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Policía denuncia posible Plan Pistola por disidencias de las FARC

Dentro del plan pistola, este 2 de agosto, a plena luz del día, en un cruce vehicular y de cinco disparos, fue asesinada la patrullera Paula Cristina Ortega, en la ciudad de Neiva.

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En las últimas horas, muchos han recordado la peor época de violencia en Medellín por cuenta del accionar del fallecido narcotraficante Pablo Escobar y han hecho referencia al pago que llegó a ofrecer por cada policía asesinado. Lo han traído a colación porque se conoció un documento de la Policía Nacional, con fecha del primero de agosto, en el que se informa de un posible plan pistola en todo el país por parte de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

El documento, que empezó a circular desde este 2 de agosto, está dirigido a comandantes de la institución para que informen al personal bajo su mando sobre las posibilidades de que el Estado Mayor Central, en cabeza de ‘Iván Mordisco’, empiece a ejecutar el plan pistola contra unidades de la fuerza pública en distintas zonas del territorio nacional.

Pero lo más preocupante es que en el mismo documento se habla de que esta organización armada ilegal estaría pagando por asesinar a los integrantes de la Fuerza Pública.

“Integrantes de esta estructura vendrían promoviendo el pago de $4 millones por la muerte de policías y el hurto del armamento”, se lee en el texto, en el que también consta que estos actores armados ilegales estarían haciendo labores de “observación criminal” para conocer las rutinas y posibles espacios de vulnerabilidad para cometer los ataques.

“No se descarta que estas acciones se ejecuten mediante las modalidades de homicidio fuerza armada (plan pistola), suplantación de autoridad (falsos casos de policía), activación de artefactos explosivos, ataque a patrulla, hostigamiento, emboscada y ‘francotiro’”, se lee también en la comunicación.

Finalmente, el documento anuncia la necesidad de emprender acciones que permitan proteger a las unidades de la fuerza pública en el país. Entre ellas cuentan el fortalecimiento de las medidas de seguridad operativa y física en los dispositivos y las instalaciones de la policía.

“El comando operativo deberá mantener comunicación directa con cada una de sus unidades y Ejército Nacional, difundir la presenta alerta en forma detallada, así como las modalidades de acción ofensiva”, dice el texto.

Justamente, este 2 de agosto, a plena luz del día, en un cruce vehicular y de cinco disparos, fue asesinada la patrullera Paula Cristina Ortega, en la ciudad de Neiva.

La uniformada, que iba a bordo de su motocicleta para iniciar turno, esperaba el cambio semafórico cuando fue ultimada por hombres a bordo de otra moto. La uniformada fue atacada por la espalda, pues todos los disparos los recibió en esa parte del cuerpo.

Desde la Policía informaron que, “en tiempo récord” y tras una “operación candado” que ordenó en Neiva, se dio con la captura de los presuntos responsables del crimen.

El general Salamanca también indicó que en el momento de su captura, los hombres portaban una granada de fragmentación y dos pistolas, incluida la de la víctima.

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Procuraduría hará veeduría sobre carrotanques de agua en la Guajira

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio de la Guajira por parte de los carrotanques que están funcionando

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La Procuraduría le solicitó información a la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD) sobre las acciones que se están implementando para brindar accesibilidad y calidad del agua potable para la población wayuú en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, municipios de La Guajira.

En la solicitud, también se pidió a la Unidad los estudio y conceptos técnicos que determinaron que la adquisición de los carrotanques era una de las soluciones a corto plazo para lograr el abastecimiento de agua en La Guajira, los puntos de captación del recurso hídrico y la calidad de agua suministrada en el departamento.

De igual manera que se detalle la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos.

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio por parte de los carrotanques que están funcionando, cómo se determinaron estas rutas y sus frecuencias y la respectiva socialización con las administraciones municipales sobre esas rutas de distribución.

La Procuraduría destacó que en la pasada mesa de trabajo realizada el 21 de febrero, el subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, indicó que es la misma entidad la que toma muestras aleatorias al agua de los carrotanques y las procesa en sus laboratorios.

Por ello, pidió a su vez información sobre el número de Puestos de Mandos Unificados, las mesas de diálogo y de monitoreo, ajustes y continuidad por parte de la UNGRD y la participación de las autoridades wayuú en esos espacios.

Por otra parte, el Ministerio Público requirió en el informe las medidas de prevención ante la temporada de menos lluvias, es decir, época del Fenómeno del Niño.

La entidad ha destacado la importancia de trabajar armónicamente con otras entidades nacionales y territoriales, con el fin de realizar acciones orientadas a garantizar el goce efectivo del derecho al agua para la población en la Guajira.

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Carro de Day Vásquez se incendia cuando estuvo parqueado en Barranquilla

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

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En las últimas horas, Day Vásquez escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que su carro se incendió cuando estaba parqueado en la puerta de la casa de sus padres. 

“Y de repente el carro parqueado en la puerta de la casa de mis papás… Vaya sorpresa!! Se INCENDIÓ”, indicó.

https://twitter.com/RNacional_News/status/1764323044921692659

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, se hay varias teorías, desde fallos técnicos hasta la posibilidad de un sabotaje deliberado. 

Recordemos que Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, actualmente enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y es la testigo clave en el proceso judicial contra el hijo del presidente Gustavo Petro. 

Tras su arresto el pasado julio, el hijo del mandatario admitió, según la Fiscalía, haber recibido dinero para la campaña del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del polémico empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

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Ministerio público solicita restricciones de circulación de Salvatore Mancuso

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira.

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Luego de la audiencia que inició este primero de marzo y en la que el juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá está definiendo si le otorga o no la libertad a prueba a Salvatore Mancuso, la Procuraduría General de la Nación solicitó restricciones de movilidad en el territorio nacional al exjefe paramilitar como garantía a los derechos de las víctimas.

Así mismo, se destacó que si no se fijan dichas  limitaciones en sus desplazamientos, se traduciría “claramente en una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”.

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, en donde tuvo lugar su accionar criminal. 

Además, la Procuraduría precisó que no se le puede conceder de manera inmediata la libertad a prueba, mientras no comparezca ante las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también cursan procesos en su contra.

El Ministerio Público aseguró que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz.

Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control indicó que esa designación “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo es y seguirán siendo las víctimas”.  

El tema de la libertad a prueba del exjefe paramilitar se discutió en años anteriores en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, donde se decidió que Salvatore Mancuso cumplía los requisitos para acceder a esa medida, que no se le había otorgado porque no estaba en el país. 

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