El Gobernador de San Andrés Everth Hawkins rechazó las informaciones presentadas por la Procuraduría General de la Nación que lo relacionan directamente con los hechos relacionados con el desfalco de recursos destinados para la construcción del megacolegio CEMED Antonia Santos, la cual está ubicado en el sector de Tom Hooker.
Para el mandatario, este señalamiento, mas que un hecho disciplinario se constituye en un acto político para desprestigiar su nombre toda vez que las obras no fueron ejecutadas durante su administración y, de hecho, ya hay dos exmandatarios en la cárcel por los delitos señalados donde se perdieron recursos por mas de $49 mil millones de pesos.
«Tenemos los elementos necesarios para defendernos, esta claro que los recursos destinados para poder terminar esta megaobra están en manos de la Sociedad de Activos Especiales ya que la Fiscalía declaró extinción de dominio sobre esos dineros y por esta razón no podemos acceder a los recursos para poder terminarla», dijo el mandatario que además agregó que existe una conspiración donde quieren responsabilizarlo de los hechos de corrupción en la isla de los últimos 50 años.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, y sus cuatro antecesores en el cargo, Sandra Victoria Howard Taylor, Alaín Enrique Manjarrés Flórez, Juan Francisco Herrera Leal y Tonney Gene Salazar, por presuntas irregularidades en la construcción y dotación de un megacolegio en el sector de San Luís, Isla de San Andrés, cuyo costo con adiciones asciende a $ 49.101 millones.
El proyecto fue aprobado por el OCAD Región Caribe el 9 de julio de 2013, designando a la gobernación departamental como ejecutora. Pasados 10 años, el estado del proyecto figura en los sistemas de información del Sistema General de Regalías como “contratado en ejecución”, con un avance físico del 43,77 % y financiero de 51,34 %; sin embargo, en una visita reciente hecha por la delegada para el Seguimiento a Regalías y su grupo especial de seguimiento, GES, se logró establecer que las obras fueron abandonadas por el contratista desde junio de 2018.
De acuerdo con los indicios conocidos previamente por la Procuraduría, durante las etapas de planeación y ejecución del proyecto se habrían cometido presuntas fallas como que los estudios y diseños se entregaron incompletos, por lo cual se realizó adición de recursos del 44 % del valor aprobado inicialmente ($ 15.036.818.144), el cual no fue suficiente.
También que el proyecto fue objeto de tres prórrogas por 34 meses, finalizando el plazo de ejecución el 26 de septiembre de 2018 aproximadamente, pero en lugar de ser entregadas, las obras fueron abandonadas por el contratista.
Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público están un informe completo a la administración departamental sobre cuáles fueron las razones para haber abandonado la obra y copia de la liquidación de los contratos de obra pública suscritos inicialmente.
Otros proyectos que preocupan
De los 15 proyectos visitados, financiados con regalías por $ 269.000 millones, la Delegada para el Seguimiento a Regalías y su Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías (GES SGR), pudo advertir que, en otros tres, el nivel de cumplimiento es muy bajo y de no tomar acciones urgentes, los recursos podrían perderse.
Uno de ellos, por $ 3.970 millones, fue aprobado en el marco de la pandemia por COVID-19 con el objeto de dotar de computadores a estudiantes de cinco instituciones educativas de la isla, en la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de contratación. Se pudo evidenciar presunta duplicidad de inversiones, en la medida en que los cinco colegios a beneficiarse ya han recibido computadores y tabletas, que se encuentran hoy archivados y sin uso, los cuales también fueron financiados entre otras fuentes, con recursos de regalías, por $ 8.523 millones.
En este caso, la Procuraduría pidió a la administración departamental, revisar la pertinencia y priorización de estas inversiones para el correcto aprovechamiento de estos recursos y herramientas.
El otro proyecto que preocupa es el del mejoramiento y rehabilitación para la vía de acceso a la zona industrial de San Andrés Isla con una longitud de 794 metros incluido andenes, drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, redes eléctricas y luminarias, que beneficiaría a 55 mil personas por valor de $ 8.500 millones, con avance físico de 55 %.
Los contratos de obra e interventoría fueron liquidados unilateralmente por la Gobernación por la ausencia del permiso requerido para el vertimiento de aguas servidas sobre la bahía Hooker, aledaña al proyecto. La Gobernación tramitó proceso de incumplimiento lo que conllevó a la terminación anticipada del contrato, sanción al contratista y activación de pólizas. El proyecto presenta riesgo del cumplimiento de la meta.
Finalmente, el proyecto denominado “Mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial (Four Corner, Pepper Hill, Duppy Gully, Orange Hill)”, por valor aproximado de 31 mil millones de pesos, contempla en su alcance la pavimentación de vía de cinco tramos en concreto rígido. Sin embargo, el tramo correspondiente a la pavimentación al sector de Duppy-Gully con una longitud de 1.616,75 metros, no ha dado inicio a sus actividades de obra, ya que se encuentra en zona de conservación ambiental, es decir, dentro de la cuenca hidrográfica COVE, de acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA – COVE) vigente, por lo que se evidencia que, en las etapas de aprobación y ejecución, no ha contado con la aprobación de la autoridad ambiental de la Isla de San Andrés.
Actualidad2 años ago
