El 24 de octubre de 2025, a siete meses de las elecciones presidenciales, cuatro altos funcionarios de esa administración se reunieron con 11 jefes de los paramilitares que habían sido nombrados como gestores de paz.

Estos eran Armando Benedetti, ministro del Interior; Angie Rodríguez, directora del Dapre; Víctor de Currea Lugo, asesor de Presidencia; y Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El supuesto propósito de esa reunión era cerrar el acuerdo de Ralito, la mesa ilegal en la que los paramilitares se sentaron con políticos de todas las regiones para comprometerse a un desarme por etapas. Entre los compromisos, según la Comisión de la Verdad, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban dispuestas a dejar las armas a cambio de legalizar parte de su fortuna, su poder político y de la no extradición.

“Este día histórico es un paso fundamental para que el país pueda sanar las heridas. Hay una verdad que se sabe en las etapas judiciales pero el país no conoce (…) es necesario cerrar este proceso que lleva más de 20 años”, dijo entonces Angie Rodríguez.

Pero en ese documento, según reveló La FM, no habrían quedado expuestas las supuestas medidas contra líderes políticos de la entonces oposición a Petro. Sí habrían quedado varios compromisos.

La revelación llega en medio de la polémica por el llamado “Pacto de Valledupar” durante el gobierno de Gustavo Petro, tras las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Este dijo que delegados del expresidente le habrían pedido a exjefes paramilitares acusar falsamente a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras con fines electorales.

¿Qué dice el documento?

Dos fuentes presentes en esa reunión detallaron a la emisora que, cuando los altos funcionarios llegaron a la mesa y presentaron la propuesta que enlodaría a los líderes de oposición, los exjefes paramilitares se habrían negado para no incurrir en falso testimonio o fraude procesal. Esto, ya que hace unos años negaron conocer la participación de esos líderes políticos en el tema ante la Fiscalía, la JEP o la Corte Suprema de Justicia.

En uno de los apartados del documento revelado diría “la verdad lograda requiere una mayor audacia para que el país la conozca”. Luego, explicaría las barreras de la seguridad jurídica para conseguir las nuevas declaraciones en la estrategia del Gobierno.

“Identificamos una serie de obstáculos que generan inseguridad jurídica, la cual podría ser un nuevo problema para revisar de manera sistemática el largo acumulado de verdad que ya se ha recopilado en diferentes procesos jurídicos, académicos y políticos. Por lo anterior, el Estado garantizará que la contribución a la verdad se realice en condiciones de justicia restaurativa y no de impunidad”, diría el documento.

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Después, el Gobierno les habría prometido a los exjefes paramilitares que no tendrían riesgos jurídicos para sus nuevos testimonios. “A pesar de los avances, para un sector de la sociedad, la verdad de la economía y la política detrás del fenómeno de las autodefensas tiene temas pendientes y este proceso abordará esos dos temas, a partir de la información disponible, del interés general, y de la seguridad jurídica de los implicados”, detallaría el texto.

Otro de los compromisos incluiría “explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión así como revisar las condiciones de reclusión mientras se concreta su situación jurídica”.

En ese sentido, el gobierno Petro, a través de Rodríguez, presuntamente habría ofrecido la excarcelación de los exjefes o mejorar sus condiciones en las cárceles a cambio de información que pudiera servir para ganar las elecciones. Desde eso, De la Espriella ya se perfilaba como un rival fuerte para el petrismo, como efectivamente pasó.

Y Rodríguez y Benedetti salieron a mostrarse ante la opinión pública. “Nos hemos reunido con 16 gestores de paz designados. Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad, verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia, sobre todo a la verdadera clase política, al establecimiento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos. Ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad o sustentándose en lo que se deba”, afirmó Benedetti en su momento.

De hecho, hasta se habrían propuesto penas alternativas. “Se propone retomar la iniciativa de colonias agrícolas, como una forma de resocialización de aporte productivo a las comunidades”, detallaría el escrito.

Contrario a lo que dijo Mancuso, el documento sí habría sido firmado por los exjefes paramilitares, para que en los siguientes diez días hábiles enviaran una actualización del plan de trabajo con tareas puntuales para implementar lo supuestamente pactado.

Revisarían la extradición

Si bien Mancuso dijo que los exjefes habrían dicho que no hablarían de los tres nombres tras la confesión de Rodríguez, en el documento firmado se habrían comprometido a elaborar planes de trabajo para contar nuevos hechos y revisar las condiciones para un nuevo proceso de justicia transicional, teniendo en cuenta la desmovilización de Justicia y Paz.

El Gobierno Petro, incluso, habría prometido revisar la extradición. “El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de las gestorías de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”. Aunque varios de esos paramilitares ya habían pagado sus penas en Estados Unidos, algunos todavía permanecían en cárceles en el país sin haber sido extraditados.

Finalmente, el último párrafo se referiría a la relevancia y el compromiso del Gobierno con la fallida política de “paz total”. Y, aunque en los documentos no quedaron los nombres del hoy presidente De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras, que según Rodríguez eran el principal interés del Gobierno para las nuevas declaraciones, el documento sí sería un insumo para la justicia.

Esto, por los beneficios que se habrían ofrecido para que los exjefes paramilitares hablaran en medio de la campaña electoral.

Para explicar el caso, EL COLOMBIANO contactó al abogado penalista y docente Óscar Santamaría, quien detalló los delitos que podrían haberse dado en la situación. “Se configurarían varios delitos por los miembros del Gobierno: concierto para delinquir, falso testimonio, fraude procesal”, explicó.

Luego, el experto se refirió a casos en los que habrían ocurrido situaciones similares. “Esto ha venido pasando en otros procesos como el de Álvaro Uribe o el exministro Andrés Felipe Arias. La Corte y el Congreso le han jugado a eso, como el senador Iván Cepeda”, expuso.

Santamaría dejó claro que definir las presuntas responsabilidades depende de las autoridades competentes.

“Ante esta situación le corresponderá a la Fiscalía investigar qué fue lo que pasó en Valledupar y entrevistar a cada uno de estos exmiembros de las AUC para que digan qué pasó y qué les pidieron Angie Rodríguez y Armando Benedetti. La Fiscalía tendrá que abrir una noticia criminal para dar con los presuntos responsables, llevarlos a una imputación y que un juez definan”, agregó.

Finalmente, el docente se refirió a que supuestamente se habría instrumentalizado la justicia con fines políticos. “Es preocupante que una estrategia política se vaya a temas penales de alto calibre como decir mentiras queriendo enlodar a unos precandidatos de derecha para que la izquierda siguiera con la dirección del Ejecutivo”, concluyó.

Este lunes, un gabinete de crisis evaluó los disturbios y saqueos ocurridos durante el fin de semana en todo Francia, en lo que constituyeron algunas de las peores escenas de desorden público de la historia moderna del país.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, intentó presentar su dimisión, según anunció el Palacio del Elíseo (sede de la Presidencia) el lunes por la mañana. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron le pidió que analice cómo mejorar la seguridad en las calles de Francia y que lleve ante la justicia a los responsables de la violencia del fin de semana.

Más de medio millón de manifestantes, en su mayoría pacíficos, protestaron el sábado contra el aumento del costo de vida y la disminución del acceso a servicios públicos de calidad, incluyendo una buena educación.

Sin embargo, las protestas se tornaron violentas tras la aparición de grupos de activistas y vándalos vestidos de negro y con el rostro cubierto.

Se estima que 1.500 tiendas y negocios fueron saqueados y destruidos. La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos y disparó cañones de agua contra la multitud. En varios lugares, se les vio golpeando a la gente con sus porras.

El Ministerio del Interior francés informó que alrededor de 1.000 policías resultaron heridos el sábado, siete de ellos de gravedad.

El ministro Nuñez ha sido acusado por opositores políticos, algunos sindicatos y en foros de redes sociales de no haber estado preparado y de haber contado con una insuficiente presencia policial para enfrentar las múltiples protestas del sábado.

La presidenta de la Cámara Baja del Parlamento francés, Yaël Braun-Pivet, declaró que quiere abrir una investigación para esclarecer lo sucedido.

El domingo por la noche leí en París, pintado con pintura roja en una pared contigua a una hilera de tiendas destrozadas, un grafiti que decía «las cosas están oscuras en la Ciudad de la Luz».

El mismo domingo, el presidente Macron utilizó un discurso televisado a la nación para hacer un llamamiento a la unidad nacional e intentar asegurar al público francés que los autores de la violencia serían castigados.

¿Cómo se exigirán responsabilidades a los vándalos y alborotadores ahora?

¿Cómo se podrían proteger mejor las ciudades y pueblos de Francia, especialmente ahora que se han anunciado nuevas manifestaciones masivas para dentro de un par de semanas?

¿Cómo se compensará exactamente a las empresas destruidas?

¿Y cuándo se entablará un diálogo con los sindicatos de estudiantes y docentes sobre el tema de la educación? Así fue como comenzaron estas manifestaciones el mes pasado.

El domingo, la secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet, acusó a Macron de no abordar las preocupaciones de los estudiantes, la crisis del costo de la vida ni el deterioro de la calidad de los servicios públicos en Francia.

Al parecer, el presidente le ha pasado el testigo al primer ministro Lecornu, quien encabezó la reunión del gabinete de crisis este lunes. En Francia, Macron es visto por muchos como un presidente saliente. Está a punto de dejar el cargo.

Se está librando una reñida contienda para convertirse en su sucesor, con las elecciones programadas para dentro de seis meses. La candidata presidencial de la derecha nacionalista antiinmigración, Marine Le Pen, y también la de la izquierda anticapitalista, Jean-Luc Mélenchon, compiten por acaparar los titulares.

Esto está exacerbando las tensiones actuales en Francia, tanto en la política como en las calles.

El Parlamento está paralizado, profundamente dividido entre tres bloques políticos rivales.

Además, Francia atraviesa graves problemas financieros. Los inversores presionan fuertemente al país para que controle su creciente deuda pública. Sin embargo, el gobierno francés teme que, si recorta los servicios públicos o el bienestar social, aún más personas enfurecidas saldrán a las calles.

¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Está nuestro país roto? Estas preguntas se escuchan mucho últimamente.

Los sucesos del sábado conmocionaron y preocuparon a la población de toda Francia. Las imágenes de ciudades gaseadas, saqueadores que actuaban con aparente impunidad y edificios públicos en llamas han inquietado a la nación.

Este lunes el primer ministro Lecornu dijo haber pedido a los prefectos que «establezcan una serie de toques de queda», los cuales serán «parciales» y «localizados», con el fin de proteger, en particular, los comercios.

Muchos transeúntes con los que hablo expresan su frustración porque, mientras ellos se preocupan por el futuro, sus principales políticos parecen estar, en cambio, apasionadamente centrados en señalar con el dedo y culparse unos a otros por la volatilidad.

«Mientras nosotros nos preocupamos por nuestra seguridad, ellos utilizan esta situación como arma política de cara a las elecciones presidenciales», me dijo Edouard, profesor y padre de tres hijos.

Macron y su primer ministro atribuyeron el violento caos del sábado a grupos radicales de extrema izquierda y a delincuentes; el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, alegó «incompetencia» del gobierno; Marine Le Pen, de la derecha nacionalista, que se presenta como firme en materia de ley y orden, publicó un video sentada frente a la bandera francesa, pronunciando un discurso de estilo presidencial en el que culpaba a la «administración macronista, que está agotada, extenuada y desorientada».

Las autoridades francesas esperan un respiro durante las próximas dos semanas. Los estudiantes comienzan sus vacaciones de mitad de trimestre este lunes.

Pero el 5 de noviembre, diversos sindicatos, además del heterogéneo movimiento francés de los «chalecos amarillos» (gilets jaunes), que organizó manifestaciones durante más de un año en 2018 -durante el primer mandato de Macron como presidente-, han anunciado protestas masivas.

Seis museos de arte moderno de Colombia rechazaron el retiro de obras y objetos del Museo Nacional por razones ideológicas y pidieron al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes garantizar la autonomía de estas instituciones para construir y revisar sus relatos históricos.

En una declaración conjunta dirigida a la ciudadanía y a la ministra de Cultura, las instituciones advirtieron que retirar piezas de la mirada pública empobrece la comprensión de la historia del país y limita la posibilidad de reconocer las experiencias, luchas y vidas que hacen parte de la memoria colectiva.

El pronunciamiento fue firmado por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo, de Roldanillo, y el Museo de Arte Moderno del Tolima.

La declaración se suma a la controversia generada por el retiro de al menos 30 piezas, entre carteles, fotografías y objetos, de tres salas del segundo piso del Museo Nacional de Colombia.

Las piezas estaban relacionadas con movimientos LGBTI y feministas, víctimas de la violencia política contra la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz de 2016.

El retiro se produjo el jueves 15 de octubre, el mismo día en que el presidente Abelardo de la Espriella visitó el Ministerio de Cultura y anunció una campaña contra lo que calificó como “wokismo”. Durante esa visita, el mandatario pidió retirar de espacios públicos representaciones que, a su juicio, exaltaran el terrorismo, y mencionó al excomandante del M-19 Carlos Pizarro.

Museos defienden la autonomía curatorial y la pluralidad de la memoria

En el documento, los museos sostuvieron que la función de estas instituciones no consiste en ofrecer una versión única del pasado, sino en permitir que distintas experiencias y perspectivas entren en diálogo, incluso cuando generan incomodidad o desacuerdos.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, señalaron las instituciones firmantes.

Los museos reconocieron que los relatos históricos y curatoriales son incompletos y deben revisarse. Sin embargo, defendieron que esos cambios deben sustentarse en investigaciones, argumentos profesionales y diálogo público, con participación de los equipos curatoriales y de las comunidades representadas en las piezas.

Por esa razón, solicitaron a la ministra de Cultura garantizar la autonomía de los museos y promover una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas en el Museo Nacional, con participación de quienes estuvieron involucrados en la construcción de las exposiciones y de las personas cuyas experiencias están representadas en los objetos retirados.

La declaración también advirtió sobre los efectos de imponer una interpretación única de la historia. Para las instituciones, silenciar obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia, mientras que permitir que las diferencias se expresen y se relacionen contribuye a la paz, la reconciliación y la construcción de futuro.