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El panorama económico sigue generando dudas entre los tenderos de barrio en Colombia. De acuerdo con el más reciente Índice de Confianza del Tendero (ICT), realizado por dichter & neira, el optimismo entre estos pequeños comerciantes se ha reducido considerablemente en el último trimestre, pasando de un índice de -0,4 en junio a -5,2 en septiembre de 2024.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que solo el 32% de los tenderos considera que su tienda está en mejor situación financiera que hace un año, frente al 39% registrado en la medición anterior.

Esta caída del 7% refleja el creciente pesimismo en un sector clave para el comercio minorista colombiano.

Además, la incertidumbre sobre el futuro persiste. Aunque el 51% de los tenderos cree que sus negocios estarán en una mejor posición dentro de un año, el 53% teme que la situación económica general empore, citando el desempleo y el riesgo de recesión como los principales desafíos.

Menos inversión, más cautela

El estudio también destaca que la mayoría de los tenderos siguen viendo el momento como poco propicio para invertir.

El 63% opinó que no es buen momento para adquirir activos para sus tiendas, aunque esta cifra ha mejorado frente al 69% registrado en junio. La reducción refleja un nivel de mejora en la percepción, pero el escepticismo todavía domina.

El análisis de las categorías de productos en las tiendas de barrio también arrojó datos interesantes. Por ejemplo, el 77% de los comercios da prioridad a la exhibición frontal de papas (snacks), mientras que otras categorías, como los ponqués empacados (23%) y la leche UHT (17%), quedan rezagadas en visibilidad.

Erik Morales, director para South Latam de dichter & neira, señala que estas cifras deben ser una alerta tanto para los tenderos como para los fabricantes de bienes de consumo masivo. “El informe no solo mide el clima de confianza, sino que también orienta estrategias comerciales en un mercado dinámico y competitivo como el colombiano”, afirmó.

En medio del escándalo de corrupción de la UNGRD, en la que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está implicado, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a su cargo: “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de Gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese Gobierno”, dijo en la red social X.

El jefe de Estado, que utiliza esa plataforma como su canal principal de comunicación, nunca antes había publicado un mensaje tan largo. En este caso, titulado “Trino sobre Ricardo Bonilla, parte II”, pues ya había publicado uno el día anterior explicando su relación con Bonilla desde hace varios años y haciendo una defensa de su rol como jefe de la cartera de Hacienda sobre los llamados cupos indicativos en el Congreso relacionados con aprobación presupuestal de proyectos para la UNGRD, entidad que ha protagonizado el escándalo de corrupción más grande de la actual administración.

“A mi ministro de Hacienda, y a mí, nos han hecho la misma encerrona que a Tsipras (político de izquierda radical en Grecia) y nos han entrampado. ‘Si no da auxilios a nuestra Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, le dicen al ministro, no hay créditos para pagar la deuda, afirman’. Si no hay ayuda a parlamentarios, no hay ley de financiamiento (sic)”.

Y agrega el mandatario: “El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de MinHacienda, que nos hicieron trampas desde el principio”.

El papel de Bonilla en el escándalo de la UNGRD

Los dos testigos claves de este escándalo, Olmedo López y Sneyder Pinilla, empezaron a acudir a la Corte y a la Fiscalía para contar en detalle quiénes en el Gobierno estaban detrás de las órdenes de la corrupción: Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE y posterior cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (salió de su cargo); Luis Fernando Velasco, exministro del Interior (salió de su cargo); Cesar Augusto Manrique, exdirector de Función Pública (salió de su cargo e hizo acuerdo con la Fiscalía aceptando cargos); Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de Presidencia (continúa en su cargo); y, finalmente, el ahora exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Ese último nombre es el del punto de giro en la historia. En diciembre del año pasado, el Gobierno necesitaba un visto bueno determinante. El Ministerio de Hacienda estaba tramitando unos créditos con la banca internacional para las necesidades de presupuesto y del pago de la deuda. Es algo de lo que el presidente Petro se ha quejado permanentemente porque argumenta que el Gobierno Duque endeudó de más al Estado para responder a la pandemia, por lo que incluso hoy hay problemas de caja y de recursos que impactan en las políticas públicas.

El exministro era Bonilla pero el crédito, como es tradición, necesitaba la “luz verde” de la Comisión. Esta es una Comisión interparlamentaria, es decir, no hace parte de las 7 comisiones constitucionales, sino que se creó justamente para tener un control previo en la solicitud de créditos del Gobierno.

Está conformada por tres representantes y tres senadores de las comisiones terceras, que son las que debaten y legislan sobre todos los temas fiscales y de hacienda. Los créditos no estaban siendo aprobados en las sesiones de la Comisión y el Gobierno necesitaba conseguir el visto bueno de manera urgente. Para ese diciembre, a la Comisión habían ingresado dos congresistas más de las curules de paz, por lo que su composición era de ocho.

Entonces, aparecieron otros chats. Y el nombre de Bonilla, un escudero de larga data del presidente del que nunca se había dudado en su honradez, pasó a todas las lupas de la prensa, la Fiscalía y los críticos del Gobierno. En las conversaciones aparecían Jaime Ramírez, asesor de Presidencia cercano a Laura Sarabia, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y el propio ministro Bonilla.

Los tres cruzaron mensajes directos con el ex subdirector Snedyer Pinilla para pedirle una sola cosa: que se aprobaran tres contratos por 92.000 millones de pesos del presupuesto de la UNGRD para Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar y Saravena, Arauca. ¿Por qué? Porque “se nos van a caer los créditos de la nación”, le dijo Ramírez al alto funcionario de la UNGRD.

Los contratos finalmente no se firmaron porque explotó el escándalo de los carrotanques, pero en el camino se pudieron haber cometido varios delitos.

Lo más grave es la contundente confesión que le dio a la Fiscalía María Alejandra Benavides. Esta, luego de sufrir extrañas amenazas de muerte, decidió contarle a la fiscal que investiga la historia todo lo que sabía. Dijo que Bonilla le dio la orden de conseguir los votos en la comisión y agregó que todo se hizo con su aprobación previa.

Explicó que los nombres de los contratistas de esas supuestas obras que se iban a hacer en los tres municipios se los entregaron directamente los congresistas y aseveró que a Bonilla “no le importaba nada más”.