En la mañana de este miércoles, el alcalde Federico Gutiérrez anunció las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot, que pasará de tener una capacidad de 44.200 espectadores a 60.000, y además tendrá una cubierta completa para todas las tribunas y no solo para la tribuna de Occidental, como está actualmente.

El alcalde explicó que se construirá una tribuna adicional hacia arriba, un tercer anillo, lo que implicará no afectar la estructura actual, a la que se le hará estudios de resistencia. La obra, aseguró el mandatario, se realizará en un 100% con recursos públicos.

En el evento de lanzamiento estuvieron el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, así como los presidentes de los equipos de la región: Nacional, Medellín, Águilas y Leones. Así como glorias del deporte antioqueño como René Higuita y Francisco Maturana.

Gutiérrez señaló que aunque esta obra no estaba en su plan inicial de gobierno, tras dos años en La Alpujarra fue posible llevarlo a cabo.

“Muchos de los planes que queríamos hacer en la ciudad estaban en la incertidumbre porque recibimos una ciudad saqueada que primero había que poner en orden”, señaló el mandatario.

¿Cómo será el nuevo diseño del Atanasio Girardot?

El estadio Atanasio Girardot no se remodelaba desde hace más de una década, cuando en 2011 se instaló nueva silletería para la realización del Mundial de Fútbol Sub-20 de la Fifa.

Según explicó el alcalde, los nuevos trabajos arrancarán con la demolición de la cubierta actual para poner una nueva y que cubra a todas las tribunas. Se cambiarán las torres de iluminación y ahora las luces serán internas, como en los grandes estadios del mundo.

También se remodelarán los pasillos, las zonas de comidas y muchos otros espacios para mejorar la experiencia para los hinchas.

La intervención de mayor envergadura consistirá en la construcción de una nueva tribuna hacia arriba; es decir, un tercer piso.

Con esto, el Atanasio será el estadio más grande de Colombia, por encima del Metropolitano de Barranquilla, donde actualmente hay capacidad para 49.000 espectadores, y de Palmaseca, de Cali, con capacidad para 52.000 espectadores.

En su zona externa, el estadio también tendrá una intervención de espacio público en un área de 40.000 metros cuadrados.

Según informó el alcalde, la obra tendrá un costo aproximado de $750.000 millones y se estructurará a través de una licitación pública, con recursos 100% públicos.

“Necesito que se presenten los mejores. Será 100% transparente. Que el contratista que se gane esta obra le responda y le cumpla a la ciudad”, expresó el alcalde al referirse a la licitación.

En cuanto al cronograma de la obra, el mandatario distrital señaló que la expectativa es que entre mayo y junio del año entrante inicien las obras, con la esperanza de que se terminen en diciembre de 2027.

Sin embargo, aclaró que la prioridad es que los trabajos se hagan bien. “Ojalá como Alcalde lo pudiera entregar, pero que se demore lo que se tenga que demorar. Lo importante es que quede bien”, añadió.

¿Cuánto costará la remodelación del estadio Atanasio Girardot?

El costo estimado es de $750.000 millones, financiados con recursos públicos.

¿Qué cambios tendrá el nuevo estadio de Medellín?

Contará con una nueva cubierta total, iluminación moderna, tribuna adicional y mejoras en zonas de comidas y accesos.

¿El nuevo estadio Atanasio Girardot superará al Metropolitano de Barranquilla?

Sí. El Atanasio renovado superará al Metropolitano, que tiene capacidad para 49.000 personas.

A las 11:40 de la mañana de ese miércoles Caracol Radio interrumpe su programación para informar sobre la toma del Palacio de Justicia. En cabina de los estudios radiales de la calle 19 con carrera octava, Yamid Amat conduce la transmisión mientras, desde el Congreso de la República, el periodista Juan Carlos Rincón describe lo que observa y escucha.

Pocos minutos después, Caracol establece comunicación con el abogado Jaime Moreno, quien, desde su oficina, en un edificio vecino al Palacio por el costado norte, relata en directo lo que ocurre en el interior del Palacio de Justicia.

“Se escucha una balacera, veo a los policías, parece son del Banco Cafetero, disparando y hay uno tirado en el piso”

A las 12:00 del mediodía, María Cristina, secretaria atrapada dentro del Palacio, logra comunicarse para contar la dramática situación que viven los rehenes.

“No que es lo que pasa, se escuchan disparos. Estoy en mi oficina en el cuarto piso. Los disparos comenzaron hace unos 15 minutos”

Había que dimensionar la gravedad de los hechos. El periodista Héctor Mario Rodríguez contextualiza la magnitud del hecho contextualiza el número de magistrados que podrían estar retenidos.

“Son mas de 40 magistrados mas los auxiliares y otros funcionarios de la justicia los que podrían estar dentro del Palacio de Justicia”

Poco después, Caracol logra hablar con el magistrado Fernando González, mientras de fondo se escuchan disparos dentro del edificio.

“¿Si escuchan los disparos?”

Las exigencias del M-19

Hacia la 1:00 de la tarde, el periodista Javier Ayala revela los planes y las peticiones del grupo guerrillero M-19, responsables de la acción armada.

“Dicen que están dispuestos a permanecer varios días. Piden la presencia del presidente Belisario Betancur para una especie de juicio publico por la manera como se maneja el proceso de paz. Piden espacio en radio y televisión”

Décadas más tarde, el periodista Herbin Hoyos (1967 – 2021) obtuvo copias de las comunicaciones militares que un radioaficionado grabó durante aquellos días.

“Me dicen que la Cruz Roja no ha llegado, apurar, apurar para acabar con todo…”

¡Qué cese el fuego!

Pasadas las 3:00 de la tarde, el periodista Guillermo Franco Fonseca informa sobre la evacuación de algunos visitantes y funcionarios, en medio de la esperanza de que el enfrentamiento terminara pronto.

Esa ilusión duró poco. Los disparos continuaron y la situación se tornó más crítica.

Luego de las 4:00 de la tarde, Caracol Radio logra comunicación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien, en medio de los disparos, ruega:

“Por favor, cesen el fuego para poder dialogar…”.

Minutos después, la periodista Mónica Rodríguez contacta al jefe guerrillero Andrés Almarales, uno de los comandantes del M-19 dentro del Palacio.

Cerca de la carrera Séptima, frente a la Casa Museo 20 de Julio, varios periodistas, entre ellos Guillermo Franco, logran hablar con el magistrado Jaime Paredes, quien había sido evacuado.

La orden de silencio

Al caer la noche del 6 de noviembre, la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín ordena a las emisoras y canales de televisión suspender las transmisiones en directo argumentando que era necesario evitar el pánico entre los colombianos. Los medios no tienen mas que transmitir el partido Millonarios vs Unión Magdalena.

Meses después, ante el Congreso, la ministra defendió esa decisión.

“Le pedimos a los medios colaborar y no transmitir detalles de los operativos, porque no sabíamos lo que estaba pasando dentro del Palacio de Justicia…”

Minutos después de las 10:00 de la noche, el coronel del Ejército Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, aparece desde la puerta de un carro militar blindado y frente a las cámaras y micrófonos explicando las acciones militares. Su frase quedaría marcada en la memoria del país.

“Defendiendo la democracia, maestro. Aquí no van a asustarnos ni atentar contra las ramas del poder público…”

Horas más tarde, se desata un incendio dentro del Palacio de Justicia que se prolonga durante toda la noche. Desde los carros militares blindados, los militares disparan un proyectil de alto calibre contra la fachada del Palacio en la parte superior argumentando que buscaban crear una “chimenea” para que saliera el humo.

7 de noviembre: la madrugada del fuego y el silencio

Al amanecer del jueves 7 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Isnardo Ardila, informa en diálogo con Yamid Amat sobre la situación en el Palacio.

Las líneas telefónicas se interrumpen por el fuego, y la Cruz Roja intenta auxiliar a las víctimas entre los escombros.

Hacia las 2:00 de la tarde, el ministro de Justicia Enrique Parejo González entrega un balance preliminar de lo ocurrido. Para entonces, el país entendía que la toma y retoma habían terminado, pero comenzaba una búsqueda que aún no concluye: la búsqueda de justicia.

Después del fuego

Durante el gobierno de Virgilio Barco, los máximos jefes del M-19 fueron indultados, decisión que se ratificó en 1992.

Mientras tanto, los procesos judiciales contra militares y policías continuaron, al igual que las preguntas sin respuesta de decenas de familias que, cuatro décadas después, siguen esperando verdad y justicia.

En la audiencia pública de presentación del informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del derecho a la salud en Colombia.

Este agravamiento está marcado por un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación y con un impacto más severo en poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad.

Encuesta y cifras que preocupan

Los efectos de esta crisis son múltiples y severos. A partir de las encuestas realizadas (3.449), se hizo un ejercicio para determinar el impacto económico de la falta de entrega oportuna de medicamentos, principalmente se identificaron seis (Metformina, Valsartán e Insulina Glargina), que incluye aquellos utilizados en diagnósticos de salud mental y otras condiciones neurológicas (Quetiapina y Ácido Valproico), así como en salud materna (Ácido Fólico).

Al determinar el costo del tratamiento mensual y estimando unos ingresos promedios de acuerdo con los reportes contenidos en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna.

La Defensoría del Pueblo, con corte a septiembre del 2025, además, tiene un reporte de 584 medicamentos diferentes no entregados. El seguimiento a 1.798 de estos casos indica que el 48% de ellos no ha sido resuelto. Ante la no entrega, el 61% de los encuestados manifestó que compraría el medicamento de manera particular, lo cual representa un impacto económico crítico, que se agrava en los territorios rurales, rurales dispersos y pueblos étnicos.

Los tres medicamentos que fueron reportados como no entregados con mayor frecuencia fueron Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. En el grupo de los diez primeros medicamentos, se acumula el 25% de los reportes de no entregas.

“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos, privilegian el interés del canal comercial sobre el canal institucional”, manifestó desde Barranquilla la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe.

Panorama de tutelas

Si bien el informe presenta un panorama detallado del 2025, la Defensora del Pueblo dio a conocer las crifras sobre las tutelas presentadas en los últimos cinco años y ocho meses. Son 1.003.147 las acciones jurídicas radicadas ante la Corte Constitucional, invocando el derecho a la salud entre enero del 2020 y agosto del 2025.

Tan solo en el 2025, el 33,85% de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82% de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.

La Defensoría ha acompañado e interpuesto 18.451 tutelas entre enero y agosto del 2025, recurso judicial con el que ha sido solicitado el amparo del derecho fundamental a la salud. El 24% de las acciones estuvo relacionado con la negación en la entrega o acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados fueron Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%).

Indicadores que sustentan el diagnóstico

Durante la audiencia, la Defensora enfatizó en que “esta problemática, la cual combina factores financieros, administrativos y logísticos, refleja una situación de mayor criticidad y regresividad en el funcionamiento y sostenibilidad del sistema”.

La Superintendencia Nacional de Salud registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos.

La Defensoría del Pueblo recibió 107.000 quejas entre 2022 y 2025. Para 2024 recibió 35.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud, un aumento del 32% frente al 2023. Solo entre enero y agosto del 2025, han sido radicadas cerca de

28.000 quejas relacionadas con problemas en la prestación de los servicios de salud.

El informe, construido a partir de información oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, y de datos primarios recolectados mediante la Estrategia de Respuesta Inmediata y los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en 19 departamentos, evidencia un deterioro progresivo en la garantía de este derecho fundamental.

Hallazgos principales

La afectación generalizada en el acceso a medicamentos se explica por una combinación de factores estructurales y coyunturales, que fueron explicados de la siguiente manera por la Defensora del Pueblo:

• Falta de transparencia financiera de EPS, IPS y gestores farmacéuticos, acompañada de falencias en la rendición de cuentas.
• Retrasos y atascos en los pagos que afectan la disponibilidad de medicamentos y servicios.
• Distorsión de la cadena logística, que desplaza la atención hacia el canal comercial privado mientras el institucional asume los medicamentos de alto costo.
• Barreras administrativas y cambios en gestores farmacéuticos con capacidades insuficientes para atender las demandas territoriales, que interrumpen tratamientos, particularmente en territorios de difícil acceso.

Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia son los departamentos donde las vulneraciones al derecho a la salud son más críticas. Les siguen La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.

“Se reconoce una causa estructural, consistente en la alta inequidad social y económica. Mientras la inequidad persista será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud. A pesar de los avances en los indicadores de salud pública de los últimos 30 años en el sistema de salud colombiano, existe una clara inequidad en el acceso a la atención en salud, particularmente para la población rural y la de la periferia del país y de las grandes ciudades, derivada de barreras geográficas, sociales, culturales y económicas”, afirmó la Defensora del Pueblo.

Importancia del Puesto de Mando Unificado

Con base en el análisis de tutelas, quejas y reclamos recibidos por la Supersalud y la Defensoría del Pueblo, se priorizaron 18 departamentos (19 regionales de la Defensoría) para implementar la Estrategia de Respuesta Inmediata y los PMU, los cuales abarcan más del 20% de la población nacional, con predominio de comunidades étnicas y rurales.

Durante la ejecución se realizaron 45 reuniones con 17 tipos de actores del sector salud y control institucional, lo que permitió caracterizar las causas y efectos de la falta de acceso a medicamentos y activar rutas administrativas de solución. Aunque la estrategia tuvo un enfoque coyuntural, también abordó problemáticas críticas como el pago de deudas y las demoras en autorizaciones de servicios.

Los testimonios recopilados en los PMU sugieren que los usuarios corren el riesgo de ver afectada su calidad de vida y, en algunos casos, poner en riesgo su vida debido a la falta de atención o entrega de medicamentos.

También se ha identificado un impacto emocional profundo, evidenciado en frustración, pérdida de confianza y tensiones hacia el personal médico, que enfrenta sobrecarga laboral y episodios de violencia.

Principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo presentó un conjunto de propuestas para enfrentar la crisis del sistema de salud y garantizar el derecho efectivo a la atención.

• Reforma estructural: Promover una reforma a la salud consensuada que asegure equidad, sostenibilidad financiera y enfoque diferencial, fortaleciendo las capacidades locales.
• Coordinación interinstitucional: Crear un tablero nacional de seguimiento al suministro de medicamentos y servicios, así como mejorar la articulación entre las entidades del sector.
• Transparencia y rendición de cuentas: Establecer mecanismos de conciliación de deudas entre actores del sistema, como también fortalecer la vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
• Atención con enfoque territorial: Priorizar zonas rurales y poblaciones vulnerables e implementar un plan nacional para pacientes de alto costo y apoyo a cuidadores.
• Vigilancia y participación ciudadana: Reforzar los controles con participación de entidades de salud, órganos de control y veedurías.
• Fortalecimiento institucional y judicial: Mejorar la gestión administrativa y judicial para reducir la congestión por tutelas y agilizar los reembolsos a pacientes.

“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema, en su deber de garantizar el derecho a la salud y en su obligación de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría, cuyo rol es acercar a las partes para aliviar el sufrimiento que, sin ninguna duda, hoy padece la población colombiana”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.