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Everth Hawkins rechaza acusaciones de la Procuraduría sobre megacolegio CEMED

La Procuraduría informó además que indaga por otros tres proyectos financiados con regalías que suman $ 52.843 millones de pesos.

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El Gobernador de San Andrés Everth Hawkins rechazó las informaciones presentadas por la Procuraduría General de la Nación que lo relacionan directamente con los hechos relacionados con el desfalco de recursos destinados para la construcción del megacolegio CEMED Antonia Santos, la cual está ubicado en el sector de Tom Hooker.

Para el mandatario, este señalamiento, mas que un hecho disciplinario se constituye en un acto político para desprestigiar su nombre toda vez que las obras no fueron ejecutadas durante su administración y, de hecho, ya hay dos exmandatarios en la cárcel por los delitos señalados donde se perdieron recursos por mas de $49 mil millones de pesos.

«Tenemos los elementos necesarios para defendernos, esta claro que los recursos destinados para poder terminar esta megaobra están en manos de la Sociedad de Activos Especiales ya que la Fiscalía declaró extinción de dominio sobre esos dineros y por esta razón no podemos acceder a los recursos para poder terminarla», dijo el mandatario que además agregó que existe una conspiración donde quieren responsabilizarlo de los hechos de corrupción en la isla de los últimos 50 años.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, y sus cuatro antecesores en el cargo, Sandra Victoria Howard Taylor, Alaín Enrique Manjarrés Flórez, Juan Francisco Herrera Leal y Tonney Gene Salazar, por presuntas irregularidades en la construcción y dotación de un megacolegio en el sector de San Luís, Isla de San Andrés, cuyo costo con adiciones asciende a $ 49.101 millones.

El proyecto fue aprobado por el OCAD Región Caribe el 9 de julio de 2013, designando a la gobernación departamental como ejecutora. Pasados 10 años, el estado del proyecto figura en los sistemas de información del Sistema General de Regalías como “contratado en ejecución”, con un avance físico del 43,77 % y financiero de 51,34 %; sin embargo, en una visita reciente hecha por la delegada para el Seguimiento a Regalías y su grupo especial de seguimiento, GES, se logró establecer que las obras fueron abandonadas por el contratista desde junio de 2018.

De acuerdo con los indicios conocidos previamente por la Procuraduría, durante las etapas de planeación y ejecución del proyecto se habrían cometido presuntas fallas como que los estudios y diseños se entregaron incompletos, por lo cual se realizó adición de recursos del 44 % del valor aprobado inicialmente ($ 15.036.818.144), el cual no fue suficiente.

También que el proyecto fue objeto de tres prórrogas por 34 meses, finalizando el plazo de ejecución el 26 de septiembre de 2018 aproximadamente, pero en lugar de ser entregadas, las obras fueron abandonadas por el contratista.    

Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público están un informe completo a la administración departamental sobre cuáles fueron las razones para haber abandonado la obra y copia de la liquidación de los contratos de obra pública suscritos inicialmente.

Otros proyectos que preocupan

De los 15 proyectos visitados, financiados con regalías por $ 269.000 millones, la Delegada para el Seguimiento a Regalías y su Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías (GES SGR), pudo advertir que, en otros tres, el nivel de cumplimiento es muy bajo y de no tomar acciones urgentes, los recursos podrían perderse.

Uno de ellos, por $ 3.970 millones, fue aprobado en el marco de la pandemia por COVID-19 con el objeto de dotar de computadores a estudiantes de cinco instituciones educativas de la isla, en la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de contratación. Se pudo evidenciar presunta duplicidad de inversiones, en la medida en que los cinco colegios a beneficiarse ya han recibido computadores y tabletas, que se encuentran hoy archivados y sin uso, los cuales también fueron financiados entre otras fuentes, con recursos de regalías, por $ 8.523 millones.

En este caso, la Procuraduría pidió a la administración departamental, revisar la pertinencia y priorización de estas inversiones para el correcto aprovechamiento de estos recursos y herramientas.

El otro proyecto que preocupa es el del mejoramiento y rehabilitación para la vía de acceso a la zona industrial de San Andrés Isla con una longitud de 794 metros incluido andenes, drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, redes eléctricas y luminarias, que beneficiaría a 55 mil personas por valor de $ 8.500 millones, con avance físico de 55 %.

Los contratos de obra e interventoría fueron liquidados unilateralmente por la Gobernación por la ausencia del permiso requerido para el vertimiento de aguas servidas sobre la bahía Hooker, aledaña al proyecto. La Gobernación tramitó proceso de incumplimiento lo que conllevó a la terminación anticipada del contrato, sanción al contratista y activación de pólizas. El proyecto presenta riesgo del cumplimiento de la meta.

Finalmente, el proyecto denominado “Mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial (Four Corner, Pepper Hill, Duppy Gully, Orange Hill)”, por valor aproximado de 31 mil millones de pesos, contempla en su alcance la pavimentación de vía de cinco tramos en concreto rígido. Sin embargo, el tramo correspondiente a la pavimentación al sector de Duppy-Gully con una longitud de 1.616,75 metros, no ha dado inicio a sus actividades de obra, ya que se encuentra en zona de conservación ambiental, es decir, dentro de la cuenca hidrográfica COVE, de acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA – COVE) vigente, por lo que se evidencia que, en las etapas de aprobación y ejecución, no ha contado con la aprobación de la autoridad ambiental de la Isla de San Andrés.

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Se cumple la semana del idioma creole en colegios y escuelas de San Andrés

Conferencistas e historiadores que vienen promoviendo la práctica del creole de San Andrés y Providencia han hecho su presencia en los eventos programados por la Gobernación de San Andrés.

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Photo: Gobernación Departamento Archipiélago

En el marco de la semana mundial de las lenguas nativas, San Andrés ha abierto un espacio para celebrar la semana del idioma creole, celebración que viene con una variada programación en colegios y escuelas de la isla.

Conferencistas e historiadores que vienen promoviendo la práctica del idioma nativo de San Andrés y Providencia han hecho su presencia en los eventos programados por la Gobernación de San Andrés para destacar la importancia de la práctica del idioma creole en el archipiélago.

«Es necesario seguir promoviendo la práctica del idioma creole entre los niños y jóvenes para que las futuras generaciones puedan encargarse de conservar el patrimonio mas importante para los isleños», dijo Samuel Robinson Davis, miembro de la academia colombiana de historia.

La Gobernación de San Andrés ha venido publicando en redes sociales y en espacios de congregación pública la programación de los eventos que se extenderán hasta el viernes 23 de febrero, día de celebración de las lenguas nativas en el mundo.

«Lenguas Nativas, protectoras del pensamiento y la memoria de los pueblos» es la frase con la que los Ministerios de Educación y de las Culturas, las Artes y los Saberes invitan a los colombianos a celebrar y participar de la programación preparada para festejar mañana 21 de febrero el Día Internacional de la Legua Materna y el Día de las Lenguas Nativas en Colombia.

El 21 de febrero fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, como el día internacional de la lengua materna, a través de la Resolución 30C/DR.35 de noviembre de 1999, que tiene como objetivo promover la diversidad lingüística y cultural.

Asimismo, la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado formalmente el Decenio de las Lenguas Indígenas, (2022-2032) (Ref.: A/74/396, 18 de diciembre de 2019), cuyo objetivo es «llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas, promoverlas, y de adoptar nuevas medidas urgentes a niveles nacionales e internacionales».

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Laura Sarabia vuelve a su cargo en el DAPRE

Según expertos, el viaje de Gustavo Petro y Laura Sarabia marcaba el inicio de una ruta que empezaba a recomponerse con el nombramiento de la funcionaria en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

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Photo: Colprensa

Laura Sarabia resurgió con más poder en el Gobierno, estando solo por debajo del mismísimo Gustavo Petro. Después de salir hace casi un año por un escándalo de presunta persecución y maltrato a la niñera de su hijo, volverá a Palacio a dirigir el Departamento Administrativo de Presidencia, puesto que ocupó quien fuera codirector del Partido Verde, Carlos Ramón González, a quien le ganó el pulso con la paciencia de un maratonista.

Sarabia, una mujer que no alcanza los 30 años y que tiene una especialización en marketing político de la Universidad Externado, tendrá en sus manos la responsabilidad de tirarles línea a todos los ministerios, a las entidades centrales y dar las instrucciones del presidente en el Ejecutivo. No se trata de una responsabilidad menor.

La relación entre Sarabia y Petro parecía recomponerse desde que ella acompañó al presidente a Munich, Alemania, a una conferencia de seguridad. El viaje fue un escándalo, pues nadie quedaba al frente del Departamento de Prosperidad Social, una de las entidades más grandes y más importantes en materia de transferencias.

Pero este aterrizaje en pleno a la Casa de Nariño no libera a Sarabia de sus pendientes con la justicia, pues hay que recordar que es investigada por la Procuraduría en el caso del uso irregular de un esquema de seguridad y equipos de polígrafo para hacerle un cuestionario a su exniñera, Marelbys Meza, por la pérdida de un dinero en efectivo en su apartamento del barrio Colina en Bogotá.

El diario El Colombiano de Medellín había anticipado que esta semana habría cambios en el Gobierno; esto tras la renuncia el viernes de la ministra de Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, y el encargo en el Departamento Nacional de Planeación, en donde está Daniel Rojas, que podría quedarse en esa entidad saliendo a su vez de la Sociedad de Activos Especiales.

Lo de Sarabia es un mensaje claro de ratificación de confianza del presidente. Este diario conoció que en el gabinete de ministros hay quienes no están conformes con la decisión, porque aseguran que la profesional en relaciones exteriores tiene poca experiencia en la administración pública, y su hoja de vida está referida mayoritariamente por su paso como asesora del equipo de Armando Benedetti, mientras este era senador.

Benedetti, hoy embajador en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, le envió una decena de audios a Sarabia en donde amenazó al Gobierno con una implosión por su supuesto conocimiento de hechos no muy santos durante la campaña. “Nos hundimos todos, nos vamos presos, Laura”, decía el funcionario en comprometedores grabaciones por WhatsApp que siguen siendo objeto de investigación por las autoridades.

Por dichos audios Sarabia salió del Gobierno, y en esa decisión también cayó Benedetti, que se desempeñaba como embajador en Venezuela.

La decisión la tomó el presidente Gustavo Petro en junio de 2023, tras reunirse con los dos. Meses después, la funcionaria regresó al alto Gobierno cuando el presidente la nombró directora del DPS, moviendo a Cielo Rusinque, quien hoy es superintendente de Industria y Comercio.

Como directora del DPS, la joven logró reunir al presidente en Cartagena con los dueños de los grupos empresariales más importantes del país, un movimiento que sorprendió a detractores del Gobierno. En la reunión participaron Luis Carlos Sarmiento y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Alejandro Santo Domingo, Carlos Julio Ardila, Carlos Enrique Cavalier y César Caicedo.

De ese encuentro se materializó una inversión de alrededor de 100.000 millones de pesos para La Guajira, en un programa conjunto entre el Gobierno y el Grupo Aval, que para muchos era inimaginable en esta administración. Luego de esa reunión, el mandatario tuvo otra con los representantes del llamado Grupo Empresarial Antioqueño y el grupo Gilinski, así se destrabó el negocio de la compra de la mayoría accionaria de Nutresa.

González al DNI

Con la llegada de Sarabia al Dapre, el diario El Colombiano conoció que el destino de Carlos Ramón González será la Dirección Nacional de Inteligencia, otro fichaje poco esperado fuera del Gobierno.

González llevaba la computadora de palacio para lograr las mayorías en la aprobación de las reformas, lo que no va mal en el Congreso. Ahora estará al frente de una entidad fundamental en inteligencia y que es dirigida por Manuel Casanova, un militante de vieja data del M19.

Con estos cambios, el Gobierno reconfigura su círculo de poder y espera tener mejores resultados en la gestión. Hasta ahora la principal barrera es la ejecución y los escándalos diarios.

El último movimiento que se conoció ayer en la noche fue el de Mauricio Toro, quien renunció al Icetex. El miembro del Partido Verde dijo a este diario que se trató de una decisión personal que estaba considerando desde hacía algún tiempo, porque cree que ya cumplió su ciclo.

Toro tiene una oferta en el sector privado para liderar un proyecto en tecnología. Deja el cargo luego de una campaña de condonación de créditos y reajuste de las tasas para algunos deudores. También tuvo una polémica por nombrar en una dirección a una mujer que trabajó previamente en su UTL.

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Delroy Gordon Fox fue elegido como nuevo director de la OCCRE

En la terna de candidatos para dirigir la OCCRE estuvieron aspirando, además de Gordon Fox, la abogada y actual directora Pilar Bryan Manuel y el también abogado Omar Torrijos Bent Vallarino.

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Photo: Gobernación Departamento Archipiélago

Luego de realizada la reunión de la Junta Directiva de la Oficina de Control de Circulación y Residencia de San Andrés y Providencia OCCRE finalmente se eligió, mediante terna de candidatos, al abogado Delroy Gordon Fox como nuevo director de la entidad para el periodo 2024-2025.

El profesional del derecho, quien fuera secretario de Deportes en el gobierno de Everth Hawkins Sjogreen, también ocupó el cargo de Defensor del Pueblo regional durante entre el 2023 y el 2023 destacando su gestión por la defensa de los derechos de los raizales en su lucha por frenar la galopante sobrepoblación existente en la isla.

En la terna de candidatos para dirigir la OCCRE estuvieron aspirando, además de Gordon Fox, la abogada y actual directora Pilar Bryan Manuel y el también abogado Omar Torrijos Bent Vallarino.

La elección del nuevo director estuvo lleno de variantes ya que la misma estuvo programada para el mes de octubre de 2023, siendo aplazada por la Junta Directiva al inicio por razones electorales y posteriormente por inconvenientes relacionados por la posible relación de uno de los representantes raizales con el entonces mandatario seccional Everth Hawkins.

Entre los principales compromisos del funcionario esta el de sacar adelante el plan de medición de capacidad de carga poblacional para el archipiélago, la emisión de tarjetas de residencia pendientes para residentes legales y una lucha frontal contra la corrupción al interior del organismo la cual ha sido denunciada en diferentes espacios de opinión y que le han restado credibilidad y legitimidad a la entidad.

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