En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.

En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
2. Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
3. La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
4. Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.

Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.

5. Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.

La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.

En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.

La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.

La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría el “Libro de la Verdad” en el que presenta una serie de denuncias sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro. El mandatario se acompañó de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

El segundo al mando aseguró que en este libro se exponen nueve comportamientos “asociados a prácticas que pueden fomentar la corrupción, documentados en 82 casos que hoy presentamos al país en el Libro de la Verdad”.

El evento realizado en la Universidad del Externado tuvo como fin la exposición de algunos de estos casos y se ratificó la coordinación que tendrán desde el Ejecutivo con los órganos de control y el Ministerio Público. “Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo el presidente.

En el libro, publicado por la revista Semana y luego reproducido por otros medios, que consta de 135 páginas, hay un punto que se titula “Hallazgos en materia de corrupción y balance de acciones frente a estas situaciones – Equipo Élite Anticorrupción”.

“Desde que fui designado por el Presidente de la República como director del Empalme Anticorrupción, iniciamos un trabajo riguroso con más de 1.200 profesionales voluntarios que asumieron uno de los mayores desafíos de este Gobierno: realizar un inventario y un análisis forense de las condiciones en las que recibimos el Estado”, dijo Restrepo respecto a ese equipo anticorrupción al que se hace referencia en el libro.

En ese tercer capítulo se explica que el objetivo era “identificar oportunamente estas situaciones, analizar la información disponible y, cuando los hallazgos así lo justificaron, activar los mecanismos institucionales de control mediante solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales o actuaciones judiciales”.

Además, se lee que en algunas de esas ocasiones esas investigaciones “produjeron resultados inmediatos, como la suspensión de procesos contractuales o actos administrativos, la apertura de investigaciones previa solicitud nuestra y la adopción de medidas preventivas”. Y también, “poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que requerían una evaluación más profunda para determinar la eventual existencia de responsabilidades”.

está relacionado con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta. Según el libro del nuevo gobierno las irregularidades están en el proceso de contratación para construir una planta desalinizadora en Santa Marta, por cerca de COP 786.000 millones.

En el proyecto, cuyos documentos iniciales fueron publicados el 18 y 19 de junio de 2026, se asegura que “se encontraron posibles cambios frente al proyecto inicialmente aprobado, inquietudes sobre la deficiencia de los estudios previos y de mercado, asuntos técnicos que quedaban bajo definición del futuro contratista y el aparente desconocimiento del CONPES que servía de derrotero para el proyecto”.

En este libro dice que, tras revisar la documentación, el 25 de julio el Equipo Élite solicitó a la Procuraduría medidas preventivas sobre el proceso. Cuatro días después, el 29 de julio, el Ministerio Público pidió suspender provisionalmente la contratación para evaluar sus condiciones técnicas, jurídicas y financieras.

El segundo caso tiene que ver con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), específicamente con la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026. “Mediante esta decisión se declararon hábiles los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026 (sábados, domingos y festivos) para adelantar actuaciones precontractuales, contractuales, administrativas y presupuestales, sin reconocimiento de horas extras, en un momento en el que el Gobierno se encontraba próximo a finalizar su período”, se lee en el texto.

En ese sentido, el nuevo gobierno expresa que el 9 de julio de 2026 se presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo en cuestión. El 28 de julio de 2026, “el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos de la resolución al considerar que la habilitación extraordinaria de esos días podía tener efectos sobre el desarrollo de los procesos de contratación”.

Reforma Agraria

En el libro se expresa que se le estaba haciendo seguimiento a la implementación de la reforma agraria del gobierno Petro con “especial atención”. De esta manera, aseguran que había algunas complicaciones con el mecanismo utilizado para la adquisición de predios destinados al Fondo de Tierras y a la forma como se estaban realizando los desembolsos y las titulaciones de los predios.

El equipo de “empalme anticorrupción” advirtió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó COP 1 billón para adquirir predios, pese a que una parte importante de los pagos se realizó antes de culminar la transferencia y registro de los inmuebles.

De 537 predios analizados, solo tres habían sido debidamente titularizados, según los análisis del equipo designado por De la Espriella. Posteriormente, se presentó denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria, y se resaltó la necesidad de reforzar el seguimiento a la adquisición de tierras con recursos públicos.

Caminos comunitarios para la paz

Respecto a la iniciativa de “Caminos comunitarios de la Paz Total” promovida por la administración Petro, “e identificaron recursos destinados a la intervención de infraestructura por más de COP 612.000 millones, que se comprometieron con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y que derivaron en una ejecución muy baja”, se lee en el texto presentado por De la Espriella y Restrepo.

Además, según ellos, en algunos de los municipios se había girado la totalidad de los recursos “pese a que las obras no registraban avance físico. Por ejemplo, en Antioquia, seis convenios por más de COP 2.289 millones presentaban ejecución presupuestal del cien por ciento, mientras las intervenciones permanecían suspendidas y con avance físico del cero por ciento”. El equipo de De la Espriella interpuso una denuncia penal ante las autoridades.

Unidad Nacional de Protección (UNP)

La contratación de servicios de protección de las zonas 1 y 2 del país “que agrupan territorialmente a diferentes departamentos de Colombia para gestionar trámites, asignaciones operativas, esquemas de protección y desplazamientos”, adelantada por la UNP por más de COP 78.000 millones con el objetivo de “garantizar la prestación del servicio de escoltas para las personas beneficiarias de los esquemas de protección”, fue revisada por el equipo. Y planteó interrogantes sobre la delimitación del objeto contractual y la exclusión de otras zonas estratégicas.

Un registro instrumental de entre 90 segundos y dos minutos en las estaciones más cercanas al epicentro fue el balance técnico de tiempo entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) de la duración del fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.

La cifra oficial revelada por la entidad especializada a través de una publicación en redes sociales respondió, según ellos, a la interrogante más recurrente de todos los ciudadanos colombianos posterior al evento telúrico: “¿Cuánto duró?”.

Ante la disparidad de testimonios de la población sobre la percepción del tiempo de la sacudida, la entidad especializada aclaró que la duración de un temblor abarca tres conceptos técnicos importantes e independientes: el tiempo percibido por los habitantes, el tiempo registrado por la instrumentación y la duración exacta del movimiento en la falla de origen.

El reporte técnico del Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló a través de la publicación que los sismómetros monitorean hasta movimientos del suelo imperceptibles para las personas.

Por esta razón, mientras la población puede percibir una sacudida durante contados segundos, las estaciones de monitoreo captan las ondas durante varios minutos. De acuerdo con el SGC, “en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”.

En el evento reportado este lunes en San José del Palmar, la red de monitoreo registró un rango de movimiento significativo que fluctuó entre un minuto y medio y dos minutos en las zonas inmediatas al epicentro, es decir, el resto de lugares afectados.

Respecto a la sensación individual de los ciudadanos —algunos de los cuales afirmaron haber sentido el temblor durante mayor o menor tiempo—, la institución explicó que la percepción no es uniforme. Esta variación depende de la distancia al hipocentro (el punto interior de la Tierra donde inicia la ruptura), la tipología de las edificaciones y las condiciones topográficas y geológicas del suelo.

El tipo de terreno desempeña un rol determinante en la propagación sísmica. En superficies compuestas por rocas rígidas, las ondas tienden a amplificarse en menor medida. Por el contrario, los suelos blandos presentan una tendencia a amplificar las ondas, prolongando el movimiento percibido.

La entidad concluyó que la respuesta a la pregunta “¿cuánto duró el sismo?” depende de si la evaluación se realiza desde la duración percibida por la población, la registrada por los instrumentos de medición o la ocurrida en la fuente sísmica.

De acuerdo con el más reciente balance oficial emitido por las autoridades nacionales, la emergencia deja de manera preliminar 111 personas fallecidas, 87 heridos y más de 100 desaparecidos, con las mayores afectaciones concentradas en los departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

¿Cuánto tiempo duró el sismo del 10 de agosto en Colombia según el registro oficial?

Las estaciones de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) más cercanas al epicentro en San José del Palmar, Chocó, registraron entre 90 segundos y 2 minutos (de 1:30 a 2:00 minutos) de movimiento significativo.

¿Por qué algunas personas sintieron el temblor más largo o más corto que otras?

La percepción individual de la duración varía según la distancia al hipocentro, el tipo de edificación y las condiciones del suelo donde se encuentre cada persona. Los suelos blandos suelen amplificar la vibración y hacer que se sienta por más tiempo, mientras que las rocas rígidas amortiguan el movimiento.

¿Cuál es la diferencia entre la duración percibida y la duración instrumental de un temblor?

La duración percibida es el tiempo durante el cual un ser humano alcanza a sentir la sacudida, mientras que la duración instrumental mide el tiempo total en que los sismómetros captan las ondas. Como los equipos detectan vibraciones imperceptibles para las personas, el registro instrumental suele ser considerablemente más largo.

¿El Servicio Geológico Colombiano puede predecir cuánto va a durar un temblor antes de que ocurra?

No. Ni la duración, ni la magnitud, ni la hora exacta de un sismo se pueden predecir. El SGC únicamente puede calcular la duración de las ondas e informarla una vez que los instrumentos de monitoreo han registrado el evento en tiempo real.