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Revelan retratos de responsables de la masacre de familia pastoral en Aguachica

Un toque de queda impuesto por la alcaldesa de la población cesarense, Greisy Tatiana Roqueme, por el inicio de las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer los motivos y los autores de la masacre.

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Photo: Colprensa

La violenta muerte de tres miembros de la familia Lora Rincón durante el mediodía del domingo, 30 de noviembre, ha causado una enorme indignación en todo el país.

El hecho sangriento se presentó horas después de que Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y su hija mayor Ángela Natalia habían terminado el servicio dominical en su iglesia llamado Príncipe de Paz ubicada en el barrio Villa Paraguay en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar.

Un toque de queda impuesto por la alcaldesa de la población cesarense, Greisy Tatiana Roqueme, por el inicio de las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer los motivos y los autores de la masacre.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Región de Policía Nro. 8 confirmó en una reciente rueda de prensa los últimos detalles de las labores que se están realizando. “Estaremos emitiendo un cartel con imágenes de estos dos delincuentes que estuvieron en los hechos, con el fin de que nos llegue rápidamente información que nos conduzca a su ubicación, individualización e identificación”, expresó.

Asimismo enfatizó que un equipo interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en colaboración de una fiscal especializada asignada para el caso se encuentran llevando a cabo las investigaciones.

Por su parte, Santiago Lora Rincón, de 18 años e hijo menor de los pastores se encuentra internado con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica de Alta Complejidad en Valledupar (Cesar) de acuerdo al último comunicado oficial entregado a la opinión publica por parte de este centro asistencial.

El joven recibió múltiples impactos de bala mientras se disponía a almorzar con su familia y fue llevado hasta un centro asistencial en Aguachica pero debido a la gravedad de su estado de salud fue trasladado hasta la capital del Cesar.

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Se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella

Se cumplen 100 días de mandato de De la Espriella y en cada jornada hay un tipo de incendio distinto por resolver, ya sea por la herencia del gobierno de Gustavo Petro en temas tan complejos como la seguridad, la salud, el déficit fiscal, pero también por la propia dinámica de un país dividido políticamente.

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En la biografía de varios presidentes famosos de la historia hay una constante que se revela desde el inicio del mandato: todos los días hay que apagar incendios. Y en un país como Colombia, ni se diga. Al presidente Abelardo De la Espriella le ha tocado hacerlo, pero desde su primer “día hábil” como mandatario: el 10 de agosto, cuando la tierra tembló y dejó el lamentable saldo de 300 muertos y más de 260.000 afectados, además de los retos que implica la reconstrucción, hoy bajo escrutinio.

Se cumplen 100 días de mandato de De la Espriella y en cada jornada hay un tipo de incendio distinto por resolver, ya sea por la herencia del gobierno de Gustavo Petro en temas tan complejos como la seguridad, la salud, el déficit fiscal, pero también por la propia dinámica de un país dividido políticamente. La mitad votó por De la Espriella, por su promesa de la “patria milagro” y no de la “patria miseria”, cuya bandera principal es combatir al crimen para mejorar la seguridad.

En la práctica, según datos del Ministerio de Defensa —disponibles para los primeros dos meses del mandato—, el Gobierno ha logrado disminuir la frecuencia de algunos delitos de alto impacto. Comparando los meses de agosto y septiembre de 2026, los homicidios bajaron de 1.190 casos en agosto a 966 en septiembre; las masacres, de 30 a 23; los secuestros, de 42 a 24; el hurto a personas, de 23.158 a 19.621; y los actos terroristas, de 123 a 98. Es un avance.

Las cifras de seguridad de De la Espriella: qué dicen realmente los datos oficiales

Pero la apuesta por la seguridad y los retos en salud, que son dos asuntos fundamentales para los colombianos, no son los únicos temas de la agenda. El Gobierno ha trazado en estos primeros 100 días una hoja de ruta que a nivel narrativo pareciera concentrarse en la seguridad; sin embargo desde todas las carteras se hacen esfuerzos y apuestas, aunque no se comuniquen de la mejor manera, lo que ha suscitado críticas de varios sectores que reclaman mayor intervención de ministros y otros funcionarios en el debate público.

Lo cierto es que estos primeros 100 días de mandato dejan ver a un jefe de Estado presente. Y aunque parezca una obviedad u obligación, veníamos de cuatro años de ausencias, “agendas privadas” y caos en la forma de gobernar. De la Espriella, en cambio, está en el día a día de la agenda nacional y ha delegado al vicepresidente José Manuel Restrepo —figura clave del gabinete— para que viaje al exterior mientras él recorre el país de norte a sur con su puesta en escena que debe traducirse en soluciones para las comunidades.

A nivel político, no la tiene fácil. Su gobernabilidad aún es muy frágil pues prácticamente depende de las mayorías que logre conformar con el Centro Democrático en el Congreso. Ese partido, que hace parte de la coalición, ha sido crítico de algunas apuestas del Gobierno, lo que también equilibra la cancha.

Aún así, con cambio de ministro incluido tras la salida de Rodrigo Lara en Interior, el Gobierno logró sacar adelante la ley de sometimiento, que es un marco legal clave para combatir a los delincuentes. Están pendientes, entre otros, el estatuto antiterrorista, la ley antimermelada y que Barranquilla sea la capital alterna de Colombia, que es una promesa simbólica de un presidente costeño que ha tenido que ceder ante la fría Bogotá.

Estos primeros 100 días son más que 100 incendios. Y está por verse si en el resto de mandato Abelardo de la Espriella logrará apagarlos todos, lo que sería el verdadero milagro.

“Bienvenido a la Patria Milagro”: el tono de su política contra el crimen

La lucha de frente contra el crimen, en contraposición a la política de negociaciones de su antecesor Gustavo Petro, ha sido el eje del proyecto político del presidente Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días de mandato, al punto de que ha invertido gran parte de su estrategia comunicativa en posicionar una narrativa de sheriff, es decir del comandante con atuendo militar que encabeza operativos y se carea con los delincuentes, de pistola al cinto y radio en la mano.

Desde sus días de campaña, prometió que sería “el primer soldado de la Patria”, y lo ha llevado al extremo de estampar en una bomba su firma y la frase “Bienvenidos a la patria milagro”. El artefacto fue arrojado desde un avión Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial a un campamento del frente 33 de las Farc en Tibú, Norte de Santander, el 9 de noviembre, matando a cuatro presuntos delincuentes.

Otra de las promesas que ha cumplido fue la creación de los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana (BOSUR), con los que ha liderado operativos masivos en las ciudades, que han dejado cerca de 620 capturados en Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga.

Tal cual lo había prometido, acabó con la política de “paz total” de Petro, con sendos decretos que suprimieron las mesas de diálogos, y logró que el Congreso le aprobara la Ley de Sometimiento, con la que ofrece a los grupos criminales otra opción para alcanzar un desarme con beneficios jurídicos, sin necesidad de negociaciones.

Es destacable, en términos de seguridad, la reactivación de la cooperación militar con Estados Unidos e Israel, una relación que venía maltrecha, y que ahora se traduce en mayores recursos para la capacitación, la maquinaria de guerra y el intercambio de Inteligencia. Con los norteamericanos y otros 17 países de la región se constituyó la Coalición de las Américas contra los Carteles, que suma esfuerzos en la lucha contra la delincuencia transnacional.

La ofensiva generalizada contra el crimen se ha traducido en unas 32.000 capturas y la firma de 167 extradiciones, entre ellas la de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), jefe de los Comandos de Frontera y exnegociador de la “paz total”.

El Gobierno ha autorizado ocho bombardeos en este tiempo, que impactaron a las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo. El más mortífero fue el del 30 de agosto en Miraflores, Guaviare, que dejó 23 muertos del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia fariana que comanda Néstor Vera (“Iván Mordisco”).

Ese hecho dejó una de las imágenes más emblemáticas y polémicas de lo que lleva la administración, cuando De la Espriella se grabó caminando triunfante entre los cadáveres embolsados.

En cuanto a los objetivos de alto valor estratégico, se destacan las bajas de José Pérez Villanueva (“Cholo”) y Naín Pérez Toncel (“Bendito Menor”), de “los Pachenca”; Duván Castillo Cortés (“Max Max”), jefe de explosivistas del bloque Occidental del EMC; y Juan Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”), cabecilla del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).

A la fecha, el Gobierno se atribuye la captura o muerte de 36 cabecillas de distintas organizaciones.

Aun así, no ha conquistado los trofeos de guerra que De la Espriella declaró como objetivo militar antes de ponerse la banda presidencial: Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), del EMBF; Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”) y Carlos García Téllez (“Andrey Avendaño”), del ELN; al igual que “Iván Mordisco”, del EMC.

El jefe de Estado no ha logrado que despegue su plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos, a pesar de que dijo que lo haría desde el primer día, y todavía no es claro cuál es su estrategia antidrogas.

La lista de pendientes también incluye los buques-cárcel de la Armada, que por ahora no registran avances; y la eliminación del Inpec, para reemplazarlo por otra entidad carcelaria, que ni siquiera está en el borrador de algún proyecto de ley.

De la Espriella tiene razón cuando dice que los daños que una administración produjo en un cuatrienio no se pueden resolver en apenas 100 días. Esas afectaciones heredadas son palpables en el sector Defensa, cuando hay que enfrentar grupos armados que crecieron hasta sumar 29.000 integrantes, administrando grandes fortunas por la bonanza del narcotráfico y la minería ilegal de oro.

Por la floja administración y recortes presupuestales, “solo el 46% de la capacidad militar está disponible para realizar operaciones”, según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, lo que implica un descuido en el mantenimiento y compra de medios de transporte y logística.

Salud: “plan de choque”, deudas que siguen y cargos inestables

La vara para medir al presidente De la Espriella en materia de salud se la puso él en la campaña presidencial de la que salió vencedor. “Yo con $10 billones en 90 días estabilizo el sistema y no dejo que nadie se quede sin medicamentos y sin tratamientos. Y además, puedo pagarles a las EPS (entidades promotoras de salud) que lo están haciendo bien y a los médicos y al personal clínico y hospitalario”, prometió.

Hoy, a 100 días de iniciado su Gobierno, se puede asegurar que su plan en salud tiene el mérito de estar adelantando un “plan de choque” que prioriza a los pacientes más críticos y de haber marcado un camino totalmente opuesto al de su antecesor, pero tiene el pendiente de la incertidumbre por encontrar de dónde sacar los recursos para sostener un sistema que heredó destruido y con la contingencia inesperada del terremoto del 10 de agosto.

Estos más de tres meses han estado marcados por su intento de estabilizar un sistema golpeado por las deudas y las barreras para acceder a medicamentos, citas y procedimientos. A la par, retomó el buen trato con las EPS, organizaciones de pacientes y otros actores del sector que, para el Gobierno Petro, eran enemigos.

Sin embargo, también ha tenido sobresaltos, como la estabilidad en los cargos. La dirección de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) está en calidad de encargo de la viceministra de Protección Social, Marcela Brun, luego de que Iván Sánchez fuera declarado insubsistente cuando corría el segundo mes de su gestión. Esa entidad es clave, pues es el “banco de la salud” que se encarga de manejar la plata que sostiene el sistema. Y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud tuvo el nombramiento fugaz de Hannah Escobar, a quien la ministra Ana María Vesga le pidió la renuncia luego de una campaña de desprestigio que sufrió en redes sociales por parte de influenciadores aberladistas por sus posturas liberales (como en favor de la interrupción voluntaria del embarazo).

También ha estado marcado por mensajes cruzados. De la Espriella anunció que las EPS “inviables” deberían liquidarse ordenadamente, mientras Vesga habló de estabilizarlas. Según la Contraloría, de 23 EPS en operación solo cuatro —Aliansalud, Salud Total, Salud Mía y Sura— cumplían las condiciones financieras. La organización Pacientes Colombia advirtió que, por ejemplo, liquidar Nueva EPS (11,4 millones de afiliados) podría quebrar el sistema.

A junio de 2026, las 23 EPS analizadas por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud reportaban activos por $21,65 billones y pasivos por $40,35 billones: déficit patrimonial de $18,7 billones, 63% mayor que un año antes. Entre tanto, las cuentas por pagar sumaban $19 billones y las provisiones $20,4 billones.

A corte de junio de 2026, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) acumulaban deudas por $27,8 billones, según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas: 8,2% más que seis meses antes y con 60,5% vencidas. Nueva EPS encabezaba la lista, con $8,35 billones y $5,94 billones en mora. Nueve aseguradoras intervenidas o vigiladas concentraban el 65,7 % de la deuda total. La falta de pagos, vale recordar, provoca cierres de servicios, restricciones, demoras y saturación de los servicios de urgencias.

La apuesta principal del Ministerio de Salud fue el “Plan de Choque” para 1.069.196 pacientes con medicamentos, citas o procedimientos pendientes. Prioriza enfermedades de alto costo, crónicas y de riesgo, además de mujeres gestantes.

Además, para aliviar las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores, el Gobierno anunció una compra de cartera a cero interés y con un año de gracia. Sin embargo, no estaba claro de dónde saldrían los recursos. La ministra había solicitado $13 billones, pero las adiciones presupuestales pedidas fueron de $2 billones y otros $3 billones. Estos últimos quedaron en veremos luego de que se cayera el Presupuesto General de la Nación en el Congreso.

La crisis siguió reflejándose en casos de pacientes. El bebé Juan José Barroso murió tras esperar 20 días un traslado en Antioquia; mientras que otros usuarios denunciaron tratamientos interrumpidos y falta de medicamentos. Expertos valoraron el enfoque en pacientes críticos, pero advirtieron que continúan las dificultades para quienes necesitan atención rutinaria o crónica, así como las filas y demoras en consultas.

Resultados del “plan de choque”

Los resultados divulgados por el ministerio han necesitado precisiones. El 6 de octubre, el presidente De la Espriella anunció más de 7,2 millones de medicamentos entregados —31,2% de la meta— a 177.000 pacientes y 120.000 procedimientos resueltos. Después la entidad aclaró que eran unidades y no pacientes. Después informó que, al 14 de octubre, más de 300.000 personas registraban entregas y que el avance de 42,89% medía unidades dispensadas frente a pendientes.

Actualmente, el tablero de monitoreo al plan muestra un avance del 30,55% en los registros de cierres de medicamentos y procedimientos pendientes. Discriminado por personas con problemas de acceso a medicamentos, el avance es del 47,65 % y de acceso a procedimientos, del 20,31 %. Según esas cifras, 514.072 personas (27,79 %) tienen cerrados sus pendientes. No obstante, Pacientes Colombia ha criticado que ese tablero no tiene trazabilidad de esas cifras.

Por otra parte, el Minsalud expidió una resolución que habilitó a la Adres para otorgar créditos directos a las EPS para pagar deudas. El dinero irá a hospitales, clínicas y proveedores mediante giro directo y cubrirá servicios prestados, facturas validadas y deudas conciliadas. El Gobierno aclaró que no es un subsidio ni condonación, sino que tendrá intereses equivalentes a la inflación y plazos de hasta 12 meses de gracia y otros 12 para pagar. Las EPS deberán autorizar descuentos de sus giros y firmar convenios de desempeño y quedaron excluidas las que están en liquidación o retiro voluntario.

Retos a la vuelta de la esquina

La Corte Constitucional ordenó garantizar los recursos para la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata para que las EPS paguen la atención médica de sus afiliados, de 2027 con respaldo técnico y sin supeditarla a restricciones presupuestales. Vesga anticipó en una reunión en el Senado que habría un aumento de entre 12% y 13%, sujeto a estudios.

En 2025 dos autos de la Corte Constitucional declararon que la UPC es insuficiente para sostener la demanda de servicios de las EPS y ordenó ajustarla, pero el Gobierno de Gustavo Petro y su ministro, Guillermo Jaramillo, no lo acataron. El exfuncionario tiene abierto un incidente de desacato.

En el frente institucional, De la Espriella tendrá que enfrentar en el Congreso la resistida propuesta de la Ley de Rescate Fiscal que plantea subir del 5% al 19% el IVA a los programas de medicina prepagada, que alcanzó casi 1,5 millones de afiliados en 2026, un crecimiento superior al 35 % desde 2023. Entre tanto, los planes voluntarios sumaban 2,2 millones de usuarios en 2024, de los cuales el 66,5 % pertenecía a hogares con ingresos de menos de uno y hasta cinco salarios mínimos.

Sin ir más lejos, el balance inicial del Gobierno combina un cambio de interlocución con los actores del sector y medidas para priorizar pacientes y llevar recursos a los prestadores, en un contexto de crisis financiera, deudas crecientes y financiación incierta. Como le dijo un representante de organizaciones de pacientes “después de que en el Gobierno Petro tuvieran una postura de imponer y no resolver, celebramos que en el de Abelardo al menos son de puertas abiertas. Lo que no hay es plata y eso hace que la crisis no se vaya a resolver tan rápido ni que sea sencillo”.

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Ante quiebra del Ueno Bank renuncia presidente de Paraguay y ahorradores esperan su dinero

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El Congreso de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña por la crisis desatada con Ueno Bank.

Legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaron un juicio político en contra del mandatario, quien el jueves presentó su renuncia al cargo, en un gesto que fue interpretado como un intento infructuoso de evitar ser removido por el Congreso.

«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», comunicó Peña, en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.

Aseguró que su prioridad en este momento es «la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero»

«Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí», afirmó.

Cuando Ueno Bank celebró su transformación en banco a finales de 2023, sus directivos presumían de sus cifras.

Aseguraban que la entidad, que era relativamente nueva, ya contaba con más de 500.000 clientes y que habían logrado incorporar al sistema financiero a unas 140.000 personas que anteriormente no tenían cuenta bancaria.

«Esto recién está empezando», se jactó Juan Manuel Gustale, entonces presidente de Ueno Bank, durante las celebraciones en la Ueno SND Arena en Asunción.

Menos de tres años después de aquella afirmación, la historia dio un giro inesperado.

El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de disolución de Ueno Bank tras determinar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La noticia sorprendió a muchos. Apenas unas semanas antes, el banco era presentado como una de las grandes historias de éxito del sistema financiero paraguayo.

El colapso desató una crisis política por los vínculos que tanto el presidente Peña como el entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, habían mantenido con la entidad y su grupo empresarial.

La oposición acusó a Peña de conflictos de intereses, de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades.

La crisis se agravó el miércoles, cuando se anunció que la Cámara de Diputados sometería a voto si admitía la acusación contra Peña y daba paso a un juicio político por su presunta responsabilidad en el caso.

El expresidente de Paraguay y líder del gobernante Partido Colorado, Horacio Cartes, le dio uno de los últimos golpes políticos a Peña al anunciar la mañana del jueves que la formación oficialista respaldaría el juicio político en su contra.

«No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República», dijo en un comunicado.

Peña presentó su renuncia poco después, pero igual terminó siendo sometido al juicio político toda vez que el Congreso no llegó a aceptar su dimisión.

En septiembre de 2026, Ueno Bank aseguraba tener más de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes, lo que equivaldría a la mitad de los paraguayos.

También afirmaba procesar más de tres millones de transacciones al día.

Su disolución ahora abre interrogantes sobre cómo una entidad que experimentó un crecimiento tan acelerado en tan poco tiempo terminó en esta situación.

Orkun Saka, profesor e investigador de economía financiera en City St George’s, University of London, sostiene que el caso de Ueno Bank va mucho más allá de la mala gestión de una entidad financiera.

«Seamos claros sobre lo que ocurrió. Un banco perteneciente a un solo conglomerado empresarial terminó concentrando los ahorros de la mayoría de los adultos del país, además de cientos de millones de dólares de fondos de pensiones», le dice a BBC Mundo.

«Y, aun así, siguieron llegando fondos públicos. Esto no es simplemente la historia de un banco mal gestionado. Es un sistema en el que el banco, el organismo regulador y la Presidencia estaban tan estrechamente vinculados que ninguno parecía capaz de poner límites a los demás», añade.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de Paraguay para solicitar comentarios sobre el caso, pero no había recibido respuesta al momento de publicar este artículo.

https://youtu.be/EYCn9r-6P3c

1. ¿Qué es Ueno Bank?

Los orígenes de Ueno se remontan a 1976, con la fundación de Financiera El Comercio.

Tras 45 años de operaciones, la financiera fue adquirida por el Grupo Vázquez en abril de 2021, una operación que fue autorizada por el BCP en septiembre de ese año.

Dos años después obtuvo la autorización para convertirse en Ueno Bank, incorporándose así al sistema financiero paraguayo.

El naciente banco se consolidó en 2024 con la absorción de Visión Banco, una operación que incorporó a su cartera más de un millón de clientes, una extensa red de sucursales y una de las mayores bases de depósitos del sistema financiero paraguayo.

Ueno Bank aún es controlado mayoritariamente por el Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales e industriales más importantes de Paraguay, presidido por el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien se puso a disposición de las autoridades judiciales el martes después de que la Fiscalía ordenara su captura.

Entre los detenidos figuran además Juan Manuel Gustale, presidente de Ueno Bank; Julio Rey Fernández, vicepresidente; Mariana Torres Rubiani, directora titular; y los miembros del directorio Diego Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, Diana Leticia Mongelós González, vicepresidenta segunda de la entidad, y Miguel Ángel Almada Frutos, ejecutivo vinculado a Ueno Seguros y al Grupo Vázquez.

2. ¿Cuáles son los vínculos de Ueno Bank con la política?

Muchos críticos han puesto el foco en los vínculos entre Ueno Bank y sectores del poder político, especialmente en la relación del presidente Santiago Peña con empresas vinculadas al grupo que controla la entidad bancaria.

Peña figuraba como accionista de Ueno Holding, integrado por compañías como Ueno Seguros, itti y el Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank.

A principios de 2025, Peña afirmó que había dejado de ser accionista del holding y negó cualquier vinculo con el banco.

«Yo fui inversor, yo soy economista, me especialicé en Finanzas, hice una inversión hace seis años en la casa de Credi Centro, que se convirtió eventualmente en Ueno Holding, nunca fue el banco Ueno, yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno», declaró a la prensa en abril de 2025.

Muchos también cuestionan el papel de Carlos Carvallo Spalding, quien ofreció su renuncia como presidente del Banco Central del Paraguay en medio de la controversia.

Antes de asumir ese cargo en agosto de 2023, Carvallo había sido presidente de la Financiera Ueno.

El economista Orkun Saka advierte de que este tipo de vínculos pueden minar gravemente la credibilidad de las instituciones de un país, incluso cuando no se demuestren irregularidades.

«La regulación depende de que la sociedad confíe en la imparcialidad de quien debe supervisar. Cuando el presidente del Banco Central dirigió anteriormente el banco que ahora le corresponde vigilar y el presidente del país fue socio empresarial de sus propietarios, esa confianza se rompe. En ese contexto, incluso si las decisiones fueron técnicamente correctas, será difícil que la gente crea que lo fueron».

Saka añade que la pérdida de confianza puede ser una de las consecuencias más costosas y duraderas de una crisis financiera como esta.

3. Rápida transformación

El proceso de transformación de Ueno en banco culminó en noviembre de 2023, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP), presidido por Carlos Carvallo Spalding, la aprobó.

La relación de confianza entre ambos quedó patente en varias ocasiones. Una de ellas fue durante el acto de toma de posesión de Carvallo, cuando el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, lo elogió públicamente y afirmó que «no solo es buena persona y buen profesional, es sobre todo un gran amigo».

«Ni yo ni el presidente Peña podemos pensar en mejores manos para encargarse del BCP de aquí en adelante y hacer todo lo que queremos y debemos hacer por todos los paraguayos en estos cinco años», añadió.

4. Transferencia de fondos públicos

Poco después de su entrada en el mercado bancario, Ueno Bank comenzó a captar depósitos de organismos públicos.

Para el momento de su intervención, Ueno administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos. Entre ellos figuraban recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidos fondos destinados a jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales

Desde la oposición se afirma que los vínculos merecen mayor escrutinio.

El senador opositor Rafael Filizzola ha tildado el caso como «la estafa desde el poder político más grande de la era democrática».

«Se trata de un banco creado desde el poder político, para usar dinero público en negocios particulares, vinculados al poder político, con el presidente de la República a la cabeza», le dijo a la radio 1020 AM.

Asimismo, aseguró que el monto en el caso podría ser «algo así como US$3.000 millones, según lo que sabemos».

Pie de foto,Fuerte presencia policial ante el edificio del Congreso, donde se debate el posible juicio político al mandatario paraguayo.

Mientras tanto, los clientes de Ueno Bank siguen el caso con preocupación. Algunos han salido a las calles a protestar, mientras esperan saber cuándo y cuánto podrán recuperar de sus ahorros.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos US$38.000) por ahorrista.

Las autoridades afirmaron que el primer pago, de hasta 121,7 millones de guaraníes, ya comenzó a tramitarse, pero los que tienen depósitos superiores a esa cantidad siguen esperando saber cuándo y cómo podrán recuperar el resto de su dinero.

Saka advierte de que las consecuencias de esta crisis podrían extenderse mucho más allá de las próximas semanas.

«La verdadera prueba no está en lo que ocurra en los próximos días, sino en cómo se gestione la crisis en los próximos años», afirma.

«Si las medidas adoptadas sirven para proteger a los ahorristas y a los contribuyentes o si terminan beneficiando, una vez más, a quienes tienen conexiones con el poder».

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Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la seguridad en Caracol y otros medios nacionales

El pronunciamiento lo hizo en la mañana de este 8 de noviembre, luego de la evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión, en Bogotá, por una amenaza de bomba registrada ayer en la noche (7 de noviembre).

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó reforzar la seguridad de Caracol TV, Caracol Radio, RCN y SEMANA, tras las alertas de inteligencia sobre “posibles atentados terroristas del ELN” contra las instalaciones de estos medios de comunicación.

El pronunciamiento lo hizo en la mañana de este 8 de noviembre, luego de la evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión, en Bogotá, por una amenaza de bomba registrada ayer en la noche (7 de noviembre). Aunque durante la inspección no se encontraron explosivos, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante la información recibida.

A través de X, De la Espriella aseguró que impartió instrucciones para que los organismos del Estado concentren sus capacidades en proteger a los medios, sus periodistas, trabajadores y familiares: “¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!”.

Y advirtió que su Gobierno no permitirá que las amenazas de grupos armados afecten el ejercicio periodístico: “La libertad de prensa es sagrada y se respeta. Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, afirmó.

En otro apartado de su mensaje, De la Espriella sostuvo que el Estado mantendrá su autoridad frente a las amenazas y manifestó su respaldo a los periodistas del país: “¡AQUÍ NO GOBIERNA EL TERRORISMO! ¡AQUÍ IMPERA LA LEY Y LA AUTORIDAD DEL ESTADO!”, agregó: “Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos”, concluyó.

Alcaldía de Bogotá activó organismos de inteligencia tras amenazas contra medios de comunicación

La Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, compartió información de seguridad con medios de comunicación y con el Gobierno Distrital. Ante esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó, por medio de la Secretaría de Seguridad, la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el propósito de que los organismos de inteligencia y seguridad analizaran la información. La Policía Metropolitana de Bogotá también adoptó medidas preventivas relacionadas con la alerta.

Por otro lado, desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó su solidaridad con los periodistas, trabajadores y familiares de Caracol Televisión y Caracol Radio: “La gente no puede vivir con miedo”, escribió en X, en la que también pidió enfrentar a los grupos terroristas: “Los terroristas nunca triunfarán. Hay que derrotarlos, es ahora o nunca. Sabemos quiénes son sus amigos y aliados. Quieren volver al poder. Hay que impedirlo”.

Gutiérrez también cuestionó la política de Paz Total del Gobierno anterior y afirmó: “Durante los cuatro años de la mal llamada ‘Paz Total’, los grupos armados ilegales crecieron un 90%. Pasaron de 15.000 a casi 29.000 integrantes”.

Finalmente, se refirió a la Ley de Sometimiento a la Justicia sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella: “A muy buena hora el presidente @ABDELAESPRIELLA sancionó la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia. Cero reconocimiento político e impunidad. Se les acabó la guachafita. En Colombia los que tienen que sentir miedo son los criminales, no los ciudadanos”.

Caracol Radio alertó sobre posibles atentados

Caracol Radio, en la noche del 7 de noviembre, había confirmado que recibió información de las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación. La cadena radial informó que, tras conocer la alerta, activó los protocolos de seguridad para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes:

“En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes”, señaló la empresa.

En su pronunciamiento, la emisora también advirtió que garantizar la seguridad de quienes trabajan en los medios es indispensable para el ejercicio periodístico y la democracia: “Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”, concluyó.

También, la evacuación de Caracol Televisión se produjo durante la emisión del noticiero de las siete de la noche. Personas vinculadas con el canal le contaron a este medio que el jefe de emisión salió corriendo y pidió a todos los que estaban en el edificio que hicieran lo mismo.

Cerca de las 9:30 p. m., Caracol Televisión confirmó en sus redes sociales que había recibido información de las autoridades sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal y que había adoptado medidas para proteger a su personal y sus instalaciones.

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