La tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República alcanzó su punto más álgido esta semana y reabrió el debate: ¿qué pasa cuando un banco central pierde su autonomía? La experiencia de países como Turquía, Argentina y Venezuela volvió al centro de la discusión como advertencia.

El episodio ocurrió el pasado martes 31 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró en plena sesión de la junta directiva tras oponerse al alza de la tasa de interés a 11,25% y, minutos después, anunció una “distancia significativa” con el Emisor en una rueda de prensa aparte, un hecho sin precedentes en la historia del país.

La decisión fue respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien confirmó la salida del Gobierno de la junta y cuestionó las decisiones del Emisor: “No somos partícipes de una posición de oposición suicida”, dijo.

Desde sectores oficiales se insistió en que el Banrep responde a intereses particulares, distintos a los del Gobierno, mientras que desde la entidad se defendió su carácter técnico y su mandato de controlar la inflación.

@valentinaraujo204

Aquí tienes un trino corto, directo y con filo: La inflación bajó, pero el Banco de la República mantiene tasas altas. ¿Error técnico? No. Ahora vemos fichas políticas cerca de esas decisiones, como el entorno de Paloma Valencia. Mientras usted paga más, otros ganan más. Esto no es técnico, es político.

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El gerente del Banrep, Leonardo Villar, aseguró que “las decisiones se tomaron por mayoría y con base en criterios técnicos, en línea con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda”. Además, indicó que, salvo el ministro de Hacienda, los integrantes de la junta toman decisiones de manera independiente.

Villar añadió que los codirectores actúan guiados por lo que consideran “mejor para la sociedad”, y explicó que el alza responde al repunte de la inflación (5,3% en febrero), a presiones persistentes en indicadores clave (6,1% sin alimentos y 7% en servicios) y a expectativas todavía alejadas de la meta del 3%.

En medio de esta controversia, el caso de Turquía se convirtió en un ejemplo claro de los riesgos que implica la intervención política en los bancos centrales. Su experiencia demuestra que la pérdida de autonomía frente a las decisiones de los gobiernos de turno puede minar la credibilidad de la institución y desestabilizar la economía.

Todo empezó cuando el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, promovió una política económica heterodoxa de recorte de tasas de interés, conocida como “Erdoganomics”, basada en la idea poco convencional de que los tipos de referencia altos elevan la inflación, lo que llevó a presiones sobre el Banco Central de Turquía para apartarse de los criterios tradicionales.

La intervención directa de Erdoğan en el banco central, que incluyó la destitución de varios gobernadores, terminó por erosionar la confianza de los inversionistas y debilitó la credibilidad. En ese contexto, el país enfrentó un dilema clásico: subir las tasas para estabilizar la moneda, con el costo de frenar el crecimiento, o mantenerlas bajas, asumiendo el riesgo de una crisis cambiaria.

Entre 2015 y 2019, en medio de una elevada incertidumbre política, el gobierno turco optó por priorizar el crecimiento mediante estímulos al crédito.

Esta decisión amplió los déficits externos y aumentó la vulnerabilidad financiera, sentando las bases de la crisis que estalló en 2018 con una fuerte devaluación de la moneda, seguida de alzas abruptas en las tasas de interés y una recesión económica.

Las consecuencias fueron profundas. La lira turca se depreció más de 90% en la última década y, según el Centro de Estudios Orientales (OSW), a finales de 2021 el temor a una mayor caída desató pánico en los mercados: en apenas un mes, la moneda pasó de 10 a 17 liras por dólar, mientras la inflación saltó del 21% al 36%.

La escalada continuó en 2022, cuando la inflación alcanzó un pico de 85% en octubre, su nivel más alto en 24 años. A este deterioro se sumaron mayores costos de endeudamiento y un alza en los incumplimientos de crédito.

Y aunque a comienzos de 2026 se comenzó a observar un proceso de menor inflación —de cerca de 65% en 2023 a una proyección de 25% para finales de 2026—, la inercia inflacionaria sigue siendo elevada, especialmente en alimentos y servicios.

Para Andrés García, director del Observatorio Laboral y decano de Economía de la Universidad del Rosario, lo ocurrido en Turquía deja una lección clara a Colombia: la intervención política sostenida en el banco central termina por debilitar su credibilidad.

“Forzar tasas de interés bajas en un contexto de alta inflación suele traducirse en fuertes devaluaciones de la moneda y en espirales inflacionarias difíciles de contener”, comentó.

Subrayó que, aunque Colombia está lejos de un escenario similar, episodios como el ocurrido recientemente sí elevan los riesgos cuando se debilita la autonomía del banco. A su juicio, el país cuenta hoy con un marco institucional más sólido, pero insiste en que este debe preservarse para evitar desequilibrios mayores.

@thejajfclips

Bnco de la Republica le sube un 1% a la tasa de interes #petro #colombia #bancodelarepublica #alvarouribe

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Las lecciones de América latina: relación entre autonomía e inflación

El debate sobre la autonomía del Banrep también reabrió una discusión más amplia que se llevó a cabo en América Latina, donde la historia muestra los efectos de debilitar, o fortalecer, a los bancos centrales.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que analizó la evolución de estas instituciones en 17 países de la región durante los últimos 100 años, concluyó que existe una relación directa entre mayor independencia y menor inflación. Es decir, cuando los bancos operan sin presiones políticas, los países logran una mayor estabilidad en sus precios.

El estudio identificó un primer periodo, entre las décadas de 1940 y 1990, marcado por la pérdida de autonomía. Tras la Gran Depresión, los bancos centrales dejaron de enfocarse exclusivamente en la estabilidad monetaria y pasaron a convertirse en instrumentos de desarrollo económico bajo la órbita de los gobiernos.

En la práctica, esto significó que muchas economías permitieron el financiamiento directo del gasto público a través de sus bancos centrales.

Esta “dominancia fiscal” terminó sembrando las bases de episodios de alta inflación. Durante los años 70 y 80, varios países enfrentaron crisis inflacionarias severas —e incluso hiperinflación— como resultado de la subordinación de la política monetaria al poder ejecutivo.

El giro llegó en la década de 1990, impulsado por el deterioro económico y social acumulado. La mayoría de los países implementó reformas estructurales para blindar a sus bancos centrales, otorgándoles independencia política y operativa, con un mandato claro: controlar la inflación.

Estas reformas incluyeron restricciones estrictas, e incluso prohibiciones, al financiamiento del déficit fiscal por parte de estas entidades, eliminando así uno de los principales factores de inestabilidad. El resultado fue contundente: la inflación cedió de forma sostenida y, para comienzos del siglo XXI, se ubicó en niveles bajos y relativamente estables en gran parte de la región.

La evidencia empírica respalda este cambio. El FMI encontró que una menor independencia está asociada con mayores niveles de inflación a lo largo de las últimas décadas. En consecuencia, un aumento significativo en la autonomía de estas instituciones puede traducirse en reducciones acumuladas de la inflación cercanas a 10 puntos porcentuales en un periodo de cinco años.

Argentina y Venezuela: cuando el banco central es “caja” del Gobierno

El informe también tomó casos no tan lejanos en los que la independencia se ha debilitado, con consecuencias inflacionarias claras.

En Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se modificó la carta orgánica del Banco Central (BCRA), ampliando su mandato más allá de la estabilidad de precios. Esto permitió financiar directamente al Tesoro y utilizar reservas internacionales para pago de deuda.

El resultado fue una aceleración sostenida de la inflación, que pasó de niveles de 20%–25% a cerca de 30% anual hacia 2015, según mediciones privadas ante la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec).

Más recientemente, el debate giró hacia el extremo opuesto: el presidente Javier Milei ha planteado limitar la capacidad del banco central de emitir dinero para financiar el gasto, pasando de propuestas de “cerrarlo” a una estrategia de saneamiento para neutralizar su rol en la política fiscal.

Otro de los casos, que representa el escenario más extremo de intervención, es el de Venezuela. Allí, el Banco Central (BCV) operó durante años bajo control directo del gobierno chavista, lo que derivó en una de las hiperinflaciones más prolongadas de la historia.

Aunque lejos del pico de 130.000% registrado en 2018, el país cerró 2025 con una inflación cercana al 475%, reflejo de la persistente desconfianza en el bolívar y los efectos de la emisión monetaria.

El deterioro fue crítico. La pérdida de valor del bolívar llevó a una dolarización de facto: actualmente, más del 80% de las transacciones se realizan en dólares, mientras la moneda local ha dejado de cumplir sus funciones básicas.

Tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la instalación de un gobierno de transición, se espera que el BCV comience un proceso gradual de reconexión con los mercados internacionales. Aquí se abre la posibilidad de avanzar hacia una recuperación de su autonomía, aunque el resultado dependerá de la reestructuración de la deuda externa y de la consolidación de un marco económico creíble.

¿Por qué no bajar las tasas de interés hoy en Colombia?

Así las cosas, una de las preguntas que hoy marca el debate económico es si bajar las tasas de interés realmente le conviene a la economía.

El presidente Petro ha insistido en la necesidad de reducirlas para impulsar la reactivación y evitar un escenario de estanflación, al considerar que el alto costo del crédito frena sectores clave como la vivienda, la inversión y el empleo.

Sin embargo, decanos de economía de las principales universidades del país respaldan el reciente aumento de tasas del Banrep, señalando que la política monetaria enfrenta un dilema: reducir la inflación implica costos a corto plazo, como menor crecimiento o un aumento transitorio del desempleo, pero asegura estabilidad de precios en el largo plazo.

Además, advierten que la inflación elevada golpea más a los hogares vulnerables, deteriora el ahorro y encarece el acceso al crédito, especialmente para las pequeñas empresas. Por eso, consideran que el alza de tasas no es arbitraria, sino una medida para contener las expectativas y evitar que la inflación se consolide, reduciendo así los costos futuros de su control.

Para José Ignacio López, presidente de Anif, el debate sobre la independencia del Banrep suele ser limitado. No basta con que sus directivos no sean nombrados por el Gobierno; lo crucial es que la entidad tenga el mandato de controlar la inflación y mantener baja tolerancia al alza de precios, incluso frente a presiones políticas o sociales.

López advirtió que delegar la política monetaria a otros actores, como gremios o sindicatos, no garantiza independencia. Estos grupos, dijo, podrían priorizar medidas de estímulo económico inmediato, aumentando la inflación futura.