en esa cartera.

 “No sé quiénes y con qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones, pero prefiero, como se lo dije desde el principio y en la comunicación de marzo de este año, seguir siendo lo que soy, e impartiendo instrucciones como jefa de la cartera con la convicción de que van a servir a materializar la justicia”, apuntó Buitrago en la comunicación enviada al presidente Petro.

Buitrago fue designada como ministra de Justicia el 8 de julio del año pasado y asumió la cartera en reemplazo de Néstor Osuna. También fue una de las mujeres ternadas por el presidente Petro para fiscal general.

“Agradezco la oportunidad de haber servido al país desde esta cartera y de haber contribuido, junto a un equipo comprometido, leal y honesto, al fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la modernización del sistema de justicia”, añadió la funcionaria.

Buitrago también fue una voz disonante dentro del Gobierno. Se opuso, por ejemplo, a la idea de convocar a una asamblea constituyente y cuestionó la política de paz total del presidente Petro.

La funcionaria afirmó que durante su gestión trató de implementar avances en materia de dignidad para las personas privadas de la libertad, en entornos seguros, casas de justicia y protección de derechos de todos los colombianos.

“Lamentablemente los recortes presupuestales impidieron avanzar mucho más en ello, pero el esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores del Ministerio lograron vencer barreras y avanzar”, puntualizó la ministra.

Buitrago aseguró que estará dispuesta en colaborar para que la transición en el ministerio sea ordenada y respetuosa.

Ángela María Buitrago fue fiscal delegada ante la Corte Suprema entre 2005 y 2010, durante la administración del exfiscal Mario Iguarán. La apodaron la “fiscal de hierro”.

Buitrago ha afirmado que su remoquete obedece a que siempre fue hasta el fondo de los casos, incluso en medio de las amenazas que recibió cuando investigó y acusó a altos mandos militares por la operación de retoma al Palacio de Justicia en 1985. Es abogada de la Universidad Externado, con maestría en Derecho penal y doctora en Derecho de la misma universidad.

El presidente Gustavo Petro no alcanzó las mayorías en el Senado para aprobar las 12 preguntas de su consulta popular y, aún así, anunció que volverá a radicarlas para tratar de encontrarle una salida al que, parece, es su mecanismo de participación predilecto.

“El gobierno volverá a presentar la consulta popular con una pregunta adicional en salud. Pero, esta vez, ya el Senado la discutirá con el pueblo en las calles y carreteras, si así lo deciden las asambleas populares en los municipios”, afirmó Petro.

Este miércoles 14 de mayo quedó marcado como el día en el que el Senado se negó a acceder a la pretensión del presidente. La discusión estuvo caliente: hubo insultos y señalamientos de fraude. Al final, 49 senadores se impusieron contra 47 y negaron la aprobación de la consulta.

El mandatario hizo una alocución presidencial en la que pidió al Senado volver a realizar la votación. Afirmó que hubo un fraude –sin pruebas– y que fue encabezado por el presidente del Senado, Efrain Cepeda. Convocó a sus simpatizantes a permanecer en las calles.

“El derecho a huelga establecido en la constitución, no es decisión del gobierno, debe ser una decisión soberana del pueblo, que es el constituyente primario, de cara a que el senado, actuando con limpieza, vote de nuevo, la consulta popular. El presidente está listo a obedecer el mandato del pueblo”, apuntó Petro.

Las centrales obreras, de momento, parecen divididas. La Central Unitaria de Trabajadores se declaró en “pie de alerta” y afirmó que se mantendrá en la calles. Mientras que la Confederación General del Trabajo, por su parte, rechazó los llamados a “incendiar el país” e invitó a establecer una diálogo con todas las partes para lograr una reforma laboral que incluya los derechos de los trabajadores, beneficie al empresariado y reduzca la informalidad.

¿Es viable volver a radicar la consulta?

Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, le explicó a EL COLOMBIANO que el presidente no tiene ningún impedimento legal para radicar, cuantas veces quiera, las preguntas de su consulta popular ante el Congreso. De momento, no hay una norma que se lo impida.

De hecho, la Ley 1757 de 2015 determinó que la consulta puede ser de origen ciudadano o autoridades las cuales son el Presidente, Gobernador o Alcalde y el Congreso de la República.

“La ley 134 de 1994 como la 1757 de 2015 indican que no hay límite de radicación”, afirmó el constitucionalista Mauricio Reyes y añadió que al Gobierno todavía le queda un camino: apelar la decisión del senado apelando el artículo 20 de la ley 1757.

La cuestión pasaría, entonces, por lo político. En la mesa directiva del Senado permanece Efrain Cepeda, crítico del Gobierno y quien ha sido atacado por el propio presidente. Mientras su figura esté presente, difícilmente, las preguntas de la consulta popular serían prioridad en el orden del día.

La evaluación del presidente también deberá ir encaminada en saber si quiere correr el riesgo del desgaste político. La votación de este miércoles demostró que, al menos en esta iniciativa, no tiene una mayoría consolidada en el Senado.

Además, la eventual aprobación de la consulta en el Senado es el inicio, apenas, de un camino largo que el presidente debe mantener.

En el llamado a urnas, se requerirá la participación de al menos una tercera parte del censo electoral, hoy calculado en 40,9 millones de personas. Es decir, deberán participar al menos 13,6 millones de ciudadanos para que tenga validez el procedimiento y será necesario el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos.

En medio de gritos y algarabía, se hundió con 47 votos por el “Sí” y 49 por el “No” la convocatoria a la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.

El proceso de la votación fue calificado como fraudulento por parte del ministro Benedetti que se salió de casillas y tuvo que ser contenido por sus copartidarios. La votación fue apelada por la oposición, pero por lo pronto no hay convocatoria a la consulta popular.

Por su parte, el presidente Petro, desde China, también dijo que hubo fraude: “No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude (…) Al pueblo no se le siilencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida”.

Según fuentes consultadas por este diario, la estrategia era revivir la reforma laboral y hundir la consulta popular. “Así, nos ahorramos $750.000 millones y no sería necesario hacer la consulta”, manifestó un congresista de la bancada independiente.

Justamente, la sesión arrancó en medio de la controversia, pues en el primer orden del punto del día figuraba la apelación de la reforma laboral, mas no la votación de la consulta popular. Mientras el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) pidió explicaciones al presidente del Senado, Efraín Cepeda, el senador Alex Flórez lo calificó como una “jugadita”. Por su parte, el senador Inti Asprilla (Verde con tendencia petrista) reclamó airadamente y señaló sin vacilaciones al presidente Cepeda.

Esta es la cronología de la jornada:

Este diario conoció que, previo al inicio de la sesión, los ministros Armando Benedetti (Interior) y Antonio Sanguino (Trabajo) estuvieron reunidos con un grupo de senadores en la Comisión Primera del Senado. A la salida del recinto, Benedetti reconoció que el Gobierno le apostaba a ambos caminos: tanto la aprobación de la consulta, como de la apelación. “Son dos caminos, quiero que se aprueben las dos”, manifestó.

Después de hora y media de discusión, se votó una proposición y la oposición e independientes se hicieron a un primer triunfo: lograron aprobar con 56 votos a favor y 42 en contra que se mantuviera el orden del día para que primero se votara la apelación y luego la consulta. Lo que vino después fue un fuerte rifirrafe en la Corporación.

Inclusive, fue sometida a votación otra proposición para que se aplazara la apelación. Una vez más, sectores de oposición e independientes se anotaron un triunfo y el “No” se impuso con 61 votos y solo 35 por el “Sí”.

En medio de la caldeada discusión, se vivieron momentos de tensión entre los sectores oficialistas. De hecho, este diario pudo registrar una discusión subida de tono entre los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, e Interior, Armando Benedetti, seguramente desatada por el revés frente a la apelación. Varios congresistas del Pacto participaron del debate.

Sobre las 2:30 de la tarde, hubo otra votación: una proposición del senador Fabián Díaz, quien pidió retirar su apelación a la reforma. Sin embargo, hubo otro revés y con 30 votos por el “Sí” y 51 por el “No”, fue negada la propuesta. Es decir, continúa el trámite.

El primero en intervenir fue el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, quien sustentó el informe en el que pedía negar la apelación. Posteriormente, intervino el ministro Benedetti, quien dijo que el Gobierno apoyaba la apelación; sin embargo, alegó que los tiempos no daban, pues debía discutirse en tercer y cuarto debate antes del 20 de junio. Es decir, en menos de un mes. El también ministro Antonio Sanguino se mostró a favor, pero alegó que hay “suspicacias” frente al inusitado apoyo a la apelación.

“La consulta sigue siendo el mecanismo más seguro y más expedito para el pronunciamiento en favor de una reforma que es de la soberanía popular expresada en las urnas en la consulta popular. Para ahuyentar esa suspicacia le pedimos a la plenaria que, además de aprobar la apelación, apruebe la consulta popular como el mecanismo más seguro para garantizar la reforma laboral”, indicó.

Tras las intervenciones de Sanguino y Benedetti, la plenaria votó en contra del informe que pedía archivar la apelación. Es decir, sigue con vida. Hubo dos votos por el “No” a apoyar el informe y 68 por el “Sí”, para mantener con vida el recurso.

EL COLOMBIANO conoció las cuentas que manejaba el Ministerio del Interior frente a la consulta: según el conteo, tendrían 52 votos por el “Sí” y 48 por el “No”. Además de los 20 votos del Pacto Histórico –incluido el crítico Paulino Riascos, quien ya dijo que respaldará el mecanismo–, contaban como fijos los cinco de Comunes e incluso, uno del senador Richard Fuelantala.

En contraste, la oposición calculaba, además de los 12 votos conservadores, 13 del Centro Democrático y nueve de Cambio Radical, sumado a otros de los liberales, La U, ASI y Colombia Justa Libres.

Finalmente, se hundió la convocatoria de la consulta popular con 47 votos por el “Sí” y 49 por el “No”.