Ya fue aprobada la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República y sancionada este miércoles en la noche por el presidente Abelardo de la Espriella.

Esta norma fue una de las principales promesas de Abelardo de la Espriella, quien ha planteado una política de mano dura para combatir a los grupos ilegales, en contraposición al modelo de Gustavo Petro y su fallida apuesta de “paz total”.

La nueva ley establece condiciones más estrictas para quienes pretendan someterse a la justicia, sin mesas de negociación política, sin gestores de paz y sin las suspensión automática de órdenes de captura o extradiciones.

La aprobación de la propuesta supone un cambio en el marco jurídico para enfrentar a estructuras criminales. El debate ahora estará en su aplicación y en si las reglas logran traducirse en resultados frente a la violencia y el control territorial de los grupos.

”Se acaban las mesas de negociación, se acaban los gestores de paz. Aquí no les suspenderán la orden de captura ni la extradición a nadie”, afirmó el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien destacó las disposiciones para impedir que los responsables del reclutamiento de menores accedan a los beneficios contemplados en la norma.

La ley estipula un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de organizaciones criminales que se sometan a la justicia y cumplan las condiciones establecidas.

Aun así, solo habrá acuerdo de sometimiento a la justicia ordinaria, no se crearán tribunales particulares para resolver la situación jurídica de los desmovilizados.

Esta norma se aplicará de la misma manera a las guerrillas y a otras estructuras de crimen organizado, sin un trato diferenciado; en el pasado se les proporcionaba un tratamiento legal distinto a los grupos de origen rebelde, como el ELN y las Farc.

Una de las innovaciones es que el proceso de acercamiento y desarme no será eterno: durará máximo tres meses, prorrogables solo una vez, y estará a cargo del Ministerio de Justicia. Antes, las conversaciones podían prolongarse durante años, y estaban en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Los beneficios que contempla la Ley de Sometimiento están sujetos a compromisos como la entrega de armas, bienes ilícitos, información y colaboración con las autoridades.

El grupo que quiera someterse debe presentar la lista de integrantes y financiadores, bienes, secuestrados, menores reclutados y campos minados, así como datos sobre sus actividades de narcotráfico.

Los cabecillas que cumplan los requisitos, podrán aspirar a una rebaja de máximo 30% de la pena, siempre y cuando no sea inferior a 10 años. Si reclutaron menores de edad, la rebaja será solo de 10%.

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A los integrantes rasos de los grupos sometidos, en cambio, se les ofrecerá rebaja de hasta el 50% de la pena, si cumplen con sus compromisos. Si reclutaron menores, será del 30%

Los integrantes rasos podrán obtener libertad condicional al cumplir cuatro quintas partes de la pena (4/5); y si cooperan con información estratégica para la justicia, con las dos quintas partes (2/5).

Los financiadores y testaferros de la organización tendrán una pena mínima de 6 años, con derechos a suspensión de la misma si cumplen todos los compromisos.

Entre las innovaciones también vale la pena destacar que las víctimas tienen la posibilidad de vetar las suspensiones de la pena y las libertadores condicionales, en caso de que no sean resueltas sus demandas.

No se frenan las capturas Otro de los puntos a resaltar es que acogerse al procedimiento no significará que se suspendan las órdenes de captura o los procesos de extradición, como sucedía con los gestores y negociadores de paz en el Gobierno Petro.

La diferencia es relevante, porque el sometimiento no supone una garantía automática de libertad ni una protección frente a las actuaciones de las autoridades judiciales.

Este fue uno de los asuntos más sensibles durante la discusión legislativa, por las controversias alrededor de los beneficios penales y el tratamiento que recibirían los responsables de estas conductas.

El alcance de la ley no se medirá por la eliminación de las mesas de negociación o de los gestores de paz, sino por su capacidad para conseguir que los grupos ilegales aban- donen sus actividades, colaboren con la justicia y permitan avanzar en la reparación de víctimas.

Ese será el principal desafío para el Gobierno: convertir el nuevo marco jurídico en resultados concretos en los territorios.

La ley establece condiciones e incentivos penales, pero su efectividad dependerá de la capacidad institucional para verificar los compromisos y evitar que las organizaciones utilicen el mecanismo para reorganizarse o mantener sus economías ilegales.

Discusión con la JEP

El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, por sus cuestionamientos a la Ley de Sometimiento, luego de que señalara similitudes entre esa iniciativa y el modelo de justicia transicional de esa jurisdicción.

“Yo escuché el otro día al doctor Ramelli decir que esta ley era más parecida (a la JEP), y nada tiene de parecido. Esta ley es rigurosa, es de verdad al servicio de la ciudadanía, del pueblo”, afirmó.

Y añadió que “la niñez es una de las prioridades de este Gobierno y, obviamente, la niñez en el conflicto o en la operación de grupos terroristas al margen de la ley ha sido víctima. De tal manera que la víctima está en el centro de la ley de sometimiento”. Durante sus declaraciones del 26 de octubre, el magistrado señaló que le llamaba la atención encontrar en el proyecto mecanismos que ya aplica la JEP, como la búsqueda de desaparecidos, labores de reparación a víctimas y participación en programas restaurativos.

La fallida política de paz total

En el gobierno de Gustavo Petro se instauró la política de “paz total” con la Ley 2272 de 2022, que lo facultó para sostener diálogos con toda clase de grupo armado, desde guerrillas hasta bandas urbanas.

Se instalaron 12 mesas de conversación y en las más avanzadas se acordaron treguas y zonas de ubicación temporal de combatientes; pero ninguna llegó a feliz término.

Los grupos ilegales aprovecharon las gabelas para fortalecerse económica y territorialmente.

La política de paz se destiñó cuando salieron a la luz supuestos acuerdos bajo la mesa para despedir a oficiales de la Fuerza Pública y bloquear las investigaciones judiciales a cambio de votos.

Antonio Navarro Wolff, uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1991, murió ayer a los 78 años. Su familia confirmó, mediante un comunicado, que falleció a las 2:42 de la tarde. En la carta, pidieron que su despedida se realizara en la intimidad familiar y anunciaron que, posteriormente, informaría los detalles de sus exequias.

Las reacciones tras su fallecimiento, desde todas las orillas políticas, confirman que Navarro, con su talante de izquierda democrático, hizo bien su trabajo como congresista, alcalde y gobernador. Sostuvo diálogos con todos los líderes políticos de su generación sin importar el partido o la tendencia.

Hizo parte de la historia del país

La vida de Navarro Wolff estuvo atravesada por algunos de los episodios más determinantes de la historia reciente del país, fue uno de los principales dirigentes del antiguo grupo guerrillero M-19, sobrevivió a un atentado que le hizo perder una pierna y quedar con una prótesis, participó en las negociaciones que llevaron a esa guerrilla a dejar las armas, asumió la candidatura presidencial después del asesinato de Carlos Pizarro y terminó sentado, en 1991, junto a dirigentes de los partidos tradicionales para presidir la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la nueva Constitución.

Después fue ministro, alcalde, gobernador, representante a la Cámara y senador. Nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948. Fue el mayor de siete hermanos y durante su infancia vivió en distintas ciudades, entre ellas Cali y Medellín, por las dificultades económicas que enfrentó su familia. Hijo de Rafael Navarro y Emma Wolff.

Su padre, quien tenía una agencia comercial de Coltejer, perdió parte de su patrimonio después de una inversión agrícola. En su casa, según recordaría años más tarde en una entrevista con El Espectador, se hablaba de política y de las actuaciones de los organismos de inteligencia durante la época de la violencia.

También conservaba imágenes de su infancia en Pasto, como las calles cubiertas de ceniza después de las erupciones del volcán Galeras. Estudió en el colegio Santa Librada de Cali y luego ingresó a la Universidad del Valle, donde se graduó como ingeniero sanitario en 1972. Allí también cursó una maestría en Ingeniería Industrial y de Sistemas.

En 1976 viajó a Inglaterra para especializarse en Ingeniería del Medio Ambiente en la Universidad de Loughborough, con el respaldo de becas de la Fundación Rockefeller, el Consejo Británico y el International Development Research Center de Canadá.

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la política colombiana, desarrolló una carrera académica, fue profesor de la Universidad del Valle, director del programa de Ingeniería Sanitaria, asesor del Departamento de Medicina Social y coordinador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo Rural.

Detrás de su trayectoria pública estuvo una vida familiar marcada por los costos de la clandestinidad y la guerra, tuvo dos matrimonios y tres hijos, reconoció largos periodos de ausencia y habló del dolor por la muerte de su hijo Gabriel, en 2015. En sus balances personales admitió el impacto de la lucha armada sobre sus seres queridos, aunque sostuvo sus decisiones políticas.

Las reacciones políticas

Ante la noticia de su partida, el senador Iván Cepeda expresó su admiración por Navarro, a quien calificó como “uno de los dirigentes más destacados de las izquierdas y el progresismo en Colombia”.

Resaltó su serenidad en momentos decisivos y sus convicciones democráticas y sociales, que, dijo, hacen parte del legado político del país. “Vivirá siempre en nuestra memoria”. Desde otro sector político, el expresidente Iván Duque manifestó su solidaridad con la familia y recordó que compartió con Navarro durante su paso por la Comisión Tercera del Senado y en la actividad legislativa.

Aunque reconoció las diferencias políticas que los separaban, destacó que lograron construir una amistad basada en la sinceridad, la franqueza y el respeto.

También resaltó su papel como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe (ver foto), y señaló que su trayectoria representa la voluntad de buscar acuerdos en beneficio de Colombia después de dejar atrás el camino de la violencia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se unió a los mensajes de condolencia. Recordó que, pese a sus diferencias de pensamiento, mantuvieron una relación respetuosa, especialmente, durante el periodo en que Navarro fue gobernador de Nariño y él estaba al frente del Gobierno.

Por su parte, el exnegociador de paz Humberto de la Calle rememoró los momentos que compartieron durante la elaboración de la Constitución de 1991, cuando Navarro ejerció como presidente de la Asamblea y él se desempeñaba como ministro delegado del Gobierno.

Resaltó su vocación de servicio, inteligencia y liderazgo constructivo, y aseguró que buena parte de la Constitución, resultado de un amplio consenso nacional, se le debe a su participación.

La representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, evocó que Navarro fue uno de los arquitectos de la apertura democrática y del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991. Según señaló, su legado permanece en la Carta Política y en la convicción de que el perdón, la paz y el diálogo no representan debilidad, sino grandeza.

El exalcalde de Bogotá “Lucho” Garzón, quien también compartió escenarios políticos con Navarro, destacó su transparencia, audacia, coraje y carácter, pero especialmente su espíritu democrático. Consideró que una de las maneras de rendirle homenaje es defender la Constitución de 1991, frente a quienes, en sus palabras, pretenden destruirla.

Vale la pena mencionar que Navarro ingresó al Congreso, inicialmente, como representante a la Cámara por Bogotá en el periodo 1998-2002 bajo el movimiento Vía Alterna, logrando la mayor votación de dicha jornada.

Luego, dio el salto al Senado para el cuatrienio 2002-2006, alcanzando la segunda votación más alta. Tras ocupar otros cargos ejecutivos territoriales, Navarro Wolff regresó a la corporación como senador entre 2014 y 2018 con el aval de Alianza Verde.

Su paso por el M-19

Su camino, sin embargo, dio un giro en 1974, cuando se vinculó al Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera que había surgido en medio de las controversias por las elecciones presidenciales de 1970 y las denuncias de fraude que rodearon la derrota de Gustavo Rojas Pinilla.

Su acercamiento al grupo estuvo relacionado con su participación en el movimiento estudiantil de la Universidad del Valle, donde había sido representante de la organización estudiantil de Ingeniería.

Desde allí comenzó a involucrarse en las discusiones políticas y sociales que atravesaban el país. Navarro, de acuerdo con registros de inteligencia militar consultados por EL COLOMBIANO, era reseñado para esos años con los alias de Adán o Mario.

Además, hacía parte del Mando Central como el ”segundo en línea” de la organización armada (ubicándose detrás del comandante general Carlos Pizarro León-Gómez y por encima de Gustavo Arias Londoño, alias Boris).

En los informes figuraba como responsable de la Móvil del Cauca. Según los resúmenes de antecedentes, la inteligencia militar le atribuyó presuntamente haber dirigido la toma de las instalaciones del diario El Caleño, así como también que supuestamente dirigió la construcción de una de las denominadas ”Cárceles del Pueblo”.

Su nombre, así, quedó asociado a una guerrilla responsable de acciones armadas que marcaron la historia nacional, como el robo de la espada de Simón Bolívar, la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980 y la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, así como otras decenas más de operaciones armadas en el país.

En 1984 y 1985, durante el gobierno de Belisario Betancur, Navarro participó junto con Pizarro en los primeros acercamientos de paz entre el M-19 y el Gobierno.

En medio de los diálogos de paz con el gobierno de Betancur, que terminaron frustrados por las tensiones políticas y el escalamiento de la violencia, Antonio Navarro Wolff sufrió un atentado que cambió su vida.

El 23 de mayo de 1985, una granada explotó en un establecimiento de Cali donde se encontraba con otros integrantes del M-19. Perdió la pierna izquierda y sufrió daños en el nervio hipogloso que afectaron su capacidad para hablar.

Fue trasladado a México y luego a Cuba para recuperarse. La toma del Palacio de Justicia, perpetrada por el M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985, lo sorprendió en La Habana.

Tras el fracaso de los diálogos con Betancur, Navarro participó junto con Carlos Pizarro en las conversaciones de paz con el gobierno de Virgilio Barco. El 9 de marzo de 1990 se firmó el acuerdo que llevó a la desmovilización del M-19 y su transformación en la Alianza Democrática M-19.

Sin embargo, el proceso sufrió un golpe semanas después, cuando Pizarro, candidato presidencial y cuya fórmula vicepresidencial era Navarro, fue asesinado el 26 de abril de ese año. Navarro asumió entonces la candidatura y obtuvo cerca de 740.000 votos en las elecciones del 27 de mayo, en las que quedó tercero, detrás de César Gaviria y Álvaro Gómez Hurtado.

En 1991, Navarro fue designado ministro de Salud durante el gobierno Gaviria y luego elegido copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. Los tres condujeron a la promulgación de la Constitución el 4 de julio de ese año. En 1994 volvió a aspirar a la Presidencia, pero obtuvo menos del 4% de los votos.

Durante esa campaña protagonizó una inesperada irrupción en un debate televisado en Inravisión, al que solo habían invitado a Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Con ayuda de integrantes del sindicato del canal, Navarro apareció en el set, provocando la molestia de los moderadores y la interrupción de la transmisión. Después, se concentró en la política regional, en 1995 fue elegido alcalde de Pasto y recibió, en 1998, un reconocimiento como mejor alcalde de ciudades intermedias.

Fue uno de los fundadores del Polo Democrático, aunque en 2006 la candidatura presidencial quedó en manos de Carlos Gaviria Díaz. En 2007 fue elegido gobernador de Nariño, cargo que ejerció desde enero de 2008.

Después ocupó brevemente la Secretaría de Gobierno de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, pero renunció en marzo de 2012 por diferencias con el entonces alcalde. En 2014 regresó al Senado con cerca de 55.000 votos. Navarro también fue uno de los articuladores de la alianza entre Progresistas y el Partido Verde, que dio origen a la Alianza Verde.

Apenas lleva tres meses y el Gobierno Nacional ha tenido debates importantes en el Congreso en los que ha medido su capital político, pero ahora llegó el momento de una discusión más sensible porque toca el bolsillo de la gente. La propuesta encontró apoyos políticos para recortar gasto estatal, pero sobre todo polémica por el posible aumento de impuestos.

La diferencia quedó expuesta entre sus propios aliados. Si bien la mayoría de congresistas vieron con buenos ojos las medidas de austeridad, advirtieron que no acompañarán disposiciones que, a su juicio, trasladarían el ajuste también a las familias y al campo. Los reparos llegaron incluso desde Salvación Nacional, el partido que respaldó la candidatura del presidente.

La representante Carol Borda y la senadora Sara Castellanos marcaron distancia frente a las nuevas cargas tributarias. A sus advertencias se sumaron los pronunciamientos de las senadoras María Lucía Villalba del Nuevo Liberalismo y María Clara Posada del Centro Democrático, quienes reconocieron lo positivo de la iniciativa en la reducción del Estado, pero anunciaron restricciones a su apoyo.

Otra arista que abre este debate es si existe una posible “improvisación” del Gobierno. Sobre todo, luego la sorpresa que se pudo notar de las bancadas afines, pues hasta integrantes de Salvación Nacional como Carol Borda anunciaron que su voto era un “rotundo no” al aumento de impuestos.

Hay un antecedente reciente en esa misma línea cuando se hundió el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por un vicio de trámite legislativo que le costó el puesto a Rodrigo Lara.

“No cuenten conmigo”

Uno de los puntos más en los que convergen varios congresistas se resume en el pronunciamiento de la senadora por el Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba. Reconoció que es positiva la reducción del gasto en contratos de prestación de servicios y la disminución propuesta para la renta empresarial, pero cuestionó las modificaciones al IVA de productos del día a día, como el café o los frijoles.

“Este PL tiene medidas positivas que debemos reconocer: reducir en un 50% el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027 y bajar el impuesto de renta empresarial del 35% al 31% a partir de 2028 son pasos hacia un Estado más austero y competitivo”, manifestó.

Pero anunció que no acompañará el aumento del IVA del 5% al 19% para productos como el café, el azúcar y los aceites, ni los gravámenes sobre algunos insumos agropecuarios que hoy están exentos.

“En el caso del café, deberíamos estar promoviendo su consumo, no encareciéndolo”, dijo. En esto, María Clara Posada coincidió.

Pero sí celebró los beneficios a la inversión, la reducción del gasto en nómina y contratistas, la disminución progresiva de la renta corporativa y los recortes en eventos, pauta oficial y gastos no esenciales.

Entretanto, los cuestionamientos desde la oposición fueron más amplios. El senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) sostuvo que las disposiciones de esta ley encarecerían la vida de los colombianos. “Una reforma económica no puede convertirse en una factura más cara para las familias”, afirmó.

¿Habrá mayorías?

El tema de la votación tiene matices. Una de las bancadas más necesarias para que este Gobierno logre las mayorías en sus propuestas en el Congreso es el Centro Democrático. Pero actualmente la relación entre el Ejecutivo y el uribismo se ha ido resquebrajando poco a poco.

Es posible, según fuentes, que exista una desarticulación entre lo que propone el Gobierno y la participación previa de bancadas afines.

Ahora bien, reiteró que el partido respalda la reducción del gasto, la burocracia y las entidades con funciones duplicadas, pero mantiene reparos frente a nuevas cargas tributarias, especialmente para la clase media y las empresas.

Sin embargo, aclaró que el partido todavía no ha tomado decisiones de fondo sobre la Ley de Rescate. La bancada de senadores y representantes se reunirá el próximo jueves 5 de noviembre con el expresidente Álvaro Uribe para analizar técnicamente el articulado.

El senador reconoció que el Ejecutivo necesita recursos para atender las dificultades en salud, el sector mineroenergético y la reconstrucción tras el terremoto. A su juicio, esa discusión debe entender la situación fiscal heredada que le dejó la administración Petro a De la Espriella.

“El presidente recibió un gobierno completamente desfalcado y quebrado”, señaló. Por otro lado, en entrevista con Blu Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que ya habló con De la Espriella.

Según explicó el exmandatario, el jefe de Estado le habría dicho que “la situación del país es muy grave, pero el Gobierno está abierto a escuchar opciones”.

Lo que deja clara esa llamada es que el Gobierno sabe que necesita a los 47 congresistas del uribismo si quiere que el proyecto se convierta en ley. Como le dijo una fuente enterada de las movidas del Capitolio a este diario, el Centro Democrático “se ve como un socio que va a cobrar caro su voto: apoya los recortes, pero le dice al Gobierno que la parte tributaria tendrá que negociarla con ellos”.

Mientras tanto, desde Salvación Nacional, el partido más cercano al presidente, consideran que el bloque del proyecto relacionado con los impuestos “sí puede afectar la coalición de Gobierno”.

De hecho, este medio conoció que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habría tenido ayer un acercamiento con voceros del Centro Democrático, Salvación Nacional y Cambio Radical para socializar la propuesta.

Aunque algunos consideran que estas concertaciones debieron realizarse antes, sobre todo teniendo en cuenta que ya han pasado casi tres meses del nuevo Gobierno. Y es que ya hay voces que señalan que lo más probable es que la votación se haga por bloques. Por un lado, la reducción del Estado y, por el otro, el aumento de impuestos.

Frente al primero, según cómo se han pronunciado los congresistas del Centro Democrático, el Partido Conservador y de otras bancadas que han respaldado hasta ahora al Ejecutivo, es probable que voten a favor; frente al segundo, en contra. No obstante, todo está por verse, como dijo a este medio una fuente bajo reserva: “El Gobierno no es mucho de ceder”.

Hasta el expresidente Gustavo Petro se metió este viernes y escribió un mensaje en su cuenta de X: “Espero que el Centro Democrático ayude a impedir cualquier atentado contra el consumo y el ingreso del pueblo trabajador de Colombia”.

Lo que demuestra que hasta la oposición es consciente de que los votos uribistas son claves para que la propuesta de “rescate fiscal” no se vea comprometida.

Cuentas y tiempos

Otro factor está en juego. Para que la propuesta rija en 2027, debe aprobarse antes del 16 de diciembre, o hasta el 20 en sesiones extraordinarias. Pero el proyecto necesita cuatro debates. Un mensaje de urgencia permitiría discutirlo en comisiones conjuntas; no obstante, según fuentes del Congreso, esa solicitud aún no habría llegado.

También está pendiente la ponencia, que tendría que presentarse a más tardar a mediados de noviembre. El presidente de la comisión tercera de Cámara, el conservador Alfredo Ape Cuello, el 20 de octubre anticipó que se citaría a discusión en las com siones económicas conjuntas (tercera y cuarta) entre la segunda y tercera semana del próximo mes para que a final de este pase a las plenarias.

En cuanto a los votos, en teoría, en esa comisión (Tercera de Cámara) apenas habría seis curules de oposición, correspondientes al Pacto Histórico, mientras que otras dos serían independientes y las 25 restantes estarían alineadas con el Gobierno.

Sin embargo, el panorama podría cambiar ante la impopularidad de la iniciativa. El Centro Democrático podría no respaldarla de lleno y una posición similar dejó entrever el Partido Conservador.

Sin esos votos, el Gobierno tendría apenas 16 apoyos en esa comisión. Además, está por verse si partidos como el Liberal, Cambio Radical y La U también se apartan en bloque de los artículos que contemplan aumentos de impuestos. Un panorama similar podría trasladarse a las plenarias, aunque para ese escenario todavía falta camino por recorrer.