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Continúan las extorsiones y cobros en negocios y casas en Medellín
Un reciente crónica narrada por el diario El Colombiano de Medellín reveló que en la ciudad continúan los cobros por parte de personas vinculadas a bandas criminales.
Como si fueran parte de las cuentas por pagar que se tienen cada mes, como arriendos o servicios públicos, se estima que cerca de 150.000 viviendas y negocios de Medellín estarían pagando extorsiones a las estructuras criminales.
Así lo documenta un estudio realizado conjuntamente por la Universidad Eafit, la Universidad de Chicago, además de la ONG Innovations for Poverty Action, que mediante encuestas realizadas en los barrios se encontraron con una realidad que, si se comparan con las cifras que presentan las autoridades, distan mucho del día a día de los barrios y corregimientos.
Personas, quienes terminan siendo los mismos vecinos de un barrio, y con poca apariencia de pertenecer a alguna estructura criminal, pasan puerta a puerta de las viviendas y establecimientos comerciales y, de acuerdo con los rangos tarifarios, cobran su renta semanal, según las características de la zona y lo establecido por las estructuras que tienen el control en los territorios.
El profesor e investigador del Centro de Valor Público de la Universidad Eafit, Santiago Tobón, explicó que las cifras estimadas de la extorsión en la ciudad se lograron con base en un extenso trabajo cualitativo y cuantitativo en cientos de barrios de Medellín, que visibiliza grandes diferencias entre lo que realmente ocurre y lo que las autoridades logran observar, que se limita a denuncias.
“A partir de una encuesta reciente, estimamos que son más o menos 150.000 hogares y negocios que pagan extorsión cada semana. Entre tanto, el año pasado se presentaron menos de 900 denuncias, lo que deja en evidencia una distancia enorme entre las denuncias y el problema de fondo”, explicó Tobón.
Cobran hasta “Por cuidar la casa”
Aunque ha sido una tradición que tanto el transporte público como los establecimientos comerciales respondan con las rentas económicas a las estructuras delincuenciales, también se tiene conocimiento que hay viviendas, principalmente en algunas comunas con poca presencia policial, que también contribuyen con la catalogada “cuota de seguridad” que cobran, muchas veces, puerta a puerta.
“No siempre es mucho el dinero que se cobra, especialmente en los hogares, pero si se suman los montos recolectados esto asciende a unas rentas enormes. Se pueden llegar a cobrar entre $3.000 y $5.000 en los hogares —aunque esto es poco común— y hasta $30.000 o $50.000 en los negocios”, expresó Tobón.
De acuerdo con la encuesta realizada en este estudio, con 1.300 personas, la comuna 2 (Santa Cruz) es donde está más agudizado este fenómeno, ya que en la mayoría de los barrios las propiedades extorsionadas pueden superar el 70%.
Por ejemplo, en el barrio Villa Niza, la cantidad de viviendas afectadas llega al 79,2%, seguido por El Playón de los Comuneros con el 75% y Pablo VI con el 73,3%.
Por fuera de esta comuna, en la 13 (San Javier) la cantidad de propiedades afectadas por este fenómeno llega al 40%, en la 3 (Manrique) supera el 38% y en la 5 (Castilla) está por encima del 35%.
Hay barrios en los que las cifras no superan el 10% porque algunas estructuras criminales prefieren “dejar quietos” a sus propios vecinos y encargarse de la vigilancia soportándose de otras rentas criminales o de los cobros a los negocios, cuya cifra es mucho más elevada.
El golpe a los negocios
De hecho, según la encuesta, la cifra de negocios extorsionados puede estar por encima del 60% en varias de las comunas de la ciudad, sumado a que los cobros semanales pueden ser mucho más elevados que los de las viviendas, dependiendo de las características e ingresos presupuestados de los mismos.
Por ejemplo, en la comuna 2 (Santa Cruz), el reducto base del grupo delincuencial Los Triana, también es la más golpeada por las vacunas a los negocios, a los cuales les cobran, en algunos casos, $15.000 semanales, pero en otros casos pueden superar los $100.000.
“Algunos grupos, especialmente hacia el norte de la ciudad, no tienen discriminación para el cobro de las extorsiones: pagan hogares y negocios. Pero en la mayoría de sectores únicamente se cobra a los negocios”, señaló el profesor. De acuerdo con la encuesta, hay barrios en esta comuna que pueden superar el 80% de vacunas a los negocios, como ocurre en el barrio La Frontera, que es del 83,3%. En la 1 (Popular) la cifra llega al 75% de los negocios afectados por este fenómeno, al igual que en la 13 (San Javier), con casos como San Javier 1, que llega al 80% y San Javier 2 que está por el 75%.
En las comunas 4 (Aranjuez), 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre), 7 (Robledo), 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria), 12 (La América) y el corregimiento San Cristóbal hay zonas donde se supera el 60% de negocios extorsionados.
Las rentabilidades
La extorsión es una de las rentas criminales más fuertes de las estructuras criminales, las cuales les pueden dejar hasta $100.000 millones al año, sin importar si este se cobra de manera sostenida solo a los negocios o si también se hace a las residencias.
Las estructuras delincuenciales más enfocadas en este tipo de cobros criminales son, además de Los Triana, La Terraza, Doce de Octubre, Picacho y El Pesebre, aunque muchas otras no le quitan el dedo del renglón a esta renta.
Incluso, para hacer estos cobros tienen días establecidos, principalmente los fines de semana, haciendo uso de estrategias que permiten evadir fácilmente el accionar de las autoridades en caso de ser sorprendidos.
“Generalmente estos cobros se hacen los viernes, y en ocasiones usan algunos mecanismos de protección -como talonarios de rifas o boletas- que mitigan el riesgo de una captura en flagrancia durante el cobro”, explicó el investigador sobre el comportamiento de los combos a la hora de cobrar las vacunas.
¿Por qué no denuncian?
Pese a la cantidad de casos registrados, el porcentaje de denuncias ante las autoridades a duras penas se acerca al 1%, principalmente porque en las comunidades normalizaron este tipo de extorsiones como parte de los gastos que tienen los negocios y porque sienten a las estructuras como validadores de la seguridad.
“La extorsión toma diferentes matices en Medellín. En algunos casos los ciudadanos lo interpretan como un pago por temor a amenazas, en otros como un pago por un servicio de vigilancia privada, y en otros tantos como una especie de impuesto comunitario a cambio de un bien semi-público que prestan los combos”, indicó Tobón.
Aseguró, además, que en muchos casos la misma comunidad le da más validez a la misma estructura delincuencial que a la Policía y demás autoridades, argumentando que esta seguridad es prestada por gente del mismo barrio, que se mantiene en la zona, lo que les hace sentirse más protegidos en muchos casos.
Si bien tanto para el experto como para las autoridades este delito podría controlarse, siempre y cuando se denuncie, la realidad es que la mayoría de casos que se reportan tienen que ver con la extorsión carcelaria que, de acuerdo con los análisis, es la menos recurrente de todas.
“Un nivel de complejidad adicional derivado de las pocas denuncias, es que los casos más comúnmente denunciados corresponden a llamadas que se hacen desde la cárcel. Y esto hace pensar que las soluciones de política pública pasan únicamente por evitar que se den este tipo de extorsiones. Pero lo cierto es que son cientos de miles de ciudadanos que sufren la extorsión en sus casas y negocios, y a estos les da mucho más temor denunciar”, concluyó Tobón.
Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) este año se han denunciado 123 casos de extorsión, 114 casos menos que el año pasado, cuando se contabilizaban 237. Incluso, las cifras de denuncia por comuna difieren completamente de las reportadas por el estudio realizado por las universidades de Chicago y Eafit y la ONG Innovations for Poverty Action (IPA).
El informe oficial de la Alcaldía de Medellín mostró que las zonas con mayor cantidad de denuncias son la 10 (La Candelaria) con 22 casos, la 13 (San Javier) con 12 y la 7 (Robledo) con 11. La comuna 2 (Santa Cruz) apenas tiene reporte de dos casos.
En cuanto a las modalidades implementadas, indicaron que van 64 casos de extorsión clásica, 23 de ciberextorsión y 15 de devolución de bienes.
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Los docentes tuvieron su fiesta en el encuentro folclórico del magisterio
Este Encuentro es, ante todo, un acto de creación colectiva. Un espacio donde las y los docentes reinterpretan, transmiten y recrean la danza, la música, el teatro, la oralidad y la pintura como expresiones de identidad y dignidad cultural.
El Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio Colombiano es una expresión viva de la educación como práctica transformadora y emancipadora. Hace parte del Programa de Bienestar Laboral Docente, en el marco de la política de estímulos e incentivos para las y los docentes y directivos docentes, liderada por el Ministerio de Educación Nacional, y fortalecida con los compromisos y acciones derivados de los acuerdos suscritos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – Fecode.
Este Encuentro es, ante todo, un acto de creación colectiva. Un espacio donde las y los docentes reinterpretan, transmiten y recrean la danza, la música, el teatro, la oralidad y la pintura como expresiones de identidad y dignidad cultural. Desde las escuelas públicas y los territorios, maestras y maestros investigan, revaloran y transforman las tradiciones, tejiendo puentes entre lo ancestral, lo étnico y lo popular, para fortalecer el vínculo entre educación, comunidad y territorio.
Así, el Encuentro reafirma que la escuela pública es un lugar de vida, arte y conciencia crítica, donde la cultura no solo se enseña, sino que se produce y se comparte colectivamente. Las y los docentes participantes contribuyen, desde su labor pedagógica y artística, a la formación integral de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, sembrando sensibilidad, pensamiento crítico y sentido de pertenencia en sus comunidades educativas.
El Ministerio de Educación Nacional impulsa espacios que dignifican la vida y el trabajo de las y los educadores del país, reconociendo que su bienestar integral es fundamental para la construcción de una educación pública con equidad y justicia social.
En este propósito, el Programa de Bienestar Laboral Docente se consolida como una estrategia para fortalecer el desempeño y el desarrollo humano de docentes, directivos docentes y personal administrativo de los establecimientos educativos. A través de acciones que promueven la motivación, el reconocimiento y la participación colectiva, el Ministerio fomenta comunidades educativas solidarias, críticas y comprometidas con la transformación cultural del país.
El Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio Colombiano es una de las expresiones más significativas de este compromiso. Este escenario celebra la diversidad, la identidad y la creación colectiva del magisterio, promoviendo:
- La integración entre instituciones y comunidades educativas de todo el país.
- La participación artística y cultural como expresión de memoria, creatividad y compromiso social.
- La incorporación del arte y la cultura en los Proyectos Educativos Institucionales, fortaleciendo la identidad regional y el valor de lo autóctono.
- La práctica de valores como la solidaridad, el respeto, la cooperación y la convivencia.
De esta manera, el Ministerio reafirma que la educación pública se transforma también desde el arte, la cultura y el bienestar de quienes la hacen posible: las maestras y los maestros de Colombia.
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Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico reclamando garantías
Argumentó que el CNE y la Registraduría cambiaron las “reglas del juego”, pese a que desde hace varios días se conocía que la consulta iba a ser de carácter interpartidista.
El precandidato presidencial Daniel Quintero anunció a través de redes sociales que no participará en la consulta del Pacto Histórico, que se realizará el próximo 26 de octubre, de cara a las elecciones presidenciales.
Argumentó que el CNE y la Registraduría cambiaron las “reglas del juego”, pese a que desde hace varios días se conocía que la consulta iba a ser de carácter interpartidista.
Inclusive, antes de conocerse esta decisión del exalcalde de Medellín, la propia Registraduría confirmó que a pesar de la revocatoria de la personería inmediata del Pacto Histórico se podía continuar con el llamado a las urnas.
El órgano argumentó que esto era posible porque Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda tenían los avales de los partidos que pidieron la fusión del Pacto Histórico.
El pasado 26 de septiembre, Quintero insistió en el llamado a las urnas por orden del presidente Gustavo Petro, quien ha estado activo en sus redes sociales cuestionando al CNE frente al tema.
“Después de consultar a nuestro Presidente la decisión es solo una: la Consulta Presidencial va. El ‘bolígrafo’ nunca más. La democracia requiere valor. Los que tengan miedo a perder que no se inscriban”, dijo en su momento.
Ahora, Quintero Calle anuncia la decisión de retirar su nombre, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificara las condiciones bajo las cuales el movimiento político definiría su candidato presidencial.
“Mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas del juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”, dijo Quintero por medio de un video difundido en las plataformas digitales.
Además, el exalcalde de Medellín aseguró que el CNE busca impedir la participación de su movimiento en la consulta del frente amplio, que se realizará en marzo de 2026.
“Después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, la campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y no participar en la consulta del próximo 26 de octubre”, añadió en su declaración.
Reacción del presidente Petro
Tras las declaraciones de Quintero, el presidente Gustavo Petro no dudó en reaccionar. Para el mandatario la decisión del CNE intenta dar “un golpe antidemocrático”.
“El consejo nacional electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático.”, afirmó el presidente Petro.
¿Por qué se retira Quintero de la consulta?
La decisión del precandidato presidencial Daniel Quintero se conoce luego que el Consejo Nacional Electoral anunciara, este martes 14 de octubre, unos cambios con respecto a los tarjetones de la consulta del próximo 26 de octubre. La entidad determinó que las impresiones no pueden tener el logo del Pacto Histórico, debido a que no cuenta con personería jurídica, sino que deberán llevar los de los partidos que avalan a los precandidatos.
Vale mencionar, que la decisión fue adoptada por la Sala Plena del organismo con siete votos a favor y dos en contra, tras concluir que el movimiento no posee personería jurídica reconocida. El movimiento está compuesto por varios partidos: el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, lo que impide su reconocimiento como coalición formal.
Ante esto, el aspirante manifestó que decidía retirarse de la consulta al convertirla en interpartidista, acción que iría en contra de los tres precandidatos, quienes inicialmente acordaron realizar una consulta interna.
Las razones del CNE
El CNE explicó que la solicitud para usar el logo del Pacto Histórico, con sus distintivos colores amarillo, azul, rojo, verde y morado, fue presentada por los partidos que integran la coalición en proceso de fusión. Sin embargo, la entidad recordó que la Colombia Humana, uno de los movimientos que impulsó la unión, no fue admitida en esa fusión debido a investigaciones administrativas pendientes y al incumplimiento de sus propios estatutos internos.
Esa situación, sumada a la falta de personería jurídica del Pacto como colectividad independiente, llevó al tribunal electoral a rechazar el uso del emblema en el tarjetón.
La determinación del CNE se conoce pocos días después de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera un fallo que generó incertidumbre sobre la realización de la consulta del Pacto Histórico. No obstante, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el proceso sigue en pie.
“La consulta no ha sido suspendida por ningún órgano judicial y, por esta razón, se debe avanzar en su organización logística”, señaló la entidad en un comunicado oficial.
Desde ese pronunciamiento, la Registraduría ha continuado con la impresión del material electoral, aunque ahora enfrenta un dilema: los tarjetones ya están impresos con el logo del Pacto Histórico, pese a la prohibición establecida por el CNE.
Aunque la decisión del Consejo Nacional Electoral ya fue adoptada, existe un recurso de reposición que será resuelto el 15 de octubre. Hasta entonces, no está claro si los precandidatos podrán mantener la imagen del movimiento en el tarjetón o si deberá repetirse la impresión del material electoral, un proceso costoso y de tiempo limitado, dado que faltan menos de dos semanas para la jornada.
¿Qué pasará con la consulta presidencial del Pacto Histórico?
El precandidato Daniel Quintero alega que hay un riesgo jurídico al confirmarse que la consulta será interpartidista y no interna como estaba planteado. De esta manera, si el exalcalde participa en la consulta programada para el 26 de octubre, no podrá participar en la consulta del Frente Amplio establecida para el mes de marzo.
“Si la consulta se interpreta como selección de candidato presidencial, el resultado tendría carácter obligatorio según el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011. En este caso, la persona ganadora no podría participar después en otra consulta interpartidista, porque ello configuraría doble militancia o incumplimiento de una decisión popular obligatoria”, se explica.
Aunque el precandidato señala que el CNE convirtió la consulta en interpartidista, era un panorama que se conocía, luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá declarar improcedente la tutela que, mediante medida cautelar, había ordenado a la Registraduría a la inscripción de la consulta interna para el próximo 26 de octubre.
Carolina Corcho afirmó que sigue “firme” para la consulta
Por su parte, la precandidata presidencial, Carolina Corcho, aseguró que sigue forme en la participación a la consulta del 26 de octubre. Además, invitó a Quintero Calle a regresar a la participación.
“Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde. Reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta. Que se asuma la debida custodia de los tarjetones por parte del Estado, que se permita que los tres precandidatos de manera ecuánime y con igualdad de garantías podamos inscribir testigos electorales. Esperamos que nuestro compañero Daniel Quintero regrese a continuar su participación.”, escribió en X.
“En el propósito de construir el proceso Democrático de las listas al Congreso del Pacto Histórico, solicito a todos y todas las precanditas y precandidatos, sin distingo, inscritos legalmente, que se pronuncien frente al Registrador Penagos para que se corrija el tarjetón y se pueda llevar adelante la Consulta. NI UN PASO ATRAS.”, añadió.
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Consejo de Estado ordena reducción de tiempos de alocución presidencial
El fallo señaló que la Presidencia hizo un uso indebido de la figura de la alocución, sustentado en la falta de justificación temática, la frecuencia y la extensión de los mensajes.
El Consejo de Estado determinó que el presidente Gustavo Petro y la Presidencia de la República deberán limitar el uso de las alocuciones televisadas, tras considerar que se ha hecho un empleo “inadecuado y desproporcionado” de esta figura que vulnera el pluralismo informativo y el derecho de los ciudadanos a recibir información libre y diversa.
En una sentencia de primera instancia fechada el 16 de septiembre de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del alto tribunal resolvió una acción de tutela interpuesta por los ciudadanos Nelson Augusto Martínez Bolaño, Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa.
Los accionantes sostuvieron que las constantes transmisiones de las intervenciones del mandatario, iniciadas el 4 de febrero de 2025, afectaban su libertad de elegir la programación televisiva de su preferencia y su derecho a no recibir información impuesta por el Gobierno. Lea: El tribunal ordenó controles a las intervenciones del presidente y exigió a la CRC vigilar su frecuencia y duración.
El fallo señaló que la Presidencia hizo un uso indebido de la figura de la alocución, sustentado en la falta de justificación temática, la frecuencia y la extensión de los mensajes, factores que en conjunto desconocen el carácter excepcional de este mecanismo. Para la Sala, estas prácticas vulneran el pluralismo informativo, uno de los pilares del derecho a la información.
Además, el Consejo de Estado reprochó la actuación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), señalando que “ha tolerado, pese a contar con las facultades legales para evitarlo, la utilización indebida de la figura de la alocución presidencial”. La omisión del organismo, según el tribunal, permitió que la figura se empleara más allá de los límites razonables establecidos por la Constitución y la jurisprudencia.
El fallo también precisó que no se pronunció sobre la transmisión de los consejos de ministros, tema que ya fue objeto de una sentencia anterior, emitida el 11 de abril de 2025, la cual se encuentra en trámite de impugnación. Por otra parte, el tribunal declaró la carencia de objeto en relación con el accionante Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto.
Tribunal impone reglas estrictas para futuras alocuciones
Como medida de protección al derecho vulnerado, el Consejo de Estado ordenó que a partir de la notificación del fallo, toda alocución presidencial deberá ajustarse a tres criterios fundamentales: excepcionalidad, urgencia y limitación temática y temporal. Estas condiciones reiteran lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1172 de 2001.
En primer lugar, la intervención deberá tener una “justificación o razón suficiente”, lo que implica que solo puede realizarse ante circunstancias urgentes que ameriten interrumpir la programación ordinaria. En segundo término, no podrán efectuarse de manera frecuente o habitual, ya que esto contradice su carácter excepcional. Finalmente, cada solicitud enviada a la CRC deberá especificar los temas a tratar, el horario de inicio y el de terminación, evitando duraciones “irrazonables o notoriamente excesivas”.
El Consejo de Estado también dispuso que la CRC, como autoridad reguladora, verifique el cumplimiento de estos criterios antes de cada emisión. En caso de incumplimiento, deberá impedir la transmisión. Adicionalmente, la entidad tendrá que publicar un informe detallado dentro de los dos días siguientes a cada alocución, en el que se evalúe si se cumplieron los principios de urgencia y excepcionalidad.
El tribunal ordenó, además, que la CRC elabore y expida antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio integral para garantizar el pluralismo informativo. Dicho marco deberá incluir controles previos, concomitantes y posteriores sobre el uso de las alocuciones, con el propósito de evitar que se utilicen como herramienta de difusión política o propagandística.
Un nuevo episodio en la disputa entre el Ejecutivo y la justicia
La decisión del Consejo de Estado se suma a un antecedente judicial que ya había generado choques entre el Gobierno y el Poder Judicial. En abril de 2025, la misma Subsección ordenó al presidente abstenerse de transmitir los consejos de ministros en canales privados, regionales y comunitarios, tras una tutela promovida por la ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas.
En esa ocasión, el tribunal advirtió que obligar a todos los canales a emitir el mismo contenido oficial restringía la libertad de información y anulaba el pluralismo mediático. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) apeló la decisión y solicitó su nulidad, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la impugnación del fallo.
La controversia escaló al punto de generar pronunciamientos del procurador general, Gregorio Eljach, y de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), quienes pidieron respeto a las decisiones judiciales. Posteriormente, el 9 de mayo, el Consejo de Estado rechazó la solicitud de nulidad presentada por el presidente Petro, al confirmar que había sido notificado y representado por el Dapre, aunque dejó en curso las apelaciones de la Presidencia y la CRC, que aún esperan resolución en segunda instancia.
El alto tribunal enfatizó que las restricciones impuestas no constituyen censura, pues la autoridad regulatoria no tiene facultades para vetar el contenido o las ideas del mandatario. Sin embargo, recordó que ningún funcionario público, “incluido el jefe de Estado, cuenta con poderes omnímodos, ilimitados o indefinidos”.
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