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Gustavo Petro suspende cese al fuego con disidencias de las FARC
El presidente Gustavo Petro aclaró que la suspensión del cese al fuego bilateral con ese grupo se suspende en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, lugares donde se reactivan todas las operaciones de ofensiva de la fuerza pública.
El presidente Gustavo Petro publicó en la mañana de este lunes festivo una carta con la decisión unilateral del Gobierno Nacional de suspender el cese el fuego con las disidencias de las Farc, por el atroz asesinato de cuatro indígenas menores de edad en el Putumayo.
El mandatario aseguró que la decisión se debe a la grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometida por el frente Carolina Ramírez del grupo armado Estado Mayor Central de las Farc, liderado por Iván Mordisco.
“Para informar esta decisión se convocó a los delegados del EMC-Farc en el mecanismo de monitoreo, quienes se excusaron de asistir”, manifestó el mandatario en la comunicación.
En la misiva, el presidente aclaró que la suspensión del cese al fuego bilateral con ese grupo se suspende en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, lugares donde se reactivan todas las operaciones de ofensiva de la fuerza pública.
La decisión se hace, añadió Petro, bajo el cumplimiento del DIH y empieza a aplicar en las próximas 72 horas.
En la comunicación, el Gobierno Nacional también invita al grupo armado a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales en los que aún está vigente el cese el fuego. “Hemos constatado la distensión que se ha logrado en otros territorios donde opera el EMC-Farc por el respecto al cese el fuego y cómo se han evitado daños irreparables a la vida e integridad de los pobladores”, se lee en la comunicación presidencial.
Asimismo, el Gobierno Nacional señaló que en las próximas horas dará a conocer de los nombres de las personas que conformarán su delegación para la mesa de conversaciones con esas disidencias y comenzar “de manera perentoria” la fase de diálogos. Uno de los temas que proponen tratar con prioridad es el cese de hostilidades con carácter territorial.
Entre tanto, también se conoció un comunicado de este lunes, enviado por el EMC-Farc, en el que ratificaron que se levanta el cese el fuego con el Gobierno Nacional. Señalaron al Gobierno Nacional de ser un “supuesto gobierno del cambio” que se queda “en discursos y promesas”.
“También es de relevancia que los hechos de los que nos acusan nunca fueron verificados e insistimos en que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos”, indicaron desde el grupo armado.
La noticia del asesinato de los cuatro menores se conoció este sábado 20 de mayo en horas de la mañana. La denuncia la hizo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en una petición de “acción urgente” al ministerio del Interior.
Según información de la OPIAC, los jóvenes habían sido reclutados hace casi dos meses, el pasado 26 de marzo, y posteriormente asesinados el 17 de mayo, dos días después de que intentaran huir de las tropas de este grupo armado ilegal.
El pasado 17 de mayo, el mismo día en que los menores habrían sido asesinados, las disidencias de las Farc al mano de alias “Iván Mordisco” anunciaron que se reunirían para evaluar la continuidad del cese al fuego que estaba todavía vigente.
En un comunicado emitido por este grupo armado la semana pasada, señalaban que las Fuerzas Militares han incumplido con el acuerdo de cese al fuego de manera bilateral. Dicha situación, decían, se había registrado en “múltiples” ocasiones y en los diferentes lugares del país en donde tienen injerencia las disidencias al comando de ‘Iván Mordisco’.
El rechazo y la condena a la masacre de estos jóvenes fue inmediata y vino desde diferentes funcionarios del más alto nivel (incluido el presidente Petro), instituciones y dependencias del Estado, como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (que lidera la Paz Total), la Fiscalía, el ministerio del Interior y la Fiscalía.
De hecho, tras conocerse la noticia, tanto el ministerio del Interior como la Fiscalía enviaron equipos de funcionarios al territorio para corroborar y esclarecer los hechos denunciados.
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Continúa investigación por muerte del hijo del inspector general de la Policía Nacional
La Fiscalía ordenó la captura e imputó los delitos de homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones a Andrés Camilo Sotelo Torres, quien participó en la riña donde terminó muerto Juan Felipe.
La investigación sobre la muerte del joven Juan Felipe Rincón, hijo del general William Oswaldo Rincón Zambrano, inspector general de la Policía, avanza a paso firme con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos el pasado domingo en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.
En este caso, según reveló La W Radio, el informe del Laboratorio de Balística de la Seccional de Bogotá del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía señala que, de las armas halladas en la escena, solo la SIG SAUER modelo SP2022 calibre 9x19mm serial 24B018951 era apta para disparar. Esta arma al parecer le pertenecía al escolta del joven muerto.
“El proveedor se encontró en buen estado de funcionamiento, tiene una capacidad para alojar quince (15) cartuchos calibre 9×19 mm, siendo compatible con el arma de fuego analizada como A1. Se encontró APTO para uso”, refiriéndose al arma posiblemente portada por el escolta Sergio Felipe Rico Rueda.
Un día después de ocurrido el crimen, la Fiscalía ordenó la captura e imputó los delitos de homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones a Andrés Camilo Sotelo Torres, quien participó en la riña donde terminó muerto Juan Felipe.
Inicialmente se dijo que el arma que portaba Sotelo había sido la causante de la herida mortal a Rincón; sin embargo, el informe del CTI reveló que dicha arma no estaba en la capacidad de propinar el disparo.
“El revólver de co2 analizado como A2 (EMP 17), marca Dan Wesson, calibre 4.5 mm, serial 17D37188, ‘NO es apto para disparar’, debido a que el arma presenta ausencia de sus partes esenciales como tambor, brazo móvil o grúa, palanca de rotación del tambor y no presenta sincronismos de sus mecanismos de disparo”, añade el informe.
Por su parte, Sotelo ha asegurado que en el momento de la riña portaba un arma de balines y no de fuego, insistiendo en que él no fue el responsable del crimen.
“La verdad yo soy inocente, a mí me están acusando de algo que yo no soy culpable. La evidencias, los videos, todo está. Me están tratando de incriminar en algo que yo no fui. En las cámaras de los videos se nota cuando se desarma el arma, inclusive se le entregó al CTI, mostrando que era un arma de balines. Pero la Policía todo lo está cambiando”, dijo Sotelo a Caracol Radio.
La muerte de Juan Felipe ocurrió durante una discusión con varios vecinos del barrio Quiroga. La información preliminar señala que algunas familias le reclamaron al muchacho porque sostenía presuntas relaciones abusivas con dos menores de ocho y 15 años, residentes en el sector.
A Rincón lo acompañaba un escolta policial, el cual estaba armado, y se presentó en el tiroteo en el que murió el muchacho y otros dos civiles quedaron heridos.
Los vecinos aseguran que el agresor fue el escolta, pero este les informó a los superiores que el homicida fue uno de los vecinos involucrados, quien salió herido y posteriormente fue detenido como sospechoso de accionar un revólver.
Las autoridades tienen ahora la responsabilidad de esclarecer lo sucedido y resolver los interrogantes alrededor de esta tragedia.
Sobre todo por la variedad en las hipótesis. Según conoció este diario, aunque en efecto el informe del CTI arrojó que el arma aportada por Sotelo no era apta para disparar, la Fiscalía analiza otra variante y es la relacionada con una posible tercera arma en escena.
Las autoridades aún no han encontrado la bala que causó la herida mortal y es incierto de qué arma provino.
Adicional a eso, la Fiscalía tiene dudas sobre la procedencia del arma que supuestamente usó Sotelo durante el tiroteo. La razón radica en el hecho de que dicha arma fue entregada por Sotelo y su familia a la propia Policía, es decir, que pudo haber sido cambiada. Aunque eso está aún en investigación.
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Ep. 4 cinco de cinco RADIO SEAFLOWER 26 nov. 2024
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