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Consejo de Estado admite demanda contra la CREG por altas tarifas de energía

La demanda ante el Consejo de Estado lo lidera el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien ya se había pronunciado sobre las altas tarifas del servicio energético en la Costa Atlántica.

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El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció que el Consejo de Estado admitió la demanda que presentaron sus pares del Caribe contra resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por el mecanismo implementado para el cobro inequitativo en las tarifas de energía que se aplican en la región con respecto al resto del país.

“El año pasado demandamos una decisión que, para nosotros, es arbitraria e inequitativa, y es que diferenció la manera como se cobra la energía en el Caribe del resto del país, cobrándole a los que pagan la luz o la energía la mala gestión del Gobierno nacional durante las últimas décadas”, afirmó el mandatario de la capital del Atlántico.

El mandatario distrital explicó que al ser admitida esta demanda “significa que va a haber una decisión de fondo”, al tiempo que consideró que “la realidad es que el legislativo, los congresistas, tienen en sus manos hoy la solución, que es asignar presupuesto y un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para que haya un arreglo definitivo. Así que, aunque tenemos la demanda, la solución de fondo la tienen nuestros legisladores”.

De acuerdo a un comunicado de la Alcaldía de Barranquilla, en la demanda interpuesta por los alcaldes del Caribe se solicita la declaratoria de nulidad de las resoluciones 010 de 2020 y 078 del 24 de junio de 2021 de la Creg, las cuales otorgan facultades y autorización a la compañía Air-e para que realice un cobro retroactivo a los usuarios por emolumentos de años anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la resolución y que no se habían cobrado ni facturado antes.

“Los mandatarios de la región consideramos que dichas resoluciones violan los artículos 94 y 150 de la Ley 142 de 1994, así como el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, teniendo en cuenta que no se permiten alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales porque la recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades”, precisó Pumarejo. Y agregó que también, por permitir un incremento tarifario por conceptos que no están autorizados por el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 (pérdida reconocida de energía).

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con consejero ponente Oswaldo Giraldo López, resolvió admitir la demanda, correr traslado del auto a la parte demandada para su contestación y que se remita el expediente administrativo. Así mismo, se le dio traslado por el término de cinco días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares.

“La demanda fue interpuesta por los alcaldes del Caribe en junio del año pasado y, como lo ha reiterado el alcalde Pumarejo, apuntó a que el esquema regulatorio de la Creg derivó en un incremento acumulado de la tarifa plena del 62.5% -o si se compara con la llamada ‘Opción Tarifaria’, del 33.4%-, entre junio de 2021 y abril de 2022, ubicándose el mayor aumento en el componente de ‘pérdidas reconocidas’”, resalta el comunicado de la alcaldía de Barranquilla.

A renglón seguido, la nota señala que por esa razón, la región Caribe quedó pagando las tarifas más caras en el país por el servicio de energía: un hogar de estrato uno de Bogotá paga, en promedio, $36.039; mientras que una familia del mismo estrato en Barranquilla, a causa de una mayor necesidad de consumo por las condiciones climáticas de la región y por el difícil efecto de tener la tarifa más alta de Colombia, recibe una factura promedio de $90.526.

“La región Caribe tiene una condición particular debido a que se dan altas temperaturas, que naturalmente disparan el consumo energético y el costo del servicio de electricidad, a diferencia de otras regiones del interior del país”, subrayó Pumarejo.

“El incremento está afectando de manera notable la economía de las familias de los estratos 1 y 2, que según el DANE representan el 54,4 % de la población general; adicionalmente, el 94% de la subnormalidad eléctrica se concentra en el Caribe colombiano. La afectación es a todos los niveles de consumo residencial y amenaza la productividad económica de la Costa”, consideraron los alcaldes al momento de interponer la demanda que ha sido admitida por el Consejo de Estado.

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Procuraduría advierte que Colpensiones no está en capacidad de atender pensionados

La procuradora, Diana Ojeda, explicó que el organismo no se opone a la reforma pensional aprobada en el Congreso, sino que tiene varias críticas al respecto de ese proyecto como la fecha para la entrada en funcionamiento por parte de Colpensiones.

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La Procuraduría pidió a Colpensiones que explique cuáles son las medidas que ha tomado la entidad para cumplir con los cambios que sufrirá el sistema pensional, a causa de la reforma que fue aprobada en el Congreso y entrará en vigencia en julio del 2025.

El organismo pidió información a Colpensiones sobre las acciones y cambios administrativos, tecnológicos y operativos implementados por esa entidad para la entrada en operación del nuevo modelo pensional en el país.

La procuradora, Diana Ojeda, explicó que el organismo no se opone a la reforma pensional aprobada en el Congreso, sino que tiene varias críticas al respecto de ese proyecto, como la fecha para la entrada en funcionamiento.

«La entidad no se opone a una reforma, la entidad se opone a muchos aspectos de esa reforma que están por reglamentar, que no fueron definidos en el texto, que quedaron confusos, se opone a la vigencia, se opone a la institucionalidad de Colpensiones porque conocemos sus fallas desde que la crearon», afirmó la funcionaria.

La procuradora además resalta que desde varios sectores han criticado este nuevo modelo, debido a que consideran que Colpensiones no está lista para asumir las funciones que requiere la reforma.

«Desde muchos escenarios académicos, técnicos y requerimientos que se le ha hecho a Colpensiones hemos manifestado contundentemente que la entidad no está preparada para asumir las nuevas obligaciones que tiene con la reforma pensional», añadió Ojeda.

Entre la información que pidió la Procuraduría aparece la petición detalla del número de solicitudes de expedición y corrección de historia laboral radicadas, atendidas y pendientesde respuesta entre el segundo semestre de 2023 y lo corrido de este año.

Colpensiones deberá remitir la información solicitada por la Procuraduría junto con el cronograma establecido por esa entidad para la implementación del nuevo modelo pensional, en un plazo no mayor a 10 días.

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Colombia se prepara para prohibir la circulación de plásticos de un solo uso

A partir del 7 de julio de 2024, Colombia implementará la prohibición en la producción y consumo de plásticos de un solo uso, conforme a la Ley 2232 de 2022.

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Desde este domingo, 7 de julio de 2024,  empezó a regir la prohibición de producción, distribución y consumo de plásticos de un solo uso en Colombia, medida que busca ayudar a fomentar las políticas de cuidado del medioambiente que han tomado varias naciones en el mundo.

Según el Ministerio de Ambiente, esta norma ayudará a contribuir a tener una mejor sostenibilidad, sin embargo, esta medida ha generado opiniones divididas; unas de celebración desde colectivos ambientalistas y otras negativas desde los gremios y medianos y pequeños empresarios que dependían de elaborar estos productos para subsistir.

Hay que recordar que la ley 2232 de 2022 establece la eliminación de 21 productos plásticos de un solo uso, iniciando con ocho productos y llegando al 2030 con la eliminación total de 21 productos plásticos.

Inicialmente saldrán:

Bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial.

Bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, además de las empleadas en las lavanderías para empacar ropa lavada.

Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, excepto para los productos de origen animal crudos.

Mezcladores de plástico, pitillos para bebidas, soportes plásticos de copos algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón, soportes plásticos para las bombas de inflar y las bolsas plásticas de un solo uso, usadas generalmente en tiendas y panaderías.

Hay que recordar que el pasado 21 de noviembre de 2023 se firmó el pacto para disminuir los plásticos de un solo uso, proceso en el que participaron más de 35 agremiaciones e instituciones involucradas en la producción de plásticos de un solo uso, quienes se comprometieron en la reducción gradual de estos productos que generan una gran contaminación a los ecosistemas nacionales.

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Gobierno habría reducido subsidios de energía a empresas distribuidoras

Con la responsabilidad de esta deuda por el Gobierno Nacional, se espera una reducción en las tarifas de energía eléctrica entre el 7% y el 19% para los usuarios que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria.

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El Gobierno nacional recortó $150 mil millones del Presupuesto General de la Nación, afectando los subsidios de energía, según Asocodis.

Con este panorama de fondo, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, explicó a El Universal que “los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 tienen un déficit de $1,15 billones en el presupuesto de 2024”.

Por eso, aseguró que, con el reciente recorte presupuestal, al sector eléctrico le quitan $150 mil millones, lo que significa que solo habrá subsidios hasta mediados de agosto, entonces, “el resto del año no tiene recursos asignados”.

No solo hay deudas en subsidios de energía ($500 mil millones), también están pendientes $4,5 billones por la Opción Tarifaria, según Asocodis.

Hay que recordar que el monto total estimado de la deuda asciende a alrededor de $4,7 billones, según MinHacienda, de los cuales cerca del 50% corresponde a la Costa Caribe.

Con la responsabilidad de esta deuda por el Gobierno Nacional, se espera una reducción en las tarifas de energía eléctrica entre el 7% y el 19% para los usuarios que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y/o están en proceso de recuperación de sus saldos.

Además, hay una deuda de $1 billón de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, sumando un total de $6 billones. “Si no se giran los recursos de los subsidios, nos ponen en una situación difícil de liquidez”, afirmó Manzur.

Sobre la deuda de la Opción Tarifaria, Manzur señaló que para que la Nación pueda asumirla, se necesita una habilitación del Congreso, que se presentará el 20 de julio. Además, se requieren otras resoluciones de la Creg.

Esta fue una medida que aplicaron empresas comercializadoras de energía como una alternativa para los usuarios afectados por la crisis económica y social en pandemia.

La disminución en las tarifas podría ser de hasta un 20%, especialmente en el mercado atendido por Air-e (Atlántico, Magdalena y La Guajira).

Los usuarios no verán reflejadas en sus facturas las rebajas por la deuda asumida por la Nación ($2,7 billones) hasta que las empresas no reciban la totalidad de los recursos asociados a esas deudas.

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