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Ministro de transporte propone volver a cobrar IVA del 5% a tiquetes aéreos

Guillermo Reyes, Ministro de Transporte, planteó la disminución en el impuesto para estimular el transporte aéreo en el país, ante la caída en ventas de las aerolíneas.

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Photo: Colprensa

Durante el debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, puso nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que a los tiquetes aéreos se les baje el IVA al 5%.

El funcionario hizo la petición al Legislativo para que se tramite un proyecto de ley con el fin que se apruebe el beneficio tributario, tal como se estableció desde el inicio de la pandemia y hasta el pasado 31 de diciembre.

Cabe recordar que actualmente el impuesto a los tiquetes aéreos está con un IVA del 19%, porcentaje al cual se volvió el pasado 1° de enero, luego que por más de dos años el impuesto estuviera en un 5%, como medida impulsada por el entonces presidente Iván Duque para hacer frente a la contingencia económica por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, ya con la tarifa del IVA en pleno, además de incrementarse los tiquetes aéreos, también subieron las tarifas de los servicios turísticos lo que tiene con malestar al sector.

“Esperamos que esta situación no desincentive los viajes nacionales e internacionales y se den las condiciones para apoyar a este sector tan importante de la economía. Tras la pandemia, recibimos un respaldo del Gobierno que ayudó a los empresarios, de una industria gravemente afectada, a solventar las complicaciones en sus ventas y el personal ocupado. Sin embargo, bajo este escenario tendremos que reevaluar acciones en busca de promover los viajes”, señaló Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato.

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El Fast Track de Petro no extendería periodo de curules extras en el Congreso

Dentro del Fast Track estaría incluida la aprobación, con mensaje de urgencia, de la reglamentación para ocupar la curul raizal en el Congreso, aprobado para su implementación desde el 2022.

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Photo: Presidencia de la Republica

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció este martes que la propuesta del fast track para sacar adelante las reformas sociales del Gobierno Nacional y acelerar la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc no contempla extender el periodo de las curules extras en el Congreso.

Cabe recordar que como parte de ese acuerdo se les aseguró a los miembros del partido político Comunes —fundado por los desmovilizados exlíderes de la guerrilla de las Farc— diez curules en el Legislativo, así no alcanzaran la votación necesaria para ocuparlas. De esas diez, cinco corresponden a puestos en el Senado y otros cinco en la Cámara de Representantes.

Así mismo, se creó las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), también conocidas como las curules de paz, que se les dieron a personas víctimas del conflicto de distintas regiones afectadas por el conflicto armado en el país.

Si bien estas curules debían implementarse desde 2018, recién pudieron ser ocupadas y creadas desde 2022. Por lo cual, su vigencia se extenderá hasta 2030.

Desde que el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de usar el fast track para aprobar sus reformas y poner el acelerador a implementar el Acuerdo de Paz con las Farc, se especuló con que se usaría también para extender por más tiempos los periodos de las curules de Comunes y las 16 de paz.

Sin embargo, Cristo negó esta posibilidad y dijo que “eso no está contemplado de ninguna manera, las curules de paz y las curules de las circunscripciones están definidas por ocho años en la Constitución Nacional”.

Ante esto, el ministro explicó que el interés del presidente Gustavo Petro tiene “un interés genuino en acelerar la implementación del acuerdo de paz”, por lo cual dijo que “ese plan de choque debe incluir una definición clara de las inversiones que se van a hacer en los territorios”.

“Mejorar la ejecución, la articulación al interior del Gobierno y la articulación con las entidades territoriales, por un lado, y por el otro lado vamos a definir en qué puntos esenciales hay que introducir algunas reformas legales”, añadió el funcionario.

Así mismo, aclaró que esa propuesta “es una idea en borrador”, que “hay que revisar a fondo, hay que concertar con las bancadas, hay que concertar con los partidos”.

El fast track es un mecanismo creado en 2016 que se conoció como Procedimiento Legislativo Especial para la Paz y que se creó para facilitar la aprobación de normas y leyes necesarias para la implementación del acuerdo con las Farc.

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Corte Suprema inicia investigación a congresistas de escándalo de la UNGRD

La Corte Suprema detalló que recibió de la Fiscalía General la compulsa de copias para investigar las actuaciones de nueve legisladores, entre los que están los presidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name

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La Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de apertura de investigación a los congresistas Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

El alto tribunal detalló que recibió de la Fiscalía General la compulsa de copias para investigar las actuaciones de nueve legisladores, entre los que están los presidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name, así como el representante a la Cámara, Wadith Manzur, contra quienes había una apertura previa.

La corporación reveló que para el caso en cuestión llevará a cabo una investigación penal concentrada liderada por el despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles. En ese sentido, los nuevos involucrados fueron agregados al radicado iniciado para el caso del representante Manzur.

“Los hechos relacionados con los congresistas de los que hasta ahora tiene noticia la Sala Especial de Instrucción, serán investigados inicialmente en el mismo radicado a cargo del magistrado Alarcón Granobles, por razones de conexidad procesal, en virtud de la posible existencia de un fenómeno de corrupción administrativa ocurrido en una entidad pública, durante un lapso determinado, con la participación de algunos directivos y con similares características en las presuntas conductas ilícitas”, explicó la Corte.

En cuanto a la investigación a Calle y Name, seguirá en el despacho del magistrado Francisco Farfán.

En la compulsa de copias, la Fiscalía pidió al alto tribunal “que se indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos relacionados con la estructura ilícita que habría funcionado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez”.

Los hechos investigados tienen relación con la presunta alteración de contratos suscritos por la Ungrd a través de los cuales se sacó una tajada de 4.000 millones de pesos. Ese dinero, dicen los testigos, fue entregado como soborno a los congresistas Calle y Name para que movieran la agenda y las reformas del Gobierno en el Congreso.

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Victimas hacen reclamos ante libertad de Salvatore Mancuso

Luego de la llegada de Mancuso al país en febrero de 2024 tras purgar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, hubo muchas decisiones judiciales sobre su libertad.

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Tras conocerse la liberación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, las organizaciones de víctimas se han pronunciando para solicitarle compromisos con la verdad y la reparación de estas.

Según trascendió, el histórico jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia quedó libre luego de que se dictaminara que ya había cumplido su pena impuesta durante el proceso de Justicia y Paz, al que se acogió tras la desmovilización de las AUC.

Luego de cumplir sus obligaciones judiciales bajo Justicia y Paz, Mancuso ahora ostenta la figura de gestor de paz, por designación del presidente Gustavo Petro a través de una resolución que expidió en agosto de 2023, a la vez que fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

A raíz de esta situación, habitantes del Urabá Antioqueño, Córdoba, Montes de María y de pueblos a la orilla de los ríos Magdalena y Sinú han expresado su deseo de que Mancuso ahonde en la verdad que hay tras delitos como masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierra del que fueron víctimas.

“Mancuso ya pagó su condena en Justicia y Paz. Pero las víctimas siguen esperando más verdad. Que él confiese todos esos hechos realizados –en connivencia con otros grupos armados y con empresarios– cuando estuvo con las autodefensas”, apuntó Nora Saldarriaga directora de la Fundación Forjando Futuros.

Saldarriaga también señaló que las organizaciones de la sociedad civil le reclaman al exjefe paramilitar que, si va a estar en la JEP aporte a la verdad y la justicia.

“Y por supuesto que se le den las garantías para que ayude al esclarecimiento de hechos tan importantes como la ubicación de las fosas y en donde están los desaparecidos, para que las víctimas puedan ser reparadas, puedan conocer los hechos y puedan tener esa verdad y así salir de esta situación tan crítica que sigue sumiendo a los colombianos”, apuntó Saldarriaga.

Luego de la llegada de Mancuso al país en febrero de 2024 tras purgar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, hubo muchas decisiones judiciales sobre su libertad. La definitiva la emitió el pasado 4 de marzo una jueza de Justicia y Paz.

En ese momento la magistrada, por petición de la defensa, acumuló todos los procesos que mantenían a Mancuso en La Picota, y profirió fallo a su favor. Sustituyó las 57 medidas de aseguramiento por medidas “no privativas de la libertad”. Además, ordenó al Inpec expedir la debida boleta de salida.

Eso, sin embargo, no fue inmediato. El Inpec se tomó más de dos meses para remitir 31 oficios a los despachos judiciales entre Fiscalías, Juzgados, Tribunal Superior, Unidad Nacional de Lavado de Activos, Justicia Transicional, Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que cada uno informara si tenían algún pendiente con el ahora gestor de paz o en su contra proferidas medidas de aseguramiento.

Una vez fueron allegadas todas las respuestas y notificaciones, el Inpec procedió con el trámite de libertad.

Tras su salida de la cárcel, se prevé que Mancuso se radique en la ciudad de Medellín como ordenó la juez que le acumuló los procesos y concedió la libertad.

Eso sí, Mancuso no podrá desplazarse a las zonas donde tuvo injerencia criminal, es decir regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira. Además, de los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado.

Pese a que hoy es un “gestor de paz”, actualmente Salvatore Mancuso tiene abiertos varios procesos judiciales en diferentes etapas por 65.067 hechos criminales por los que se emitirían 45 sentencias adicionales en su contra, según Justicia y Paz.

La justicia colombiana también lo vincula a múltiples masacres como la de Pichilín en Sucre, la masacre de Tasajera y El Salado en Bolívar, y otras más.

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