Apenas lleva tres meses y el Gobierno Nacional ha tenido debates importantes en el Congreso en los que ha medido su capital político, pero ahora llegó el momento de una discusión más sensible porque toca el bolsillo de la gente. La propuesta encontró apoyos políticos para recortar gasto estatal, pero sobre todo polémica por el posible aumento de impuestos.

La diferencia quedó expuesta entre sus propios aliados. Si bien la mayoría de congresistas vieron con buenos ojos las medidas de austeridad, advirtieron que no acompañarán disposiciones que, a su juicio, trasladarían el ajuste también a las familias y al campo. Los reparos llegaron incluso desde Salvación Nacional, el partido que respaldó la candidatura del presidente.

La representante Carol Borda y la senadora Sara Castellanos marcaron distancia frente a las nuevas cargas tributarias. A sus advertencias se sumaron los pronunciamientos de las senadoras María Lucía Villalba del Nuevo Liberalismo y María Clara Posada del Centro Democrático, quienes reconocieron lo positivo de la iniciativa en la reducción del Estado, pero anunciaron restricciones a su apoyo.

Otra arista que abre este debate es si existe una posible “improvisación” del Gobierno. Sobre todo, luego la sorpresa que se pudo notar de las bancadas afines, pues hasta integrantes de Salvación Nacional como Carol Borda anunciaron que su voto era un “rotundo no” al aumento de impuestos.

Hay un antecedente reciente en esa misma línea cuando se hundió el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por un vicio de trámite legislativo que le costó el puesto a Rodrigo Lara.

“No cuenten conmigo”

Uno de los puntos más en los que convergen varios congresistas se resume en el pronunciamiento de la senadora por el Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba. Reconoció que es positiva la reducción del gasto en contratos de prestación de servicios y la disminución propuesta para la renta empresarial, pero cuestionó las modificaciones al IVA de productos del día a día, como el café o los frijoles.

“Este PL tiene medidas positivas que debemos reconocer: reducir en un 50% el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027 y bajar el impuesto de renta empresarial del 35% al 31% a partir de 2028 son pasos hacia un Estado más austero y competitivo”, manifestó.

Pero anunció que no acompañará el aumento del IVA del 5% al 19% para productos como el café, el azúcar y los aceites, ni los gravámenes sobre algunos insumos agropecuarios que hoy están exentos.

“En el caso del café, deberíamos estar promoviendo su consumo, no encareciéndolo”, dijo. En esto, María Clara Posada coincidió.

Pero sí celebró los beneficios a la inversión, la reducción del gasto en nómina y contratistas, la disminución progresiva de la renta corporativa y los recortes en eventos, pauta oficial y gastos no esenciales.

Entretanto, los cuestionamientos desde la oposición fueron más amplios. El senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) sostuvo que las disposiciones de esta ley encarecerían la vida de los colombianos. “Una reforma económica no puede convertirse en una factura más cara para las familias”, afirmó.

¿Habrá mayorías?

El tema de la votación tiene matices. Una de las bancadas más necesarias para que este Gobierno logre las mayorías en sus propuestas en el Congreso es el Centro Democrático. Pero actualmente la relación entre el Ejecutivo y el uribismo se ha ido resquebrajando poco a poco.

Es posible, según fuentes, que exista una desarticulación entre lo que propone el Gobierno y la participación previa de bancadas afines.

Ahora bien, reiteró que el partido respalda la reducción del gasto, la burocracia y las entidades con funciones duplicadas, pero mantiene reparos frente a nuevas cargas tributarias, especialmente para la clase media y las empresas.

Sin embargo, aclaró que el partido todavía no ha tomado decisiones de fondo sobre la Ley de Rescate. La bancada de senadores y representantes se reunirá el próximo jueves 5 de noviembre con el expresidente Álvaro Uribe para analizar técnicamente el articulado.

El senador reconoció que el Ejecutivo necesita recursos para atender las dificultades en salud, el sector mineroenergético y la reconstrucción tras el terremoto. A su juicio, esa discusión debe entender la situación fiscal heredada que le dejó la administración Petro a De la Espriella.

“El presidente recibió un gobierno completamente desfalcado y quebrado”, señaló. Por otro lado, en entrevista con Blu Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que ya habló con De la Espriella.

Según explicó el exmandatario, el jefe de Estado le habría dicho que “la situación del país es muy grave, pero el Gobierno está abierto a escuchar opciones”.

Lo que deja clara esa llamada es que el Gobierno sabe que necesita a los 47 congresistas del uribismo si quiere que el proyecto se convierta en ley. Como le dijo una fuente enterada de las movidas del Capitolio a este diario, el Centro Democrático “se ve como un socio que va a cobrar caro su voto: apoya los recortes, pero le dice al Gobierno que la parte tributaria tendrá que negociarla con ellos”.

Mientras tanto, desde Salvación Nacional, el partido más cercano al presidente, consideran que el bloque del proyecto relacionado con los impuestos “sí puede afectar la coalición de Gobierno”.

De hecho, este medio conoció que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habría tenido ayer un acercamiento con voceros del Centro Democrático, Salvación Nacional y Cambio Radical para socializar la propuesta.

Aunque algunos consideran que estas concertaciones debieron realizarse antes, sobre todo teniendo en cuenta que ya han pasado casi tres meses del nuevo Gobierno. Y es que ya hay voces que señalan que lo más probable es que la votación se haga por bloques. Por un lado, la reducción del Estado y, por el otro, el aumento de impuestos.

Frente al primero, según cómo se han pronunciado los congresistas del Centro Democrático, el Partido Conservador y de otras bancadas que han respaldado hasta ahora al Ejecutivo, es probable que voten a favor; frente al segundo, en contra. No obstante, todo está por verse, como dijo a este medio una fuente bajo reserva: “El Gobierno no es mucho de ceder”.

Hasta el expresidente Gustavo Petro se metió este viernes y escribió un mensaje en su cuenta de X: “Espero que el Centro Democrático ayude a impedir cualquier atentado contra el consumo y el ingreso del pueblo trabajador de Colombia”.

Lo que demuestra que hasta la oposición es consciente de que los votos uribistas son claves para que la propuesta de “rescate fiscal” no se vea comprometida.

Cuentas y tiempos

Otro factor está en juego. Para que la propuesta rija en 2027, debe aprobarse antes del 16 de diciembre, o hasta el 20 en sesiones extraordinarias. Pero el proyecto necesita cuatro debates. Un mensaje de urgencia permitiría discutirlo en comisiones conjuntas; no obstante, según fuentes del Congreso, esa solicitud aún no habría llegado.

También está pendiente la ponencia, que tendría que presentarse a más tardar a mediados de noviembre. El presidente de la comisión tercera de Cámara, el conservador Alfredo Ape Cuello, el 20 de octubre anticipó que se citaría a discusión en las com siones económicas conjuntas (tercera y cuarta) entre la segunda y tercera semana del próximo mes para que a final de este pase a las plenarias.

En cuanto a los votos, en teoría, en esa comisión (Tercera de Cámara) apenas habría seis curules de oposición, correspondientes al Pacto Histórico, mientras que otras dos serían independientes y las 25 restantes estarían alineadas con el Gobierno.

Sin embargo, el panorama podría cambiar ante la impopularidad de la iniciativa. El Centro Democrático podría no respaldarla de lleno y una posición similar dejó entrever el Partido Conservador.

Sin esos votos, el Gobierno tendría apenas 16 apoyos en esa comisión. Además, está por verse si partidos como el Liberal, Cambio Radical y La U también se apartan en bloque de los artículos que contemplan aumentos de impuestos. Un panorama similar podría trasladarse a las plenarias, aunque para ese escenario todavía falta camino por recorrer.

El juez Carlos Enrique Osorio le ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional restituir la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia.

Las entidades deberán garantizar las condiciones técnicas para la conservación de las obras y mantenerlas expuestas mientras adelantan la evaluación técnica y curatorial correspondiente, de acuerdo con sus procedimientos internos y con la participación de las instancias institucionales competentes.

Según el fallo proferido a instancias de una tutela interpuesta por el parlamentario petrista Gabriel Becerra en compañía de Jorge Virviescas y Kevyn Muñoz Torres, las actas de movimiento interno acreditaron que varias piezas fueron retiradas de las salas y trasladadas a las reservas técnicas del Museo.

En ellas figura Julián David Sterling, secretario general del Ministerio, en calidad de solicitante de los movimientos, y aparecen funcionarios del Museo encargados de ejecutarlos. El juzgado estableció que las actas registraban la participación de áreas como Dirección, Curaduría de Historia, Museografía, Conservación y Registro.

Sin embargo, esa participación operativa no demostraba por sí sola que hubiera existido una evaluación curatorial previa que justificara la selección. En otras palabras, el primer traspié de la Contrarrevolución cultural, promulgada por el presidente Abelardo De La Espriella en el discurso del 15 de octubre en el Museo Santa Clara, se dio por un trámite hecho sin seguir el conducto regular.

En una respuesta previa, el Ministerio sostuvo que el retiro obedeció a una instrucción presidencial. Pero, según la sentencia, no aportó un documento que permitiera establecer formalmente el alcance de esa instrucción ni identificar los criterios utilizados para decidir cuáles piezas debían dejar de exhibirse. Tampoco encontró el juzgado un acta del Comité de Gestión Patrimonial que documentara el estudio y la aprobación del retiro del 15 de octubre, ni un concepto curatorial que explicara las razones para excluir las piezas identificadas.

El juzgado concluyó que el retiro constituyó una restricción injustificada de la libertad de expresión en su dimensión receptora y del acceso a la cultura. Consideró que las autoridades no podían excluir manifestaciones culturales del acceso público por su contenido político o ideológico sin una justificación objetiva que demostrara la legitimidad de la medida.

En el fallo se hace una diferencia entre una modificación museográfica legítima y una injustificada. En la primera se sigue un proceso que apela a criterios técnicos, de conservación y curatoriales. En la segunda se restringe el acceso a ciertas obras porque estas hacen parte de visiones contrarias a las de las autoridades.

El primer traspié de La contrarrevolución cultural

Una fuente cercana al Museo Nacional le contó a EL COLOMBIANO una cronología de los hechos del 15 de octubre. En la mañana de ese día, Julián David Sterling, secretario general de MinCulturas, habría llegado al Museo Nacional con la instrucción de revisar las salas y hacer una lista de obras que presuntamente hicieran apología del terrorismo o hicieran parte de aquello que el presidente denomina cultura woke (una amalgama que une movimientos de diversidad sexual, ambientalismo y reivindicaciones raciales). Una vez hecha esa lista, presuntamente se la habría enviado a la ministra Holguín. Según la fuente, ella habría hecho una segunda criba antes de enviársela al presidente. Él habría tomado la decisión final.

En su momento, medios de comunicación nacionales se comunicó con los voceros del MinCulturas para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, los encargados de comunicaciones de la cartera dijeron que las entrevistas con funcionarios del gobierno nacional deben ser aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

El 24 de octubre de 2025, a siete meses de las elecciones presidenciales, cuatro altos funcionarios de esa administración se reunieron con 11 jefes de los paramilitares que habían sido nombrados como gestores de paz.

Estos eran Armando Benedetti, ministro del Interior; Angie Rodríguez, directora del Dapre; Víctor de Currea Lugo, asesor de Presidencia; y Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El supuesto propósito de esa reunión era cerrar el acuerdo de Ralito, la mesa ilegal en la que los paramilitares se sentaron con políticos de todas las regiones para comprometerse a un desarme por etapas. Entre los compromisos, según la Comisión de la Verdad, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban dispuestas a dejar las armas a cambio de legalizar parte de su fortuna, su poder político y de la no extradición.

“Este día histórico es un paso fundamental para que el país pueda sanar las heridas. Hay una verdad que se sabe en las etapas judiciales pero el país no conoce (…) es necesario cerrar este proceso que lleva más de 20 años”, dijo entonces Angie Rodríguez.

Pero en ese documento, según reveló La FM, no habrían quedado expuestas las supuestas medidas contra líderes políticos de la entonces oposición a Petro. Sí habrían quedado varios compromisos.

La revelación llega en medio de la polémica por el llamado “Pacto de Valledupar” durante el gobierno de Gustavo Petro, tras las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Este dijo que delegados del expresidente le habrían pedido a exjefes paramilitares acusar falsamente a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras con fines electorales.

¿Qué dice el documento?

Dos fuentes presentes en esa reunión detallaron a la emisora que, cuando los altos funcionarios llegaron a la mesa y presentaron la propuesta que enlodaría a los líderes de oposición, los exjefes paramilitares se habrían negado para no incurrir en falso testimonio o fraude procesal. Esto, ya que hace unos años negaron conocer la participación de esos líderes políticos en el tema ante la Fiscalía, la JEP o la Corte Suprema de Justicia.

En uno de los apartados del documento revelado diría “la verdad lograda requiere una mayor audacia para que el país la conozca”. Luego, explicaría las barreras de la seguridad jurídica para conseguir las nuevas declaraciones en la estrategia del Gobierno.

“Identificamos una serie de obstáculos que generan inseguridad jurídica, la cual podría ser un nuevo problema para revisar de manera sistemática el largo acumulado de verdad que ya se ha recopilado en diferentes procesos jurídicos, académicos y políticos. Por lo anterior, el Estado garantizará que la contribución a la verdad se realice en condiciones de justicia restaurativa y no de impunidad”, diría el documento.

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Después, el Gobierno les habría prometido a los exjefes paramilitares que no tendrían riesgos jurídicos para sus nuevos testimonios. “A pesar de los avances, para un sector de la sociedad, la verdad de la economía y la política detrás del fenómeno de las autodefensas tiene temas pendientes y este proceso abordará esos dos temas, a partir de la información disponible, del interés general, y de la seguridad jurídica de los implicados”, detallaría el texto.

Otro de los compromisos incluiría “explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión así como revisar las condiciones de reclusión mientras se concreta su situación jurídica”.

En ese sentido, el gobierno Petro, a través de Rodríguez, presuntamente habría ofrecido la excarcelación de los exjefes o mejorar sus condiciones en las cárceles a cambio de información que pudiera servir para ganar las elecciones. Desde eso, De la Espriella ya se perfilaba como un rival fuerte para el petrismo, como efectivamente pasó.

Y Rodríguez y Benedetti salieron a mostrarse ante la opinión pública. “Nos hemos reunido con 16 gestores de paz designados. Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad, verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia, sobre todo a la verdadera clase política, al establecimiento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos. Ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad o sustentándose en lo que se deba”, afirmó Benedetti en su momento.

De hecho, hasta se habrían propuesto penas alternativas. “Se propone retomar la iniciativa de colonias agrícolas, como una forma de resocialización de aporte productivo a las comunidades”, detallaría el escrito.

Contrario a lo que dijo Mancuso, el documento sí habría sido firmado por los exjefes paramilitares, para que en los siguientes diez días hábiles enviaran una actualización del plan de trabajo con tareas puntuales para implementar lo supuestamente pactado.

Revisarían la extradición

Si bien Mancuso dijo que los exjefes habrían dicho que no hablarían de los tres nombres tras la confesión de Rodríguez, en el documento firmado se habrían comprometido a elaborar planes de trabajo para contar nuevos hechos y revisar las condiciones para un nuevo proceso de justicia transicional, teniendo en cuenta la desmovilización de Justicia y Paz.

El Gobierno Petro, incluso, habría prometido revisar la extradición. “El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de las gestorías de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”. Aunque varios de esos paramilitares ya habían pagado sus penas en Estados Unidos, algunos todavía permanecían en cárceles en el país sin haber sido extraditados.

Finalmente, el último párrafo se referiría a la relevancia y el compromiso del Gobierno con la fallida política de “paz total”. Y, aunque en los documentos no quedaron los nombres del hoy presidente De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras, que según Rodríguez eran el principal interés del Gobierno para las nuevas declaraciones, el documento sí sería un insumo para la justicia.

Esto, por los beneficios que se habrían ofrecido para que los exjefes paramilitares hablaran en medio de la campaña electoral.

Para explicar el caso, EL COLOMBIANO contactó al abogado penalista y docente Óscar Santamaría, quien detalló los delitos que podrían haberse dado en la situación. “Se configurarían varios delitos por los miembros del Gobierno: concierto para delinquir, falso testimonio, fraude procesal”, explicó.

Luego, el experto se refirió a casos en los que habrían ocurrido situaciones similares. “Esto ha venido pasando en otros procesos como el de Álvaro Uribe o el exministro Andrés Felipe Arias. La Corte y el Congreso le han jugado a eso, como el senador Iván Cepeda”, expuso.

Santamaría dejó claro que definir las presuntas responsabilidades depende de las autoridades competentes.

“Ante esta situación le corresponderá a la Fiscalía investigar qué fue lo que pasó en Valledupar y entrevistar a cada uno de estos exmiembros de las AUC para que digan qué pasó y qué les pidieron Angie Rodríguez y Armando Benedetti. La Fiscalía tendrá que abrir una noticia criminal para dar con los presuntos responsables, llevarlos a una imputación y que un juez definan”, agregó.

Finalmente, el docente se refirió a que supuestamente se habría instrumentalizado la justicia con fines políticos. “Es preocupante que una estrategia política se vaya a temas penales de alto calibre como decir mentiras queriendo enlodar a unos precandidatos de derecha para que la izquierda siguiera con la dirección del Ejecutivo”, concluyó.