Nacional
Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco irán a la cárcel por caso de UNGRD
La magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, les impuso ayer la medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó sus capturas inmediatas.
Al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se les acabó “el cuarto de hora”. La inmunidad que los arropaba desde hacía más de un año no fue más y ahora sus rostros se suman al cuadro de altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro presos por saquear los recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y del Invías.
La magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, les impuso ayer la medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó sus capturas inmediatas. “Dígame a dónde tengo que llegar, nadie tiene que venir hasta mi casa”, dijo reactivo el exministro Velasco, quien no ocultó su sorpresa ante la decisión de la magistrada. Y no era para menos.
El Tribunal debía pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a casa por cárcel; para los exfuncionarios, el peor de los escenarios era terminar presos en sus propias casas, pero fue más grave: tendrán que ir a centro penitenciario.
El despacho rechazó el beneficio de la detención domiciliaria al considerar que los hechos por los que son investigados son de la mayor gravedad y que los exfuncionarios, al permanecer en sus residencias, podrían fácilmente interferir en el caso.
De hecho, el Tribunal advirtió que la Fiscalía incurrió en un error al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra los exministros, al precisar que esta figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento.
“Se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, leyó la magistrada.
Una vez se conoció la decisión judicial y pese al repertorio probatorio, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla. De acuerdo con el mandatario, su exministro habría sido engañado porque “es ingenuo”.
“Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima”, escribió.
Explicó que el análisis del despacho trascendió la situación personal de los procesados y se concentró en el impacto institucional que tendrían las conductas investigadas. “Se trata del impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas, especialmente cuando estas se producen desde posiciones de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural”, señaló.
Agregó que la afectación que se evalúa “no es individual ni circunstancial, sino sistemática en la medida en que compromete la credibilidad del Estado y la vigencia efectiva del orden”.
El Tribunal también sustentó su decisión en el estado actual de la investigación, que, según la magistrada, se encuentra en una fase activa y susceptible de ampliaciones.
“La medida también es urgente, habida cuenta que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, y conforme a lo enunciado por la Fiscalía y a lo que se desprende del material recaudado, es probable que se adelanten nuevas actuaciones investigativas”, se lee en la decisión.
A partir de ese escenario, la magistrada concluyó que era necesario adoptar una medida de mayor intensidad.
“Este contexto dinámico impone la necesidad de una medida de aseguramiento acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, sostuvo, al explicar por qué el Tribunal optó por la reclusión en establecimiento carcelario.
En síntesis, el despacho subrayó que los exministros representan un peligro para la sociedad debido a su posible capacidad de rearticular la empresa criminal que habría saqueado los recursos de la Nación.
“La urgencia aquí no se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad indirecta de prácticas de direccionamiento contractual y de interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no dependen del desplazamiento internacional del imputado”.
El Tribunal precisó que la decisión adoptada no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino se adelanten nuevas actuaciones investigativas”, se lee en la decisión.
A partir de ese escenario, la magistrada concluyó que era necesario adoptar una medida de mayor intensidad.
“Este contexto dinámico impone la necesidad de una medida de aseguramiento acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, sostuvo, al explicar por qué el Tribunal optó por la reclusión en establecimiento carcelario.
En síntesis, el despacho subrayó que los exministros representan un peligro para la sociedad debido a su posible capacidad de rearticular la empresa criminal que habría saqueado los recursos de la Nación.
“La urgencia aquí no se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad indirecta de prácticas de direccionamiento contractual y de interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no dependen del desplazamiento internacional del imputado”.
El Tribunal precisó que la decisión adoptada no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino una medida preventiva.
Los exministros permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. En la siguiente etapa, la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación junto con el acervo probatorio con el que buscará demostrar que, presuntamente, desviaron recursos abusando de los cargos que ocuparon.
Antes de que estallara el escándalo por corrupción en la UNGRD, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco estaban en la cima del poder político en el país. Eran los jefes de dos de las carteras más importantes del Gobierno: Hacienda y el Interior. No tenían que pedir cita para entrar a la oficina del presidente Petro; tenían poder, influencia y la bendición del jefe de Estado.
Sin embargo, cuando se destapó el saqueo, sobre los exfuncionarios empezó a posarse una sombra. Varios testigos los señalaron como las cabezas del entramado ilegal que, mediante sobornos a congresistas, buscaba salvar las reformas de Petro.
Pese a los señalamientos, ambos continuaron al frente de sus ministerios hasta que la presión mediática y judicial los obligó a dar un paso al costado. Meses después, ya fuera del poder, fueron llamados a responder ante la justicia.
A ambos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Se declararon inocentes.
Según la Fiscalía, las presuntas actividades criminales de los exministros habrían iniciado en mayo de 2023, cuando, de acuerdo con la investigación, se habría conformado una empresa criminal destinada a desviar recursos de la Nación.
El Tribunal respaldó ese argumento de la Fiscalía y advirtió que dicha empresa ilegal tenía vocación para delinquir por mucho más tiempo.
“El material probatorio revela una empresa delictiva con vocación de continuidad desplegada durante un periodo prolongado, desde la posesión hasta el retiro de los ministros, mayo de 2023 a febrero de 2024”, dijo la magistrada, y agregó: “Por roles definidos, objetivos claros y reiteración de conductas, lo que satisface plenamente las exigencias típicas objetivas y subjetivas del concierto para delinquir, sin que puedan pararse bajo el ropaje del principio de colaboración armónica ni de la actividad política legítima”.
En relación con Ricardo Bonilla, en la audiencia se expuso que, en su condición de ministro de Hacienda, estaba al frente de la cartera responsable de la administración y manejo de los recursos públicos, lo que le otorgaba una posición estratégica desde la cual, según la investigación, podía incidir en la asignación, destinación y ejecución de esos dineros.
Durante la imputación de cargos, la fiscal María Cecilia Patiño explicó que el economista habría delegado en una de sus funcionarias de confianza, María Alejandra Benavides Soto, la misión de gestionar recursos y orientar convenios hacia proyectos respaldados por legisladores, entre ellos el senador Julio Elías Chagüi Flórez. Las actuaciones atribuidas a Bonilla encajan en un patrón que, según la Fiscalía, operó entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
En ese periodo, desde el Ministerio de Hacienda y el Invías se habría dado trámite preferencial a 74 proyectos por más de 561.000 millones de pesos, además de otros cinco en la UNGRD por más de $40.000 millones, para un total que supera los 612.000 millones de pesos dirigidos estratégicamente a parlamentarios de varias comisiones.
En cuanto a Luis Fernando Velasco, señaló que, como ministro del Interior, mantenía contacto permanente con miembros del Congreso, lo que le permitía ejercer un papel de articulación política.
De acuerdo con la magistrada, las actuaciones investigadas no responderían a hechos fortuitos, sino a un esquema en el que ambos exministros habrían utilizado las competencias propias de sus cargos para facilitar el direccionamiento de recursos públicos, cada uno desde el ámbito de influencia que le correspondía. En la investigación se destaca que Velasco tenía la misión de alcanzar mayorías para las reformas del Gobierno, aun si eso implicaba cruzar la línea de la legalidad.
Según el ente acusador, todo comenzó con una instrucción directa que Velasco le habría dado a Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la UNGRD. La orden, según los testimonios, era asistir al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado el 13 de junio de 2023 y ofrecer contratos a congresistas para ampliar las mayorías.
A pesar de los planteamientos expuestos por las defensas de los exministros, la magistrada sostuvo que los testimonios entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla presentan consistencia y concordancia en lo relacionado con el presunto grado de participación y conocimiento que habrían tenido Bonilla y Velasco en los hechos que son objeto de investigación.
En su análisis, la funcionaria judicial señaló que las declaraciones no pueden ser entendidas como versiones aisladas ni inconexas. “No fueron relatos aislados”, precisó, al destacar que ambos testimonios “guardan coherencia” en cuanto a las supuestas instrucciones que, según los declarantes, habrían emanado de Bonilla y Velasco para el direccionamiento de contratos de alto valor económico.
Por ahora, los exfuncionarios deberán asumir sus defensas privados de la libertad, como actualmente lo hacen otros personajes del círculo de Petro implicados en esta tramoya de corrupción encubada y concebida al interior del propio Gobierno.
Nacional
Armada de Colombia rescata a 11 tripulantes sanos y salvos en Providencia
La Armada de Colombia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
Tras recibir el reporte de la emergencia, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, por medio del Puesto Avanzado de Guardacostas de Providencia, desplegó de manera inmediata una Unidad de Reacción Rápida hacia la posición informada, manteniendo comunicación y seguimiento permanente durante el desplazamiento.
Al llegar al lugar, los marinos confirmaron la presencia de los 11 tripulantes y brindaron apoyo para intentar controlar el incendio; sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y ante la imposibilidad de contenerlas, priorizaron la protección de la vida humana en el mar, evacuando a toda la tripulación y trasladándola de manera segura hasta Providencia.
A su llegada al muelle, los ciudadanos fueron valorados y se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud.
La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna de las emergencias marítimas en el Archipiélago.
Nacional
La falla de un generador puso a prueba el sistema eléctrico de San Andrés
De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
San Andrés enfrenta nuevamente el debate sobre la confiabilidad de su sistema de generación eléctrica. Durante las últimas semanas, las interrupciones del servicio han generado preocupación entre usuarios, comerciantes y sectores de la comunidad, en medio de una contingencia que afectó uno de los principales equipos de generación de la isla.
La situación tiene como uno de sus principales protagonistas al generador Miller Blackstone 2, ubicado en la central de generación de Punta Evans. De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
La reducción de esa capacidad coincidió con otro proceso técnico de importancia: la unidad MAN Diésel 2 se encontraba en un mantenimiento mayor tipo overhaul, intervención programada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La combinación de ambos escenarios dejó al sistema con menor margen de respuesta frente a los momentos de mayor demanda.
Una falla que terminó afectando a los usuarios
La gerente de SOPESA, Jackeline Llanos, explicó que la contingencia presentada en el generador no era un evento que pudiera anticiparse dentro de la operación normal del sistema.
Según la empresa, San Andrés cuenta con 11 unidades de generación y la capacidad instalada está diseñada para atender la totalidad de los usuarios del departamento. Sin embargo, cuando una unidad sale de servicio y otra se encuentra en mantenimiento, el margen disponible para enfrentar incrementos de demanda o nuevas contingencias se reduce considerablemente.
Ese escenario fue el que terminó reflejándose en las interrupciones del servicio que experimentaron distintos sectores de la isla.
Para una comunidad que depende prácticamente de manera permanente de la energía eléctrica para sus hogares, hoteles, restaurantes, comercios, instituciones y servicios esenciales, cada interrupción representa mucho más que la ausencia temporal de electricidad.
También significa equipos que dejan de funcionar, alimentos que pueden perderse por falta de refrigeración, dificultades para trabajar y estudiar, afectaciones al comercio y, en algunos casos, preocupación por posibles daños en electrodomésticos.
El mantenimiento de la MAN 2
Mientras se atendía la contingencia del Miller Blackstone 2, SOPESA adelantaba el mantenimiento mayor de la unidad MAN Diésel 2.
La empresa explicó que este tipo de intervención hace parte de los procesos de mantenimiento recomendados por los fabricantes y que los trabajos preventivos y correctivos buscan precisamente conservar la confiabilidad de los equipos de generación.
El cronograma informado por SOPESA contemplaba el regreso de la unidad afectada a una operación normal y continua alrededor del 11 y 12 de agosto, con el propósito de recuperar capacidad de generación y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico de la isla.
La recuperación de esta unidad era considerada fundamental para aumentar nuevamente el margen disponible y mejorar la estabilidad del servicio.
La molestia de los usuarios
Los cortes también generaron una creciente reacción ciudadana. Las interrupciones fueron objeto de cuestionamientos y comentarios en redes sociales y otros espacios de participación, mientras algunos usuarios reclamaron mayor información y respuestas oportunas frente a lo que estaba ocurriendo.
Precisamente, uno de los aspectos que quedó sobre la mesa fue la necesidad de que la comunidad conozca con mayor claridad qué ocurre con el sistema de generación cuando se presenta una contingencia y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que una falla termine convirtiéndose en una cadena de interrupciones.
La situación también ocurre en un contexto más amplio de preocupación por el servicio de energía en el Archipiélago. En junio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que adelantaría una auditoría al sistema de atención al usuario de SOPESA, después de escuchar las inquietudes planteadas por comunidades raizales de San Andrés.
¿Y qué pasa si un electrodoméstico resulta afectado?
Uno de los principales interrogantes de los usuarios después de los cortes es qué ocurre cuando un electrodoméstico sufre daños asociados a una interrupción o alteración del servicio.
SOPESA ha señalado que existen mecanismos para presentar reclamaciones por este tipo de situaciones. La empresa solicita información como la fecha y hora del evento, descripción del equipo afectado, marca, referencia, modelo y registro fotográfico, entre otros documentos. Posteriormente se realiza una evaluación técnica para determinar si procede el reconocimiento del daño.
Esto significa que los usuarios que consideren haber sufrido daños no necesariamente deben asumir automáticamente la pérdida del equipo, sino que pueden presentar formalmente su reclamación ante la empresa.
Un problema que va más allá de una máquina
Aunque la contingencia del Miller Blackstone 2 explica buena parte de las interrupciones recientes, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué tan preparado está el sistema eléctrico de San Andrés para responder cuando uno de sus principales equipos queda fuera de servicio?
La respuesta no depende únicamente de reparar una máquina.
También involucra mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos, capacidad de respaldo, planificación de la generación, crecimiento de la demanda y alternativas que permitan reducir la dependencia de los combustibles tradicionales.
SOPESA ha señalado que dentro de sus obligaciones contempla proyectos relacionados con energías renovables. Entre ellos se encuentra la planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, que ya está en operación y busca utilizar parte de los residuos generados en la isla para producir energía.
San Andrés necesita certezas
La crisis reciente deja una enseñanza clara: en un territorio insular como San Andrés, donde no existe una conexión eléctrica con el continente, la generación local es un asunto estratégico.
Una falla técnica puede tener repercusiones inmediatas sobre miles de personas y sobre sectores fundamentales de la economía insular.
Por eso, más allá de determinar qué ocurrió con una máquina específica, el desafío está en garantizar que el sistema tenga suficiente capacidad de respaldo para que el daño de una unidad no termine convirtiéndose en interrupciones repetitivas para la población.
La comunidad espera ahora que, con la recuperación de las unidades intervenidas, el servicio pueda estabilizarse y que las lecciones de esta contingencia permitan fortalecer la infraestructura eléctrica del Archipiélago.
Porque para San Andrés la energía no es simplemente un servicio público. Es una condición indispensable para que la isla pueda funcionar.
Nacional
Gobierno anuncia que elimina aparato de información y propaganda en RTVC
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un paquete de medidas para recuperar el carácter público, plural e independiente del Sistema de Medios Públicos de Colombia.
En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.
En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
- Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
- La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
- Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
- Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.
La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.
La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.
La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.
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