El reloj marcaba el final de la semana en Nueva York cuando la noticia estalló: Estados Unidos revocaba la visa del presidente Gustavo Petro. La decisión, tomada por el Departamento de Estado, sacudió el ambiente diplomático y dejó en el aire preguntas sobre los límites de la inmunidad presidencial y la libertad de expresión en foros internacionales.

La medida se anunció apenas horas después de que el mandatario colombiano participara en la Asamblea General de Naciones Unidas y en una manifestación cercana, donde lanzó duras críticas a la política exterior de Washington y llamó a militares estadounidenses a “desobedecer órdenes” de su presidente. Para la Casa Blanca, esas palabras fueron “temerarias e incendiarias”. Para Bogotá, un ataque directo contra el derecho de un jefe de Estado a expresar su posición en un escenario multilateral.

La reacción en Colombia no se hizo esperar. La Cancillería rechazó la revocación y propuso incluso debatir el traslado de la sede de la ONU a un país neutral, para evitar que el anfitrión condicione el acceso de líderes mundiales. Petro, por su parte, respondió con ironía: dijo que no necesitaba esa visa porque contaba con ciudadanía europea y que viajaría a Estados Unidos bajo otros mecanismos, aunque su tono dejó claro que la tensión apenas comienza.

Entre tanto, varios funcionarios y congresistas colombianos anunciaron la devolución simbólica de sus visas estadounidenses en solidaridad con el presidente. El gesto, cargado de simbolismo, refleja el malestar que esta decisión ha generado en los pasillos del poder en Bogotá.

El caso abre un escenario inédito: un presidente en ejercicio de un país aliado, con la visa cancelada por Estados Unidos. ¿Es una represalia política? ¿Un mensaje de advertencia? ¿O un simple ejercicio de la discrecionalidad que tiene Washington sobre la entrada de extranjeros a su territorio?

Las respuestas aún están por llegar. Lo que sí parece claro es que el episodio ha tensado los lazos entre Bogotá y Washington, justo en un momento en que ambos países buscaban redefinir su relación en temas como la lucha antidrogas, la transición energética y la cooperación militar.

La pregunta que queda flotando es si este choque diplomático será pasajero o marcará un antes y un después en la relación histórica entre Colombia y Estados Unidos.

Lo que inició como una protesta pacífica en Bogotá este lunes 7 de octubre, en apoyo a Palestina y en conmemoración de un año de la guerra en el Medio Oriente, terminó en disturbios y violencia.

Cientos de manifestantes salieron a las calles con performances artísticos, colocando simulaciones de cadáveres para simbolizar las víctimas de los bombardeos en Palestina. Sin embargo, la manifestación se tornó violenta con el paso de las horas.

Anuncian demandas contra Petro por decisiones frente a Israel

Los disturbios se concentraron en la carrera 13 con calle 60, donde los manifestantes vandalizaron locales comerciales y entidades bancarias, dejando fachadas rotas y pintadas con mensajes en contra de la guerra en Oriente Medio.

Los ánimos alcanzaron un punto álgido cuando más de 200 personas se dirigieron hacia la embajada de Estados Unidos, donde vandalizaron la fachada de un parqueadero y derribaron algunas barricadas. Incluso, prendieron fuego a banderas estadounidenses, lo que generó un aumento de la tensión.

Ante la situación, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como ESMAD, tuvo que intervenir para evitar que los encapuchados ingresaran por la fuerza a la embajada. La situación fue controlada tras enfrentamientos con los manifestantes.

En paralelo, las manifestaciones también se concentraron en la Universidad Nacional, donde desplegaron una bandera de Palestina sobre el puente de la calle 26, generando congestión vehicular mientras realizaban un plantón.

La postura de Colombia en la guerra

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha mostrado como un ferviente defensor de la causa palestina y ha sido muy crítico con Israel.

Colombia anunció la ruptura de relaciones con Israel, que se hizo efectiva el pasado 2 de mayo, por su oposición a las acciones de ese país en “la guerra que se libra en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023″, y también ha prohibido la compra de armas a este país de Oriente Medio.

El Gobierno colombiano ha pedido en numerosas ocasiones un alto al fuego, que se liberen los rehenes tomados por Hamás y que entre ayuda humanitaria en Gaza, al tiempo que ha instado a Israel para que respete el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Cambio Radical demandó ante el Consejo de Estado los decretos del Gobierno Nacional (1047 de 2024 y 949 de 2025) que prohibieron la exportación de carbón a Israel. También pidió, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del decreto, para impedir la consolidación de perjuicios económicos y sociales mientras se decide de fondo.

De acuerdo con el director de Cambio Radical, Germán Córdoba Ordóñez, la determinación del Gobierno es ilegal e inconstitucional porque excede las competencias del Ejecutivo y afecta gravemente la economía nacional. 

La demanda afirma que el Gobierno se extralimitó al imponer, por vía de acto administrativo, una sanción internacional sin autorización legal; que la decisión está falsamente motivada, pues no existe soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano sea usado con fines militares en Israel; y que configura desviación de poder al emplear facultades económicas para propósitos de política exterior y presión diplomática. 

Asimismo, argumenta que se vulnera el principio de proporcionalidad —existiendo medidas menos gravosas que una prohibición total— y que la decisión afecta de manera grave el orden económico y social al golpear exportaciones, empleo, regalías y la estabilidad de las regiones productoras.

El recurso judicial se apoya en normas superiores de la Constitución Política que delimitan las competencias del presidente y reservan al Congreso la facultad de adoptar sanciones de política exterior.

Según cifras del DANE citadas en los considerandos, entre enero y agosto de 2023 Colombia exportó a Israel cerca de 375 millones de dólares, de los cuales el 93 % correspondió a productos minero-energéticos y alrededor del 90 % fue carbón térmico. “Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, señaló Córdoba Ordóñez.